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Alberto Casero se equivocó y dio una bola extra al Gobierno de coalición, la mayoría del Tribunal Constitucional pudo cometer un error de enormes dimensiones pero lo hizo a conciencia. Entre esos dos momentos, se sucedieron campañas antifeministas focalizadas en Irene Montero, se destaparon unos audios que probaron la existencia de una trama mediática en las famosas cloacas del Estado, quedaron aprobados los terceros presupuestos generales del Estado “más sociales de la historia” con el mayor gasto militar de lo que va de siglo, se celebró la cumbre de la OTAN más importante de lo que va de década y se disparó la factura de la luz.
El PP de Juanma Moreno arrasó en las elecciones al parlamento andaluz del 19 de junio y Vox vio como su estrella comenzó a declinar. Regresó a España Juan Carlos I, aún con vitola de ídolo de los partidos autodenominados constitucionalistas, y regresó a los medios de comunicación con el podcast La Base el exvicepresidente Pablo Iglesias, aún con la vitola de ser el enemigo público número uno de los partidos autodenominados constitucionalistas, ex aequo con el Ministerio de Igualdad.
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Los seis momentos seleccionados como resumen de este año 2022 tienen una relación tangencial entre sí. Hablan de las dificultades del Gobierno de coalición para afrontar la transformación de las estructuras de un Estado que ha visto esta experiencia de gobierno como un cuerpo extraño, a eliminar. Pero las dificultades no vienen exactamente de un afuera sino, como mostraron los casos Pegasus o la respuesta a la masacre de Melilla, también de una grave indefinición, especialmente del partido alfa de la coalición, el PSOE, sobre su papel en esa transformación del sistema.
2022 también pudo ser recordado como el año del desastre final de la izquierda “del cambio” surgida a partir de 2014, un desastre que se prefiguró en las elecciones de Castilla y León y sobre todo Andalucía pero que, en el último trimestre del año, se ha enfriado, lo que no asegura nada de cara a un 2023 con cara de elecciones, apelaciones a la ilusión y promesas de redención. El vaso medio lleno: nunca antes desde la restauración de la democracia un proyecto de la izquierda a la izquierda del PSOE ha tenido más influencia en la elaboración legislativa como hoy tiene el artefacto político Unidas Podemos.
1. Pelota de partido
Si aplicamos el principio de la famosa navaja de Ockham debemos asumir que simplemente fue una torpeza en el peor momento, cuando los dos berroqueños diputados de Unión del Pueblo Navarro, Sergio Sayas y Carlos García Adanero habían conseguido convencer al PSOE de que aun a regañadientes acatarían las órdenes llegadas desde Pamplona. Todo estaba listo para infligir al Ejecutivo y a Díaz su primera gran derrota, pero el error digital del diputado Alberto Casero sacó adelante un decreto que da lugar a muchas críticas —la principal, que no aumenta la indemnización por despido que rebajó la contrarreforma de 2012 impulsada durante el auge de la austeridad— que, no obstante, ha permitido al Gobierno de coalición sortear las peores consecuencias sociales de la crisis económica.
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Pero la torpeza de Casero tuvo la virtud —o el defecto, para la derecha— de salvar al Gobierno de coalición de la que habría sido su gran crisis. Una derrota de Yolanda Díaz ese 3 de febrero, habría supuesto su final político —al menos en esta fase de su carrera— y hubiera supuesto con total seguridad una remodelación del Gobierno.
Lo que demostró el episodio es, además, que el Ejecutivo necesita apoyarse en las fuerzas periféricas, nacionalistas e independentistas, para llevar a cabo sus políticas. El largo anhelo de Sánchez por atraer a los exiguos nueve diputados de Ciudadanos en el Congreso como garantía de centrismo ha naufragado definitivamente en 2022. El partido de Inés Arrimadas es redundante con respecto al espacio político de la derecha y el empeño por hacer de él un factor para la aritmética variable del Gobierno de Coalición ha fracasado.
