El Gobierno vasco destruye miles de empleos públicos

El oasis tiene mucho de infierno. A pesar de las evocaciones al “paraíso” que los principales dirigentes del PNV suelen realizar cuando hablan de esta tierra, lo cierto es que la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) no es ajena a los recortes y la precariedad laboral, también entre las personas que trabajan en la administración pública. Es el espacio donde se difuminan los sentimientos patrios y se alzan las políticas más salvajes, esas que no saben de banderas. Es el Gobierno de Iñigo Urkullu, aunque cualquier podría confundirlo con el de Mariano Rajoy.

El reloj marca las 10.30 de la mañana en las oficinas de ELA, uno de los principales sindicatos de Euskal Herria. “En el ámbito del Gobierno vasco se han destruido 17.500 empleos en los últimos años”, dispara Igor Eizagirre, responsable de la Federación de Servicios Públicos de esta organización. Estas cifras tienen una explicación clara: “Esa destrucción de empleo —continúa— se ha dado principalmente entre los trabajadores eventuales y temporales con ampliación de jornada y las no sustituciones. Aquí ha habido años de tasa de reposición cero, lo que significa que los que se jubilaban no eran sustituidos”.

En ese contexto, Eizagirre resume la situación en una frase: “La situación del empleo es muy precaria”. Sobre la mesa de este sindicalista hay datos elocuentes: en la CAV existen tasas de eventualidad o interinidad aún mayores que en el sector privado. No en vano, una de cada tres trabajadoras y trabajadores públicos están en esa situación. Entre el personal del Gobierno vasco ese índice se coloca en el 40%, mientras que en Osakidetza (sanidad) está por encima del 34% y en el caso del profesorado roza el 38%. “En todos los sectores es transversal la grave situación que hay en materia de empleo”, define Eizagirre.

En pie de guerra

Así las cosas, la conflictividad laboral atraviesa ya a distintas áreas de la administración pública. El pasado jueves 10 hubo una jornada de huelga en Lanbide, el Servicio de Empleo, donde están en pie de guerra contra los planes del Ejecutivo que lidera Urkullu. “Quiere vaciar las funciones que a día de hoy tiene Lanbide para que únicamente desempeñe tareas de tramitación de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI)”, advierte el responsable de Servicios Públicos del sindicato LAB, Gorka Berasategi, quien destaca que el personal de ese sector “no tiene la culpa del caos existente en torno a la gestión”.

Las movilizaciones han sido también patentes en Educación, donde ya acumulan siete huelgas. Ha sido precisamente en ese contexto que el Gobierno vasco se ha visto obligado a negociar con los sindicatos. Encima del despacho de la consejera de Educación, Cristina Uriarte, han estado cuestiones relativas al incremento de salarios, disminución del alarmante número de personal eventual y cobertura de las bajas desde el primer día.

Donde no es tan fácil hacer huelga es en el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), y no precisamente porque sus trabajadoras —la mayoría son mujeres— no encuentren motivos para protestar. “Allí hay una plantilla de 100 personas dependientes del Gobierno vasco, pero son fijas discontinuas. Al final acaban trabajando dos o tres meses del año”, explica Berasategi, quien denuncia que la mayoría de las encuestas elaboradas por el EUSTAT “son realizadas por empresas privadas con carnet del partido”.

Precariedad privatizada

Las cosas no son precisamente mejores entre los servicios privatizados por la administración. “Básicamente, se privatiza para que un tercero gane dinero a costa de las condiciones laborales de la plantilla”, sostiene Eizagirre. En tal sentido, el sindicalista de ELA alertó sobre la situación que se registra en el sector de servicio de cuidados, “con un porcentaje femenino muy alto y una precariedad bestial”.

Ahí está el ejemplo de las trabajadoras de residencias de la tercera de edad de Bizkaia, que realizaron una huelga histórica de más de 370 días, o de las empleadas de Ayuda a Domicilio en Araba y Bizkaia, ahora movilizadas. A estas protestas se sumará una jornada de paros el 16 de mayo en el área de Intervención Social en territorio vizcaíno, al tiempo que se prevén movilizaciones para el próximo otoño en las residencias de Gipuzkoa.

Desde la sede de ELA, su responsable de Servicios Públicos cree encontrar otra frase que podría sintetizarlo todo. “La política neoliberal que practica el lehendakari en su acción de gobierno tiene graves consecuencias para la clase trabajadora de este país”. En las oficinas de LAB, Berasategi aporta otra definición: “El PNV tiene una línea mercantilista clara, muy arrimada a la línea del PP más neoliberal”. Llámale Urkullu. Llámale Rajoy.