Minería
España, nueva frontera minera

Una ley preconstitucional con una perspectiva desarrollista y extractivista que deja en una situación de indefensión a la ciudadanía de los territorios afectados. Así definen desde Ecologistas en Acción la Ley de Minas de 1973. Por ello, la organización defensora del medio ambiente presentaba el 30 de octubre una propuesta para su reforma, ya que, en su opinión, esta es una de las principales causas del boom de la minería que afecta a todo el Estado, con especial incidencia en las comunidades más occidentales. 

Solo en Andalucía se han concedido más de 1.400 proyectos desde 2012, planes que afectan a espacios protegidos en muchos casos y que están generando conflictos sociales en algunas zonas rurales como es el caso de la comarca del Yeltes, en Salamanca, debido al proyecto de mina de uranio que la australiana Berkeley pretende desarrollar en la localidad de Retortillo.

Elena Solís, portavoz de la asociación ecologista, señala que esta situación ha convertido al Estado español en una “nueva frontera minera” y las propias administraciones hacen uso de la legislación para atraer inversiones de compañías del sector. Ejemplo de ello fue la presencia de la Junta de Andalucía en una feria sobre minería celebrada en Londres en 2013, bajo la reveladora denominación de Mines and Money, en la que la cantaba las bondades del ordenamiento jurídico español para la inversión en minería, presentándola como una oportunidad de negocio para las compañías.

Para Ecologistas en Acción la minería a cielo abierto es una de las actividades humanas que mayor impacto generan en el territorio pues destruyen completamente la cobertura vegetal, modifican el relieve y contaminan el aire y las aguas tanto superficiales como subterráneas. Por ello, la consideran la mayor amenaza para el medio natural y rural español en la actualidad.

Supeditarse al medio

La organización ha elaborado una propuesta de modificación de la ley que pretende adecuarla a un Estado democrático y que incluya aspectos sociales y ambientales básicos, de manera que se supedite la actividad minera al medio natural y a las economías locales, y no al contrario, como sucedería con la legislación vigente.

Esta modificación presenta una serie de propuestas entre las destaca la exclusión de la actividad minera en las zonas protegidas por la Red Natura 2000 y en reservas naturales fluviales, así como en aquellas zonas de captación de agua para consumo humano. También pretende excluir el agua mineral embotellada de la actividad minera, cuya regulación hasta ahora se realiza en base a un recurso mineral, y que pase a ser gestionada por las confederaciones hidrográficas a través del dominio público hidráulico, tal y como sucede con las aguas superficiales.

Las reforma de la Ley de Suelo de Castilla y León, presentada por el PP, abriría la puerta a explotaciones mineras no energéticas en aquellos suelos rústicos protegidos en los que están prohibidas

Asimismo, pretende mejorar los mecanismos de consulta pública de los proyectos, que son considerados por ecologistas y plataformas vecinales como opacos y poco democráticos. La reforma legal propuesta implicaría además un cambio del modelo impositivo para pasar del 1% actual, el más bajo del mundo, a, al menos, un 10%. La propuesta también incorpora el desarrollo de mecanismos para frenar la especulación minera y la aplicación de medidas correctoras que palíen de forma real los daños causados por las explotaciones en caso de llevarse a cabo.

Exclusión de la Red Natura 2000

Roberto Martínez Orio, del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), señala que la exclusión de la toda la red Natura 2000 resulta excesiva, teniendo en cuenta que incluye una gran extensión que, sumada a las zonas urbanas que ya están excluidas, dejaría buena parte del territorio vetado a la actividad minera. Asimismo, indica que “sí se podrían permitir actividades mineras no tan lesivas como la extracción de áridos para la construcción en pequeñas canteras para el consumo local, que de otra manera se tendrían que transportar desde otras zonas”.

Con respecto al agua mineral, el geólogo apunta que es una cuestión antigua que enfrenta a la postura de regularla a través del dominio público hidráulico con los partidarios de regularla a través de la ley minera. “Es una cuestión opinable, siempre y cuando se preserve el seguimiento y control de las propiedades de las aguas y se respete el ciclo hidrológico”, expone.

Asimismo, señala que es razonable que se haga una planificación de la actividad minera, al igual que se realiza en ámbitos como la ordenación del territorio, siempre que no se pierda de vista que estas actividades no pueden llevarse a cabo en cualquier lugar sino solo allí donde existen los yacimientos de los minerales. También aboga por la derogación de la Ley de Fomento de la Minería de 1977, ordenamiento que recoge las exenciones fiscales que dejan el tipo impositivo en el 1%, y su sustitución por “una que se adecúe más al momento actual”.

Sin embargo, el geólogo incide en dos aspectos de la propuesta ecologista con los que está en desacuerdo: los relativos a los permisos de investigación y la duración de las concesiones. Por lo que respecta a los primeros, la propuesta habla de suprimir algunas exploraciones puesto que el conocimiento de los recursos del subsuelo es suficiente. Para este experto en minería, esta visión excluye las denominadas por la Unión Europea “materias primas críticas” que son aquellas que tienen muy pocas reservas a nivel mundial o están en manos de muy pocos países, como son por ejemplo las “tierras raras” el cobalto o el coltán, para cuya detección entiende que habría que realizar un esfuerzo de investigación en su localización.

