Coronavirus
Enferma de covid persistente y desahuciada en menos de un mes

Marisa — nombre ficticio— tiene 43 años y trabajaba como comercial inmobiliario antes de la pandemia. Hoy no puede caminar, sus piernas tiemblan en cuanto da dos pasos. Tiene covid persistente, ha perdido todos sus ingresos, no tiene ningún asidero al que agarrarse por parte del Estado y está al borde del desahucio.

La falta de aire o disnea, las taquicardias y los continuos estados febriles son parte de su día a día desde que se contagió por covid-19 en marzo de 2020. El long covid que padece se reconoce en más de media docena de informes médicos a los que ha tenido acceso El Salto. “La paciente presenta desde marzo de 2020 sintomatología muy limitante, que no le permite llevar vida habitual ni trabajar”, se lee en uno de los documentos emitido por el Hospital Infanta Cristina de Parla, municipio en el que vive. Sin embargo, en febrero de 2021 el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le denegó la incapacidad permanente “por no alcanzar las lesiones que padece un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral”, según reza la resolución. Resolución que ha sido recurrida por la vía administrativa y por la vía judicial: el 28 de junio tiene juicio contra esta institución. Al mismo tiempo dejó de percibir ingresos. Sin ingresos no podía pagar el alquiler y, finalmente, perderá su actual morada. Este martes recogía la notificación que le da treinta días para abandonar la casa.

“No me valgo por mí misma”, se queja Marisa, mientras ilustra como se le han ido cerrando todas las puertas. Sólo le han reconocido un 50% de discapacidad, sin pensión asociada, y tampoco se ha podido acoger a la ley de dependencia

“No me valgo por mí misma”, se queja Marisa, mientras ilustra como se le han ido cerrando todas las puertas. Sólo le han reconocido un 50% de discapacidad, sin pensión asociada, y tampoco se ha podido acoger a la ley de dependencia. “Debo 10.000 euros y no puedo andar. No sé ni a dónde ir, ni qué hacer con mi vida”, se queja esta afectada por una de las caras más duras del covid y más desconocida, que hoy se ve sola frente a sus consecuencias más agudas.

A su lado, los y las activistas de la PAH Parla, quienes le han ayudado hasta con productos básicos de alimentación en estos últimos meses. Acaba de conseguir una Renta Mínima de Inserción (RMI) de 400 euros y es lo único que pueden celebrar. Se quejan de las escasas ayudas proporcionadas por el Ayuntamiento de Parla, gobernado por PSOE y Unidas Podemos- Izquierda Unida Otra Parla es Posible. Sólo le han dado una ayuda de 150 euros cada dos meses, “que no me ha dado ni para pagar los suministros, voy arrastrando deudas de luz y de agua”, añade Marisa.

“La única solución habitacional que le ha dado el Ayuntamiento ha sido que se alquile una habitación y a los dos meses o tres le darán el dinero”, denuncian desde PAH Parla quienes se quejan de que, al mismo tiempo, en el municipio hay promociones municipales de viviendas sociales construidas en suelo público disponibles y mucha vivienda vacía en manos de fondos buitre.

Además, prosiguen, desde la Concejalía de Vivienda se están realizando “gastos superfluos”. “Han encargado un informe a un despacho de abogados, por el que han pagado 18.000 euros, para saber la situación en un barrio de Parla Este. Con ese dinero quieren averiguar cosas como cuántas personas hay viviendo de alquiler, cuántas de hipoteca… mientras hay mujeres como Marisa al borde de la indigencia. Es un bochorno”, sentencian. Añaden también que, paradójicamente, acaban de inaugurar un monumento feminista por valor de 48.000 euros. “Somos muy críticas con estas cosas, el municipio debería responder y dar vivienda a mujeres vulnerables”, denuncian.

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El negacionismo del INSS

El negacionismo del INSS ante el covid persistente es algo que asociaciones de afectadas y sindicatos vienen denunciando en los últimos tiempos y que puede conducir a situaciones como la de Marisa. Según los datos de la Sociedad Española de Medicina General y de Familia (SEMG) un 79% de las afectadas son mujeres y hay identificados más de 200 síntomas.

“El INSS no reconoce el covid persistente como enfermedad incapacitante. En una reunión que mantuvimos en la dirección provincial de Aragón nos lo aseguraron. Dicen que aunque la OMS reconoce la enfermedad para ellos no es incapacitante porque no les han llegado muchos casos. Eso es lo que manifiestan”, explicaba a El Salto José Luis Berné, secretario general de salud laboral de CGT Aragón-La Rioja, para quien estamos ante un problema de gran envergadura.

“Si 12 millones de personas hemos pasado el covid, un 10% manifestarán long covid y, de ese porcentaje, el 75% está en edad laboral, estamos hablando de varios millones que podrían ser potencialmente incapacitados. Están negando esa realidad”, asegura.

“Ellos cuentan siempre con un factor, el INSS sabe que mucha gente no va a reclamar por la vía administrativa y que mucho menos van a llegar hasta la vía judicial. Nosotros creemos que si reclamaran, más del 60% de las reclamaciones serían positivas”

El representante de CGT Aragón describe que, antes de la pandemia, en los juzgados de lo social, el 40% de las reclamaciones eran favorables a los trabajadores. “Ellos cuentan siempre con un factor, el INSS sabe que mucha gente no va a reclamar por la vía administrativa y que mucho menos van a llegar hasta la vía judicial. Nosotros creemos que si reclamaran, más del 60% de las reclamaciones serían positivas”, advierte mientras añade que, entre reclamación y reclamación, centenares de miles de personas se van a ver en una situación complicada: van a renunciar a sus trabajos o van a ser despedidos porque no pueden realizar su actividad.

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“Yo solo quiero curarme”, sentencia Marisa, que quiere dejar claro que no busca una pensión, sino salud para poder trabajar. “Lo único que me importa es curarme, he perdido 15 kilos y me enfrento a un desahucio y no sé dónde voy a ir”, repite esta afectada.