Detrás de las llamas: 176 incendios ponen en jaque el negocio del reciclaje en España

La Fiscalía investiga desde marzo 157 incendios en las plantas de reciclaje españolas. Las cifras, recogidas por la web ecologista BlogSOStenible, fueron presentadas por Equo en la denuncia que el partido verde interpuso en diciembre de 2017. Ocho meses más tarde, el número se eleva hasta los 180.

Cuando la Fiscalía aceptó la denuncia e inició los trámites para la investigación ya se conocía que la lista, a día de hoy obsoleta, no era exhaustiva. De hecho, BlogSOStenible dejaba la puerta abierta a la posibilidad de que, si se acudía a fuentes oficiales, las cifras podrían ascender.

Esta hipótesis se corroboró en el caso de las dos plantas de reciclaje afincadas en Granada propiedad de la empresa andaluza Recisur. Tras investigar en el registro del parque de bomberos de la localidad, a los seis incendios que aparecían en la lista había que sumar dos nuevos altercados que nunca llegaron a ver la luz en prensa, registrados en 2015 y 2018, respectivamente.

Juan López de Uralde: “Por un lado, las empresas cobran por la recepción de esos residuos y, por otro, en vez de tratarlos y reciclarlos, que implica un gasto, los residuos se queman y se cobra el seguro correspondiente”

La empresa no solo está presente en la denuncia a causa de los incendios en la provincia granadina, sino que a ello se suman los reiterados fuegos en sus recintos de Málaga y Almería, una escalada de sucesos que llamó la atención de los ecologistas no solo por la proximidad de las fechas y su reiteración, difícil de explicar, sino por las circunstancias en que estos se producían. En la mayoría de los casos localizados en la denuncia, las causas nunca llegaban a ver la luz pública y, lo más importante, el foco de calor no quedaba clarificado.

fuegos reiterados

El ya exjefe de investigación de incendios del cuerpo de bomberos de Granada, Juan de Dios Pérez Villanueva, declaró al respecto que, en un fuego, “sin un foco de calor claro, las causas se le presumen aplicadas”, apuntando, de la misma manera, que “el caso de las plantas de reciclaje, en concreto de Recisur, es reiterado” y el número de incendios es “una cantidad completamente inusual y anormal”.

La tesis coincide con las sospechas de Equo. Su portavoz en el congreso, Juantxo López Uralde, argumenta que se trata de “un beneficio económico doble: por un lado las empresas cobran por la recepción de esos residuos y, por otro, en vez de tratarlos y reciclarlos en nueva materia prima, que implica un gasto, los residuos se queman y se cobra el seguro correspondiente, obteniendo unos beneficios desde nuestro punto de vista absolutamente ilegítimos para estas plantas de presunto reciclaje”. Es decir, fuera residuos, bienvenido dinero del seguro.

La junta de Andalucía, por su parte, se lavaba las manos, alegando que la autorización ambiental necesaria para el funcionamiento de la planta “no contempla el hecho de incorporar a este permiso la evaluación del riesgo de incendio ni las medidas de protección contra este tipo de siniestro, al no ser competencia de la Consejería”.
De hecho, Recisur se encuentra en mitad de un recurso por la denegación de este permiso en diciembre de 2017 a una de sus instalaciones, lo que le impediría llevar a cabo su actividad.

China no ha puesto aranceles a la importación de residuos, únicamente a aquellos que nunca podrán volver a ser reutilizados y cuya calidad material es menor

Las causas tendrían que ver, precisamente, con las condiciones de la planta respecto a la amplitud del recinto —que debería pasar del mínimo de 75.000 m³ exigidos hasta ese momento a los 1.295.00 requeridos tras la reforma— y la nueva ampliación de la lista de residuos admisibles. Una concesión por parte de la legislación que pretendía así aumentar la capacidad de las instalaciones y la cantidad de residuos almacenados.

