Junta de Extremadura
La Junta está embargando la renta garantizada extremeña a familias que disponen de esta ayuda como único recurso

Ante las actuaciones que el Organismo Autónomo De Recaudación (OAR) está llevando a cabo sobre personas acogidas a ayudas sociales como la Renta Garantizada Extremeña, desde Campamento Dignidad de Extremadura y Mérida Solidaria tenemos que hacer las siguientes consideraciones:

Tenemos un grave problema en Extremadura, con una clase política que no sólo incumple las leyes que ella aprueba, castigando a las personas que se encuentran en situaciones de riesgos de exclusión social y de pobreza, sino que es incapaz de plantear medidas que saquen de la situación de postración a la Comunidad Extremeña. Hace unos días que la Red Internacional contra la Pobreza y el Riesgo de Exclusión Social hacía público unos datos que nos ponen a la cabeza de la pobreza y de la exclusión social en España, con más de 400.000 extremeños que viven con ingresos por debajo del umbral de la pobreza.

A pesar de todo, quienes dirigen las diferentes instituciones regionales extremeñas pacen plácidamente a sueldo, dirigiendo un sistema que provoca la despoblación, el abandono y desinversiones del sistema sanitario público, que condena a la juventud extremeña al exilio en busca de una vida que se les niega digna en su propia tierra, unas instituciones que han tomado el camino de implicarse y favorecer el expolio de nuestros recursos naturales a través de concesiones a empresas mineras multinacionales, que se retrasa en el pago de las ayudas de alquiler, que consienten un elevado número de parados/as, que concede precarias ayudas sociales después de superar una obtusa e inentendible burocracia...

Las instituciones han tomado el camino de implicarse y favorecer el expolio de nuestros recursos naturales a través de concesiones a empresas mineras multinacionales, que se retrasa en el pago de las ayudas de alquiler, que consienten un elevado número de parados/as, que concede precarias ayudas sociales

No sólo son insensibles a las enormes desigualdades económicas y sociales que hay en Extremadura sino que, lejos de hacer frente a las mismas, de manera sesgada se identifican y orientan sus políticas hacia los sectores sociales que tienen posiciones dominantes en la economía regional. Así entendemos los comportamientos pasivos y anodinos a la hora de exigir a los patrones y propietarios (bien sean particulares o sociedades) que se pague el salario mínimo en las diferentes actividades productivas de bienes y servicios, agricultura, hostelería, dependencia, etc.

Por todos los medios quieren quedar bien con la clase empresarial y, para ello, les patrocinan reuniones y actos informativos en hoteles emeritenses en los que la Inspección de Trabajo les explica procedimientos que mejoren el control de los trabajadores.

Esta clase política, que vive cómodamente en sus poltronas, incumple las leyes que aprueba en la Asamblea de Extremadura y las que provienen del Estado central, sin perjuicio de que para ello sea preciso apretar un poco más la tuerca que oprime a los sectores sociales más humildes de la región. No se respeta la ley que sus señorías han aprobado. Esto está ocurriendo con los embargos y retenciones en la Renta Garantizada Extremeña que, en la actualidad, se siguen por el OAR contra un buen número de familias, familias que disponen de esta ayuda social como único recurso para sobrevivir, por deudas con las administraciones públicas.

La clase política incumple las leyes que aprueba en la Asamblea de Extremadura y las que provienen del Estado central, sin perjuicio de que para ello sea preciso apretar un poco más la tuerca que oprime a los sectores sociales más humildes

No hay ninguna duda de que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos que contribuir a la Hacienda Pública según nuestra capacidad económica, renta o riqueza, y las particularidades impositivas a las que estemos obligados. Del mismo modo, hay que entender, por los datos anteriormente apuntados relativos a la pobreza en la sociedad extremeña, que haya sectores de la población a los que, por desempleo, por su empleabilidad parcial o temporal, o porque viven con precarias ayudas sociales que no superan los 500 o 600 euros, les resulte materialmente imposible hacer frente a las exigencias del Organismo Autónomo de Recaudación (OAR). Este organismo dependiente de la Diputación Provincial es una maquinaria programada que embarga sin humanidad, y que en los casos a los que hacemos referencia suponen cantidades básicas indispensables para que una persona pueda vivir.

Es decir, las personas que están sufriendo estas retenciones y embargos se encuentran en una situación familiar precaria, y si no han pagado con anterioridad las cantidades que el OAR ahora les reclama es porque el desempleo o la precariedad laboral han estado y están presente en su historia vital, y las ayudas sociales que en la actualidad obtienen son tan escasas que les impiden destinar estos fondos a otros asuntos que no sean los de la alimentación familiar.

Las personas que están sufriendo estas retenciones y embargos se encuentran en una situación familiar precaria

En este caso concreto, el OAR por iniciativa propia o siguiendo las instrucciones de más altas esferas políticas, Diputación o Junta de Extremadura, se salta las leyes aprobadas en la Asamblea de Extremadura. Según el artículo 4 de la Ley que regula la renta garantizada extremeña, esta ayuda social es inembargable, es decir, lo que está haciendo el OAR en estos momentos es ilegal. Así mismo, los artículos 605 y otros de la Ley de Enjuiciamiento Civil establecen qué partes del salario mínimo no se pueden embargar y lo que está meridianamente claro es que las personas que cobran las ayudas sociales no ingresan cantidades superiores a las indicadas por dicho salario mínimo.

Frente a esta situación, desde los Campamentos Dignidad exigimos que de forma inmediata se acaben con estos injustos e ilegales embargos y retenciones de la Renta Garantizada Extremeña, que conducen a una extensión y agravamiento de la miseria en nuestra Comunidad. Exigimos también que se pongan en marchas programas de empleo para acabar con la pobreza y la exclusión social y que, a su vez, todas estas personas accedan a los suficientes medios económicos para cumplir con la administración pública y con las obligaciones tributarias e impositivas que les correspondan.