El año de la moción de censura, la España de los balcones y el 8 de marzo

Probablemente no haya nada más inútil que la prisa. La aceleración es, hoy, el síntoma de la capacidad de los medios para adecuarse a un hábitat en el que camarón que no se mueve… La prisa consigue que parezca que pasan cosas cuando no pasan. Al rojo vivo.

Tiempos políticos acelerados, sociedades con prisa, acontecimientos al borde un acantilado. 2018 iba a ser un año de transición hacia el año electoral 2019. No lo ha sido. La moción de censura de Mariano Rajoy —antes, el caso Cifuentes— puso en marcha de nuevo el acelerador, si es que en algún momento se había parado.

El año se ha cerrado con el comienzo del juicio a los presos del Procés político de Catalunya, con el debate parlamentario sobre una nueva aplicación del artículo 155 de la Constitución en la misma comunidad, con las protestas ante la celebración del Consejo de Ministros en Llotja de Mar. Se acelera el diapasón en el tema de Catalunya… pero esta noche es Nochebuena. A partir del día 1, todo volverá a pasar a toda velocidad, al menos hasta el próximo mes de mayo.

Economía de la atención

¿Cómo nace y muere un medio de comunicación en el siglo XXI? En octubre, el diario La Jornada anunciaba que echaba el cierre tras una decisión de su asamblea. La Jornada como síntoma: nació con la idea de ser un medio en papel con presencia en los kioscos de los Países Catalanes y terminó en un momento de indefinición del proyecto soberanista. Un medio netamente independentista pero plural, con cabida en sus páginas para las posiciones de Laia Altarriba —su directora— y Guillem Martínez —azote del procés—. Un modelo envejecido en un contexto acelerado. Una apelación a una comunidad —como casi todas— fragmentada, satisfecha ya tanto en las visiones más verticalistas del proyecto independentista —El Nacional, Vilaweb, Ara— como en los rincones del periodismo independiente y autogestionado —Critic, Directa—.

Más allá de la historia particular de La Jornada, el trayecto de un medio que nace con financiación suficiente y descarrila seis meses después de nacer indica que, en el sistema capitalista actual, la economía de la atención es el principal factor que determina el éxito o el fracaso de un proyecto. La Jornada no contó con suficientes activos en ese mercado. Moncloa.com, un medio que no necesitó comprobar que los kioscos están de capa caída, obtuvo toneladas de atención a raíz de las filtraciones de los documentos del excomisario José Manuel Villarejo. La ‘startup’, moncloa.com, usada y usable a módico precio, es el último invento en cuanto a medios de comunicación, dispuesto por los poderes —y Villarejo se ha constituido como poder— para marcar agenda informativa.

Los dossieres del excomisario han amagado con atacar a la familia real en un momento de estabilización tras el convulso 2017 y el polémico discurso de Felipe VI. El senador Jon Iñarritu, de EH Bildu iba, en un programa de ETB, un poco más allá de la insinuación sobre las informaciones que Villarejo tiene sobre la reina Letizia y se denunciaba la solicitud de silencio mediático por parte del Gobierno, es una de las pocas pruebas documentales del fenomenal quilombo en torno a los papeles del excomisario. Un quilombo que ha añadido, en diciembre, el caso Kitchen. El PP utilizó fondos reservados para contratar, a través de Villarejo, un espía que se infiltrase en el círculo de su extesorero, Luis Bárcenas. Un escándalo al rojo vivo en busca de mayor trascendencia en medios de comunicación.

Primarias y contraataque del ¿centro? derecha

Pese a que la sobresaturación de escándalos ha preparado la piel colectiva contra la corrupción —de manera que el efecto más extendido es el de resbalamiento—, el panorama se agitó el 24 de mayo con la sentencia de la Gürtel, detonante de la moción de censura que terminó con la presidencia de siete años de Rajoy. Un mes antes, y tras una resistencia política digna de mejor causa, era la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes quien salía de escena y quedaba eliminada definitivamente de las posibilidades de sucesión al frente del liderazgo del centro derecha.

La moción de censura y la despedida de Rajoy aceleraron las primarias subterráneas que estaban teniendo lugar en el espacio del centro-derecha español. Frente a la línea continuista que encarnaba Soraya Sáenz de Santamaría —encarnación de la austeridad del ciclo 2011-2015—, el Partido Popular se decantaba, en una alianza “de perdedores” por la recuperación de la vía Aznar, revivida por Pablo Casado. Entra en el género de la ucronía saber qué hubiera pasado con Sáenz de Santamaría como cabeza de la oposición. Casado ya había demostrado cuál iba a ser su estilo. Gasolina. Merkel está amortizada, Trump no.

