Migración
La noche que se congelaron las pancartas

“Mohamed Al Sad, Darío Pérez, Samba Abud… El autobús está lleno”. Son las 22.30h del jueves 1 de febrero y se termina el voceo de los nombres de quienes se quedan con las últimas plazas para ir a los recursos de frío de Madrid. Una treintena de hombres, en su mayoría jóvenes migrantes subsaharianos, no dan crédito a su mala suerte: tocará dormir en la calle. Mañana lo volverán a intentar en esa especie de perversa lotería (o quizá no). Ahora se trata de buscar un techo donde dormir.

Se cierran las puertas del bus de la Empresa Municipal de Transporte y así termina otra noche de asignación de plazas para personas en situación de calle, tras hora y media a la intemperie, en el corazón de Atocha, a escaso kilómetro y medio de la pancarta de “Refugees Wellcome”. Según organizaciones sociales, en la última semana al menos cien personas han tenido que ser acogidas en casas particulares y parroquias ante la falta de respuesta institucional.

El operativo consta de personal que completa nombres y datos en planillas con impolutos guantes de látex azul celeste. Son del Grupo 5 y de Accem, empresa y organización que gestionan el servicio que el Samur está llevando a cabo. También hay nueve policías municipales para vigilar a poco más de un centenar de personas ordenadas en dos filas. No es usual. Otros días solo ha habido uno o dos uniformados. Lo que falta a simple vista son trabajadores que agilicen la gestión y que los dos buses que salen en forma escalonada —uno a las 21.20h y otro 22.30h— lleguen juntos y se evite estar hora y media soportando el frío.

“Eso al final lo que hace es criminalizar a las víctimas del frío y del sistema, que están agolpados a la puerta del autobús. Y criminaliza también a los ciudadanos que estamos tratando de ver cómo ayudar. Se oyen muchos comentarios de gente que, en esa paradoja de pobres contra pobres, se preguntan qué pasa aquí y por qué hay tantísima policía”, explica Javier Baeza, párroco de la Parroquia de Entrevías, que desde el domingo 28 de enero recoge a una decena de chavales cada noche para darles el techo, cena y desayuno que las administraciones no dan.

La responsabilidad de abrir plazas que eviten este despropósito es exclusiva del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEySS) mediante los programas de Ayuda Humanitaria. La obligación de que en Madrid los más desamparados no se queden en la calle es de la Comunidad y del Ayuntamiento. Podrá haber excusas y argumentos que desvíen hacia uno u otro lado las culpas. La realidad es una sola, está allí a la vista de todos y quienes la sufren son siempre las mismas.

Precisamente hoy varias organizaciones sociales han presentado una queja ante el MEySS “por la falta de plazas de acogida humanitaria que afecta a las personas que son liberadas del centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Aluche o que están recién llegadas de costas”. Porque las características de quienes están en la cola demuestra que gran parte de las personas que aguardan ser llevadas no tienen un perfil de estancia en calle prolongada.

Son jóvenes, la mayoría inmigrantes subsaharianos, pero también los hay latinos, de países del este, magrebíes. Hay personas que estaban allí por primera vez porque no han podido abonar la habitación que alquilaban. Hay gente con varios años en España, trabajando, aportando a la Seguridad Social. Algunos solicitantes de asilo, otros con tarjeta de residencia comunitaria. También hay personas en situación irregular. ¿Importa lo condición administrativa cuando se trata de personas vulnerables? Cuerpos precarios que, de no darse una respuesta humanitaria digna, podrían caer en la exclusión total y sus magras consecuencias.

El reclamo al MEySS lleva la firma de organizaciones de una amplia trayectoria en el trabajo con población migrante, como el Servicio Jesuita a Inmigrantes, SOS Racismo Madrid, el Servicio Capuchino para el Desarrollo (SERCADE), Karibu amigos del Pueblo de África, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), entre otras, y el respaldo de movimientos como la Red Interlavapiés, el Frente Migra o la Red Solidaria de Acogida.

Desde Sercade se aporta un listado de 82 casos de personas que se han visto obligadas a pasar por la situación de calle, identificadas entre el 8 de diciembre y el 25 de enero. Esta última semana, cada noche, entre diez y treinta personas pasaron a engrosar esos números.

La Asociación Karibú, por su parte, ha constatado que igual suerte corrieron diecisiete chavales de diferentes países de África entre el 13 y el 27 de diciembre del año pasado. Y desde SOS Racismo hacen constar que, durante el mes de enero, al menos veintiocho más que fueron liberadas del CIE de Aluche tuvieron que recurrir a los albergues de frío, quedando la mayoría en situación de calle. Días atrás en El Salto dimos cuenta de esta situación.

Ayer mismo once personas llegaron a los dispositivos de día de Sercade, chicos subsaharianos recién llegados en patera y que provenían de Algeciras. Todo hace pensar que ha sido el ayuntamiento de aquella ciudad andaluza quien corrió con los costes de su viaje hasta Madrid.

