Pobreza
El PNV recorta las ayudas sociales en uno de los municipios más pobres de Euskadi

El ayuntamiento de Barakaldo mantiene congeladas las prestaciones por quinto año consecutivo, a pesar del incesante aumento de solicitudes. No ocurre lo mismo con los sueldos de concejales y asesores, que suponen 1,5 millones de euros.

acción Barakaldo
1.110 familias de Barakaldo han tenido que esperar más de cuatro meses para tramitar a las ayudas de emergencia social que concede el ayuntamiento. Archivo El Salto
20 sep 2017 07:13

La realidad puede verse de formas muy distintas dentro del ayuntamiento de Barakaldo. Si estás dentro de una de sus oficinas, sentirás que la vida te sonríe. Si te encuentras al otro lado de la ventanilla, no tendrás demasiadas ganas de reír: mañana podrías quedarte sin casa. No en vano, este consistorio gobernado por el PNV se ha convertido en el súmmum de la desigualdad: a pesar de tratarse de una de las localidades vascas más golpeadas por la crisis, allí hay más presupuesto para sueldos de concejales y asesores que para ayudas sociales.

Las cifras hablan por sí solas. Según destacan desde la plataforma social Berri Otxoak, en Barakaldo hay 2.400 familias que se han visto obligadas a recurrir a las ayudas de emergencia social, destinadas habitualmente para afrontar el pago del alquiler, las facturas u otros gastos de primer orden. El drama no termina ahí. En este cementerio de fábricas –Barakaldo fue alguna vez sinónimo de “motor industrial”- la tasa de paro es del 16%, mientras que el 71% de quienes no tienen trabajo sobrevive sin ningún tipo de subsidio.

Pobreza para quienes no trabajan, pero también para quienes lo hacen en condiciones poco edificantes. A día de hoy, 22.000 personas de este municipio de 100.000 habitantes figuran oficialmente como “mano de obra ocupada”, aunque ninguna estadística aclara la otra parte de esta realidad: sus empleos son precarios. Así las cosas, un reciente estudio de la consultora AIS Group permitió conocer que el 15,3% de los hogares barakaldeses sufre situaciones de penuria.

En ese contexto, 1.110 familias de esta localidad han tenido que esperar más de cuatro meses para tramitar a las ayudas de emergencia social que concede el ayuntamiento, algo que David González –uno de los portavoces de Berri Otxoak- atribuye a la “dejadez” del Ejecutivo municipal. El integrante de esta plataforma social recordó además que “el presupuesto destinado a las ayudas de emergencia social lleva congelado cinco años, a pesar de que en ese mismo periodo aumentó un 47% el número de familias” que requirió una prestación social. “Al haber más demandantes de estas ayudas, eso supone un recorte de facto”, precisó González.

A pesar de tratarse de una de las localidades vascas más golpeadas por la crisis, hay más presupuesto para sueldos de concejales y asesores que para ayudas sociales

La partida en cuestión es de 960 mil euros, una cantidad que actualmente se reparte entre 1.200 familias. Además, el ayuntamiento “ha reducido en un tercio la cuantía a percibir por las familias para hacer frente a necesidades básicas como el acceso a una vivienda, la alimentación, la atención sanitaria o educación”.

“Sin embargo, el pacto presupuestario suscrito entre PNV y PSE ha supuesto ampliar la nómina de políticos y asesores liberados”, denuncia Berri Otxoak. En tal sentido, la plataforma por los derechos sociales asegura que “las retribuciones de alcaldesa, corporativos, cargos liberados y asesores municipales suponen a las arcas del consistorio cerca de 1,5 millones de euros al año”.

La tijera vasca

Antes de las vacaciones de agosto, el PSE anunció que rompía su acuerdo gobierno con el PNV, alegando que ya no podía soportar los “constantes recortes de servicios” impulsados por la alcaldesa peneuvista, Amaia del Campo, así como su “nula preocupación” por el “mantenimiento de los puestos de trabajo y las condiciones laborales” de los funcionarios municipales. En cualquier caso, los concejales socialistas garantizaron que mantendrán su “acuerdo de mínimos” con la formación nacionalista, lo que le garantiza la aprobación de los presupuestos municipales “previa negociación”.