Algo parecido le ocurrió a las plantas de reciclaje de Recicor SL. que cuenta con el histórico de incendios más alto de lista presentada en Fiscalía, llegando a la quincena en los seis años registrados. Tras el desastre medioambiental provocado por su último altercado en la planta de reciclaje de Lucena, esta vez la institución autonómica sí tomó cartas en el asunto, sancionando, eso sí, con un importe de 30.000 euros, la cantidad mínima contemplada en la legislación. Esto no supuso un mayor problema para la empresa, ya que su facturación anual alcanza una horquilla entre el millón y los dos millones de euros, según apunta la revista económica Expansión. Curiosamente volvió a arder este mismo verano.

Más de lo procesable

Dejando aparte la posibilidad de que los fuegos sean provocados, hay un hecho constatable: actualmente, en España, con 22 millones de toneladas anuales según el Instituto Nacional de Estadística (INE), se acumulan más residuos de los que se pueden procesar. Según el organismo europeo de estadística, Eurostat, los municipios españoles solo son capaces de reciclar a día de hoy un 20% de sus residuos. El 80% restante acabaría incinerado tras no poder reconvertirlo en nueva materia prima o abandonado a su suerte en vertederos o en las citadas plantas de residuos.

La situación se ha agravado después de que China, hasta hace poco considerado como el vertedero del planeta, prohibiera las importaciones de ciertos tipos de residuos sólidos desde el extranjero. El país asiático acumulaba, según la base de datos Comtrade de la ONU, importaciones de hasta 7,35 millones de toneladas anuales provenientes desde prácticamente todo el denominado primer mundo. Entre los residuos afectados por los nuevos aranceles el principal damnificado es el plástico, material que supone buena parte del volumen total de lo producido en España.

Javier Vizcaíno: “Lo que debe quedar claro es que, en cualquier planta de clasificación, el reciclaje no ocurre en el contenedor amarillo. De la basura que entra se consigue reciclar alrededor de un 30%”

Precisamente, mediante estas transacciones se conseguía exportar cerca de un 65% de nuestros residuos acumulados, con un total 207.000 toneladas, que desde entonces, en ausencia de un nuevo comprador, se quedarían en suelo patrio. La nueva legislación china, que comenzó en 2016, coincide también con la escalada de incendios, pasando de 12 en 2015 a 53 en 2017, lo que hace pensar que las plantas, más allá del móvil económico que pudiera haber detrás de cada caso, tienen ya de por sí un serio problema con la acumulación de unos residuos de mala calidad que antes no existían y que ya no pueden encontrar salida en el mercado. 

He aquí un aspecto fundamental: China no ha puesto aranceles a la importación de residuos, únicamente a aquellos que nunca podrán volver a ser reutilizados y cuya calidad material es menor.

Tal y como explica Uralde, “todos estos envases”, aquellos que se han incluido en la prohibición, “tienen un material que dificulta mucho el reciclaje. La causa real del problema es que los envases de un solo uso no tienen un material homogéneo en los tipos de plástico que se utilizan, llegando a ser hasta de diez tipos distintos, lo que deriva en que sea casi imposible que tenga una segunda vida”.  Así, en opinión del diputado,  “hay que ir al origen, empezar a eliminar productos que simplemente no son necesarios. El nivel de abuso en la utilización de plástico está llegando a unos niveles que son imposibles de gestionar”.

Reciclaje del 30%

A propósito de la relación que guardaría la deficiente gestión de estos residuos de mala calidad con la reiteración de incendios, el ambientólogo y autor del blog productordesostenibilidad.es, Alberto Vizcaíno, con 17 años de experiencia en el sector, apunta: “En distintas etapas del proceso de recogida de los residuos se almacena mucho material, tener ese material almacenado a medio largo plazo no es rentable y el riesgo de incendio está ahí. Algunos puede que estén provocados, por una causa o por otra, y otros no, pero lo que está claro es que el hecho de tener mucho material acumulado sin que tenga salida en el mercado termina con sucesos como estos”.

