Explotación laboral
Sobre la precariedad laboral y la atención humanitaria a las personas migrantes

Los dispositivos de atención humanitaria forman parte del estrecho margen que nos dejan las administraciones y el contexto actual de gestión migratoria para garantizar, defender y promover los derechos humanos de las personas migrantes. Es posible, urgente y necesario defender unas prácticas profesionales que garanticen los derechos fundamentales tanto de las personas migrantes como de los equipos técnicos de los programas de acogida.

A pesar de la ausencia de vías legales y seguras, y de las políticas de militarización y externalización de fronteras, hay personas que consiguen llegar a territorio europeo. Una vez en territorio español, en este caso, y tras permanecer unas horas bajo control policial, se les ofrece asistencia en programas de acogida humanitaria, subvencionados con fondos públicos y normalmente gestionados por ONGs y fundaciones. Señalar las graves limitaciones de dichos programas deacogida humanitaria no es ninguna novedad. El enfoque centrado en la emergencia y la falta de recursos, se combina con las graves limitaciones de las entidades que gestionan los dispositivos.

Las primeras personas llegadas de Canarias son recibidas en un “hogar especializado en salud mental” donde todavía no están preparados los espacios esenciales para la atención e intervención psicológica ni social

Para ilustrar esta situación, me gustaría relatar un ejemplo concreto y reciente, que experimenté en primera persona en calidad de psicóloga.

Guadalajara, abril de 2021. Una fundación inaugura un recurso de acogida dentro de sus programas de atención humanitaria, financiado con fondos públicos del ministerio. Presumen de abrir el primer centro en España de acogida a migrantes especializado en personas con problemas de salud mental. Un centro residencial de 20 plazas, que ocuparán personas derivadas principalmente de Canarias, quienes llevan varios meses alojadas en dispositivos de emergencia.

Todas ellas están en una situación de salud mental extremadamente delicada, con tratamiento farmacológico psiquiátrico. Apenas un par de días previos a su llegada, el espacio se encuentra sucio, lleno de muebles y materiales que pertenecían a los antiguos usuarios del local: aquí se situaba una residencia de ancianos que fue cerrada por incumplir las medidas de seguridad anticovid. La fundación descarta contratar un servicio de limpieza profesional para hacer una desinfección y limpieza a fondo de todas las salas y el mobiliario, pidiéndonos al equipo técnico (psicóloga, trabajadora social, integrador social y auxiliares) que acondicionemos el espacio. Como podemos, preparamos las zonas comunes y algunas habitaciones (las sábanas, mantas y colchones son todos reutilizados de la antigua residencia).

Al día siguiente, las primeras personas llegadas de Canarias son recibidas en un “hogar especializado en salud mental” donde todavía no están preparados los espacios esenciales para la atención e intervención psicológica ni social, donde nisiquiera podemos garantizarles que tendrán medicación suficiente y adecuada para los próximos días. Tampoco disponemos de protocolos concretos ante posibles casos de covid19. Se producen varias situaciones críticas donde tenemos que acudir a urgencias del hospital y requerir la intervención de la policía, por autolesiones, agresiones físicas y verbales entre las personas acogidas.

Ante mi insistencia en demandar unas condiciones materiales y organizatias mínimas para desarrollar nuestro trabajo de manera profesional y segura, tanto para las personas acogidas como para el equipo técnico, me acusan de no cooperación y de no implicación, invitándome a que renuncie a mi puesto.

La salud mental de estas personas se ha visto terriblemente deteriorada por haber pasado meses dentro de un sistema de acogida tremendamente precario

Precisamente, la salud mental de estas personas se ha visto terriblemente deteriorada por haber pasado meses dentro de un sistema de acogida tremendamente precario. Estas personas son titulares de derechos, y considerarlas como tal es imprescindible para aliviar su sufrimiento psíquico. Las personas que nos dedicamos al ámbito social o humanitario estamos acostumbradas a la frustración, las limitaciones y a trabajar en condiciones de precariedad, tanto para nosotras como para las personas con las que trabajamos pero, insisto, es crucial marcar unos mínimos. No se trata de una cuestión moral, garantizar la dignidad y el cumplimiento de los derechos humanos, así como denunciar las malas prácticas, forma parte de nuestro trabajo.

Recordemos que todo esto ha ocurrido en un recurso de tan sólo una veintena de plazas, de las cuales sólo algunas estaban ocupadas en ese momento, en un programa de acogida humanitaria en península. Imaginemos las situaciones que pueden llegar a producirse en los dispositivos con más de 500 plazas, como los centros de emergencia actuales de Canarias o los CETIs de Ceuta o Melilla (donde, por cierto, también he tenido la oportunidad de trabajar). No todas las carencias se deben a la falta de recursos, hay que señalar también las dinámicas organizativas internas, la precariedad laboral de las y los trabajadores, y el silencio cómplice frente a la degradación.