Ferrovial
Los oligopolios españoles sí se lucran con seguridad jurídica

Ferrovial, una de las empresas del oligopolio del grupo de constructoras españolas, ha decidido mudar su domicilio fiscal a Holanda. Al mismo tiempo, los oligopolios eléctrico y bancario españoles han impugnado el impuesto extraordinario por los beneficios excepcionales que han obtenido, principalmente por el aumento de los precios y de los tipos de interés derivados de las crisis pandémica y bélica mundiales. A esta conducta de búsqueda insaciable de resquicios de los oligopolios empresariales para la obtención del máximo beneficio, se suma la destreza contable incesante para la elusión fiscal.

Evasión de tributos que realizan con maniobras mercantiles como las compensaciones de años de pérdidas deducibles de ganancias, las exenciones fiscales por el costo financiero de las inversiones, las transferencias a filiales por capítulos de gastos, entre otras muchas posibles. Algunas de ellas de difícil justificación, como es el caso del know how tecnológico o del fee de gestión, de las patentes y otros conceptos similares. Todo este comportamiento de nuestros grupos empresariales oligopólicos de impugnar impuestos, reducir beneficios contables en unos países y abultar ganancias en otros en dónde la tributación y dividendos es mínima, no es nueva.

Ferrovial, otros niños malcriados y el artículo 116 del Tratado de la UE

Yago Álvarez Barba

2

Ferrovial

Dumping fiscal Ferrovial, otros niños malcriados y el artículo 116 del Tratado de la UE

Yago Álvarez Barba

2

La solución al juego de las multinacionales dentro de Europa pasa por obligar a algunos Estados miembro a que dejen de malcriarlas.

BEPS o cómo las multinacionales llevan sus beneficios a paraísos fiscales

Cómo se lucran los Oligopolios Españoles.

Los oligopolios no sólo realizan maniobras contables y fiscales para no pagar, o logran recursos extraordinarios de las crisis que afligen al mundo, sino que se lucran de la posición privilegiada que ocupan en el espacio económico como oligopolios no competitivos, al fijar el precio de los servicios o productos que comercializan. Una parte importante de estas corporaciones empresariales son constructoras de infraestructuras públicas como carreteras, ferrocarriles hospitales, etc., o son concesionarias y gestoras, cuasi mercantiles, de esas mismas obras y de servicios públicos sociales y urbanos, como ambulancias, mantenimiento de jardines o recogida de basuras. Otros grupos empresariales producen y proveen servicios básicos universales para los ciudadanos, como la energía eléctrica, los combustibles, las telecomunicaciones, el saneamiento, el suministro de agua, etc.

Son sectores económicos beneficiados por las políticas neoliberales de la privatización de los servicios públicos universales, asociadas a los derechos económicos básicos como indicamos antes. Hace décadas, una gran parte de estas prestaciones las realizaban empresas de carácter público en forma de monopolios naturales, haciendo accesible el servicio de las mismas a los ciudadanos, con precios administrados y razonables a las necesidades y posibilidades de renta de la gente.

La demanda de estos bienes es inelástica, y el consumidor no puede ejercer poder de mercado competitivo como para influir en la fijación de los precios. En cambio, sí lo hacen los oligopolios que hoy son beneficiarios de estos servicios o infraestructuras del bien común.  El negocio objeto de estas actividades tiene a los usuarios comprometidos comercialmente en el consumo por ser servicios imprescindibles. Las empresas no compiten por los clientes, sino que disponen de ellos. La necesidad obligada de los usuarios por contar con estos servicios los hace cautivos para las empresas, y éstas, además, se adjudican los contratos de las prestaciones pactando precios y concursos a conveniencia, como muchas veces se ha denunciado.

El negocio objeto de estas actividades tiene a los usuarios comprometidos comercialmente en el consumo por ser servicios imprescindibles.

Entre los grupos oligopólicos españoles destaca el bancario privado, fortalecido a partir de la desaparición prácticamente total de las Cajas de Ahorro.  Es singular porque la banca media y se lucra con un bien público imprescindible para la vida de la gente como es el dinero de curso legal, cuya manipulación tiene asignada en forma exclusiva y monopólica. Los bancos son beneficiarios de resultados extraordinarios al actualizar descaradamente los precios, tipos de interés del dinero que prestan, y tener congelados, al mismo tiempo, los depósitos de los ciudadanos dispuestos imperativamente en sus cuentas. La reducción violenta de costes del sector bancario, además, ha producido cierres generalizados de sucursales y de plantillas que, junto a las obligaciones digitales operativas impuestas a personas sin habilidades ni equipamiento informático, está llevando a una dramática exclusión financiera de la población vulnerable.