Algo que tiene la contrapartida de aumentar más la distancia que separa a un partido de Estado y sistémico como el PSOE, de los partidos sistémicos o partidos del Rey, PP y Vox. En el otro extremo, la votación del 3 de febrero, abrió una brecha de confianza entre ERC y Yolanda Díaz, la menos afín de las líderes de Unidas Podemos a los postulados del partido que dirige en el Congreso Gabriel Rufián. El voto negativo de los independentistas llevó al límite la votación, que habría fracasado de no ser por el diputado extremeño.
El premio, miles de memes, muchas risas, y una reforma laboral que ha favorecido una primavera de los contratos indefinidos y unas cifras de paro sin precedentes en contexto de crisis ni en contexto de bonanza. Para Díaz, la primera bola extra de su carrera política y la principal credencial que puede lucir en los actos de Sumar, su proyecto político.
2. Expulsados de la corte
Probablemente Pablo Casado y Teodoro García Egea no sepan aún a ciencia cierta qué fue lo que pasó desde la noche del 16 de febrero hasta su salida de la dirección del PP solo siete días más tarde. La insinuación de que la presidenta de la Comunidad de Madrid y principal activo en la guerra cultural que promueve el espacio amplio de la derecha española, Isabel Díaz Ayuso, había favorecido a su hermano en la adjudicación de contratos durante la pandemia se convirtió en una campaña en contra de los dirigentes del PP que terminó con una total renovación de cargos y una tarde de perros en la que uno por uno quienes cerraban filas en torno a Casado le fueron abandonando como en un tango.
Núñez Feijóo no tardaría mucho en comprobar que el factor que había supuesto la caída de Casado también le amenazaba a él
No pasará a la historia la esperada entrevista de Ana Pastor (Atresmedia) al secretario general del partido, Teodoro García Egea, en la que este pareció querer apurar el último trago de notoriedad y terminó de cavar su tumba sin provocar tormenta alguna. La realidad repetía a medias la ficción, en una puesta escena similar a la de la película El Reino (Rodrigo Sorogoyen, 2018) en la que Egea no quiso tirar de manta alguna. La omertá en el PP se impuso, como suele ser habitual en Génova, y los líderes de la renovación tras la salida de Mariano Rajoy fueron renovados por las malas.
Alberto Núñez Feijóo, hasta entonces presidente de la Xunta de Galicia, y principal barón del PP hasta la llegada de la propia Díaz Ayuso, se convirtió en el Congreso del partido en abril en presidente del partido. No tardaría mucho en comprobar que el factor que había supuesto la caída de Casado también le amenazaba a él: la capacidad de guiar el timón de la derecha se encuentra fuera de la dirección de Génova, y la mueve un compendio de directores de medios de comunicación, empresarios y magistrados. El miércoles 26 de octubre, una portada de El Mundo y un editorial del locutor radiofónico Federico Jiménez Losantos arruinaba el acuerdo del bipartidismo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Se terminaba así el estilo Feijóo y se imponía, parece que definitivamente, el método Colón.
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3. Un escandalazo sin muchas consecuencias
El escándalo Pegasus estalló después de que la revista estadounidense The New Yorker publicara un reportaje elaborado por Citizen Lab en el que se detalla cómo al menos 65 personalidades del independentismo catalán —y dos políticos abertzales— han sido espiadas usando el software Pegasus o el menos conocido Candiru. Una forma de obtener información personal del espiado creada por el grupo israelí NSO que supone un salto cualitativo en el espionaje
La noticia de Citizen Lab ejerció el momento de mayor presión política sobre Margarita Robles, ministra de Defensa y máxima responsable del Centro Nacional de Inteligencia, que admitió que había efectuado 18 de los 65 seguimientos. El núcleo duro de La Moncloa comunicó entonces que Pedro Sánchez y Margarita Robles habían sido víctimas a su vez del espionaje de sus terminales móviles por parte de fuentes “ilícitas y externas”. Después se confirmó que los ministros Fernando Grande Marlaska y Luis Planas también han sido espiados. Todos los dedos, salvo el de La Moncloa, señalaron entonces a Marruecos.
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El 3 de mayo, el PSOE se aliaba con PP, Vox y Ciudadanos para tumbar la comisión de investigación de Pegasus en el Congreso. Gabriel Rufián emitía entonces un juicio que dotaba de más trascendencia al caso: “Quién crea que esto se va a tapar y no se va a cargar la legislatura no está evaluando lo que tiene enfrente. Esto es un escandalazo a nivel internacional que está llegando a mesas de ministerios y de diputados”.