Simultáneamente a la vuelta del Partido Popular a sus esencias, una combinación de atención mediática desaforada y pulsión de fibras sensibles, ha convertido al partido de extrema-derecha Vox en la atracción del mes de diciembre. El partido de Santiago Abascal consiguió extrapolar el estado de ánimo —el esplín— de algunas capas de la sociedad hacia una impugnación del “centrismo” en el que han prosperado las ideas de la derecha. La defensa de la caza, de la tauromaquia, las críticas a la ley de violencia de género y la denuncia del llamado “buenismo” en políticas migratorias, forman parte de una invocación a un pasado indeterminado y mitológico —no explícitamente franquista— imposible de alcanzar en el mundo globalizado del siglo XXI pero con cartel electoral.

Ciudadanos, representación en España del partido liberal europeo, ha quedado encajonado en su discurso “antipopulista” —que utilizó para arrinconar, a su vez, a Podemos y las confluencias— un discurso que contrasta con el previsible encuentro con Vox para la investidura en Andalucía. Así las cosas, una parte significativa de España —la España de los balcones— ha vivido 2018 en un proceso de radicalización permanente. El argumento principal fue Catalunya, pero la reacción se ha extendido en una agenda vieja con ribetes modernos. La reacción está teniendo lugar en toda Europa y comparte miedo y violencia contra “el otro” o “las otras” —minorías, migrantes, mujeres, población LGTB—, pero ya se sabe que todos los países infelices lo son cada uno a su manera.

Siete meses de Sánchez, cinco de Rajoy

2018 fue un año asimétrico, tanto como para que una mitad tuviese cinco meses —hasta mayo— y la otra siete. Como en un sistema de vasos comunicantes, la tenencia por parte del Partido Popular de las riendas del Estado implicaba la movilización de sectores populares en defensa de sus condiciones de vida. A partir de mayo, las movilizaciones correspondieron a sectores populares en defensa de sus valores y costumbres (unidad de España, caza, tauromaquia).

Primer acto: pensiones. La pérdida del poder adquisitivo de la población mayor de 65 años ha agitado la protesta durante todo el año, pero los primeros meses fueron clave para arrancar una primera victoria: en abril, el PP reculó y renunció a su intención de introducir el “factor de sostenibilidad” en los próximos cuatro años,  factor que liga la cuantía a percibir con la esperanza de vida. El conflicto se prevé largo y pinta mal. A finales de diciembre, el Banco de España ha publicado sus previsiones económicas y el capítulo de pensiones señala un horizonte de más pérdida de poder adquisitivo. Si la movilización no lo impide.

El segundo acto, la demostración más imponente de 2018, fue la huelga feminista del 8 de marzo. Un esfuerzo organizativo sin precedentes que culminó en una jornada que combinó la rotundidad de una plena huelga general con las propuestas de movilización aportadas por el movimiento feminista —huelga de cuidados—. Las circunstancias dificultan que la huelga de 2019 alcance la misma resonancia del 8M de 2018, sin embargo, hay un factor que permanece: las mujeres se movilizan y organizan en mayor medida que los varones. Un mes después, la sentencia en el caso de La Manada —que condenó a los violadores de San Fermín por delitos de abuso pero los absolvió del delito de violación— devolvió a miles de mujeres a las calles de 150 ciudades.

¿Qué reflejo tuvo la primavera feminista de 2018 en el ecosistema político? El gobierno del “maestro zen” Rajoy no trató de contener la movilización, en todo caso, quiso institucionalizar las partes apropiables y dejar que pasara el tiempo. El espectro de los partidos de izquierda encontraron en las movilizaciones feministas una vía abierta para su necesidad de oxígeno en un momento en el que las protestas sociales estaban en sordina.

El 8M no contó con oposición —más allá de machitrolls y tertulianos cazalleros—, pero ese sector, la “manada digital”, ha hallado en la lucha contra la llamada “ideología de género” un campo de posibilidad de expresión política. Hay que apuntar que esa expresión política que pone en cuarentena el feminismo y la diversidad no se ha ceñido únicamente al campo de la “derecha española” sino que, sofisticadamente, una parte de la izquierda se ha devanado este 2018 acerca de si las luchas “sectoriales” o de identidad restan potencial revolucionario y desplazan a los sujetos políticos tradicionales de la lucha. A fuerza de ejercicios retóricos, incluso lo más interesante del debate ha dejado de ser interesante.

