Túnez no logra escapar de sus fantasmas siete años después de Ben Alí

La comisión para la reparación de las víctimas de la dictadura afronta su recta final envuelta en pesimismo y críticas de la sociedad civil. Mientras tanto, el país vive un rebrote de movilizaciones coincidiendo con el séptimo aniversario de la caída del dictador.

Vive la liberte Tunez
"Viva la libertad", pintada en el aniversario de la caída de Ben Ali en Túnez. Gladys Martínez López

publicado
2018-01-14 07:19:00

Desde hace dos años y medio los tunecinos se enfrentan a su pasado en horario de máxima audiencia. Uno de los canales estatales emite los testimonios de múltiples víctimas vejadas durante el periodo que va desde la llegada al poder en los años 50 del siglo pasado de Habib Burguiba, héroe de la independencia contra Francia, hasta la revolución que depuso al dictador Zine el Abidine Ben Alí. Cerca de 60 años repletos de torturas, asesinatos, corrupción y abusos de poder por parte del Estado.

Cuando se cumple el séptimo aniversario del inicio de la difícil transición hacia la democracia del país norteafricano —hace justo siete años, el 14 de enero de 2011, Ben Alí huía en su avión presidencial hacia Arabia Saudí—, Túnez atraviesa momentos complicados.


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En la última semana una ola de protestas por la inflación en productos básicos y las políticas de austeridad del actual Gobierno ha recorrido las principales ciudades de la república. El resultado: cerca de 600 detenidos, decenas de heridos, un fallecido e imágenes que algunos creían desterradas. Varias asociaciones por la defensa de los derechos humanos han alzado la voz contra el abuso de la fuerza por parte de la policía, una práctica habitual durante el antiguo régimen.

El viejo fantasma de la represión policial es precisamente uno de los puntos sobre los que pretende poner luz la Instancia por la Verdad y la Dignidad

El viejo fantasma de la represión policial es precisamente uno de los puntos sobre los que pretende poner luz la Instancia por la Verdad y la Dignidad (IVD, por sus siglas en francés), el organismo público creado en junio de 2014 para dar voz a las víctimas de la dictadura. En este tiempo la IVD ha recibido, según sus propias cifras, más de 62.000 informes con testimonios de personas ultrajadas por funcionarios del Estado. Igualmente ha organizado centenares de audiencias privadas y públicas —de estas últimas, muchas de ellas televisadas— para dar a conocer los rincones más oscuros de la historia nacional reciente.

La posición de las víctimas

A pesar de ello, el ambiente en torno a este laborioso proceso de reconciliación parece no escapar al pesimismo que en los últimos tiempos inunda a la joven democracia tunecina. La IVD afronta la recta final de su mandato —éste termina en mayo de 2018, con un posible año de prórroga— envuelto en dudas, desilusión y críticas. Para empezar, las de las asociaciones de víctimas, muchas de las cuales le han dado la espalda al considerar que el ente no se ajusta ni al espíritu ni a los objetivos con los que se creó.

“Las asociaciones se sienten excluidas de la toma de decisiones de la IVD”, señala Olfa Belhassine, periodista tunecina que ha seguido el proceso desde sus comienzos. “Todo esto empezó con la sociedad civil. Cuando la ley [de justicia transicional, el paraguas legislativo bajo el que actúa la IVD] se discutía en 2012 y 2013, era la sociedad civil quien la impulsaba”, añade. Pero ¿cómo se explica este divorcio?

Belhassine atribuye una responsabilidad “esencial” en esta ruptura a la presidenta de la IVD, Sihem Bensedrine, una histórica militante por los derechos humanos, y a su personalidad poco dialogante, opina esta periodista. Además en los últimos meses el organismo ha sufrido una catarata de dimisiones entre sus altos cargos —la última, hace apenas un mes, la de su vicepresidente—, dañando aun más la deteriorada imagen que arrastra. La elección de los responsables al mando de la IVD es otro de los asuntos más criticados del proceso.

Proceso complejo

Emna Samari es abogada y participó activamente en la creación de las leyes que abrieron la puerta a la memoria histórica tunecina. Hoy explica los problemas actuales de la IVD a partir de las presiones políticas que este organismo sufrió desde incluso antes de su nacimiento.