En el mismo sentido, la APDHA agrega a la queja que el pasado 16 de diciembre tuvieron conocimiento de que “llegaron a la estación de autobuses de Granada aproximadamente 50 personas de origen subsahariano llegadas a las costas de Motril y de Almería. Estas últimas, en su mayoría, eran originarias de Guinea Conakry, Costa de Marfil, Mali y Senegal”.

“Según relataron, la policía les informó de que en Granada les acogería una ONG y se trasladaron con billetes facilitados por el Ayuntamiento de Motril. Cuando llegaron a Granada se dirigieron a esa ONG —desconocemos cuál es— y allí les informaron de que no había plazas disponibles y de que no podían acogerles. Tenemos conocimiento de que aproximadamente 30 personas quedaron en situación de calle y se refugiaron en la estación de autobuses”, explica la entidad.

Baeza opina que “esto demuestra el fracaso del programa de ayuda humanitaria, del que tiene responsabilidad el Estado español, y la falta de sensibilidad de las autoridades municipales en atender a las personas que efectivamente están saturando los servicios por el fallo anterior del programa humanitario”.

“En el Ayuntamiento de Madrid, si hay un sector tremendamente duro y desvinculado a los sectores de la exclusión, es precisamente el Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Me parece que Marta Higueras no es la persona que tenga sensibilidad frente la realidad de los sectores sociales más vulnerables, y aquí se está evidenciando de manera bestial”, afirma contundente.

También lleva desde el domingo acogiendo a chicos en su casa Pepa Torres, de la Red Interlavapiés. Explica que la campaña de frío está dirigida a una población con determinados perfiles, “pero no hay recursos de acogida para gente migrante que recién está llegando, de Ceuta o Melilla, y se están quedando en la calle”.

“No entendemos cómo no hay capacidad de gestionar esto cuando algunos vecinos los estamos llevando a nuestras casas o a la parroquia. Creemos que no hay una voluntad política de gestionarlo, porque hay muchos espacios que están vacíos”, acusa.

Los que se quedan a pie

Aquello de “no cabe un alfiler” podría aplicarse al bus que sale rumbo al albergue de la Campaña Municipal Contra el Frío ubicado en el Paseo del Tío Raimundo, en Vallecas. Apretujados. “Que nunca pase nada”, dicen quienes miran salir el bus. Imposible que un accidente no termine en tragedia viendo como viajan. “Como animales”, dice Mohammed (nombre ficticio), que le ha tocado quedarse abajo y no sabe dónde acabará su noche.

Mohammed es la primera vez que tiene que recurrir a los recursos de frío. Marroquí, de 36 años, lleva 14 en España y tiene tarjeta de residencia comunitaria. Cocinero de profesión, ha trabajado en grandes cadenas como Vips y ha tenido que dejar la habitación porque no le han dejado retrasar el pago hasta el día 10, cuando cobra una ayuda de 430 euros.

“Al final me fui al Samur Social y me han dado unos papeles con unos lugares. He venido a buscar una cama calentita, con este clima imagínate. ¿Quién lo puede aguantar? Nadie”, asegura y se indigna al ver que se queda entre el grupo al que le tocará dormir en la calle. “Me parece que, en esto, o salvan a todos o dejan a todos. No es justo. Si traes un plato de comida a una mesa, que sea para todos, no para unos y a los demás no les das nada. Mira todas esas personas, ¿dónde van ahora?”, pregunta molesto.

Cuando el bus arranca, ya no queda nadie. Los treinta segundos que tarda el conductor para maniobrar son suficientes para que policía y trabajadores del Samur desaparezcan de la escena. En silencio, como ocultando las vergüenzas. Porque esto, ante todo, nos debería dar vergüenza a todas.

En ese último viaje va un solicitante de asilo mexicano que muestra su tarjeta roja con discreción, prefiere no hablar de los motivos por los que tuvo que huir del país y pide expresamente que preservemos su nombre. Otra muestra más de la desorganización imperante: personas que temen por su integridad y, sin embargo, para subir al bus que les lleva al refugio, tienen que esperar a que su nombre sea voceado en alto, sin ninguna protección de datos ni reparo.

Su problema es que, con esa tarjeta, nadie le hace contrato. Apenas algún restaurante que lo ocupa 'en negro'. “La semana pasada estuve dos días trabajando en uno de aquí, céntrico. Cociné, me puse en la barra, tiré cañas, les serví para atender a los turistas extranjeros porque viví en Estados Unidos y sé inglés. Limpié los cristales, los pisos. Diez horas diarias y me dieron en total 70 euros”, se queja. Su esperanza es que, según los abogados, en pocos días más debería obtener una documentación con la que es más fácil su contratación.

Como todas las personas consultadas, opina que “el recurso es un infierno”. Asegura que “es casi imposible dormir”. Todos destacan el olor y las tensiones que se originan en un espacio con tanta gente y en situaciones de tanta vulnerabilidad. Lleva ya dos semanas en esta situación y cuenta cómo tiene que dormir: “Me acuesto vestido, el móvil escondido en la entrepierna y los zapatos dentro de la funda de la almohada. Eso es una locura, no se puede vivir así”, lamenta.

