El PNV recorta las ayudas sociales en uno de los municipios más pobres de Euskadi
El ayuntamiento de Barakaldo mantiene congeladas las prestaciones por quinto año consecutivo, a pesar del incesante aumento de solicitudes. No ocurre lo mismo con los sueldos de concejales y asesores, que suponen 1,5 millones de euros.
La realidad puede verse de formas muy distintas dentro del ayuntamiento de Barakaldo. Si estás dentro de una de sus oficinas, sentirás que la vida te sonríe. Si te encuentras al otro lado de la ventanilla, no tendrás demasiadas ganas de reír: mañana podrías quedarte sin casa. No en vano, este consistorio gobernado por el PNV se ha convertido en el súmmum de la desigualdad: a pesar de tratarse de una de las localidades vascas más golpeadas por la crisis, allí hay más presupuesto para sueldos de concejales y asesores que para ayudas sociales.
Las cifras hablan por sí solas. Según destacan desde la plataforma social Berri Otxoak, en Barakaldo hay 2.400 familias que se han visto obligadas a recurrir a las ayudas de emergencia social, destinadas habitualmente para afrontar el pago del alquiler, las facturas u otros gastos de primer orden. El drama no termina ahí. En este cementerio de fábricas –Barakaldo fue alguna vez sinónimo de “motor industrial”- la tasa de paro es del 16%, mientras que el 71% de quienes no tienen trabajo sobrevive sin ningún tipo de subsidio.
Pobreza para quienes no trabajan, pero también para quienes lo hacen en condiciones poco edificantes. A día de hoy, 22.000 personas de este municipio de 100.000 habitantes figuran oficialmente como “mano de obra ocupada”, aunque ninguna estadística aclara la otra parte de esta realidad: sus empleos son precarios. Así las cosas, un reciente estudio de la consultora AIS Group permitió conocer que el 15,3% de los hogares barakaldeses sufre situaciones de penuria.
En ese contexto, 1.110 familias de esta localidad han tenido que esperar más de cuatro meses para tramitar a las ayudas de emergencia social que concede el ayuntamiento, algo que David González –uno de los portavoces de Berri Otxoak- atribuye a la “dejadez” del Ejecutivo municipal. El integrante de esta plataforma social recordó además que “el presupuesto destinado a las ayudas de emergencia social lleva congelado cinco años, a pesar de que en ese mismo periodo aumentó un 47% el número de familias” que requirió una prestación social. “Al haber más demandantes de estas ayudas, eso supone un recorte de facto”, precisó González.
A pesar de tratarse de una de las localidades vascas más golpeadas por la crisis, hay más presupuesto para sueldos de concejales y asesores que para ayudas sociales
La partida en cuestión es de 960 mil euros, una cantidad que actualmente se reparte entre 1.200 familias. Además, el ayuntamiento “ha reducido en un tercio la cuantía a percibir por las familias para hacer frente a necesidades básicas como el acceso a una vivienda, la alimentación, la atención sanitaria o educación”.
“Sin embargo, el pacto presupuestario suscrito entre PNV y PSE ha supuesto ampliar la nómina de políticos y asesores liberados”, denuncia Berri Otxoak. En tal sentido, la plataforma por los derechos sociales asegura que “las retribuciones de alcaldesa, corporativos, cargos liberados y asesores municipales suponen a las arcas del consistorio cerca de 1,5 millones de euros al año”.
La tijera vasca
Antes de las vacaciones de agosto, el PSE anunció que rompía su acuerdo gobierno con el PNV, alegando que ya no podía soportar los “constantes recortes de servicios” impulsados por la alcaldesa peneuvista, Amaia del Campo, así como su “nula preocupación” por el “mantenimiento de los puestos de trabajo y las condiciones laborales” de los funcionarios municipales. En cualquier caso, los concejales socialistas garantizaron que mantendrán su “acuerdo de mínimos” con la formación nacionalista, lo que le garantiza la aprobación de los presupuestos municipales “previa negociación”.
En mayo pasado, cuando aún mantenía el acuerdo de estabilidad con el PSE, la alcaldesa ordenó cerrar el Servicio de Urgencias Sociales que prestaba el ayuntamiento. Los casos que allí se atendían fueron derivados al área de asistentes sociales, lo que ha provocado “la saturación de las unidades de trabajo social de los barrios, que se encuentran desbordadas”, denunció Berri Otxoak. Con demoras que alcanzan los dos meses, las listas de espera se vuelven interminables. La pobreza, también.
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