Municipalismo
Neomunicipalismo en Nápoles. Ciudades contra poderes establecidos

El giro neomunicipalista de Nápoles se fraguó en 2011. En 2016, el alcalde Luigi de Magistris fue reelegido para un segundo mandato de otros cinco años. Él y la coalición (de la que yo, como concejala, soy miembro) todavía gobiernan la tercera ciudad más grande de Italia (tras Roma y Milán) y la undécima de Europa por número de habitantes. Para comprender realmente lo que significa el neomunicipalismo en una ciudad como Nápoles, y cómo esta experiencia implica enfrentarse a grandes poderes nacionales y europeos, conviene repasar su historia reciente y el contexto que generó el caldo de cultivo de este gobierno municipal radical.

Nuestra historia neomunicipalista se gestó entre 2008 y 2011, un trienio oscuro para la ciudad de Nápoles a causa de la corrupción y la malversación de todos los partidos políticos históricos, desde los de centroizquierda, que entonces gobernaban a nivel municipal y regional, a los de centroderecha, que gobernaban el país con Berlusconi. Estas facciones políticas aparentemente opuestas eran en realidad cómplices en la gestión de los asuntos locales y en la protección de los intereses de los poderosos. Ello incluía, en muchas ocasiones, al crimen organizado.

Experimento municipalista tras la “emergencia de la basura”

Su complicidad se puso de manifiesto cuando estalló la “emergencia de la basura”. Los lobbies de la gestión de basuras, junto con grupos mafiosos y algunos políticos nacionales y locales, inventaron una “emergencia” artificial, amontonando toneladas de desperdicios y montañas de bolsas de basura en las calles. Por todo el mundo se difundieron imágenes de Nápoles colapsada. De repente, ser napolitano era ser ciudadano de una urbe peligrosa, sucia y abandonada, rehén de la mafia y de la corrupción política. El rechazo a la ciudad y a sus habitantes se exacerbó en esos años. Decenas de miles de jóvenes abandonaron la ciudad en busca de una vida mejor en el norte de Italia o en el extranjero. Creció la desconfianza y la indignación de la ciudadanía hacia los partidos y políticos tradicionales. Intoxicados por los basureros legales e ilegales, muy abundantes en la periferia, los y las ciudadanas clamaban por un cambio radical mediante una vía democrática radical.

En la campaña a las elecciones locales de 2011, una coalición de comités ciudadanos, asociaciones y grupos de la sociedad civil celebró varias reuniones para hablar de la posibilidad de presentar candidatos que no pertenecieran al sistema político tradicional. Miles de personas votaron a Luigi de Magistris, a la sazón miembro del Parlamento Europeo. De Magistris se hizo popular por su famosa investigación “¿Por qué no?” a políticos italianos corruptos, tanto de izquierdas como de derechas.

Durante la campaña electoral, las encuestas no mostraban nada que indicara que podía ganar un recién llegado. Pero el día de las elecciones, los partidos tradicionales tuvieron que aceptar, para su gran pasmo, que los ciudadanos de Nápoles se habían hartado ​​de su arrogancia y los habían expulsado. Así fue como de Magistris se convirtió en alcalde de Nápoles. En 2016 comenzó un segundo mandato de cinco años, con el apoyo de los nueve concejales de DemA, una plataforma por la democracia y la autonomía que aglutina iniciativas de la sociedad civil y de partidos radicales de izquierda.

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Proteger los servicios públicos y combatir los dogmas neoliberales

La nueva coalición neomunicipalista heredó una ciudad sucia, endeudada y deprimida, por lo que sus primeros años en el poder fueron complicados. El objetivo principal de la coalición siempre ha sido defender los intereses de los ciudadanos frente a los grandes poderes y las empresas privadas. Para atajar el problema de la basura, cortamos inmediatamente todas las relaciones con empresas privadas de gestión de residuos, a menudo vinculadas al crimen organizado. La gestión de los residuos pasó a control municipal con el fin de evitar las injerencias de la mafia.

El objetivo principal de la coalición siempre ha sido defender los intereses de los ciudadanos frente a los grandes poderes y las empresas privadas

La misma estrategia se adoptó con la empresa privada Romeo Gestioni SpA, que administraba las propiedades en alquiler de todo el municipio, incluyendo las viviendas sociales. Decidimos anular el contrato entre esta empresa y el Ayuntamiento y, como habíamos hecho con la basura, traspasar sus propiedades a control municipal. Fue una tarea titánica: la empresa había acumulado miles de documentos sobre las propiedades, que tuvimos que llevar a nuestros archivos y clasificar de cero.

Remunicipalizar las propiedades en alquiler significaba para los ciudadanos precios de alquileres más asequibles y el fin del clientelismo que había proliferado al amparo de la gestión de las propiedades. Y lo que es más importante, significó declararle la guerra al dogma neoliberal de vender los bienes inmobiliarios, y proteger a los que necesitan vivienda urgentemente.

