Agricultura
Trabajo cambiará la legislación para perseguir la explotación de migrantes en el campo

“Están a kilómetros de distancia del agua y viven sin electricidad o saneamiento adecuado. Muchos han vivido allí durante años y pueden pagar el alquiler, pero aseguran que nadie los aceptará como inquilinos. Están ganando tan solo 30 euros por día y casi no tienen acceso a ningún tipo de apoyo gubernamental”. Esta descripción por parte del relator de pobreza de Naciones Unidas, Philip Alston, que a principios de febrero entregó su informe preliminar al Gobierno y la sociedad civil, ha puesto al Ministerio de Trabajo en la senda de una reforma legislativa para permitir la inspección de trabajo en contextos como el de la recolección de la fresa en Huelva.

Yolanda Díaz, titular del Ministerio ha asegurado, en una entrevista en Radio Nacional, que el Ministerio reflexiona sobre cómo paliar esas situaciones estructurales. Díaz ha recordado que actualmente Trabajo no tiene competencias para intervenir en situaciones que rozan la esclavitud moderna, por eso se plantean modificaciones legislativas “para operar rápido, y poder actuar en esos lugares”.

Alston refleja en su informe que son entre 2.300 y 2.500 las personas que acuden cada año a la temporada de la fresa y viven en las condiciones descritas en su texto. El relator de la ONU cuestiona que la multinacional californiana Driscoll, que domina el campo onubense, esté aplicando su máxima de llevar las mismas condiciones a toda su cadena de trabajo. Alston refleja que el cultivo de la fresa mueve cada año 533 millones de euros.

Las palabras de Díaz, que hoy tiene prevista una reunión con los sindicatos y la patronal agrícola, vuelven a cuestionar las relaciones laborales en uno de los mercados más beneficiados por la contratación en origen. El martes 11 de octubre, el periódico La Mar de Onuba denunciaba que la práctica totalidad de los contratos suscritos en la campaña de frutos rojos de 2019 lo fueron en aparente fraude de ley, “al incumplir toda la legislación vigente para las contrataciones en origen y las propias órdenes ministeriales que regulan los contingentes de mujeres marroquíes”.

Como refleja este medio local en su investigación, el fraude consistiría en la contratación “por obra y servicio” de las temporeras en lugar de optar por el modelo legalmente establecido de trabajo temporal o eventual. “En la práctica, esto faculta a los empresarios para disponer de la femenina mano de obra marroquí (mujeres de origen rural, escasa formación y en muchos casos analfabetas) en los alojamientos que habilitan para ello en las propias fincas, pero les exime de darles faena obligatoriamente, y de pagar y cotizar salarios por los días no trabajados”, resume La Mar de Onuba.

La nota, firmada por el periodista Perico Echevarría, denuncia que se está produciendo un “fraude masivo o, en el mejor de los casos un monumental caos administrativo generalizado en todos los agentes del Estado que intervienen en la contratación en origen”. Esto supondría una vulneraciones de los derechos contractuales y salariales de la práctica totalidad de las 14.411 personas contratadas en países como Marruecos para la temporada de los frutos rojos. De hecho, solo 243 de los contratos firmados en 2019 fueron legales. El fraude, o el caos, afectaría igualmente a la recaudación de Hacienda y las cotizaciones de la Seguridad Social.

En el seguimiento a su noticia, La Mar de Onuba publicaba ayer que la patronal carga la responsabilidad de los errores en la contratación sobre las ordenanzas del propio Gobierno. Delegación de Gobierno no ha respondido oficialmente a los requerimientos de ese diario.