El cese de Paz Esteban, la primera responsable de inteligencia de la historia de España anestesió el caso. Posteriormente, Sánchez prometió cambios en el mecanismo de control del CNI y revitalizar la nueva ley de secretos oficiales que debe sustituir a la norma franquista de 1968.
Pero el caso sigue vivo. En noviembre, el reporte de la eurodiputada neerlandesa Sophie in ‘t Veld, del Grupo Renew Europe, el mismo de Ciudadanos, metía a España en el grupo de los países —junto a Polonia y Hungría— que han usado los programas espía “contra sus ciudadanos con fines políticos y para encubrir la corrupción y la actividad criminal”. Cornelia Ernst, eurodiputada alemana de The Left en el Parlamento Europeo estuvo en España investigando el caso y declaró a El Salto que las 65 víctimas conocidas “son sólo la punta del iceberg. Hay muchas más personas afectadas, y el espionaje se produce incluso en el extranjero”. Usted puede ser una de ellas, pero no se inquiete, que es navidad.
4. Cambio de rumbo
La guerra de Ucrania y las peores perspectivas económicas, el casi fiasco de la reforma laboral y el publicitado “efecto Feijóo”, habían dejado al Gobierno en una situación de debilidad durante el invierno y la primavera. Las encuestas estaban prefigurando un final rotundo para la experiencia de la coalición. El 12 de julio, Pedro Sánchez llevaba a cabo un golpe de efecto —uno más en un trayectoria fecunda en ardides— y anunciaba durante el recuperado debate sobre el estado de la nación dos impuestos sobre dos sectores que han salido beneficiados del aumento de precios. Uno, sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas, con el que se pretende recaudar 2.000 millones de euros. Otro, un impuesto a las entidades financieras para que no se beneficien de la subida de los tipos de interés. En septiembre se les uniría un impuesto a las grandes fortunas que atajaba otro de los baches puestos por el Partido Popular: la eliminación del impuesto de patrimonio en las comunidades que gobierna.
En noviembre se aprobaban definitivamente los nuevos tributos, con un cepillado que rebajaba la propuesta inicial en el impuesto a las energéticas. El relato, sin embargo, estaba instalado y se extiende por todo el mundo euroatlántico: los impuestos progresivos son necesarios para sostener los servicios públicos, muy especialmente la sanidad. En España, el porcentaje de personas que cree que se pagan demasiados impuestos ha descendido en la última década desde el 70% al 41%.
El 12 de julio, Pedro Sánchez llevaba a cabo un golpe de efecto y anunciaba durante el recuperado debate sobre el estado de la nación dos impuestos sobre dos sectores que han salido beneficiados del aumento de precios
Gana aire el Gobierno con unos impuestos que le permitirán recaudar 6.500 millones de euros en su conjunto. Una recaudación que palidece si se ponderan los 4.900 millones de euros que se destinarán solo a los Programas Especiales de armamento en 2023 pero que, sin ese tipo de comparaciones, ha permitido al Ejecutivo retomar la imagen de un Gobierno que confronta con las grandes fortunas para aumentar el gasto social.
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Otro hito de “Eurosánchez”, como fue la autorización que el Consejo Europeo emitió en marzo para aplicar la “excepción ibérica” en los precios de la electricidad, ha permitido a España terminar el año con la inflación interanual más baja de toda la Unión Europea. Otra bola extra para el Gobierno de coalición, que ha terminado el año neutralizando los ataques a su política económica basándose en los datos macro sobre PIB, desempleo y déficit proporcionados por el Banco de España.
Como una nota al pie, cabe resaltar que el mismo Banco de España reflejó a principios de diciembre que en 2022 los beneficios de las empresas han crecido siete veces más que los salarios: los incrementos del gasto producidos por el aumento de la factura energética han sido trasladados al coste final de los productos y no al margen de los empresarios, que han ganado un 22% más que en 2021.
