Catalunya
Regulación de alquileres: “Llamaremos a la puerta de los inquilinos para luego ir a buscar a los rentistas”

Después de que el Tribunal Constitucional tumbara la ley catalana de alquileres en 2022 y que la ley de vivienda estatal de 2023 recogiera parte del espíritu de aquella norma impulsada por los sindicatos de inquilinos, Catalunya vuelve a tener a partir de este 16 de marzo un texto legal que permite poner topes a los alquileres y a bajarlos en ciertos casos. Catalunya se convierte, de esta forma, en la primera comunidad autónoma en aplicar la regulación de los alquileres prevista por la ley de vivienda. Por ahora, ha sido la única en pedirlo, aunque Asturias y Navarra han mostrado interés.

En un acto convocado por el Sindicat de Llogaters de Catalunya y otros sindicatos de vivienda y organizaciones políticas el pasado 12 de marzo, el portavoz de este colectivo, Enric Aragonès, calificó la entrada en vigor de la regulación como un “paso firme en la defensa de los inquilinos”. La regulación de los alquileres se aplicará en 140 municipios de Catalunya, incluida Barcelona, las grandes ciudades catalanas y muchas de localidades turísticas de la costa y el interior, todas ellas declaradas como áreas tensionadas. En todos estos municipios, los pequeños propietarios no podrán subir el alquiler y los grandes tenedores —aquellos con más de cinco viviendas— tendrán que bajar los precios para estar en la horquilla marcada por el índice de referencia presentado por el gobierno a principios de marzo.

El Sindicat de Llogaters da por sentado que la patronal inmobiliaria, los grandes y pequeños propietarios harán todo lo posible por saltarse la ley y llama a estar alertas y responder de forma coordinada

Pese al avance que supone la restauración de la regulación de los alquileres en el territorio, desde el Sindicat de Llogaters no creen que la ley baste por sí sola para bajar los precios. Hará falta “ir más lejos” para conseguir el objetivo de que el pago de la renta no se lleve gran parte de los ingresos de la población más precaria. “Tenemos un plan para bajar los alquileres y sabemos que solo lo conseguiremos a través de la lucha sindical y organizada”, ha asegurado Aragonès. 

Entre las acciones de este plan, explicó este portavoz ante un auditorio de 300 personas, el sindicato se propone informar y organizar a los inquilinos para que “se planten ante las presiones de inmobiliarias y rentistas y no acepten ninguna subida”. En el caso de los inquilinos que viven en pisos de grandes tenedores, sostiene, hará falta un trabajo colectivo para conseguir que reduzcan el precio del alquiler. “Iremos a llamar a la puerta de los inquilinos para luego ir a buscar a los rentistas”, resumió Aragonès. 

El Sindicat da por sentado que la patronal inmobiliaria, los grandes y pequeños propietarios harán todo lo posible por saltarse la ley y llama a estar alertas y responder de forma coordinada a los intentos de seguir especulando con la vivienda. 

La falta de regulación del alquiler de temporada y por habitaciones es otro de los grandes problemas, ya que permite a los propietarios recurrir a estas modalidades de contratos para eludir la ley

Catalunya vuelve a tener una ley de regulación de alquileres, pero está lejos todavía de llegar a la ambición de la anterior, donde había un régimen de sanciones para los propietarios que no cumplían con sus obligaciones y forzaba a los portales inmobiliarios a publicar el precio del anterior contrato y el precio recomendado por el índice de referencia. La no publicación de estos datos les valió multas a Idealista, Fotocasa, Habitaclia, Pisos y Yaencontré.

Las principales críticas a este nuevo sistema de regulación de alquileres se centran en que refleja una media del precio de mercado y no está vinculado con la renta de la población de cada zona, por lo que el resultado, en el mejor de los casos, sería de contención de precios y nunca de reducción. Otras críticas se centran en la horquilla que marca una renta mínima y máxima en donde puede situarse el propietario, con la tentación para los caseros de elegir siempre el valor más alto. La subjetividad del índice también ha generado polémica al introducir baremos no objetivos que influyen en el precio final. Entre los valores subjetivos del índice figuran el “buen estado” del piso, las “vistas especiales” o si está o no amueblado. La posibilidad que tienen los propietarios de aumentar un 10% el alquiler si han realizado ciertas mejoras en los pisos abre camino a todo tipo de abusos ante la falta de sanciones y personal dedicado a la inspección, señalan desde los sindicatos de inquilinos.

Tampoco están muy claros los mecanismos de garantía y cumplimiento de la regulación de los alquileres. “Sabemos por la evidencia empírica de que esto es sinónimo de incumplimientos masivos, sobre todo en un país donde el contrato de alquiler no se renueva automáticamente, es decir, que el inquilino que intenta negociar el precio o pedir que se respete el tope puede ser expulsado”, declaraba Jaime Palomera, del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA), al periódico Ara. 

La falta de regulación del alquiler de temporada y por habitaciones es otro de los grandes problemas, ya que permite a los propietarios recurrir a estas modalidades de contratos para eludir las restricciones de precio de la ley de vivienda, apunta Palomera.

“No es lo que queríamos pero permite es que se abra un escenario en el que en otras otras políticas más ambiciosas se puedan ir planteando”, dice a El Salto Pablo Martínez, del Sindicato de Inquilinos de Madrid

El portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid, Pablo Martínez, coincide en que se trata de una “ley insuficiente que no va a responder a las necesidades de bajada de precios en las áreas tensionadas”. Sin embargo, reconoce, se trata de un paso adelante que permitirá generar “nuevos escenarios de conflicto y organización”. Y no solo en Catalunya sino también en el resto del Estado poniendo en el centro la necesidad de regular los alquileres siguiendo el ejemplo catalán y presionando a los caseros para que bajen los precios y acceden a negociaciones colectivas utilizando como argumento el índice de referencia de precios, aunque no sea vinculante fuera de las áreas tensionadas.

“No es lo que queríamos, pero permite que se abra un escenario en el que otras políticas más ambiciosas se puedan ir planteando”, dice a El Salto. También se ha conseguido cambiar el relato: “Antes el debate era si se podían o se debían regular los alquileres. Después de tanto trabajo de los sindicatos de inquilinos, el debate se convirtió en ‘hay que regular, vale, pero ¿de qué manera?’”. Ahora, añade, hay que luchar por “medidas más ambiciosas”, entre ellas la posibilidad de que los municipios puedan declarar un área tensionada o se comience a hablar de expropiaciones de grandes tenedores como ya ocurre en Berlín.