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Vizcaíno expone el caso de una de las plantas de tratamiento de residuos más grandes del Estado: Valdemingómez, en Madrid. “Hay una cinta transportadora que lleva procesando basura todo el día, no hay máquina ni gente capaz de reciclar eso. Lo que debe quedar claro es que, en cualquier planta de clasificación, el reciclaje no ocurre en el contenedor amarillo. De la basura que entra se consigue reciclar alrededor de un 30% y la pureza del material acumulado a lo mejor es de un 80%, por lo que no sirve para reciclar y mucho menos para  entrar en el mercado”.

Vizcaíno: “Si nos fijamos en una ciudad como Madrid, la recogida de plástico está en un 40% de lo que se consume; el otro 60% no llega nunca al contenedor amarillo”

Y es que, a propósito del contenedor amarillo, y para entender la permisividad de las instituciones en cuanto a las deficiencias que presenta el actual sistema de reciclado, la legislación actual insta a los ayuntamientos a la recogida de los residuos, no así a su reciclaje. Siempre que el camión recoja los cubos de basura cada noche, la obligación municipal, normalmente concertada con una empresa que gestiona los residuos, se habrá cumplido. El problema reside en que, incluso en este aspecto, la efectividad del sistema brilla por su ausencia.

En palabras de Vizcaíno, “si nos fijamos en una ciudad como Madrid, la recogida de plástico está en un 40% de lo que se consume; el otro 60% no llega nunca al contenedor amarillo”. Esto deriva en que la llave para que los residuos lleguen a los contenedores resida por entero en el ciudadano, sin móvil económico alguno, al contrario de lo que ocurre en otros países.

El modelo hunde sus raíces en la directiva europea marcada a finales del pasado siglo. Tras los primeros debates sobre la sostenibilidad de la gestión de residuos en el viejo continente, desde la UE se obligaba a las empresas envasadoras de cada país a hacerse cargo de los residuos derivados de sus productos. En el ámbito nacional esto se plasmó en la Ley de Envases en el año 1997, que haciendo caso a esta normativa, puso cartas en el asunto. Al contrario que los países de Centroeuropa, como el caso alemán o austriaco, se desechó la idea de establecer un modelo de devolución y depósito, el famoso Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), y se escogió excepcionalmente el denominado Sistema Integrado de Gestión (SIG). Es decir, el citado sistema de recogida selectiva de residuos o, hablando en plata, el uso exclusivo de los contenedores de colores: amarillo, verde, gris, y azul.

Sistema mixto

A pesar del debate existente, la solución dentro del sector apunta a un sistema mixto en el que se integren diferentes políticas en la gestión de los residuos. “Personalmente creo que se debería prohibir el envase de un solo uso”, señala Vizcaíno, quien remarca: “Aunque aplicásemos el modelo de SDDR no todos los productos envasados se pueden reutilizar. Si cogiéramos un chicle, ninguno de los dos sistemas es capaz de reciclarlo ni de reutilizarlo, su envase ni se recoge ni se recicla. Lo mismo ocurre con las láminas de film que separan las lonchas de jamón. Y así con la gran mayoría de los plásticos. Hablamos de residuos que nunca serán reciclados y las consecuencias directas serán las sanciones de la UE sin llegar aun así a saber qué hacer con la basura”.

La última noticia por parte de la Comisión Europea plantea una nueva normativa en la que España debería pasar de un nivel nacional de reciclaje que se sitúa en el 31% a uno del 55% en 2025 y del 65% en 2035. Es decir, superar en 24 puntos su actual tasa de reciclaje. Un imposible a tenor de los últimos 20 años de gestión y que pone en jaque tanto a la administración actual, que se encuentra además con los objetivos  para 2020 sin posibilidad alguna de llevarse a cabo —para hacerlo debería de subir 19 puntos en los próximos dos años—, como a Ecoembes y Ecovidrio, asociaciones en teoría sin ánimo de lucro, con una facturación anual de 491 millones de euros y en cuyo consejo de administración se encuentran las principales marcas de alimentación y envasado del país, desde Nestlé o Danone a Coca Cola, pasando por Mercadona o Carrefour, y que hasta el momento, a pesar de las presiones políticas y la evidente asincronía entre los datos facilitados por sus estudios propios y las estadísticas oficiales, parecen seguir impasibles a los acuerdos y los objetivos incumplidos.

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