Proyecto Castor
La querella contra Florentino Pérez por el Caso Castor llega al Constitucional
La querella presentada contra Florentino Pérez y cinco exministros, tanto del PSOE como del PP, ha pedido un recurso de amparo al Constitucional tras el rechazo de la Audiencia Nacional.
La querella presentada por una plataforma ciudadana contra el presidente de ACS, Florentino Pérez, y cinco exministros, tanto del PP como del PSOE, implicados en el Proyecto Castor (Miguel Sebastián, José Manuel Soria, Magdalena Álvarez, Joan Clos y Elena Espinosa), ha presentado un recurso de amparo al Constitucional solicitando la revocación del Auto de 12 de septiembre del 2018, dictado por la Sección Tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional. La querella fue rechazada por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela el pasado mes de mayo.
Según informa la plataforma Caso Castor, compuesta por el Observatorí del Deute en la Globalització (ODG), Xnet y el Instituto para los Derechos Humanos, han abierto este recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva tras la ratificación del archivo de la querella contra el proyecto Castor por parte de la Audiencia Nacional. "Apelamos al Tribunal Constitucional para tutela judicial efectiva porque en casos de corrupción con daños acreditados a la ciudadania es fundamental la apertura de una investigación a efectos de impedir la percepción de impunidad", explica a El Salto Emma Avilés, componente del ODG.
“Consideramos que en ámbitos como la corrupción, el concepto de tutela judicial debe ser especialmente amplio dada la complejidad de las investigaciones. Un agujero como el que ha dejado el Castor es un indicio suficiente de que ha habido un problema, como mínimo, de mala praxis de la administración y que esto debe ser investigado. En ningún caso se puede considerar una simple fatalidad”, han declarado en un comunicado emitido hoy en el que han adjuntado el texto del recurso de amparo.
A pesar de ello, desde Caso Castor, se muestran reservados con la mediación del Tribunal Constitucional y consideran este recurso un mero trámite: "Seguiremos persiguiendo nuestro objetivo de que se esclarezcan los hechos, se diriman responsabilidades y se acabe con la impunidad hasta las más altas instancias, pero en paralelo, estamos preparando otras acciones que comunicaremos una vez el Tribunal Constitucional haya resuelto".
En diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional declaró nula la indemnización de 1.351 millones de euros que se le pagó a la empresa Escal UGS, de Florentino Pérez, tras renunciar a la explotación de gas en las costas del norte de Castellón. El Tribunal estimó que no se dieron razones de urgencia y necesidad que la Constitución exige al Poder Ejecutivo para legislar por decreto ley el pago de la indemnización, tal y como se hizo en este caso en octubre de 2014.
A pesar de ello, el BOE anunciaba unos días después que repercutirían 80 millones de euros en las facturas de la luz de los consumidores debido a la indemnización y fiasco del Castor, pese a que el Constitucional había declarado nulo el artículo del Real Decreto que marca esa cantidad.
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