5. La mayor tragedia en la frontera terrestre de lo que va de siglo
El 18 de marzo, Rabat comunicaba una noticia de trascendencia histórica e internacional. Lo hacía de manera incompleta, pero eso también cobraba significado cuando La Moncloa corroboraba la veracidad del asunto: Pedro Sánchez aseguraba en los fragmentos de una carta divulgada por Marruecos que el Gobierno español “considera la iniciativa de autonomía marroquí, presentada en 2007, como la base más seria, realista y creíble para resolver este contencioso”, en referencia a la situación del Sáhara Occidental.
La escasa implicación jurídica del contenido de la carta se difuminaba respecto a la dimensión política de un cambio que sitúa a España en una línea distinta de la adoptada tras la descolonización de la que fue provincia 53 del Estado. Una descolonización de la que España, según la ONU, era responsable. La adopción de la vía marroquí, que es la vía preferida por Washington tradicionalmente y en este preciso momento histórico de guerra hacia el Este, tuvo consecuencias en el Gobierno de coalición, en forma de protestas del socio minoritario, y consecuencias también en la esfera internacional, en forma de crisis con Argelia, el gran suministrador de gas natural a España a través de la tubería Sonatrach.
El reino de Marruecos y el de España llegaron a un acuerdo sobre los pasos fronterizos de Ceuta y de Melilla, terminó la crisis diplomática generada en 2021 por el traslado a España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, y tácitamente se reafirmó la tarea de gendarme fronterizo que Marruecos ejerce respecto a la migración de otros pueblos africanos.
Sin aparente relación con lo anterior, el 25 de junio, 30 personas morían en la frontera española con Marruecos, en la zona conocida como Barrio Chino, en Melilla. A día de hoy, otras 70 personas siguen desaparecidas.
Opinión
Necropolítica Eichmann en la frontera
El relato periodístico ha conseguido reconstruir lo que sucedió aquella mañana y las mentiras que se han lanzado desde el Ministerio de Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, sobre la responsabilidad de España en la represión de cientos de migrantes que murieron en la frontera. Varios grupos en el Congreso han pedido la dimisión de Marlaska como consecuencia de esas evidencias que el ministro niega. La primera, el ministro aseguró que se habían producido 101 pero el informe del Defensor del Pueblo del 24 de octubre ha contabilizado en 470 las devoluciones de aquella jornada. La segunda, que no se produjeron muertes en territorio español. La tercera, que se ha entregado todo el material audiovisual a Fiscalía y al Defensor del Pueblo.
Cualquier evaluación de la experiencia del Gobierno de Coalición deberá remitirse a la masacre de Melilla y a los nulos avances en derechos humanos a la hora de hacer el recuento de aquello que no se ha podido, o peor, querido, cambiar. En la víspera de Nochebuena, la Fiscalía exoneraba al Ministerio del Interior de cualquier responsabilidad en el caso —sobre el que el Reino de España defiende que tiene que responder Marruecos— aunque, eso sí, reconoce que dos guardias civiles tiraron piedras sobre los cientos de personas que trataron de llegar a la Unión Europea aquel día.
6. Dos tazas de Lawfare
El Tribunal Constitucional aprobó el pasado 19 de diciembre, las medidas cautelares que le han permitido intervenir una ley antes de su promulgación. El jueves 22 no se votó en el Senado la norma que, aprobada en el Congreso, debía servir para desbloquear la elección de dos miembros del Tribunal Constitucional, que ejercen un mandato caducado desde mediados de este año.
El último capítulo del año ha sido probablemente el de mayor trascendencia en la grave crisis del sistema salido del año 1978, una crisis que se remonta a 2008 y ha tenido episodios clave como la abdicación del rey Juan Carlos I en 2014. La negativa de dos magistrados del Tribunal Constitucional, incluido su presidente, Pedro González Trevijano, a acatar el mandato que les obliga a ceder su posición de poder y dar paso a la mayoría progresista que corresponde según el ordenamiento constitucional es una muesca más en la impugnación que el Partido Popular y el espacio amplio de la derecha ha llevado a cabo contra los dos Gobiernos de Pedro Sánchez después de la moción de censura de 2018. Es una consecuencia, asimismo, del largo desafío que el PP ha planteado sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Una renovación que casi fue en octubre pero que se truncó por el temor reverencial de Alberto Núñez Feijóo a las fuerzas vivas de su espacio político.
