Medio ambiente
Adiós impuesto al sol, hola Transición Ecológica: crónica verde de un 2018 que falló en Katowice

El año del sí pero. Es la construcción lingüística que mejor define un 2018 de grandes avances pero, al mismo tiempo, de oportunidades perdidas y retrocesos históricos en materia medioambiental.

Sí, ahora hay un ministerio de Transición Ecológica pero no ha llegado la Ley de Cambio Climático. El Gobierno derogó por fin un repudiado impuesto al sol y anunció una reforma de un sistema eléctrico creado a pedir de boca de las grandes energéticas, pero la factura de la luz sigue por las nubes y los cambios no llegan y no está claro si llegarán. Las medidas anticontaminación comienzan a ser más severas pero despedimos el año con una ciudad, Madrid, en alerta por los altos niveles de dióxido de nitrógeno y problemas severos en áreas como Asturias o Granada. Y el número de parques nacionales ha aumentado, pero el lobo puede seguir siendo cazado al norte del Duero y la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad ha sido modificada para permitir la liberación de especies exóticas para su utilización con fines de pesca y caza.

El punto más negro del año está aún de actualidad. La XXIV Cumbre de las Partes sobre el Cambio Climático (COP24), que tuvo lugar en la ciudad polaca del carbón —Katowice— entre el 2 y el 15 de diciembre, tenía una misión clara: bajar a tierra el Acuerdo de París para revertir el cambio climático y establecer sus reglas.

Era un encuentro que venía recalentado por un informe del Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático que señalaba la necesidad de aumentar drásticamente los esfuerzos. Según el mismo, los compromisos actuales son un fracaso y nos llevan a un aumento de 3,5ºC sobre los niveles preindustriales. También detalla el desastre que sería llegar a un incremento de 2ºC, comparado con quedarse en 1,5. Da igual, el poder de los países petroleros consiguió que la COP24 solo tomase en cuenta el texto pero no hiciese suyas sus conclusiones.

El resultado de la cumbre: acuerdo in extremis a ultimísima hora que cierra cuestiones técnicas pero no incrementa la ambición climática y, como señalaba la propia presidencia del encuentro, no satisface a nadie. Los grupos ecologistas iban más allá y calificaban la cumbre de oportunidad perdida, llamando a la rebelión para salvar el planeta. Las protestas de Extinction Rebellion que tuvieron lugar en noviembre en Londres fueron un primer bocado de lo que puede venir a partir de ahora. 

Transición Ecológica

Sí, España tiene ahora un Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) tras la llegada del PSOE al Gobierno. Teresa Ribera, secretaria de Estado de Cambio Climático con Zapatero de 2008 a 2011 y hasta junio, directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales de París, era la encargada de adoptar la cartera de un ministerio que volvía a tener una secretaría de Estado de Cambio Climático y que por primera vez integraba Energía entre sus competencias.

Precisamente, la Ley de Cambio Climático, que el PP llevaba años mareando, era una de sus principales promesas. El primer borrador se hacía público a mediados de noviembre y en él, una vez más, otra ración de “sí pero”. Recoge la prohibición de la venta de coches diésel, gasolina e híbridos en 2040 —aunque otros países europeos adelantan esa fecha diez y hasta quince años— y un mínimo del 70% de electricidad generada mediante fuentes renovables en 2030, pero desde sectores ecologistas consideran insuficientes las medidas y hablan de falta de ambición. 

Con el invierno a las puertas y una factura de la luz tan desbocada como los beneficios de las grandes energéticas, Ribera anunciaba en septiembre una profunda reforma del sistema eléctrico. A pesar de la novedad, está por ver el calado de dicha reforma, si es que lo que queda de esta escasa legislatura da para semejante cambio (y semejantes resistencias). Por el momento, solo una medida —temporal y con escasa incidencia en los dividendos de las eléctricas—: la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica.

El chollo de las hidroeléctricas podría llegar a su fin

Pablo Rivas

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Energía hidroeléctrica

El chollo de las hidroeléctricas podría llegar a su fin

Pablo Rivas

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Las concesiones de saltos de agua a las compañías eléctricas, realizadas a 75 años principalmente en las décadas de los años 30, 40 y 50, van a ir finalizando en cascada en los próximos años. La vuelta a manos estatales podría bajar un precio de la luz hoy en máximos históricos. Iberdrola, que controla la mitad de la potencia hidroeléctrica, se niega a ofrecer datos de las concesiones públicas que gestiona.

Receta para una reforma real del sistema eléctrico

Pablo Rivas

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Eléctricas

Receta para una reforma real del sistema eléctrico

Pablo Rivas

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Con la factura de la luz por las nubes el Gobierno ha anunciado una reforma del mercado eléctrico aún por concretar. El interrogante ahora es si se atreverá a tocar las teclas necesarias para un cambio real en un sistema anómalo en nuestro entorno hecho a medida de las grandes eléctricas.