También está Valentina, letona, de 48 años, que ha venido a acompañar a su novio marroquí, quien logra acceder al segundo bus. Ella ahora está en una habitación que le han prestado tras una traumática experiencia de abuso que había sufrido en el recurso mixto de Pinar de San José, a donde se dirigen los buses que salen, también todos los días, pero a las 19.30h y desde la estación de Príncipe Pío.

“Lo pasé muy mal, allí no hay ley, no hay normas ni personas que te expliquen las cosas. Un día yo salía del baño con un pijama, un vestido de dormir, y uno de seguridad me dijo 'me gustan mucho tus piernas, me gustaría que salgas así con vestido corto y si tú quieres vas a tener siempre la cama aquí'. Lo comenté a la trabajadora social, pero nadie me hizo caso. Esto fue la semana pasada. Otro día me tocó. Trabaja allí. Y me dijo: 'Puedo follarte para que tengas tu cama'. Y me fui”, asegura.

Hay una treintena de jóvenes sin plaza. Para entendernos mejor: se quedan en la calle. Tampoco la sociedad civil tiene capacidad de acogerlos a todos. Treinta personas para una comunidad autónoma o un ayuntamiento como el de Madrid no es nada, pero puede ser mucho para el esfuerzo de los vecinos. Sin embargo ahí siguen, intentando construir redes, tendiendo puentes de entendimiento. Cuando el paquidermo institucional se acuesta, la ciudadanía se activa, una vez más.

Algunos de los chicos se van sin mediar palabra. Desilusionados, con angustia. Otros se quedan a la espera de ver una solución conjunta. Seis salen en furgoneta con Baeza, rumbo a la parroquia San Carlos Borromeo. El fotógrafo Olmo Calvo se ofrece a acompañar a los restantes nueve, en Renfe, hasta allí. Pepa acoge a dos y una amiga suya hace lo propio. Las voluntarias de Sercade otros cuatro. Veintitrés personas que encuentran respuesta en la ciudadanía.

Al menos esta noche no hay menores de edad. El martes se encontraron con tres chavales que no podían hacer uso del servicio por esa condición, y solo la intervención de Baeza logró una solución.

“La documentación de sus países de origen acreditaba que eran menores, pero curiosamente tenían la documentación de la Fiscalía de Madrid en la que constaba la renuncia de la Comunidad de Madrid a su tutela porque, por las pruebas óseas, habían acreditado que eran mayores de edad. Por lo tanto, son mayores para la administración autonómica que los expulsa de la tutela, y son menores para la administración municipal y, por tanto, no les deja entrar a los albergues de frío”, relata Baeza, quien agrega que fue a hablar “con el Samur y me dijeron que tenía que hablar con la policía municipal. Me dirigí a la policía municipal y me mandaron con el Samur. Por lo cual, cuando se fueron todos, volví a hablar con el Samur y me dijeron que lo iban a hablar con la policía. Es todo esquizofrénico”, enfatiza.

Crónica de un final anunciado

Desde diferentes colectivos sociales organizados en el Frente Migra, en julio de 2017 acercaron a las autoridades municipales competentes un informe de 28 páginas que no solo adelantaba la variedad de perfiles que pueden constatarse en esta emergencia, sino un detalle de las necesidades detectadas y, sobre todo, propuestas para tomar medidas que posiblemente hubieran evitado este desenlace.

Incluso se preocuparon en informar sobre propuestas de “buenas prácticas” en la materia llevadas a cabo en otras ciudades y países. El anexo del documento comprende experiencias en Francia, Dinamarca, Finlandia, Reino Unido, Valladolid o Barcelona.

Hace escasas dos semanas, Carmen Cabrillo, en representación de estos colectivos, se reunió con varios funcionarios y técnicos, entre ellos con el jefe del Departamento del Samur Social, Darío Pérez, para expresar la preocupación por el creciente número de personas que se estaban quedando en situación de calle.

En la misma reunión, según cuenta Cabrillo, la respuesta fue “para salir llorando”. “Volvimos a enviar las propuestas, pero en la reunión nos dijeron muy claramente que ahora mismo no tienen dinero, que no se está hablando de presupuesto para ello, y que, si eso pasara mediante un programa que hubiera que aprobar, estarían hablando del año 2020”, recuerda.

Último momento

En la mañana de este viernes, el Ayuntamiento ha activado la emergencia por frío, por cuanto es de esperar que para la noche de hoy ninguna de las personas que concurran a Atocha o a Príncipe Pío se quedará sin acogida. Precaria, eso sí, en caso de activación de la emergencia –menos de 0 grados–, se activan 37 nuevas plazas, pero algunas de ellas son en silla. Es decir que hay quien deberá dormir sentado.

Por otra parte, ha trascendido que desde el MEySS se estaría tramitando la implementación de nuevas plazas del programa de ayuda humanitaria. Entre 1.000 y 1.500, según diversas fuentes consultadas, que señalan que desde el Ayuntamiento de Madrid también se estaría previendo la apertura de un nuevo dispositivo, en lugar aún sin determinar.