El caso de las empresas energéticas, petroleras y eléctricas es específico porque son oligopolios con grandes infraestructuras y costosa maquinaria de producción en los que no tiene sentido la inversión duplicada del equipamiento ni la multiplicación de redes de distribución. Generan y producen servicios básicos que afectan a todos los estamentos de la actividad económica, empresas y economías domésticas. Se constituyen, de hecho, en monopolios naturales sin competencia en el precio del servicio que prestan.

La suma de beneficios netos de todos estos grandes grupos de empresas, que son solamente quince, rondaron aproximadamente los 30.000 mil millones de euros en 2022, el 3% del PIB.

Son los trabajadores los que no tienen seguridad jurídica, no las empresas.

Increíblemente, uno de los argumentos que Ferrovial sugiere para trasladar la sede corporativa a Países Bajos, es que no hay seguridad jurídica en España. Pero esta matraca discursiva generalizada desde el mundo empresarial después de lo señalado, no cuaja, sino que es lo contrario. En lo fundamental, como indicamos en párrafos anteriores, el negocio principal de estas empresas es firme y seguro en ingresos, está respaldado en concesiones o contratos de servicios de largo plazo, amparados con cláusulas de actualizaciones de precios y todo tipo de garantías mercantiles legales, indemnizatorias y de blindaje comercial.

Es al revés, quienes realmente están desprotegidos, sin seguridad jurídica, son los trabajadores. Éstos son dependientes de la competencia laboral permanente, y el despido, en un sentido amplio, es libre. Los trabajadores, tampoco tienen la libertad de actualizar el precio del salario o renta al ritmo de subida de los precios. Además, no tienen exenciones tributarias, ni créditos fiscales compensatorios como los que rebajan escandalosamente los pagos de impuestos de las grandes empresas. Mientras que a un trabajador a partir de los 15.000 euros de ingresos anuales tributa en torno al 20% en IRPF, un conglomerado como Ferrovial con una facturación superior a los 7.500 millones de euros anuales, puede llegar a no pagar nada.  Esto es lo que ha hecho, por ejemplo, la empresa presidida por Rafael del Pino, Ferrovial, que tan sólo en tres de los últimos doce años ha liquidado impuestos sobre beneficios, al aplicar ingeniería fiscal elusiva.

¿Cuánto pagan de impuestos los grandes los Oligopolios Españoles?

Además, para mayor confusión informativa, estos grandes consorcios empresariales se proclaman contribuyentes fiscales mil millonarios cuando reportan los resultados anuales. Pero engañan, no son montos, aportaciones netas, reales de las empresas. Tan sólo son recaudadores del IVA o de otros impuestos especiales, que en realidad son soportados por los consumidores finales. Son impuestos en cascada, como se dice en la terminología tributaria. Tampoco las cotizaciones sociales son impuestos de las empresas, son parte del salario de los trabajadores. Pero como son carteles económicos, oligopolios, la suma de liquidaciones globales de impuestos satisfechos en la modalidad de recaudadores, no de pagadores, confunden y diluyen el monto de los pocos impuestos sobre beneficios que terminan pagando.

La suma de liquidaciones globales de impuestos satisfechos en la modalidad de recaudadores, no de pagadores, confunden y diluyen el monto de los pocos impuestos sobre beneficios que terminan pagando.

La Estadística de la Agencia Tributaria recoge cómo el tipo efectivo impositivo de las Grandes Empresas, el realmente pagado por el impuesto de sociedades, que es el equivalente al IRPF de las personas físicas pero satisfecho por una persona jurídica, no llega nunca a los dos dígitos.

Devolver al Estado los servicios públicos universales desposeídos a los ciudadanos.

La conclusión salta a la vista: hay que regular las empresas ligadas al bien común, y los derechos básicos y elementales para la vida digna de la gente y las familias. Esto se hace devolviendo competencias empresariales públicas al Estado para la prestación eficiente en precio y calidad de estos servicios públicos universales de los que han sido desposeídos los ciudadanos. Y, además, reforzando los ingresos fiscales para contar con una financiación, justa, suficiente y progresiva para una gestión democrática del Estado del Bienestar.

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión del autor y esta no compromete a ninguna de las organizaciones con las que colabora.