Derecho a la vivienda
El movimiento inquilino se reorganiza ante la crisis de la vivienda y los altos precios del alquiler

La mayor preocupación de las personas que habitan en el Estado español es la vivienda, según las últimas encuestas del CIS. Aunque no hace falta leer un barómetro para ser consciente de que esta crisis recorre las calles, está presente en cualquier conversación, en el día a día de los edificios donde aún hay vecinas y vecinos, en los medios de comunicación y en los espacios donde socializamos. Un malestar que cristalizó en decenas de manifestaciones multitudinarias por todo el Estado, la última, el pasado 5 de abril cuando cientos de miles de personas salieron a las calles de más de 40 ciudades para exigir solución al drama habitacional. Este fin de semana, la lucha por el derecho a la vivienda ha vivido un nuevo momento histórico en Málaga con la celebración del I Congreso estatal de Sindicatos de Inquilinos y la creación de una confederación de organizaciones de arrendatarios para dar un nuevo impulso a la lucha contra la especulación con “más huelgas de alquileres y una huelga general por la vivienda en el horizonte”.

De 2015 a 2025 el precio de los alquileres se ha duplicado. Los contratos de temporada, por habitación o turísticos son algunas de las herramientas legales para seguir aumentando el precio del alquiler. Una situación crítica que se expande por todo el territorio con muchas semejanzas, pero con particularidades locales.

De 2015 a 2025 el precio de los alquileres se ha duplicado en todo el Estado español. Los alquileres de temporada, los alquileres por habitación o los alquileres turísticos son algunas de las herramientas legales para seguir aumentando el precio del alquiler. 

En Cataluña, la concentración de la propiedad tiene nombre de bancos y fondos de inversión, como CaixaBank, BBVA, Cerberos o  Black Sorne. A lo que hay que sumarle el poder de la oligarquía catalana. Solo Cerberos tiene 3.500 viviendas vacías en una Comunidad con un 1,2% de vivienda pública. La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el “banco malo” que el Gobierno prometió reconvertir en empresa pública de vivienda, continúa amenazando de desahucio a familias a las que no permite negociar alquileres sociales. El resultado es que las viviendas que deberían estar al servicio de la población son gestionadas por fondos de inversión con un largo historial de conflictos y denuncias por acoso inmobiliario como Blackstone, Servihabitat y KKR, fondo proisraelí. En Madrid, el 43% de los contratos de alquiler son a fondos de inversión, en un marco de políticas hostil y barrios que cada vez se llenan de más “inmobiliarias y grupos de desocupación”, denuncian desde el Sindicato. 

CaixaBank se ha convertido en el mayor gran tenedor de vivienda de España desde la absorción de Bankia, con más de 25.000 pisos en alquiler. Bajo el programa de “vivienda asequible” de la Fundación Obra Social de La Caixa, se ha dado una estrategia de “desahucio invisible”. Inmocaixa —una de las sociedades que gestiona la cartera inmobiliaria del banco— se negó a prorrogar los contratos, exigiendo subidas del alquiler de entre el 50% y el 100% a pesar de que estaba vigente la “prórroga covid” del “escudo social”. En Catalunya, hay actualmente 62 hogares en huelga de alquileres contra La Caixa que han demandado a la entidad bancaria, cuentan desde el Sindicat de Llogateres. El objetivo es detener el proceso de privatización de las viviendas protegidas y hacer que las viviendas pasen a la empresa pública de vivienda catalana (Incasòl).

“En Andalucía, los precios del alquiler han estado subiendo de forma desproporcionada”, declara Kike España, denunciando que “los fondos de inversión están comprando edificios enteros para convertirlos en edificios de lujo o apartamentos turísticos”. Según los datos del INE de 2024, Andalucía es la Comunidad Autónoma que más pisos turísticos alberga. Un caso muy cercano en Málaga —donde en diez años los precios de alquiler han subido más del 100%— es el que se da frente a la Iglesia de San Agustín, donde a finales de año desaparecerá la histórica Tetería de San Agustín si se lleva a cabo la conversión del edificio en viviendas turísticas tal y como está previsto. 

“En Andalucía los precios del alquiler han estado subiendo de forma desproporcionada”, declara Kike España, denunciando que “los fondos de inversión están comprando edificios enteros para convertirlos en edificios de lujo o apartamentos turísticos”

Aunque sea una tendencia cada vez mayor, en ciudades más pequeñas la concentración de propiedad es más dispersa. En Málaga, capital de Andalucía donde la vivienda es más cara, la mayoría de propiedades verticales de alquiler pertenecen al instituto municipal de la vivienda y la agencia autonómica ABRA. Esto contrasta con los más de 900 desahucios que se ejecutaron en el año 2024 en una ciudad con 16.700 viviendas vacías (6,4% de las viviendas) y 8.600 viviendas turísticas (lo que equivale a 36.600 plazas que es un 16% de la población de Málaga). En Málaga, donde un 15% de población vive en alquiler, el sindicato destaca el trabajo desde Málaga para Vivir, Techo por derecho y Biznegras.

Como explican Hannah Soraya y Assiatu Diallo, el rentismo y el racismo inmobiliario forman una dinámica de doble desposesión. En su artículo aportan cifras del informe de la Fundación Foessa que muestran que alrededor de un cuarto de la población migrante en situación irregular reside en viviendas sin contrato, siete de cada diez destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler y más de un tercio vive en situación de hacinamiento. Además, en el informe de Provivienda de 2024, se muestra que el 99% de inmobiliarias han llevado a cabo formas explícitas de discriminación por origen y raza. La Ley 15/2022, de 12 de julio, que debe garantizar el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación en el acceso a la vivienda se contradice con otras leyes, como la Ley de Extranjería, que exige tres años de empadronamiento para la regularización.

