Según el Banco de España, 1,6 millones de hogares[1], es decir 4 millones de personas (niñas, adultos), sufren privaciones serias y no pueden llegar a fin de mes.

Estamos hablando de que 4 millones de personas no pueden afrontar al mes sus gastos esenciales, aquellos que son imprescindibles (no suntuarios), para poder vivir: alimentación y los suministros básicos de agua, gas y electricidad, así como la comunicación. A la vez, tienen que hacer frente al pago del alquiler o bien a la deuda por hipotecas o créditos al consumo.

La vulnerabilidad de estas personas aumentó con la subida de los tipos de interés (especialmente en los hogares con hipoteca variable)[2] y la carestía de la vida, factores que hicieron que sus gastos esenciales pasaran de suponer el 79% de sus rentas brutas, al 87%, en el 20% de esos hogares con rentas más bajas y en los de rentas intermedias el salto fue muy parecido: del 52% de sus rentas brutas al 60%.

Y en esto llega la U€

Los próximos PGE, sean gestionados por el color político que sea, tienen que regresar a la austeridad (esa barbaridad que causó dolor y estragos en la mayor parte de los países del sur), es decir a la disciplina fiscal: equilibrio de las cuentas, deuda y déficit[3], y todo ello después de endeudamientos de los gobiernos para paliar los daños de la pandemia.

Los datos son muy concretos, a pesar de las expectativas macroeconómicas de los mercados y los grandes de este: los ingresos y los ahorros de los hogares menguan en proporciones significativas; las revalorizaciones salariales se siguen haciendo por debajo de la carestía de la vida y en su inmensa mayoría, sobre salarios que no llegan a los 21.000 €; las ayudas públicas insuficientes —aunque sí paliativas—, entran en su ciclo de agotamiento, es decir más temprano que tarde se retirarán[4]; los tipos de interés, siguen su ciclo de crecimiento, con las consecuencias sobre salarios, créditos y deuda de las familias; etc.

En economía política todo está escrito: o bien se obtienen ingresos suficientes a través de las políticas fiscales, para hacer frente a los gastos públicos (pensiones, sanidad, educación, cuidados, vivienda, movilidad, comunicaciones), o bien se pide dinero a los mercados para afrontar estos gastos.

Esta segunda opción tiene el pequeño inconveniente: que los mercados cobran intereses[5], además del principal de la deuda y en la actualidad, se pasa de casi tasas negativas en que se encontraba la deuda española, a tasas positivas y creciendo.

Y la primera opción, recaudación fiscal suficiente, requiere de una voluntad política de justicia fiscal, es decir que ricos, patrimonios, beneficios, dividendos, capitalistas, poderosos… contribuyan proporcionalmente en función de sus capitales, ganancias y riqueza que se apropian bien por la explotación, bien por la extracción o directamente la expropiación.[6]

La cartografía del dolor “progresa adecuadamente”[7], ante la perplejidad, impotencia y ausencia de fuerzas sociales alternativas y transformadoras, y aún pueda ser que esta termine siendo la base en la que se asiente este capitalismo de barbarie.

Y las soluciones al problema o los problemas que tiene la sociedad global, por ahora no van ni tan siquiera bien apuntados, más allá de la retórica bien intencionada y lúcida de colectivos y organizaciones sociales-sindicales, pues como dice Ecologistas en Acción en su Informe sobre el Empleo y la transición ecosocial: “es necesario en términos societales y políticos, abordar un cambio de modo de vida, de producción, trabajo y consumo, que haga compatible la dignidad de la vida humana, la sostenibilidad de los ecosistemas y la biodiversidad…”.

Parecerá una utopía, pero lo que se está planteando es que el capitalismo como sistema para organizar la sociedad y la vida, debe ser dado de “baja eterna” y, en consecuencia, la relación salarial con él.

NOTAS:

[1] 2,5 personas por hogar.

[2] Un 29% de los hogares tiene hipoteca variable y desde la subida de los tipos de interés han abonado al sector financiero 9.000 millones de euros más.

[3] El Estado español a diciembre 2022 tenía un déficit público del 4,8% y una deuda del 113,2%.

[4] Ayudas públicas que han incrementado la deuda pública en 40.000 millones de euros por las medidas anticrisis, a sumar otros 9.000 millones de euros, de las últimas medidas del gobierno en funciones.

[5] El gobierno presupuestó casi 32.000 millones de euros para el pago de intereses en el ejercicio 2023, cantidad que se verá incrementada con seguridad, debido a las políticas monetarias de Bruselas, que ha decidido retirar gran parte de los estímulos económicos que venía ofreciendo a los estados miembros.

[6] Un ejemplo de expropiación lo encontramos en los “bienes públicos”, donde el mercado privado se apropia a través de herramientas jurídico políticas instrumentadas por los distintos gobiernos, de gran parte de los recursos necesarios para cubrir las necesidades vitales de la gente (sanidad, educación, etc.).

[7] La OCDE señala que en el Estado español pueden desaparecer el 28% de los empleos, como consecuencia de la automatización, y al encontrarnos en sociedades donde la mayoría depende del empleo para obtener rentas y poder “vivir”, la extensión del dolor alcanzará a muchos más hogares.