Junta de Extremadura
El gobierno de Sánchez también impugna las “leyes sociales” extremeñas

Como ya fuera señalado en su día en El Salto, el gobierno de Rajoy impugnó diversas leyes extremeñas de marcado carácter social. En concreto, el gobierno estatal del PP tumbó derechos aprobados por PSOE y Podemos como la sanidad universal, las multas a los grandes propietarios especuladores de viviendas o la expropiación temporal de casas a los bancos. En algunos casos, las controversias y discrepancias jurídicas se solucionaron en el marco de las negociaciones entre representantes de ambas administraciones, presentes en la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura. Incluso en una ocasión, al no llegarse a un acuerdo, el Gobierno estatal empleó el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Por entonces, desde la Junta de Extremadura se argumentaba que dichas leyes se limitaban a defender derechos contemplados en la Constitución y que el gobierno de Rajoy pretendía “tumbar la Ley extremeña sí o sí”. Sirva como ejemplo que, la por entonces secretaria general de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo de la Junta, formuló una queja en la que denunciaba cómo el PP “quiere coartar las competencias autonómicas en materia de vivienda social y de protección a los consumidores, entre otras”. Por su parte, y en el mismo orden de cosas, quien en ese momento era vicepresidenta y consejera de Hacienda de la Junta de Extremadura, criticaba la decisión del gobierno del PP de plantear recursos de inconstitucionalidad, sosteniendo el argumento de que el objetivo de las leyes extremeñas impugnadas era atender necesidades básicas de la ciudadanía, y que esa circunstancia no se hubiera llegado a dar si el gobierno estatal “tomara las medidas necesarias para que las Comunidades Autónomas no tuvieran que regular estas situaciones de emergencia”.

Concluíamos la noticia referida afirmando que “con el recién estrenado Gobierno de Pedro Sánchez habrá que ver se continúa con la tónica de recurrir leyes extremeñas o se abre una ventana de oportunidad, así como si se avanza o no en la regulación de las materias sociales impugnadas por Rajoy”.

Se han iniciado negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas por el gobierno estatal en el Decreto Ley de Medidas urgentes para el fomento del juego responsable y en el Estatuto de las personas consumidoras

Pues bien, ya podemos dar respuesta a esta reflexión. El gobierno de Sánchez, tal y como se ha publicado en el pasado DOE de 29 de mayo, ha iniciado los trámites para impugnar dos normas extremeñas. En concreto, se han iniciado negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas por el gobierno estatal en el Decreto Ley de Medidas urgentes para el fomento del juego responsable y en el Estatuto de las personas consumidoras. Si la Junta de Extremadura no cede en estas pretensiones, dichas normas podrían ser impugnadas por el gobierno estatal ante el Tribunal Constitucional.

DECRETO DE CASAS DE APUESTAS, EN JUEGO

Como publicamos en El Salto, la Junta de Extremadura, a través de una propuesta de Podemos, aprobó un decreto ley cuyo propósito fundamental era limitar la actividad de las casas de apuestas y luchar contra la ludopatía.

El gobierno de Sánchez ha impugnado, concretamente, el apartado que establece que “se promoverá la elaboración de los mecanismos necesarios que prohíban la publicidad en equipaciones, instalaciones, patrocinios o similares de todo tipo de apuestas deportivas. Dicha prohibición afectará a todas las categorías deportivas”.

Cabe recordar que medidas como la citada están recogidas en otras normativas, como la de Aragón, aprobada por unanimidad por todos los grupos parlamentarios.

Asimismo, ha sido impugnado el artículo que exige autorización administrativa previa de la Junta para la apertura de locales presenciales abiertos al público y la instalación de equipos que permitan la participación en juegos a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos autorizados por la Administración del Estado.

Tanto organizaciones de prevención y ayuda contra la ludopatía como de consumidores habían pedido medidas para poner coto a la publicidad de casas de apuestas y juegos por canales electrónicos

Merece la pena poner de relieve que tanto organizaciones de prevención y ayuda contra la ludopatía como de consumidores habían pedido medidas para poner coto a la publicidad de casas de apuestas y juegos por canales electrónicos. Una demanda social de amplio consenso, en principio amparada con la regulación aprobada y, ahora, puesta en riesgo evidente.

EL ESTATUTO DE CONSUMIDORES, SENSIBLEMENTE RECORTADO

Con la aprobación del Estatuto de las personas consumidoras, Extremadura se convirtió en un referente en la lucha contra los abusos de la banca y de las grandes empresas contra las partes contractualmente más débiles. Como ya fue recogido en su momento por nuestra parte, y de nuevo tras las enmiendas del grupo parlamentario de Podemos, Extremadura se convirtió en la primera comunidad autónoma que obligaba al sector bancario a informar de las hipotecas titularizadas.

Un avance de gran calado y cuya consecuencia práctica resultante se podría resumir en que, en las mencionadas hipotecas titularizadas, que afectan a miles de personas, los bancos no dispondrían de potestad para reclamar la deuda a las personas hipotecadas, ni tampoco a instar a poner en marcha el trámite de desahucio. Fue, en su momento, una medida reclamada y aplaudida por las asociaciones de consumidores y por las PAH. Ahora, sin embargo, el gobierno estatal impugna este artículo, en aparente cesión a las presiones del sector bancario.

Además, quedan impugnados otros artículos relacionados con los derechos de las personas consumidoras cuando realizan una compra o contratación. Amputaciones, todas ellas, en ámbitos muy sensibles de la reglamentación y en línea con un espíritu de completa revisión de importantes avances sociales legislativos en el ámbito autonómico.