Catalunya
Día histórico en la lucha por la vivienda: Catalunya aprueba la ley que regula los alquileres

Pocas dudas quedaban de que este 9 de septiembre, a partir de las 19h, Catalunya aprobaría la ley para regular el precio del alquiler. Lo que nadie estaba dispuesto a asegurar, cuando faltaban pocas horas para la votación, es cuál sería el texto definitivo y cuál será la respuesta del Ejecutivo y del Tribunal Constitucional, que pueden suspender la ley a instancia del presidente del Gobierno, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. 

La noticia era demasiado buena para ser cierta. Una iniciativa para bajar los precios de los alquileres del Sindicat de Llogaters (Sindicato de Inquilinos), respaldada por más de 4.000 entidades de la sociedad civil y negociada durante un año con la Generalitat, se había convertido en una proposición de ley e iba a ser aprobada en julio de este año. Una ley que preveía congelar los precios y bajar los alquileres que están por encima del índice de referencia cuando se renueven en las 60 ciudades catalanas que cuentan con más de 20.000 habitantes. Y no menos importante, contaba para su aprobación con el apoyo de ERC, Junts per Catalunya, En Comú Podem y CUP, una mayoría parlamentaria más que suficiente. Un pacto firmado con estos partidos pareció sellar la alianza. 

Los “sospechosos habituales”, los grandes poderes del sector representados por la Cámara de la Propiedad, las agencias inmobiliarias y los fondos de inversión, se empeñaron en “poner palos en la rueda” de la nueva norma

Sin embargo, las cosas no tardaron en torcerse por las presiones de los “sospechosos habituales”, tal como llama Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogaters, a los grandes poderes representados por la Cámara de la Propiedad, las agencias inmobiliarias y los fondos de inversión, empeñados en “poner palos en la rueda” de la nueva norma.

Rompiendo el pacto firmado, los diputados de Junts per Catalunya presentaron el 21 de julio “por la puerta de atrás y a última hora”, señala Palomera, ocho enmiendas que “en su conjunto suponen una enmienda a la totalidad que dejaría en papel mojado la ley”. Una enmienda ampliaba los requisitos para que las ciudades o municipios pudieran aplicar la regulación de precios, otra dejaba en manos de los municipios la decisión de aplicar la norma, por lo que su aplicación ya no sería inmediata y automática, tal como se había negociado con el Departamento de Territorio; otra enmienda “abría la puerta a la picaresca”, explica Palomera a El Salto, permitiendo que “se pueda subir el alquiler un 20% por supuestas obras sin justificar”. Otras modificaciones propuestas excluían a las ciudades turísticas de Figueres, Tortosa y Salou de la regulación y eximían de la limitación de precios a propietarios con ingresos inferiores a 3.130,16 euros mensuales.

#DemàRegulemElsLloguers https://t.co/hzjdGD3bWx

— Sindicat de Llogateres i Llogaters (@SindicatLloguer) September 8, 2020

En el texto original, para que la regulación se aplicara en un municipio tenía que cumplir alguna de estas tres condiciones: que el precio de los alquileres experimente un crecimiento sostenido superior a la media de Catalunya, que la carga media del coste del alquiler supere el 30% de los ingresos anuales de quien vive o que el precio haya experimentado en cinco años un crecimiento interanual acumulado al menos tres puntos porcentuales superior al IPC. Según las modificaciones propuestas por JxCat, las localidades tenían que cumplir las tres condiciones juntas para aplicar la normativa.

Las enmiendas de JxCat hacen peligrar la ley de regulación del precio de los alquileres en Catalunya

Gemma Garcia

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Especulación urbanística

Las enmiendas de JxCat hacen peligrar la ley de regulación del precio de los alquileres en Catalunya

Gemma Garcia

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Después de un año de negociaciones y de haber llegado a un acuerdo, Junts per Catalunya ha presentado ocho enmiendas que, según el Sindicat de Llogaters, “desvirtúan totalmente la proposición de ley”. Las modificaciones propuestas impiden su aplicación inmediata y automática, excluyen a Figueres, Tortosa y Salou de la regulación y eximen a propietarios que tengan unos ingresos inferiores a 3.130,16 euros mensuales.

