Justicia
“Si los jueces del Supremo fuesen los que tienen mejor experiencia no habría problema con el aforamiento”

Sin tocar la estructura del Tribunal Supremo no se podría garantizar su independencia a la hora de juzgar a los políticos.

Juzgados Plaza de Castilla
Juzgados de Plaza de Castilla en Madrid David F. Sabadell

publicado
2018-09-24 09:13

El presidente del gobierno Pedro Sánchez ha anunciado una reforma de la constitución para acabar con el aforamiento de los cargos políticos en el caso de que los delitos no estén relacionados con su función como representantes democráticos. Para entenderlo: los aforados son personas que por su condición de cargo político o público, o bien por su profesión, son juzgados en tribunales diferentes al resto de la población, es decir en instancias superiores. En el Tribunal Supremo para los cargos a nivel de todo el país o en el Tribunal Superior de la autonomía correspondiente para quienes desarrollan su labor a nivel regional. La justificación para la existencia del aforamiento se basa en la idea de que un tribunal ordinario podría ser manipulado más fácilmente que un tribunal superior.

Estos días se ha hablado en la prensa del alto número de aforados en el estado, que varios medios han calculado en casi 250.000, refiriéndose a fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Cifra elevada en la que se incluyen no solo los cargos políticos nacionales o regionales, sino también las fuerzas de seguridad del Estado. Asimismo se ha comparado la situación con otros países europeos, como Alemania o el Reino Unido donde no hay aforados, es decir, que un policía por ejemplo puede ser juzgado por una sala ordinaria y no tiene que ser necesariamente un juzgado en una Audiencia Provincial como es el caso español.

Por otro lado, se ha insistido en la diferencia entre el aforamiento y la inmunidad parlamentaria. El que no haya aforamiento, es decir, que no se juzgue en instancias diferentes al resto de la población a determinadas personas por su oficio o su cargo no quiere decir que no se les pueda llevar a juicio, que sería la llamada inmunidad parlamentaria. En Alemania es cierto que no hay aforados pero sí hay inmunidad judicial.

Es decir, el canciller no puede ser juzgado por cuestiones relacionadas con el ejercicio de su tarea política. Eso sí, la Fiscalía puede solicitar que esta inmunidad se suspenda. El Bundestag tiene en ese caso la última palabra al respecto. Asimismo, los ministros tanto regionales como estatales disfrutan dicha inmunidad, que también puede ser levantada si la Fiscalía lo solicita.

El Quid: La independencia del Tribunal Supremo

“El aforamiento no debería ser un problema en ningún país, ya que no es comparable con la inmunidad en teoría, sino que significa que determinadas personas cuando hay que llevarlas a juicio se hace en determinados tribunales”, explica a El Salto el profesor titular de derecho constitucional de la Universidad de Sevilla Joaquín Urías. Por tanto, pueden ser juzgadas y condenadas si se trata de tribunales independientes. Por otro lado, reconoce que hay algunos aforamientos que no tienen sentido, “pero eso es otro tema, ya que la reforma que ha anunciado el gobierno es solo para políticos y no [se aplicaría] a todos tampoco”.

Para el académico, “el problema en España, que es además un problema grave, es el sistema de elección de los jueces del Tribunal Supremo”. Ello sucedería según Urías porque “en España para ser juez de dicho tribunal no se accede por méritos, por antigüedad, es decir, no hay un sistema objetivo por el que un juez después de muchos años reúne puntos suficientes y automáticamente se convierte en magistrado del supremo”.

Los jueces del Tribunal Supremo son nombrados arbitrariamente por los partidos políticos. “Si en España los jueces del Supremo fuesen los mas antiguos, los que tienen mejor experiencia y los que más saben, no habría ningún problema con el aforamiento”, asegura Urías.

Es por ello que el profesor considera un error la reforma de la Constitución en ese sentido: “La reforma necesaria es la del Tribunal Supremo, que es el máximo tribunal de español”. Para Urías no es razonable que los jueces sean seleccionados políticamente. Es por ello que el aforamiento en el caso de los políticos, de rebote, sí resulta un problema: “Si los políticos eligen al Tribunal Supremo y éste es quien juzga a los políticos es posible que en determinados casos ante irregularidades políticas puedan cerrar los ojos y se llegue a una situación de impunidad”. El sistema actual no garantizaría una total imparcialidad del supremo, ya que “para ser juez del Supremo hay que tener o el apoyo del PP o del PSOE”.

¿El camino hacia una justicia independiente que juzgue a los políticos? “Lo que habría que reformar sería el Consejo General del Poder Judicial que es el órgano que elige al Tribunal Supremo”. ¿Porqué se da esta situación en nuestro país?, Urías explica que “viene de la Transición, de cuando se hizo la Constitución, ya que cuando muere Franco en España no cambia el poder judicial, los jueces eran los mismos”.

Este profesor considera que en aquel momento era importante que el parlamento pudiera intervenir en el nombramiento de los jueces del Supremo para ir renovando la judicatura y conseguir que fuesen entrando jueces de orientación democrática. “Por eso en un principio fue positivo, lo que ocurre es que cuando pasa el tiempo pierde el sentido y ahora se ha convertido en otra cosa”, concluye.

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2 Comentarios
#23484 10:06 26/9/2018

Solo hace falta una juez de verdad que supiera leer la ley de partidos politicos objetivamente.

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#23399 9:37 24/9/2018

Totalmente de acuerdo, el problema de fondo es la politización de la justicia

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