La moción de censura situó a la izquierda a la defensiva en la segunda parte del año. El acuerdo para lograrla, que contó con algunas de las bestias negras del nacionalismo español —todos los partidos soberanistas salvo el PNV y Unidos Podemos— situó al PSOE bajo sospecha de no ser suficientemente “constitucionalista”. Un marbete que el extremo centrismo de Ciudadanos consigue colocar en medios de comunicación afines a su propuesta de recambio y que ha adoptado también Pablo Casado. Con el “constitucionalismo” de corte y confección, un espectro del voto se autoimpone como árbitro de los límites de lo constitucional y trata de proteger a la monarquía, punto débil de cualquier proceso constituyente que dé comienzo en los próximos años. El tirabuzón ha incluido en su ejecución la propuesta de Casado de ilegalización de las organizaciones “comunistas”, en un incremento de los decibelios que, está previsto, no cesehasta después de las elecciones generales, cuando sea que lleguen.

Buenismo y armas hacia Yemen

En el eje de derechos humanos, el Gobierno Sánchez lanzó un mensaje de solidaridad —“buenista” para la opinión mayoritariamente xenófoba— con la apertura del puerto de Valencia para el atraque del barco Aquarius. Una vez lanzado ese mensaje, la política de fronteras siguió la tónica habitual, sino se dio un paso más. Los días 22 y 23 de agosto, España tomaba una decisión sin precedentes y llevaba a cabo una masiva devolución “en caliente” de un centenar largo de personas en Ceuta.

Pocos días después de ese episodio, tenía lugar el otro momento estelar del Gobierno Sánchez en política humanitaria. Las posibilidades de un cambio de rumbo en política de venta de armamento a Arabia Saudí coparon las primeras semanas de septiembre, después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, desautorizase la exportación de 400 bombas con destino a la Guerra de Yemen. Pero la presión se impuso a ese giro hacia el cumplimiento del derecho internacional. La construcción de cinco corbetas en los astilleros de Navantia —en peligro tras la protesta de la coalición encabezada por Mohammed Bin Salman— fue considerada prioritaria por el Gobierno. La paz quedó supeditada a la carga de trabajo, supeditada, asimismo, a los intereses del complejo militar-industrial.

En la economía de la atención, las grandes perdedoras fueron las noticias relacionadas con el aumento de los precios del alquiler, la devaluación salarial y el repunte de los desahucios. Junto a otras olvidadas habituales como las políticas educativas o la desuniversalización de la Sanidad, los temas citados no aparecen en el libreto de Casado, Rivera o Abascal, lo que equivale a decir que no son temas al rojo vivo. El 11 de octubre, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias presentaban un acuerdo para los presupuestos generales de 2019 que suponían un tímido avance en la recuperación de estándares de bienestar y el carpetazo oficial a las cuentas de la austeridad enviadas a Bruselas.

Tras ocho años de shock, que comenzaron con el minuto más oscuro de Zapatero, la posibilidad de un aumento efectivo de los salarios y la recuperación de la asfixiada ley de Dependencia, sonaron como un cambio efectivo en la doctrina del “no hay otra alternativa”. En realidad, no era otra cosa que la tentativa de corregir un déficit respecto al resto de Europa: la brecha en porcentaje del PIB dedicado al gasto social.

Los primeros meses de 2019 resolverán la incógnita de si Sánchez logrará aprobar unos presupuestos en su carrera hacia las próximas elecciones generales. Probablemente no hay nada más inútil que la prisa. 2019 se presenta como un año de mayor aceleración —velocidad y ruido— al menos hasta que se celebren las elecciones generales y, depende del resultado, incluso después.

En lo social, 2019 seguirá viendo cómo se desahucian a más de cien personas cada día, cómo se crean empleos temporales y se pagan salarios decrecientes. Seguirá siendo un año difícil para quienes arriesgan su vida para tratar de ganarse la vida en Europa, un año difícil para quienes esperan las ayudas de la Ley de Dependencia, un año difícil para quienes no ven reconocidas sus identidades sexuales. Afortunadamente, seguirán existiendo redes de solidaridad, stop desahucios y vías para poner afectos e imaginaciones en común. Por suerte, aunque avance la xenofobia y los discursos de odio, hay mecanismos para que nadie enfrente esos monstruos sin compañía. Solo hay que encontrarlos… y seguir construyéndolos todos los días.