En lo referente a los permisos de explotación, apunta que su reducción de 30 a 10 años con posibilidad de dos prórrogas de cinco, reduciendo el tiempo de explotación legal máximo de 90 a 20 años, convertiría algunas explotaciones en inviables por la inversión que requieren. Este sería el caso de Cobre Las Cruces o Río Tinto, en Andalucía, y supondría, según opina, una prohibición de facto para estas explotaciones.

Punto de partida

La mayoría de los grupos políticos consultados valora positivamente la propuesta de Ecologistas en Acción.  Desde Compromìs lo considerban “muy necesario”, y están de acuerdo en aspectos de la propuesta como que las aguas embotelladas y termales se regulen a través de la legislación de aguas, tal y como explica Jordi Navarrete, senador por Castelló de esta formación.

La formación del País Valencià ve la propuesta como un punto de inicio en el que profundizar y Navarrete apoya una mayor participación de la ciudadanía, pero ponderándola con la de la administración y las empresas del sector. En cuando a los requisitos para las explotaciones, el senador entiende que también sería bueno exigir un plan de viabilidad que incluyera las infraestructuras necesarias (suministro de agua, electricidad, accesos por carretera, etc.) que permitiera evaluar todos los costes a tener en cuenta a la hora de conceder un proyecto.

Por su parte, Eva Sempere del grupo confederal Unidos Podemos en el Congreso, hace una valoración positiva de la propuesta, que califica como “muy buen punto de partida para derogar y poner al día una ley que ha quedado obsoleta”. Coincide en la necesidad de que las aguas se regulen a través de su legislación propia y no por la minera y encuentra un buen equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la social que recoge la propuesta. Asimismo, muestra la disposición de su grupo a trabajar en este sentido y cree que debería plantear también resolver los problemas de las zonas que han sido tradicionalmente mineras para ver cómo se lleva a cabo una transición en ellas, ya que sus procesos de reconversión están siendo devastadores en muchos casos.

Desde el grupo parlamentario de Ciudadanos consideran interesante esta iniciativa, al igual que otras que llegan de la sociedad civil, pero ven imprescindible que lleve aparejada una iniciativa parlamentaria para que pueda ser tomada en consideración por la Cámara. Por ello no han realizado un análisis matizado de la misma para fijar una posición. En este sentido, uno de los siguientes objetivos de Ecologistas en Acción, según cuenta Solís, es reunirse con los diferentes grupos políticos para presentarles la iniciativa y debatir sobre ella.

Reformas contrarias

Otras formaciones políticas están proponiendo reformas legislativas en un sentido muy diferente a la propuesta de Ecologistas en Acción. Es el caso del grupo popular en las Cortes de de Castilla y León, mayoritario en esta cámara, que presentó el pasado 25 de octubre en una rueda de prensa en León una Proposición de Ley que llevará próximamente al pleno con el objetivo de modificar la Ley de Urbanismo de esta comunidad.

Esta reforma supondría la modificación de dos apartados de sendos artículos que abrirían la puerta a la posibilidad de llevar a cabo explotaciones mineras no energéticas en aquellos suelos rústicos protegidos en los que estaba prohibida. Según explicó Raúl de la Hoz, portavoz popular en dicha comunidad, el objetivo de esta reforma es dinamizar el sector minero no energético con el fin de contribuir al desarrollo de las economías locales y frenar la despoblación.

Muy diferente es la opinión de Valentín Cabero, profesor emérito de Geografía en la Universidad de Salamanca y experto en despoblación rural, para quien la minería de estas características es “muy coyuntural, especulativa y oportunista”. Para Cabero, los proyectos mineros suponen un cambio radical de los géneros de vida que han modelado durante siglos estos paisajes agroganaderos. Sin embargo, señala cómo las empresas suelen utilizar muy bien la propaganda y sus promesas de inversión con la creación de empleos directos e indirectos se convierten en difícilmente rechazables para algunas autoridades.

Desde el grupo parlamentario de Izquierda Unida en las Cortes de Castilla y Léon se oponen frontalmente a esta Proposición de Ley y van a presentar una enmienda a la totalidad, ya que, según explica José Sarrión, procurador en esa cámara, “las explotaciones no energéticas generan una media de apenas ocho empleos por explotación y, a cambio, suponen para las comarcas afectadas la hipoteca de apostarlo todo a un sector económico con fecha de caducidad, puesto que los permisos duran unos años, dejando posteriormente graves daños medioambientales”.

Para Sarrión, la reforma va a en la línea de la Estrategia de recursos minerales de Castilla y León que se aprobó a principios del año pasado, un plan que considera “un error absoluto”. Según explica, las únicas medidas —a su juicio “ineficaces y destructivas”— que el gobierno autonómico propone ante el problema de despoblación rural que sufre la Comunidad son “la entrega de los recursos a empresas mineras, el fomento proyectos de macrogranjas y la absorción de los residuos de grandes ciudades como Madrid en sus vertederos”.