Las protestas airadas del Sindicat de Llogaters y una carta dirigida al presidente de la Generalitat, Quim Torrá, forzaron una reunión con el líder de JxCat, en la que declaró, cuenta Palomera a El Salto, “que los pactos hay que honrarlos” y que iba “a luchar para que su grupo defienda y apruebe la ley que se acordó”. En declaraciones a la prensa, Torra se desmarcó de las enmiendas y defendió el texto original. Pese a las palabras de Torrá, las ocho enmiendas que anularían el alcance de la norma siguen en pie y se votarán este 9 de septiembre antes de la ley en su conjunto. 

Se trata de “una ley de mínimos”, dice Jaime Palomeras. Sobre todo en un territorio como Catalunya, donde sus habitantes deben dedicar el 56,5% de su salario al pago del alquiler y donde los alquileres han subido 30 veces más que los sueldos en los últimos cinco años

La cercanía de la fecha marcada ha acelerado las negociaciones y este 8 de septiembre representantes del Sindicat de Llogaters se reunieron telemáticamente con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y le trasladaron unas enmiendas que incorporan “los elementos que más preocupan a los parlamentarios de JxCat respetando el sentido original del texto”. La propuesta, que se ha enviado a todos los grupos impulsores del texto, incluye la figura del propietario en situación de vulnerabilidad —que no podrá subir los alquileres más allá de los índices de referencia, pero no estará obligado a bajar los precios— y reconoce que las inversiones de mejora sobre las viviendas en alquiler puedan justificar incrementos si están suficientemente documentadas. Según publicaba El Periódico, los diputados de JxCat siguen con el debate interno y no se descarta que voten por separado. Por la tarde del 8 de septiembre se produjo una reunión de los grupos promotores de la ley para encontrar un “punto medio”. A la salida, la cuenta oficial del Sindicat de Llogaters mostraba su decepción con el resultado del encuentro: “Salimos del Parlamento. Pese a nuestras propuestas para facilitar el acuerdo, JxCat pretende mercadear con la regulación de los alquileres. Si quieren jugar con el futuro de miles de familias, no nos encontrarán”.  A primera hora de la tarde del mismo 9 de septiembre, se anunciaba que los grupos impulsores, habían llegado a un acuerdo para sacar adelante la medida incluyendo dos enmiendas al texto original que cubren parte de las preocupaciones de los diputados de JxCat. Finalmente, la ley ha sido aprobada con los votos en contra de los diputados de PdeCat, en la primera votación en la que votan diferente que sus excompañeros de JxCat.

9 de Setembre de 2020. Sala 10 del Parlament de Catalunya. Signatura del pacte definitiu per regular els preus del lloguer. #AvuiRegulemElsLloguers pic.twitter.com/RlMUlmILUF

— Jaime Palomera (@JaimePalomera) September 9, 2020

“Una ley de mínimos”

Después de más de un año de negociación con la Generalitat y los Departamentos de Justicia y Territorio, de buscar acuerdos y numerosas concesiones, para Jaime Palomera el texto original ya refleja “una ley de mínimos”. Especialmente en un territorio como Catalunya, donde sus habitantes deben dedicar el 56,5% de su salario al pago del alquiler y donde los alquileres han subido 30 veces más que los sueldos en los últimos cinco años. Para que los catalanes dediquen al alquiler un tercio de su sueldo, la cifra mágica para Naciones Unidas, los precios de la renta deberían reducirse en un 40%, recuerda Palomera en conversación con El Salto. “Esta ley plantea empezar a caminar en esa dirección, lo que hace es impedir que los precios puedan seguir subiendo e incentivar descensos moderados”, explica.

Además, continúa Palomera, se trata de una medida temporal, con 12 meses de prueba, cuando será revisada, y extensible a cinco años. “No es una ley permanente y no implica que se vaya a afectar, como dicen partes muy interesadas, a la oferta o a la calidad de la vivienda, lo que hace es poner un pequeño límite a la especulación”, continúa este activista e investigador en materia de vivienda. 