Remunicipalizar las propiedades en alquiler significaba para los ciudadanos precios de alquileres más asequibles y el fin del clientelismo que había proliferado al amparo de la gestión de las propiedades

El pacto fiscal europeo y otras políticas de austeridad fueron un ataque directo a las autoridades locales, un ataque que ahogó los esfuerzos por remunicipalizar los servicios controlados por empresas privadas o corruptas. La falta de fondos que trajo consigo la política de austeridad frenó estas intervenciones y el suministro de servicios. Una parte importante de nuestra estrategia fue buscar la participación ciudadana a través de asambleas públicas y reuniones con grupos cívicos: la democracia participativa es un instrumento clave del neomunicipalismo pues permite lograr un consenso por la protección de los servicios públicos.

Otro ejemplo de nuestra lucha contra las multinacionales fue la decisión de apoyar el referéndum italiano de 2011 sobre la gestión del agua. Millones de italianos votaron para que el agua fuera reconocida como un derecho humano fundamental. También votaron por remunicipalizar toda la cadena de suministro y distribución del agua en las ciudades. Hasta ahora, Nápoles es la única gran ciudad italiana que ha respetado el resultado del referéndum. La empresa municipal del agua pasó de ser una asociación público-privada a ser completamente pública. Este ente, llamado Acqua Bene Comune (Agua Bien Común), apuesta por la gestión participativa, con un consejo de ciudadanos administrado por comités y asociaciones ecologistas. Ya han conseguido una factura del agua de las más bajas del país y la total prohibición de cortar el agua a los más desfavorecidos.

La democracia participativa es un instrumento clave del neomunicipalismo pues permite lograr un consenso por la protección de los servicios públicos

La bestia negra de las ciudades: la deuda ilegítima

Más recientemente libramos otra batalla contra lo que llamamos la “deuda ilegítima”. La mayoría de las ciudades italianas están endeudadas hasta el cuello con el gobierno nacional, con empresas privadas, fondos especulativos, etc.

Antes del pacto fiscal europeo, todas las ciudades se administraban y gobernaban mediante un sistema de deuda y crédito. Aunque era la única forma de garantizar los servicios, también conllevaba especulación privada y clientelismo. Después de 2010 y el cambio de enfoque radical impuesto por la UE, las ciudades se vieron obligadas a cambiar de política y cerrar los presupuestos de cada año con déficit cero. Tras el pacto fiscal europeo se modificó la constitución italiana y los déficits municipales son ahora imposibles. Los gobiernos locales deben elegir entre el recorte de los servicios sociales o la desobediencia.

Este brusco cambio obligó a muchas autoridades locales a recortar los servicios sociales, el bienestar y las políticas a favor de los más desfavorecidos. Nuestra situación era especialmente difícil porque heredamos una deuda de cientos de millones de los gobiernos anteriores. Y la deuda siguió creciendo a causa de las leyes financieras estatales y de productos financieros tóxicos. Por si fuera poco, Nápoles todavía está pagando dos préstamos astronómicos por el terremoto de 1980 y la emergencia de la basura de 2008. Estas deudas tienen intereses abusivos que han llevado a la ciudad al borde de la bancarrota.

Para abordar la cuestión de la deuda ilegítima decidimos crear un Comité Consultivo Permanente de Deuda Municipal. Esperamos que se unan otras ciudades que también quieran combatir este chantaje financiero. Nuestro objetivo es poner en marcha una campaña europea contra la deuda ilegítima y el pacto fiscal europeo, que imponen una austeridad desastrosa para las ciudades.

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Las medidas de austeridad, las imposiciones europeas y las Leyes Montoro bloquearon el margen de maniobra de los “municipios del cambio” colocando el pago de la deuda por encima del gasto social. Ha tenido que llegar el covid-19 para permitir que los ayuntamientos usen el superávit en servicios sociales y promoción social.

“Las ciudades están solas”

La lucha de las ciudades contra las multinacionales es una batalla interminable por la igualdad y la justicia. Las empresas y los intereses privados siempre están al acecho en nuestro trabajo administrativo. Es un desafío tanto en materia de contratación pública como de grandes proyectos de rehabilitación urbana, como el de Ex Taverna Del Ferro, un famoso barrio postindustrial que se convirtió en el objetivo de la especulación de una empresa de cemento y de varias cadenas hoteleras. Por suerte, el ayuntamiento pudo intervenir y poner fin a los planes del gobierno para el vecindario. El plan de rehabilitación urbana fue revisado tras hablar con organizaciones comunitarias y ciudadanos. El ayuntamiento ha tenido que intervenir varias veces para neutralizar la especulación privada en otras partes de la ciudad.

El problema es que las ciudades están solas en su lucha. Los gobiernos nacionales han convertido a las autoridades locales en instituciones impotentes y sin autonomía financiera. Por ello las ciudades deben unir fuerzas a nivel europeo y luchar juntas si quieren ser efectivas. Es urgente que el Parlamento de la UE reconozca a las ciudades como autoridades locales y les permita administrar los programas financieros europeos para evitar la corrupción y la malversación de los fondos públicos.

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