Crisis climática
La COP25 y la emergencia climática

En este contexto el presidente español en funciones, ofrece Madrid como sede de la COP25. La cancelación de la cumbre era un problema dado que es la última cumbre antes de la entrada en vigor de los acuerdos de París que se efectuará en diciembre de 2020 en la ciudad de Glasgow (COP26),en el marco de Convención Marco de Naciones Unidad para el Cambio Climático (CMMNUCC), sin embargo, muchas de las cuestiones claves siguen bloqueadas o sin estar resueltas. La COP25 además de cerrar el conocido como libro de reglas, debería suponer un avance claro en la provisión de fondos suficientes e importantes mejoras en instrumentos como el Fondo Verde para el Clima o el Mecanismo de Varsovia para las pérdidas y daños, unas herramientas fundamentales para paliar las peores consecuencias que ya ha provocado y provocará la continua quema de combustibles fósiles.

Toda la comunidad científica lleva muchos años avisando del deterioro del ecosistema terrestre y oceánico, también nos está dando las pautas del punto de no retorno frente al cambio climático. Los recientes informes del IPBES (Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos) nos advierten de que cerca de un millón de especies entre animales y plantas están ya al borde de la extinción como consecuencia de la depredación humana. Desde el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) se alerta, en su último informe publicado en agosto pasado, que solo con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores se puede mantener el calentamiento global por debajo del punto crítico de 1,5º C. Según este informe las consecuencias de un calentamiento gobal de 1,5 grados Celsius o por encima de él tendrá efectos catastróficos antes de lo que esperamos si siguen aumentando las emisiones.

La península ibérica es uno de los ecosistemas más vulnerables dentro del área de la cuenca mediterránea, que es una de las más amenazadas por la crisis climática en Europa, con escasez de agua y pérdida de biodiversidad, así como por el aumento de los riesgos para la seguridad alimentaria y la salud humana, según indica un estudios internacional desarrollado con participación de investigadores del Consejo superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y publicado por la revista Nature Limate Change.

La emergencia climática que vivimos es consecuencia de un modelo de producción y consumo desaforado e inapropiado que pone en riesgo nuestra supervivencia y tiene un impacto devastador en las poblaciones más vulnerables y pobres del mundo,ocasionando ya amplias zonas de sufrimiento en África y Latinoamérica, provocando guerras y represión por el control de los recursos y grandes desplazamientos de población. No responder con la suficiente rapidez y contundencia a la emergencia climática supondrá la muerte de millones de personas y la extinción de especies imprescindibles para la vida en la tierra.

Desde la lucha sindical es imprescindible, para afrontar la crisis climática, reivindicar un cambio en el modelo productivo, con reparto de trabajo, reducción de jornada laboral con el mismo salario, exigir la inversión necesaria para la creación de empleos alternativos en sectores sostenibles, de manera que se llegue a una transición en la que no se deje a nadie atrás, garantizando la justicia social desde la perspectiva del decrecimiento y de producir los bienes socialmente necesarios, consumiendo productos de proximidad y poniendo en primer plano la necesidad de exigir el reparto de la riqueza mediante la implantación de una renta básica universal incondicional, como garantía de autonomía de la clase trabajadora.

La degradación planetaria y la creciente desigualdad tienen un origen común y se alimentan entre ellas, así por ejemplo muchas grandes empresas y bancos obtienen enormes beneficios a través la especulación inmobiliaria, la gentrificación o la turistificación que expulsa a las familias de sus casas y a las vecinas de sus barrios. Las grandes multinacionales de la energía que esquilman el planeta mediante el extractivismo y la utilización de combustibles fósiles sin control, están siendo subvencionadas por el Estado español a través de los bancos que subvencionan la extracción de combustibles fósiles.

Por otra parte, la explosión social en Chile y su brutal represión nos enseña que la crisis civilizatoria que vivimos es también una crisis democrática.

Necesitamos avanzar en la construcción de modelos sociales más democráticos que garanticen la toma de decisiones colectivas poniendo el bien común en el centro en lugar de los beneficios sin límites y suicidas de los poderes económicos.

En este sentido, la decisión de trasladar la COP25 a Madrid supone también una merma democrática al no tener en cuenta los trabajos de meses de numerosas redes, colectivos y organizaciones de todo el mundo que no podrán participar de la manera que hubieran deseado.

Desde la CGT nos solidarizamos con quienes más sufren, con las personas trabajadoras y con las comunidades que están en primera línea de resistencia en todos los continentes.