Túnez
La corrupción, gangrena de la transición tunecina

Según los cálculos de la Instancia Nacional de la Lucha contra la Corrupción, los tunecinos desembolsan cada año unos 156 millones de euros en sobornos.

Abdelkrim Laabidi anticorrupción Túnez
Abdelkrim Laabidi se ha convertido en un símbolo de la anticorrupción en Túnez. Ricard González
Túnez

publicado
2018-11-28 07:00:00

Aunque no hubo ninguna ley de amnistía en Túnez, prácticamente ningún cargo policial ha sido encarcelado desde la caida del régimen dictatorial de Ben Ali. Abdelkrim Laabidi es una excepción. En 2015 ingresó en prisión, donde pasó un año y medio. Ahora bien, no fue por su papel en el régimen de terror que reinó en el país magrebí durante más de dos décadas. Su pecado fue haberse enfrentado a las redes de corrupción que utilizan el aeropuerto de Túnez, del que era máximo responsable de seguridad, como punto de entrada y salida de mercancías y dinero negro. Su historia es un testimonio de hasta qué punto la corrupción ha penetrado las entrañas del Estado y la sociedad tunecinas.

"Gracias a un chivatazo, pude ordenar la interceptación de siete maletas con un total de 21 millón de euros que una red mafiosa intentaba hacer salir por el aeropuerto para enviarlas al Golfo. Así empezó todo", recuerda Laabibi, un hombre de 51 años, cabello plateado y gesto siempre serio. Las semanas siguientes consiguió desbaratar otras operaciones similares.

"Eso era una responsabilidad del departamento de aduanas, pero estimo que un 50% de los agentes eran corruptos", comenta. Poco después, comenzó una campaña de difamación en su contra en varios medios de comunicación, todos ellos vinculados a grupos de interés mafiosos. Para hacerlo caer, primero lo acusaron de ser benalista, y después, de islamista.

El acoso culminó en una extraña denuncia ante un juzgado: un hombre aseguraba haberlo visto sentado en un coche con un conocido yihadista acusado del asesinato del político progresista Mohamed Brahmi en 2013. "En el juicio, el hombre se arrepintió, y reconoció que había recibido dinero para hacer una declaración falsa. El juez archivó el caso", explica Laabidi, mientras muestra un sumario judicial que confirma su historia. Al salir de la prisión, fundó una ONG y ahora consagra su vida a la lucha contra la corrupción, una auténtica lacra en Túnez, el único país tocado por las llamadas Primaveras Árabes que no ha caído en una dictadura, el caos o la guerra civil.

“Antes la corrupción se limitaba al entorno de la familia del presidente. Ahora, en cambio, se ha democratizado. Muchos funcionarios han empezado a trabajar con las redes mafiosas preexistentes”, denuncia Laabidi

Según la mayoría de observadores, las corruptelas del clan Ben Ali se cuentan entre las chispas que encendieron la mecha revolucionaria en Túnez. De hecho, la revuelta tuvo lugar días después de que una filtración de Wikileaks confirmara las sospechas de la mayoría de la población sobre la voracidad del dictador. "El régimen no tenía ideología. El único objetivo de los gobernantes era enriquecerse. Era un ejemplo de cleptocracia", sostiene la politóloga Olfa Lamloum. Paradójicamente, siete años después, muchos ciudadanos se preguntan si la corrupción no es ahora aún más ubicua.

"Antes la corrupción se limitaba al entorno de la familia del presidente. Ahora, en cambio, se ha democratizado. Muchos funcionarios han empezado a trabajar con las redes mafiosas preexistentes", denuncia Laabidi. De acuerdo con el ránking anual elaborado por Transparency International, Túnez ocupa el número 74, prácticamente empatado con China y Serbia.

La metodología no permite hacer una comparación con la situación durante el régimen de Ben Ali, pero es indicativo que Túnez obtuviera el año pasado prácticamente la misma puntuación que en 2012. En esta cuestión, el país está estancado.