Donde hay pocos peros, salvo los de los directivos de alguna que otra multinacional, es en la supresión del impuesto al sol. El esperado decreto-ley llegaba en octubre y no solo acababa con el cargo, también reconocía el derecho al autoconsumo sin peajes ni cargos.

Donde la incertidumbre sigue es en el sector nuclear. Si bien en noviembre el Gobierno anunció que no se alargaría la vida útil —de 40 años— a ninguna de las plantas actualmente en funcionamiento, a finales de año fuentes del ministerio apuntaban que la decisión se tomaría en función de las necesidades y del aumento de la potencia renovable. El borrador de Ley de Cambio Climático habla de crear 3.000 MW anuales en el período 2020-30, algo que está por ver si se consigue. Las dudas se despejarán finalmente en 2020, cuando se cumple la licencia de los dos reactores de la central de Almaraz (Cáceres), plantas que cumplirán 40 años en 2023 y 2024.

Respecto a las térmicas a base de carbón, las compañías tienen hasta el 30 de junio de 2020 para adaptar su tecnología a los límites de emisiones fijados por la UE. De la quincena hoy operativas, un tercio está pendiente de cierre o con la clausura ya anunciada. El resto parece que seguirán funcionando una temporada: el 17,2% de la electricidad consumida en España en 2017 provenía de estas centrales.

Florentino y el Castor

En febrero, colectivos como el Observatori del Deute en la Globalització (ODG) y Xnet presentaban una querella criminal por estafa, prevaricación, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos contra el presidente de ACS, Florentino Pérez, y los ministros, tanto socialistas como del PP, que permitieron que se pagara la indemnización por el fallido almacén de gas bajo el Mediterráneo Proyecto Castor, una indemnización anulada por el Constitucional.

Fueron 1.351 millones que pasaron, tras el acuerdo entre empresa y Gobierno, directamente a ser pagados por los contribuyentes (en las facturas del gas de los 30 años posteriores al cierre del Castor) mientras la empresa responsable del fiasco —y de decenas de pequeños sismos frente a las costas de Castelló— era indemnizada sin más dilación. La Organización de Consumidores y Usuarios calculó en el monto total a cargo del erario público del proyecto en 4.730 millones de euros.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela archivaba la querella en mayo, pero la plataforma ciudadana que aglutinaba a las organizaciones demandantes no tiraba la toalla y presentaba un recurso de amparo al Constitucional en octubre. A la espera de sentencia, la última hora es que el Ejecutivo ha decidido dejar fuera de la orden de peajes y cánones los derechos de cobro del operador de la red de gas, Enagas, para 2019, lo que elimina estos cargos de la factura de los consumidores este año. El Supremo, en varias sentencias promulgadas a finales de 2018, ha dado la razón a la patronal catalana Cecot, obligando al Gobierno a devolver a los consumidores 118 millones de euros pagados por el mantenimiento y la operatividad del almacén de gas submarino.

“El PP pagó por el Castor de la manera más lesiva para la población”

Yago Álvarez Barba

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Proyecto Castor

“El PP pagó por el Castor de la manera más lesiva para la población”

Yago Álvarez Barba

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Alfons Pérez es parte del equipo de personas que ha presentado la querella por el Proyecto Castor que podría sentar al presidente del Real Madrid y cinco exministros del PP y PSOE ante la Audiencia Nacional.

Parques nacionales

2018 era el año en que uno de los parques nacionales —La Cabrera— veía como su extensión se multiplicaba por nueve, erigiéndose como el área marina más grande del Mediterráneo con el más alto nivel de protección, algo aplaudido por las organizaciones ecologistas que ya ha sido aprobado por Consejo de la Red de Parques Nacionales. Solo está falto de aprobación en el Consejo de Ministros, algo que se da por hecho.

No era tan celebrada, sin embargo, la creación del decimosexto parque nacional, el de la Sierra de las Nieves (Málaga). La declaración, también pendiente del dictamen de Gobierno, recogía una vieja reivindicación pero dejaba fuera el sector occidental de Sierra Bermeja, “la mejor muestra de los ecosistemas serpentínicos mediterráneos del planeta”, según señalaba Ecologistas en Acción, lo que hacía del nuevo espacio un área “muy insuficiente” para los ecologistas. El área del Mar de las Calmas, en el Hierro, se quedaba fuera de la red.

