Catalunya
La Agencia de Vivienda de Catalunya anuncia la primera ronda de sanciones a los propietarios que incumplen la regulación de alquileres

La maquinaria empieza a rodar: la Agència de l’Habitatge de Catalunya (Agencia de Vivienda) anunció ayer que comenzará a sancionar a los propietarios que incumplen la ley 11/2020, la normativa catalana de regulación de los alquileres que entró en vigor en septiembre. La Agència detalló en una nota de prensa que ha detectado los 30 primeros casos susceptibles de sanción, para lo cual enviarán cartas a los 15 ayuntamientos de los respectivos municipios para instarles a incoar un procedimiento sancionador, ya que la competencia es municipal. En caso de que los ayuntamientos no sancionen, lo hará la propia Generalitat. 

El Sindicat de Llogateres considera que “solo el anuncio de las sanciones tendrá un impacto positivo, además de que es necesario asegurar el cumplimiento de la ley”. “No es que nos gusten las multas, pero creemos que son necesarias para hacer cumplir la norma y envían un mensaje muy claro al  mercado: las reglas del juego han cambiado y no se pueden pisotear los derechos humanos impunemente”, añade hoy una de sus portavoces, Carme Arcarazo.

Amb els primers casos d’incompliment de la Llei de contenció de rendes, per contractes sense índex de referència, sense justificar-ne la superació o sense individualitzar despeses, la Generalitat es posarà en contacte amb els municipis per a que iniciïn procediments sancionadors. https://t.co/2iNaWiajyt

— Agustí Serra Monté (@AgustSerra) April 21, 2021

Desde el Sindicat recuerdan el precedente de Airbnb, que eliminó los anuncios de apartamentos ilegales de su web cuando, tras varias advertencias, el Ajuntament de Barcelona le impuso una sanción. “En menos de 30 días desaparecieron todos los anuncios”, añade Arcarazo. “Este es el camino a seguir respecto a los portales inmobiliarios como Idealista y Fotocasa, que gestionan buena parte de la oferta del mercado”.

La Agència de l’Habitatge prevé que las sanciones oscilarán entre los 3.000 y 90.000 euros

Los incumplimientos habituales que ha detectado la Agència de l’Habitatge son no hacer constar el índice de referencia en los contratos, no individualizar los gastos que se incluyen en el alquiler y no detallar las características específicas que justificarían la superación del alquiler establecido por el índice de precios. La Agència de l’Habitatge prevé que las sanciones oscilarán entre los 3.000 y 90.000 euros.

Un ahorro de hasta 495 euros al mes con la nueva ley de regulación de alquileres

Gessamí Forner

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Un ahorro de hasta 495 euros al mes con la nueva ley de regulación de alquileres

Gessamí Forner

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A Diana Virgós, vecina de un apartamento de 39m2 en el barrio del Raval de Barcelona, la propiedad le ofreció abandonar el piso o aceptar un aumento del alquiler del 46% durante tres años (750 euros) y del 96% a partir de 2023 (1.010 euros). La ley aprobada el miércoles en el Parlament de Catalunya blinda su contrato.

Para que los inquilinos puedan indagar sobre si el contrato que han firmado se ajusta a la ley, pueden consultar el índice de referencia, así como la cédula de habitabilidad, la cual marca los metros cuadrados útiles de la vivienda, que son los que han de tenerse en cuenta para aplicar el índice. Asimismo, desde el Sindicat de Llogateres añaden que los inquilinos que han firmado un contrato desde septiembre pueden tramitar una petición de información al registro de fianzas del servicio público Incasol, para comprobar el precio del anterior contrato y si el actual se ajusta lo que marca la nueva ley. 

Carme Arcarazo concluye que “si hoy hay sanciones es porque el Sindicat ha insistido para que las administraciones hagan efectivo el cumplimiento de la ley, además de ocuparnos de transmitir y difundir la existencia de la regulación para que las inquilinas seamos conscientes de nuestros derechos ante propietarios e inmobiliarias”. La ley de regulación de alquileres en Catalunya fue promovida por el movimiento de vivienda y negociada casi en secreto durante un año para conseguir sortear presiones mediáticas, políticas y lobísticas. El Sindicat de Llogateres formó parte de la redacción de la norma, junto con el Departament de Justícia.

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— Sindicat de Llogateres i Llogaters (@SindicatLloguer) March 31, 2021