La semana política
Con buena letra
El año se cerraba con acusaciones cruzadas de golpismo y con una ofensiva redoblada contra el Gobierno al que la derecha y gran parte del Madrid sistémico ha tachado de ilegítimo. Pasó adelante reforma de los delitos de malversación y sedición, bajo la que se colaron las dos enmiendas que el Constitucional sacó de la discusión en el Senado, un intento de desinflamar Catalunya que, no obstante, traía un regalo envenenado para la protesta social con el agravamiento de penas por desórdenes públicos.
El llamado “lawfare”, o sea, el uso del poder judicial para modificar las decisiones y el rumbo político de los poderes ejecutivo y legislativo, no es una circunstancia propia de España pero aquí nos remite a la supervivencia de las fuerzas antidemocráticas que controlaron el país a su antojo durante 39 años y se han incrustado en el Estado desde la restauración de la democracia.
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7. Movilizaciones sociales
2022 no ha sido el año de las grandes movilizaciones sociales. La lucha por la sanidad pública en Madrid ha sido la gran excepción. Varios cientos de miles de personas salieron a la calle en distintas columnas el 13 de noviembre para denunciar el recorte llevado a cabo por el Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso, plasmado en la precipitada y caótica apertura de los nuevos Puntos de Atención Continuada (PAC) sin la plantilla suficiente, una ñapa que ha tenido resultados palpables en la atención primaria. A la jornada de manifestación le siguió una huelga de cuatro semanas suspendida el 22 de diciembre. La lucha por la sanidad se ha extendido a Cantabria, País Vasco y otros puntos del Estado.
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La lucha por la vivienda no ha reproducido las grandes movilizaciones de otros años pero ha seguido protagonizando acciones y funcionando para evitar desahucios. El 19 de octubre, un grupo de militantes de los Sindicatos de Vivienda de los barrios de Barcelona y otras organizaciones interrumpió la inauguración de la feria The District para señalarla como una reunión de los principales agentes especuladores del mercado. Esa misma semana, varias decenas de personas se concentraron delante del restaurante Fortuny Home Club, en el barrio de Almagro para impedir la reunión de David Lucas, secretario de Estado de Vivienda, con los representantes de Blackstone, el fondo que controla más de 20.000 viviendas en España.
En términos cuantitativos, la manifestación del 21 de junio contra el Gobierno de la Junta de Castilla y León por su gestión operativa en el caso de los dos grandes incendios que asolaron las comarcas de Sierra de la Culebra, Tábara y Tierra de Alba, es una de las más importantes que han tenido lugar en Zamora en lo que va de siglo. Dos incendios consecutivos quemaron más de 60.000 hectáreas de parque natural, pasto, campos agrícolas e incluso municipios. Desde enero hasta finales de agosto habían ardido 288.000 hectáreas de terreno en toda España, una cifra siete veces superior a la media de los 15 años anteriores.
Las olas de calor y los incendios han sido consecuencias del cambio climático más palpables del año que se cierra. La acción climática de movimientos ecologistas ha sido una de las noticias del año. Especialmente, a raíz de la acción que el 5 de noviembre protagonizaron dos jóvenes activistas que se pegaron con pegamento a los marcos de las famosas ‘majas’ del pintor Francisco de Goya en el Museo del Prado, de Madrid.
En el terreno sindical, las grandes centrales mostraron músculo en noviembre en Madrid, con la movilización de 40.000 afiliados y simpatizantes con la subida salarial de 2023 como horizonte tras el aumento a mil euros que tuvo lugar, sin acuerdo con la patronal, el 9 de febrero.
Las protestas de solidaridad del anarcosindicalismo hacia dos condenadas a tres años y medio de cárcel por las concentraciones realizadas delante de la Pastelería Suiza de Gijón para señalar un conflicto laboral y conflictos como los de la plantilla de Iberdrola, las trabajadoras de Inditex o Novaltia fueron otros hitos del año. Quizá el mayor fue la ratificación del convenio 189 y el posterior decreto que regula el trabajo del hogar, una conquista trascendente en un año que no ha estado marcado por las movilizaciones sociales sino por unos cuantos errores y por el acierto de tener a una comunidad de lectores y lectoras como la que tiene El Salto.
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