A pesar de una opinión pública cada vez más en contra y de un descenso del número de licencias de caza expedidas en España —en dos décadas han pasado de 1.200.000 a 850.000—, el sector se ha apuntado un tanto este año. En junio, los grupos conservadores se aliaban en el Congreso y sacaban adelante una modificación de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. El objetivo: legalizar la liberación de especies exóticas para su utilización con fines de pesca y caza, algo que chocaba con el criterio científico y que obtuvo duras críticas de los ecologistas. El hecho de que las especies invasoras sean la segunda causa de pérdida de biodiversidad en un mundo con una sexta extinción masiva de especies a toda máquina primo menos que el criterio económico.

Una oportunidad histórica perdida fue la negativa de la Convención para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico del Nordeste (Ospar) a crear un área protegida de 232.650 km² —la mitad de la superficie de España— entre Groenlandia y Noruega. La oposión de Noruega, Islandia y Dinamarca frenó el que se consideraba el primer paso para la creación de un santuario ártico, una vieja propuesta ecologista que plantea una zona libre de actividad pesquera y extractiva más allá de las 200 millas náuticas de la Zona Económica Exclusiva de los estados costeros del Ártico.

En la otra punta del mundo, China, Noruega y Rusia impidieron la creación de tres nuevas áreas marinas protegidas en la Antártida en la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antártico. De haberse conseguido, hubiese sido la mayor área protegida del planeta.

Japón quiere ballenas

Para terminar el año, otra mala noticia relacionada con los ecosistemas marinos. Japón anunciaba el 27 de diciembre que en junio reanudará la caza comercial de ballenas. Ya se saltaba —al igual que Noruega e Islandia— los consensos de la Comisión Ballenera Internacional, al cazar la flota nipona en torno a 400 cetáceos al año para “investigación” cuya carne era luego vendida para consumo humano. La caza comercial de ballenas está vetada desde hace 32 años, cuando la comunidad internacional adoptó una moratoria alertada por su desaparición.

Más cerca, en la península ibérica, los esfuerzos para la protección del lobo ibérico, una especie con la población estancada en las últimas décadas y de la que solo quedan 297 manadas, no han sido fructuosos. A pesar de que en mayo de 2017 el Congreso aprobaba una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a la declaración del lobo ibérico como especie de interés especial al norte del Duero, territorio donde se permite su caza, el Ministerio de Teresa Ribera decía en septiembre que no tenía previsto aumentar la protección del mamífero en todo el territorio estatal.

Sí paralizaba la caza del vital depredador para las cadena trófica y los ecosistemas el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en dicha comunidad autónoma, la que alberga la mayoría de la población del mamífero. El tribunal señalaba en febrero que el Plan de Gestión del Lobo 2016-19 no tenía un estudios científicos que avalan que estas prácticas no ponen en peligro el estado de conservación de la especie, algo que recurrió la Junta de Castilla y Léon.

Pastores de lobos

Pablo Rivas

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Ganadería

Ganadería Pastores de lobos

Pablo Rivas

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El lobo es el archienemigo histórico de la ganadería, pero existen formas de coexistir pacíficamente con este amenazado depredador. Es más, algunos ganaderos afirman que puede ofrecer beneficios económicos.

Y Madrid no colapsó

Un último sí pero. El de las medidas anticontamianción tomadas por algunas de las grandes áreas urbanas del país. La ciudad de Madrid por fin ha aprobado un protocolo anticontaminación más adecuado a la realidad de la ciudad, endureciendo el aprobado en la última etapa del gobierno de Ana Botella. La llegada de Madrid Central, la primera Zona de Bajas Emisiones (LEZ, por sus siglas en inglés) de una megaurbe en España, supone también un avance contra los malos humos que se viven en la capital del Estado. No ha supuesto el caos que vaticinaban sus detractores, pero tampoco es suficiente. Cuando faltaban cinco días para terminar el año, Madrid vivía su enésimo episodio de alta contaminación.

En cualquier caso, el endurecimiento del protocolo en la ciudad de Madrid y la creación de la LEZ son las responsables de que la Comisión Europea no sancionase a España por la polución que tienen algunas de sus zonas urbanas. Pero aunque otras grandes ciudades como Barcelona tienen sus protocolos y han tomado algunas medidas para mejorar la calidad del aire, el problema —y la amenaza de sanciones— sigue muy presente. También en zonas industriales, como es el caso de Gijón (Asturias).

Otra buena noticia para el medio ambiente que dejó el 2018 fue el acuerdo europeo alcanzado en diciembre sobre la directiva de plásticos, un compromiso que ha sido bien acogido por las organizaciones ecologistas aunque solo como primer paso, por la falta de ambición del mismo. Con la nueva normativa se pone coto a ciertos productos de un solo uso, como vasos o cubiertos de plástico, un material del que se vierten anualmente a los océanos entre 4,8 y 12,7 millones de toneladas.

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