En mayo pasado, cuando aún mantenía el acuerdo de estabilidad con el PSE, la alcaldesa ordenó cerrar el Servicio de Urgencias Sociales que prestaba el ayuntamiento. Los casos que allí se atendían fueron derivados al área de asistentes sociales, lo que ha provocado “la saturación de las unidades de trabajo social de los barrios, que se encuentran desbordadas”, denunció Berri Otxoak. Con demoras que alcanzan los dos meses, las listas de espera se vuelven interminables. La pobreza, también.

Archivado en: País Vasco Pobreza
Informar de un error
Es necesario tener cuenta y acceder a ella para poder hacer envíos. Regístrate. Entra en tu cuenta.

Relacionadas

Opinión
Emergencia habitacional El servicio de urgencias sociales de Bilbao SMUS no responde
VV.AA.
El Ayuntamiento de Bilbao no atiende a una población migrante condenada a vivir en la calle al negársele el derecho al trabajo legal y la vivienda digna.
Derecho a la ciudad
Opinión Celebrando (que nos perdonen) la vida
Las “Tres Mil Viviendas”, ese wild west patrio, son otra vez protagonistas. Tras un tiroteo entre malhechores el sheriff quiere demoler sus guaridas.
Corrupción
Corrupción El juez decreta prisión provisional sin fianza para Santos Cerdán
El juez acepta la propuesta del fiscal y decreta cárcel contra el ex secretario de organización socialista por integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
València
València La Audiencia de Valencia confirma la imputación a Argüeso en el juicio de la dana
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial concluye que la resolución de la instructora “no es irrazonable ni arbitraria”, ratificando la imputación del ex secretario autonómico de Emergencias.
Barcelona
Derecho a la vivienda Amenazas de violencia extrema y una paliza a los habitantes de un bloque okupado de Barcelona
El Salto accede a las llamadas y mensajes de audio amenazadores que un grupo de desokupa envía al vecindario del bloque Llenguadoc, donde confirma cumplir con el mandato del propietario del edificio.

Últimas

Palestina
Tribuna Tres o cuatro días sin comer en Gaza
El drama de no poder dar suficiente comida a tus hijos es inmenso, sobre todo cuando sabes que a pocos kilómetros hay camiones llenos de ayuda. Parados. Bloqueados.
Gobierno de coalición
Gobierno de coalición La fuga de más diputados de Sumar, en manos de Sánchez
Más representantes de las confluencias aguardan a la comparecencia del presidente del Gobierno del 9 de julio como la última señal para no saltar al grupo Mixto.
Más noticias
Medio ambiente
Tribuna Mapa de los conflictos del agua: una herramienta para la defensa de los ríos, acuíferos y humedales
A pesar del grado y extensión del daño que sufren los ríos, acuíferos y humedales, las administraciones públicas no están tomando las medidas necesarias para frenar el deterioro y responsabilizar a las entidades que lo causan.

Recomendadas

Economía social y solidaria
Historia Lo que Franco arrebató al cooperativismo y a la economía social y solidaria
La dictadura franquista combatió de forma cruel el movimiento cooperativo fraguado en la II República, y durante la propia guerra con las denominadas colectividades, y pervirtió la idea de autogestión a través de los ideales falangistas.
Río Arriba
Río Arriba Yayo Herrero: “El holocausto nazi no es una excepcionalidad en la historia de Europa, es un modus operandi”
Nueva entrevista de Río Arriba en formato podcast y vídeo en el que hablamos de ecofeminismo, transiciones ecosociales justas, decrecimiento, colapso, poner la vida en el centro y mucho más.
En el margen
Cécile C. Eveng “Perdemos amigues y es una pena porque las personas LGTBIQ pueden ayudar a desarrollar África”
La filóloga camerunesa reside actualmente en España y estudia un doctorado en migraciones, cuerpos, negrofobia y vulnerabilidad de personas. Investigar sobre identidades disidentes en su país le ha traído críticas, hasta desde la propia academia.