Laboral
Trabajadoras familiares intensifican sus acciones para frenar la externalización que las precariza

El Sindicato SAD de Cuidadoras Profesionales Municipales mantuvo el jueves una reunión con el fiscal de Sala de Seguridad y Salud en el Trabajo, Félix Pantoja, y con la Fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, en la que ambos responsables explicaron las competencias y funciones que desarrolla el Ministerio Público para perseguir los delitos que se cometen en las distintas actividades laborales y se pusieron a disposición de las trabajadoras para que puedan denunciar los abusos que sufren ante la red de fiscales especialistas.

Las trabajadoras se reunieron ese mismo día con dos grupos parlamentarios en el Congreso: el Grupo Socialista y el PDCAT. A ellos les expusieron también los problemas a los que se enfrentan a diario las personas que se desempeñan profesionalmente las múltiples tareas que realizan como trabajadoras familiares desde servicios de los ayuntamientos —hacer o llevar comida, acompañar a personas dependientes, higiene personal, planchar o limpiar son algunas de ellas— en virtud a las ayudas por la Ley de Dependencia o bien de cualquier situación de precariedad o vulnerabilidad que consideren los servicios sociales.

Las trabajadoras han solicitado también una entrevista con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz quien, según explican, se ha comprometido a reunirse con ellas. Además, el 15 de octubre tienen previsto acudir a una manifestación en Madrid junto a Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones en defensa de servicios públicos como los que ellas desempeñan.

La práctica de la externalización ha ido imponiéndose en los ayuntamientos en detrimento de la contratación directa pese a que empeora el servicio y las condiciones laborales de las plantillas, compuestas en un 98% por mujeres

“Nos hemos tenido que organizar para intentar revertir la situación y trasladar que la contratación público-privada no funciona”, explica Pilar Nogués, presidenta del sindicato. Nogués detalla que, al mismo tiempo que aumentaba el presupuesto para Servicios Sociales y en concreto de la Ley de Dependencia, y se subía el precio por hora del servicio, las trabajadoras han visto mermadas sus condiciones laborales y también la calidad de los servicios. 

En los últimos años, sobre todo a partir de la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, conocida como Ley Montoro, la práctica de la externalización ha ido imponiéndose en los ayuntamientos en detrimento de la contratación directa. La pandemia, dice Nogués, ha demostrado que las administraciones pueden intervenir en este tipo de servicios cuando es necesario para mejorar los resultados y las condiciones laborales. Por eso, aunque ya estaban organizadas antes, esa situación sirvió a las trabajadoras para dar un paso más y constituirse como sindicato en Catalunya.

Entre las empresas que gestionan la ayuda a domicilio se encuentran grandes grupos como ACS, OHL, Eulen o Domus Vi.

El declive de la ayuda a domicilio: servicios integrales y remunicipalización para su salvación

Laura L. Ruiz

Precariedad laboral

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Laura L. Ruiz

Mientras las trabajadoras denuncian precariedad, falta de control de la administración y un excesivo beneficio de los intermediarios, la calidad de la asistencia a los mayores se degrada. Del apoyo psicosocial que hacían antes y ayudaba a frenar el avance del deterioro cognitivo, ahora se han quedado en un mero servicio de limpieza.

Las auxiliares de atención a domicilio, infectadas, contagiando o al paro

700 euros y disponibles todo el día

Nogués explica cómo son las condiciones laborales de una trabajadora externalizada, en un sector donde el 98% de las plantillas están compuestas por mujeres: “Cobramos 700 u 800 euros al mes, no podemos cobrar más porque trabajamos un máximo de 29 horas; además, nos ponen jornadas partidas con lo que no podemos complementarlo con otros trabajos”, asegura.

Además, estas trabajadoras no disfrutan de pagas extras ni del plus de penosidad —un complemento salarial que hace referencia al desempeño de un trabajo en circunstancias excepcionales que suponen un constante esfuerzo— del que sí disfrutan trabajadoras que son contratadas directamente por las administraciones.

El sindicato mantiene que es posible revertir esta situación y que, de hecho, haría del servicio de ayuda a domicilio un servicio más eficaz y menos costoso, como han demostrado los casos de San Fernando o Jerez de la Frontera, en Cádiz.

En San Fernando, el Ayuntamiento anunció este verano que se hará cargo de la gestión del servicio de ayuda a domicilio. Lo hará a través de una empresa pública, la Empresa de Suelo Isleña (Esisa) que, aunque se dedica a la construcción de vivienda pública, ampliará su concepto social para asumir esta gestión.

Otro ejemplo es el de Jerez de la Frontera, que desde el 1 de enero de 2017 tiene el servicio municipalizado, también a través de una empresa pública. Tras el proceso por el que la empresa Comujesa asumió la gestión, las trabajadoras han llegado incluso a negociar su propio convenio colectivo con mejoras significativas para la plantilla.

Un servicio integral

El caso de Esther Sagués, portavoz de Lérida del Sindicato SAD, es poco habitual: en su contratación como trabajadora familiar no media ninguna empresa, ni pública ni privada, sino que es el Ayuntamiento quien la contrata directamente. Sagués explica cómo funciona el servicio de ayuda a domicilio en el que trabaja para dibujar las consecuencias de externalizarlo: “Nosotras formamos parte de un equipo interdisciplinar, eso significa que mensualmente nos coordinamos con las trabajadoras sociales en los que intervenimos y formamos parte de un equipo donde hay educadoras sociales, pediatras, psicólogas…”. “Se trata de fomentar la autonomía y que la persona usuaria pueda quedarse en su domicilio el mayor tiempo posible, evitando o retrasando el ingreso en residencia”, explica. Es este equipo el que crea una plan de trabajo para cada persona usuaria, donde de establecen unos objetivos. El plan debe recibir la aprobación de la trabajadora social, de la trabajadora familiar y de la persona usuaria. 

Esther Sagués trabaja en ayuda a domicilio sin mediación de ninguna empresa, ni pública ni privada, un caso poco habitual 

La contratación directa tiene, además, consecuencias directas en las condiciones de trabajo. “Tenemos más medidas de conciliación, posibilidad de excedencias, podemos solicitar sillas de ruedas o grúas cuando son necesarias”. Según Sagués, es una forma de trabajar centrada en las necesidades de la persona, y no en el beneficio económico.

Además, al formar parte de un equipo multidisciplinar y estar sujetas al mismo compromiso de confidencialidad que el resto de equipo, las trabajadoras familiares pueden recibir información sobre enfermedades de las personas usuarias, si existen y tomar precauciones. Y, aunque el salario no es mayor, sí cobran más porque pueden trabajar la jornada completa. El acceso a formación permanente o la gestión de las jornadas es otro de los aspectos que subraya Sagués: en su caso, si un usuario causa baja y ella no trabaja en el domicilio, puede acudir a las oficinas y hacer trabajos de gestión, mientras que una trabajadora externalizada deberá esas horas a la empresa.

Incluso, dice, se le resta a la persona usuaria el tiempo de desplazamiento que requiera la trabajadora. “No se puede pensar solo en término de productividad, porque si tú estás haciendo una higiene no puedes dejar a una persona en la ducha porque no te da tiempo”. “Cuando se externaliza, se convierte en un servicio mecánico”, explica.