Economía social y solidaria
Un pacto andaluz por otra economía posCOVID-19

El COVID-19 es un subproducto más de la incesante destrucción de los hábitats por parte del capitalismo global (como las inundaciones del otoño pasado o los incendios en Australia). Los recortes sociales, la deslocalización productiva y la movilidad insostenible han favorecido su letalidad.

Las consecuencias de las catástrofes y las crisis no afectan a todo el mundo por igual. Andalucía, tras cuarenta años de políticas neoliberales deslocalizando la economía, recortando derechos y adelgazando el gasto público sanitario nos deja más indefensas ante la pandemia. Los datos de desempleo y pobreza antes de la crisis indicaban nuestra peor posición. En los próximos meses esta mala situación se agudizará.

Si no lo evitamos, la nueva recesión mundial en la que nos adentramos, más grave que la de 2008, provocará más desigualdad, miseria y autoritarismo. Por otro lado, es desastroso pretender salir de la crisis produciendo como hasta ahora y creciendo materialmente todavía más, porque empeoraríamos la crisis climática y energética y en pocos años se multiplicarían y se sobrepondrían las catástrofes ecológicas. Esta es la salida que pretende la Junta de Andalucía con el Decreto-Ley 2/2020 Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía. La Junta de Andalucía intenta salir de la crisis con las mismas líneas políticas que nos han traído hasta aquí. Como dijo Einstein: “La locura está en comportarse siempre de la misma manera y esperar un resultado diferente”.

El camino a seguir es otro. Lo marcan las iniciativas y redes de solidaridad creadas en nuestros barrios y pueblos, y debería basarse en la toma de conciencia de nuestra interdependencia (nos necesitamos las unas a las otras), ecodependencia (necesitamos y dependemos de la naturaleza) y de la importancia de los cuidados y un buen sistema sanitario.

La nueva gran transformación: la transición ecosocial

A partir de la interpretación anterior son precisas transformaciones que nos acerquen a un planeta justo y habitable. Estos cambios deben tener un objetivo principal: cubrir las necesidades básicas materiales e inmateriales (alimentación, vivienda, cuidados, energía, libertad, participación, educación...) de las personas que estamos en el mundo, de forma que cada cual pueda realizar su propio proyecto de vida digna en el marco de una distribución equitativa de los recursos limitados del planeta.

Si nos centramos en la economía andaluza de manera concreta, y en el ámbito socioeconómico territorial para cubrir las necesidades básicas sin explotar al resto del mundo, al contrario, siendo solidarias, tendremos que transformar nuestro modelo productivo territorial para hacer que genere productos y servicios ecológicamente sostenibles y socialmente útiles, así como distribuirlos de manera justa.

La transformación productiva requerirá incrementar los recursos de política económica de las instituciones públicas territoriales y reorientarla a potenciar a partir de ahora los sectores que cubran las necesidades básicas de la ciudadanía, y a transformar o penalizar los que aporten poco o no aporten nada. En este sentido, algunas actividades deberán ser promocionadas: agricultura ecológica y de proximidad, salud y cuidados, energías renovables, rehabilitación del parque inmobiliario, cultura, actividades emergentes vinculadas a las TIC, la fabricación digital, entre otras.

No podremos reducir la pobreza material de la mayoría sin reducir la riqueza de una minoría. Ninguna de las medidas adoptadas por los gobiernos en estos meses de pandemia toca los intereses de las grandes empresas. El dinero para animar la economía, generado por el Banco Central Europeo, favorece a la banca, que se encargará de concederlo en forma de crédito y de embolsarse los intereses.

Es preciso dar pasos más allá de luchar por más gasto social o parar nuevos recortes. En este sentido, para un reparto más justo de la riqueza producida dentro de la economía capitalista son útiles dos tipos de políticas, a saber:

• Políticas predistributivas: promover la Economía Social y Solidaria para modelar los mercados de productos, de trabajo y financiero.
• Políticas redistributivas: implantar una reforma fiscal que aumente considerablemente la progresividad de los impuestos (bajada de los impuestos indirectos y subida de los directos, sobre todo a grandes empresas y rentas altas).

Un pacto andaluz por la salud colectiva, la democracia económica y la justicia socioambiental

Necesitamos articular un bloque de organizaciones populares andaluzas que impulse un pacto de reformas radicales que transformaran el modelo socioeconómico andaluz. Se trata de institucionalizar unas políticas en favor de un Nuevo Modelo Económico Plural, que garantice la salud universal, la democracia económica y la justicia social y ambiental.

