Globalización
Represión y vigilancia policial en la cumbre del G-20

Faltan pocos días para que Buenos Aires (Argentina) acoja una nueva cumbre de los 20 países más poderosos del mundo, en esta ocasión será la decimotercera reunión anual de mandatarios internacionales. Bajo el disfraz de la “cooperación financiera y política”, este encuentro de jefes de Estado y organismos internacionales persigue otros objetivos que poco o nada tienen que ver con la creación de políticas que incidan para mejor en la vida de las personas que habitan nuestro planeta.

Por la naturaleza de las mismas, las reuniones del G-20, que surgieron a finales de la década de los años 90, tienen el objetivo común de proteger de cualquier desafío al sistema capitalista, por eso todas las decisiones que se toman en estos encuentros girarán alrededor de esta “preocupación”. Los países que participan en ellos son los más influyentes del mundo. Representan el 85% del producto bruto global, concentran 2/3 de la población mundial y constituyen el 75% del comercio internacional. Además, existen otros organismos internacionales que también colaboran como la OMC, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE o la Organización Internacional de Trabajadores.

Al desarrollarse entre los Estados más poderosos o ricos no será difícil comprender que la ideología predominante, por no decir la única, será la neoliberal. Por eso, aunque entre las prioridades en la agenda del G-20 de este año, según la página oficial que recoge toda la información de este evento, esté la preocupación por el futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo o un futuro alimentario sostenible, los debates girarán alrededor de cuestiones que contemplen una mayor flexibilidad laboral, una desregularización que conlleve a mejores condiciones y oportunidades para inversores, privatización, etc. No esperemos que se debata sobre Derechos Humanos, por ejemplo.

A pesar de que desde los Estados participantes y lobbies se venda que la sociedad civil puede participar en estos debates, la realidad es bien distinta porque la colaboración y las aportaciones desde la ciudadanía se realizan a través de grupos llamados “de afinidad” que previamente han celebrado reuniones donde han elaborado documentos que entregarán a los líderes del G-20 para su aprobación o no. Estos espacios o “grupos de afinidad” han sido creados por el propio G-20 y quienes están al frente de los mismos han sido “elegidos” por los gobiernos de turno que participan en la cumbre.

Con la excusa de este encuentro, el país de turno que lo organiza tira la casa por la ventana.

A costa de los recursos públicos, y de los derechos y libertades de las personas de ese país, se justifican gastos escandalosos y se elaboran y aprueban leyes encaminadas a controlar a la población y a combatir la disidencia con un importante despliegue policial y militar.

Es lo que está ocurriendo en Buenos Aires (Argentina) durante estos últimos días, antes de que comience la reunión el próximo 30 de noviembre. El presidente Mauricio Macri ha invertido una enorme cantidad de dinero en la compra de material militar y antidisturbios para hacer frente a las movilizaciones de los grupos antiglobalización que van a darse cita en Argentina los días o semanas previas a la celebración de la cumbre. Además, el Estado argentino ya ha blindado el espacio aéreo, en concreto una zona de 450 kilómetros, y ha modificado el Código Penal incorporando el terrorismo y su financiamiento con el objetivo de perseguir cualquier intento de boicot por grupos antisistema. No queda ahí la cosa. En los últimos días, desde el gobierno de Macri, se están llevando a cabo operaciones policiales contra entornos anarquistas, pretendiendo elevar la tensión ante posibles manifestaciones contra la cumbre del G-20 señalando previamente a “culpables” de posibles enfrentamientos y protestas.

A pesar de que la maquinaria del Estado ha empezado a funcionar para proteger al sistema y a sus servidores, las protestas y movilizaciones contra la celebración de este encuentro ya han comenzado, como ocurriera hace poco más de un año en Hamburgo (Alemania) donde miles de personas se opusieron a las políticas neoliberales de los más poderosos bajo el lema “Bienvenidos al Infierno”. Aquellas movilizaciones terminaron con cientos personas heridas en las cargas policiales, decenas de detenidas y encausadas por participar en las mismas, y un elevado coste en daños materiales para las arcas del gobierno alemán. La oposición a estas políticas por parte de organizaciones, sindicatos alternativos y movimientos sociales traspasa fronteras, y no solo están teniendo lugar en las calles, sino también a través de las redes sociales.

Faltan pocos días, como decíamos, para volver a recordar con una mezcla de tristeza y orgullo, por verlas reflejadas en otras compañeras, a personas como Carlo Giuliani, el joven anarquista que perdió la vida tras el disparo de un carabinero en la cumbre del G-8 que se celebró en julio de 2001 en Génova (Italia).