Destituciones

Al ascender al cargo de primer ministro el verano de 2016, Yusef Chahed prometió que emprendería una cruzada contra la corrupción. Siguiendo esta lógica, el mes pasado destituyó al ministro de Energía y unos cuatro otros altos cargos por un escándalo relacionado con la explotación de un pozos del petróleo. Unos meses antes, había caído el ministro de Inversiones, condenado a tres años por fraude. Sin embargo, muchos ciudadanos consideran que estas medidas son sólo golpes de efecto.

"Quizás Chahed sea sincero, pero la tarea le supera", espeta Laabidi. Para hacerse una idea de la dificultad de la empresa basta con decir que, según algunas estimaciones, la mitad del PIB podría corresponder a la economía sumergida. Ashraf al-Awadi, el máximo responsable de la ONG tunecina I Watch, considera que desde la llegada de Chahed, el Gobierno dedica más recursos a la lucha anticorrupción, pero no son suficientes: “Ha cumplido solo algunas de sus promesas en la materia. Por ejemplo, no se han dedicado suficientes recursos a hacer efectiva la ley de la transparencia en la administración pública”.

Más allá de la corrupción, una de las principales razones del desencanto popular es la incapacidad de los seis Gobiernos del periodo post-revolucionario de mejorar las condiciones de vida del ciudadano medio

Según los cálculos de la Instancia Nacional de la Lucha contra la Corrupción (INLUCC), los tunecinos desembolsan cada año unos 500 millones de dinares (156 millones de euros) en sobornos. Si sumamos las corruptelas en las transacciones públicas, la cifra asciende a 2.000 millones de dinares (655 millones de euros), una cifra astronómica para un país del sur con solo 12 millones de habitantes. Chawki Tabib, el reputado presidente de la INLUCC lanzó recientemente una seria advertencia sobre la infiltración de los "lobbies mafiosos" en las instituciones del Estado. Entre ellas, citó "los cuerpos de seguridad, la justicia y los partidos políticos", además de los medios de comunicación. De acuerdo con Tabib, si no se pone remedio, el país podría experimentar un retorno a la dictadura.

Su mensaje resulta algo alarmista, ya que no se perfila ninguna institución o personalidad capaz de dar un golpe de Estado exitoso. Ahora bien, el desencanto de la población es evidente y va en aumento, lo que socava la legitimidad del sistema. Algunas encuestas apuntan que cerca del 80% de los ciudadanos considera que el país "va en la dirección incorrecta", y una mayoría desconfía en los políticos para resolver los problemas del país. Así pues, no es de extrañar que poco más del 20% del censo votara en las elecciones del pasado mes de mayo, las primeras municipales en democracia.

Más allá de la corrupción, una de las principales razones del desencanto popular es la incapacidad de los seis Gobiernos del periodo post-revolucionario de mejorar las condiciones de vida del ciudadano medio. Esta, junto a las libertades políticas adquiridas, era la gran demanda de las masas en aquel efervescente enero de 2011. No obstante, el paro y la inflación se han multiplicado, erosionando el poder adquisitivo de las clases populares. En parte, la culpa es la depreciación del dinar, que ha perdido un 60% de su valor en los últimos cuatro años. Los economistas atribuyen esta dura realidad a la falta de reformas liberalizadoras. La población, al egoísmo y ensimismamiento de la clase política.

Dicho esto, la transición no solo ha dado pasos en falso. Las energías liberadas durante la Revolución se han solidificado entorno a una vigorosa sociedad civil, capaz de forzar avances en materias diversas. Por ejemplo, el año pasado el Parlamento aprobó una ley modélica contra la violencia de género, que abolió la norma que permitía a un violador eludir la cárcel si se casaba con su víctima. Y en octubre, promulgó la primera ley árabe contra la discriminación racial, una auténtica lacra en toda la región. Eppur, Túnez si mouve (y sin embargo, se mueve).

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