Derecho a la vivienda
Paralizan el desahucio de un matrimonio en situación de vulnerabilidad en Alacant

El fondo buitre PROSIL ACQUISITION S.A quiere desahuciar a Álvaro y a María, de 61 y 59 años. El matrimonio lleva desde 2015 viviendo en esta casa en régimen de alquiler. La vivienda, antes propiedad de un particular, fue comprada por este fondo buitre después de un proceso de ejecución hipotecaria y la subsiguiente subasta.

Álvaro tiene una discapacidad en el brazo que no le permite trabajar, por lo que los ingresos que recibe la familia son insuficientes para poder alcanzar el pago del precio de alquiler de otra vivienda tal y como está ahora el mercado. Un accidente laboral dejó a Álvaro sin la movilidad en el brazo derecho, ha pasado por varias operaciones y todavía lo lleva en cabestrillo. Cuando se inició el proceso para desahuciarle, desconocía que el piso en el que vivía de alquiler con su mujer tiene un nuevo propietario. “Es imposible encontrar precios de alquiler por debajo de los 1.000 euros y yo no puedo pagar eso”, se lamenta Álvaro.

Por ahora Álvaro y María podrán seguir en su casa, ya que el juzgado ha paralizado en el último momento el desahucio de la pareja

Por ahora Álvaro y María podrán seguir en su casa, ya que el juzgado ha paralizado en el último momento el desahucio de la pareja. El abogado de los afectados ha presentado este miércoles el informe municipal que acreditaba la situación de vulnerabilidad de la pareja. La comisión judicial se ha personado para notificar que el desahucio se aplaza por el momento. La noticia de la paralización ha sido recibida con aplausos al grito de “sí se puede”

Según afirman fuentes del Sindicat de Barri, Álvaro y María cuentan, además del Informe de Vulnerabilidad de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alicante, con la solicitud del Informe de Emergencia Habitacional a través del EVHA, pero este último todavía está tramitándose. “Si los echan de su casa, no tendrían alternativa habitacional y pasarían a vivir en la calle”, explican los activistas.

La pareja afirma haber recibido, durante las últimas semanas, varias visitas de gestores inmobiliarios ofreciéndoles dinero a cambio de marchar de la vivienda

Además, la pareja afirma haber recibido, durante las últimas semanas, varias visitas de gestores inmobiliarios ofreciéndoles dinero a cambio de marchar de la vivienda. Estas prácticas, calificadas por el Sindicat de  “mafiosas e ilegales, al estar el proceso judicializado, buscan influir en la toma de decisiones a la hora de plantar cara y reclamar los derechos que tienen como inquilinos”. 

El Sindicat de Barri de Carolines, continúa así “con la tarea que se plantea como objetivo: luchar por un derecho a la vivienda real y defender colectivamente a las personas que pueden quedarse sin casa por el hecho que este derecho no existe en la práctica”. Denuncia el hecho de que, “a pesar de las palabras y promesas del gobierno, durante estos últimos meses no han parado de comunicarse avisos de desahucio en la ciudad de Alicante y sus alrededores, sobre todo de viviendas propiedad de grandes tenedores, fondos buitre y bancos”.