En Catalunya hay una “amplia mayoría social, un consenso en todas las estructuras de la sociedad civil" para regular los precios del alquiler. “Será una votación histórica y la sociedad está mirando expectante y luego cada uno juzgará”, resume Jaime Palomera

Los problemas derivados de la burbuja del alquiler en Catalunya, agravados por la crisis del covid-19, se ha traducido, dice Palomera, en una “amplia mayoría social, en un consenso en todas las estructuras de la sociedad civil, incluso en buena parte de los medios de comunicación, en torno a la necesidad de intervenir” en el mercado del alquiler para poner coto a la especulación. Más de 4.000 entidades sociales, buena parte del tercer sector catalán, las entidades y empresas de la economía social y solidaria, sindicatos mayoritarios y también combativos, así como grandes organizaciones independentistas como Òmnium Cultural o la Assemblea Nacional Catalana, han respaldado esta medida de regulación de los alquileres.

“Será una votación histórica y la sociedad está mirando expectante y luego cada uno juzgará”, resume. 

Afilando los tribunales

Más allá del resultado de las negociaciones y la votación de las enmiendas, “la gran pregunta” es para Jaime Palomera qué va a hacer el Gobierno central. “Nosotros esperamos que el Gobierno facilite y abra las puertas a que otros territorios puedan regular el alquiler y que esto se convierta en una referencia”, dice. Sin embargo, los posibles recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional podrían tumbar la ley. Si es el presidente del Gobierno quien toma la iniciativa, de forma automática. 

Así ocurrió con la ley 24/2015, más conocida como la “ley contra los desahucios”, aprobada tras una larga lucha de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y que convirtió a Cataluña en el territorio español con la legislación más garantista en materia de vivienda. El Gobierno del PP presentó un recurso de inconstitucionalidad y la mayor parte de su contenido estuvo suspendido durante dos años. En noviembre de 2018, esta ley que garantiza una alternativa habitacional en caso de desahucio, la cesión de pisos vacíos a la banca o la prohibición de cortes de luz y agua, volvió a estar vigente en su totalidad después de que los Gobiernos españoles y catalanes firmaran un acuerdo para retirar el recurso de inconstitucionalidad. 

Los posibles recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional podrían tumbar la ley. Si es el presidente del Gobierno quien toma la iniciativa, de forma automática

En el caso de la ley de regulación de alquileres, el Consejo de Garantías Estatutarias catalán, un órgano consultivo, ha dictaminado que varios artículos de la proposición de ley podrían ser inconstitucionales al invadir competencias que son del Estado. Tras la más que posible aprobación de la ley, las miradas se trasladarán al Ejecutivo de Pedro Sánchez, quien deberá lidiar entre las presiones de la derecha de su propio partido y del resto del arco parlamentario y las presiones de sus aliados, especialmente de Unidas Podemos (UP), con quien negoció una regulación de los precios del alquiler —todavía no desarrollada— en el pacto de Gobierno. También con ERC, con quien acaba de acordar la reapertura de la Mesa de Diálogo.

Palomera insiste en la necesidad de una regulación del mercado del alquiler, especialmente tras la emergencia de la crisis del covid-19: “Con la situación que ya teníamos, en un país donde se desahucian cada día a 170 familias, en un país en el que el alquiler se come más sueldo que en ninguna otra parte, con esta pandemia y esta crisis económica, el problema se ha agravado terriblemente, estamos a las puertas de un otoño muy duro”.

Este activista reconoce los límites de la nueva norma, que “no es la panacea ni tampoco el apocalipsis”, solo una medida orientada a dar “un poco de aliento” a miles de familias afectadas por las subidas del alquiler. “Es inconcebible que en una democracia te puedan pedir que pagues todo tu sueldo para pagar el alquiler y que algunas voces argumenten que ‘es el mercado, amigos’... Ya estábamos en una situación límite. La pandemia la ha hecho insostenible”, dice.