El gobierno andaluz no tiene el poder coercitivo ni los recursos suficientes para implantar algunas de las medidas más importantes que harían falta, sino que están en manos del Estado español o de la Unión Europea. No es porque sí por el que muchas reivindicamos soberanía para Andalucía. Por lo tanto, además de intentar saltarse los límites con políticas valientes y creativas, los firmantes de este Pacto tendrían que coordinarse con actores similares del Estado español y de Europa para forzar el gobierno español y la Comisión Europea a implantar las medidas que les correspondan.

Los actores socioeconómicos que tendrían que integrar este nuevo acuerdo para relanzar la economía postcoronavirus son los siguientes:

• El sector público.
• El sector privado de utilidad social. Autónomos y PYMES que destinan gran parte del excedente a finalidades sociales, se acerca a la empresa social o demuestra una fuerte responsabilidad social, laboral y ambiental.
• La economía social y solidaria y la economía popular y comunitaria: redes de apoyo mutuo, equipamientos de gestión comunitaria, huertos comunitarios y sociales, economía migrante, etc.

Medidas

1. Cobertura de las necesidades básicas de toda la población mediante: Una renta básica; El control de los precios de la vivienda; La reducción del IVA sobre los productos de primera necesidad.
2. Desarrollo del sector público andaluz: Crecimiento y mejora de los servicios públicos de la Junta, los cuales tienen que priorizar la propiedad y la gestión públicas con la participación de trabajadoras y usuarias, y cuando haga falta concertando determinados servicios con el Tercer Sector Social de la ESS; Creación de una banca pública de inversión andaluza para el desarrollo social y la transición ecológica; Creación de un ecosistema andaluz de investigación, desarrollo y comercialización de tecnologías limpias para la reconversión ecológica del sistema productivo.
3. Fiscalidad redistributiva y ecológica: Impuesto sobre las fortunas (activos mobiliarios, inmobiliarios y financieros); Aumento del impuesto real de sociedades; Incremento de la tributación a los tramos altos del impuesto de sucesiones y del IRPF; Aumento de los recursos humanos y jurídicos para perseguir la evasión fiscal; Tasa a las transacciones financieras; Tasa al carbono, que grabe la producción de los productos que más emisiones de CO₂ generan.
4. Democratización de los cuidados: reconocimiento social; promoción de la corresponsabilidad de todos los actores; fondo y mecanismos para dignificar el trabajo de cuidados, remunerado o no; y apoyo en los espacios y servicios de provisión comunitaria de los cuidados.
5. Aumento de los presupuestos de cultura de la Junta al 2% y establecimiento del tipo súper reducido del IVA a todas las actividades culturales.
6. Supresión de la regla de gasto para todas las administraciones y derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), así como aumento de la dotación económica en los municipios para que puedan aplicar políticas de desarrollo local comunitario, endógeno y autocentrado, que estimule la producción local y las cadenas cortas de producción y comercialización.
7. Planes de acción aumento de soberanías. Planes de acción andaluces para aumentar los grados de soberanía alimentaria, energética y financiero-monetaria (incluyendo el establecimiento o el apoyo en monedas complementarias).
8. Aumento del apoyo a la economía social y solidaria (ESS): aprobación de una ley de ESS con el consenso de las entidades significativas del ámbito; incremento de las partidas dedicadas al fomento y la promoción de la ESS en todas sus ramas, incluyendo el consumo responsable, las finanzas éticas y todas las iniciativas sociocomunitarias; promoción de una red de ateneos cooperativos como entes público-cooperativos orientados al desarrollo local y la transición ecosocial mediante la ESS; medidas para facilitar la asunción de prácticas de la ESS por parte de tiendas, pymes, negocios de personas autónomas y empresas en crisis, así como reconocimiento de las entidades significativas de la ESS como interlocutoras en materia socioeconómica tanto en el ámbito municipal como andaluz.
9. Revalorización del medio rural y reorientación del sector agrario andaluz hacia los ciclos cortos, la producción agroecológica y la soberanía alimentaria.
10. Marcos democráticos y participativos de planificación y decisión económica tanto en el ámbito municipal como andaluz.

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1 Documento elaborado a partir de la adaptación para Andalucía de los siguientes trabajos realizados para Catalunya: 1) Iván Miró: “Una Economía por la Vida. Del Covid-19 a un Nuevo Modelo Económico Plural, democrático, relocalizado y ecológico para Cataluña. Pacto Catalán por la Salud Colectiva, la Democracia Económica y la Justicia Socioambiental.” https://bcn.coop/economia-per-la-vida/; 2) Jordi García Jané: “De la pandemia a la transición ecosocial”. Revista de la Federación de Cooperativas de Trabajo de Cataluña (FCTC), en 13 de abril 2020.