Samari relata que la versión que llegó al parlamento del proyecto de ley de justicia transicional, aprobado en diciembre de 2013 por el gobierno tripartito que pilotó los años inmediatamente posteriores a la revolución, se había dejado por el camino muchas de las propuestas impulsadas desde las organizaciones civiles. El principal recorte fue la modificación de los criterios para la selección de los miembros de la IVD, lo cual permitió, según esta jurista, la elección de figuras “politizadas, que no son independientes”.

“[El presidente] Essebsi quiere pasar la página del pasado. Él está por el olvido”, analiza la periodista Belhassine. Más allá de las palabras, los hechos dejaron claro desde el comienzo la posición del actual Gobierno

Pero los obstáculos para este proceso estaban lejos de terminar. Las elecciones de 2014 removieron el tablero político tunecino, otorgándole el poder a Nidá Tunis, un partido liderado por una prominente figura del antiguo régimen. La posición del actual Gobierno es clara respecto a la labor de la IVD y la construcción de una nueva memoria colectiva. “En mi opinión, [la IVD] no ha cumplido su cometido dentro de la justicia transicional”, señalaba en una reciente entrevista el actual presidente la república, Béji Caïd Essebsi.

Un gobierno en contra

“Essebsi quiere pasar la página del pasado. Él está por el olvido”, analiza la periodista Belhassine. Más allá de las palabras, los hechos dejaron claro desde el comienzo la posición del actual Gobierno. Con un presupuesto anual que ha de pasar por el parlamento, la IVD ha tenido serias dificultades desde 2014 para contar con una financiación suficiente para cumplir sus objetivos.

Además en este tiempo el Ministerio del Interior y otras instituciones públicas se han negado a facilitar a la comisión el acceso a los archivos confidenciales del Estado que recogen buena parte de las pruebas de los abusos cometidos en las últimas seis décadas. Documentos esenciales para emprender juicios penales contra sus responsables.

El último revés al proceso llegó hace apenas unos meses. En septiembre la cámara legislativa aprobó la conocida como ley de “reconciliación administrativa”. En la práctica, una especie de amnistía para buena parte de los funcionarios de la dictadura investigados por corrupción. Precisamente una de las patas claves del antiguo régimen que investiga la IVD.

Su aprobación soliviantó a parte de la sociedad civil y a organizaciones como el Centro Internacional por la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés), entidad que ha acompañado a Túnez en todo este camino. “Esta ley envalentona a los corruptos, los poderosos y los bien conectados, mientras que socava las leyes y las instituciones puestas en marcha desde la caída de Ben Alí para luchar contra la corrupción generalizada”, señaló su presidente.

¿Cierre en falso?

A falta de poco más de tres meses para su cierre oficial son muchas las incógnitas que rodean a la IVD. Para empezar si su presidenta solicitará formalmente la prórroga de un año que contempla la ley para, de algún modo, terminar el trabajo empezado. Los críticos sostienen que en el tintero todavía quedan demasiados puntos que tratar. “La IVD no ha acabado todos los interrogatorios, no ha escuchado a todas las víctimas, no se han creado las cámaras especializadas…”, asegura una fuente conocedora del proceso.

Este último asunto guarda especial relevancia. La legislación aprobada en 2013 recoge la creación de juzgados especiales para investigar aquellos casos en los que la responsabilidad de funcionarios del Estado sea evidente; y por tanto, su condena plausible. Aun así estos tribunales aún no se han puesto en marcha, como tampoco las indemnizaciones económicas a las víctimas. Dos aristas que han dañado gravemente la confianza de la sociedad civil en el proceso.

Las protestas de esta última semana están encabezadas por un movimiento juvenil cuyo nombre plantea una pregunta clara: Fesh nastanneu? Es decir, “¿a qué esperamos?”

Las dificultades y la lentitud en los progresos de la IVD entroncan directamente con la compleja transición en la que está inmersa la sociedad tunecina desde hace más de un lustro. Las protestas de esta última semana, muy relevantes en los barrios más populares de la capital y en las ciudades del olvidado interior, están encabezadas por un movimiento juvenil cuyo nombre plantea una pregunta clara: Fesh nastanneu? Es decir, “¿a qué esperamos?”. 

1 Comentario
María 21:45 14/1/2018

Fantástico y documentado artículo

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