En Sevilla, las viviendas vacías aumentan a 40.000 (un 10% de la ciudad) y las viviendas turísticas a 14.000. Cádiz es la única capital de provincia andaluza donde hay una pérdida paulatina de población, con cada vez menos contratos de alquiler (de los cuales, el 80% son de alquiler de temporada en portales como idealista). En Cádiz, hay 2.800 viviendas vacías y 2.500 viviendas de uso turístico con alojamiento para más de 10.000 turistas lo que equivale al 10% de la población de la ciudad. Además, se trata de la ciudad con más cruceristas por habitantes del Estado español. Ya en 2023 Carmen Marchena explicaba desde El Salto Andalucía la situación de esta provincia. A pesar de esta situación, la Junta de Andalucía se ha negado ha considerar ilegales 16.470 pisos turísticos irregulares identificados. Una de las ciudades en las que más pisos turísticos serán prohibidos es Sevilla con 2.289 viviendas consideradas ilegales, seguida de Marbella, con 1.802 apartamentos ilegales, y Málaga con 1.471.

Una de las aristas principales de este problema es la expansión de un modelo turístico extractivo. “A la gente nos expulsan del centro de la ciudad pero al mismo tiempo tenemos que venir a trabajar al sector servicios para sostener este modelo”, denuncia Kike España. El más destacado es el turismo de sol y playa, presente sobre todo en la costa mediterránea. Cecilia del Castillo, invitada al encuentro como parte de la confederación de Ecologistas en Acción, denuncia que “la turistificación nos asfixia, nos roba las casas y nos roba el espacio fuera de las casas”. También en Aragón podemos hablar del “artificial” turismo de nieve. “La nieve se fabrica, es artificial, porque la crisis climática tiene sus consecuencias” denuncian desde el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, explicando que “a día de hoy el modelo de turismo de la nieve ya está hiperfinanciado, subvencionado y da pérdidas sistemáticamente”. En Zaragoza el precio del alquiler ha subido más de un 64% y en el resto de Aragón un 67%. Aragón tiene 130.000 viviendas vacías y también está llegando el modelo turístico que transforma los alquileres de larga temporada a turísticos. 

Una “oferta captura” y una “demanda inflada” han hecho llegar a un punto de inflexión que ha dado paso a la movilización, coordinación y expansión del movimiento de vivienda. Desde los sindicatos de inquilinas proponen como horizonte ideas de expropiación, planificación y redistribución de la vivienda además de una medida inmediata de bajada de alquileres. 

Una “oferta captura” y una “demanda inflada” han hecho llegar a un punto de inflexión que ha dado paso a la movilización, coordinación y expansión del movimiento de vivienda. 

Los precios de los alquileres siguen subiendo, mientras el sistema legal y político no camina hacia la resolución de esta crisis con una ley de vivienda aprobada en 2023 que los colectivos de derecho a la vivienda consideran que no llega a suponer una regulación real de los alquileres ni pone frenos al negocio inmobiliario. Además, hay comunidades que se niegan a llevar a cabo la normativa estatal y la contraponen con políticas que favorecen la construcción, blinda la propiedad privada, persiguen la ocupación y llenan el debate social con términos como inquiocupación. Es el caso de Andalucía, que busca aprobar su propia legislación de vivienda, Madrid que se ha negado en diversas ocasiones a permitir una bajada en los precios de alquiler o en País Valenciá que pretende reformar su ley de vivienda para “frenar la ocupación ilegal”. En muchas localidades, incluso, los ayuntamientos han creado oficinas de antiokupación, como en Sevilla, Valencia, Palma, Granada, Alicante o Córdoba.

Otra de las críticas a la Ley aprobada en 2023 es que no llega a prohibir los desahucios sino que realizaba una prórroga hasta finales de 2025. Lo que no supone que se hayan dejado de producir desahucios, al contrario en 2024 se aumentó el porcentaje de ejecuciones aumentó un 3,4% con respecto al año anterior, realizándose un total de 27.564.

Un momento histórico

Con la afirmación de que “estamos en un momento histórico para el movimiento de vivienda y para los movimientos sociales organizados del Estado” en un “proceso de financiarización especulativa de la vivienda” daba comienzo Kike España, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Málaga, al primer Congreso Nacional del Sindicato de Inquilinas de Málaga. A lo largo del fin de semana del 10, 11 y 12 de octubre, inquilinas organizadas de territorios viajaron hasta Málaga para asentar las bases y los principios fundacionales de la confederación de sindicatos de inquilinas, además de realizar acciones y debates donde se invitaron a  otras organizaciones.

Los Sindicatos de Inquilinas comenzaron a surgir en el año 2017 como organizaciones permanentes, tras la crisis de vivienda derivada del boom inmobiliario que estalla en 2007. Las primeras ciudades donde se organizaron son Madrid, Barcelona, Málaga, Zaragoza e Ibiza.

Laura Bennedeti, del Sindicat de Llogateres de Cataluña, explica que “en 2017 todavía arrastramos la crisis de la burbuja y tenemos contratos que finalizan cada tres años”. Por ello, se plantean los Sindicatos de Inquilinas como organización estable en torno al derecho a la vivienda y cuestionando su mercantilización como bien especulativo. Laura Bennedeti cuenta que ahora mismo hay consolidados sindicatos en Catalunya, Madrid, Málaga, Zaragoza, Cádiz, Sevilla, Asturias, Vigo, Ibiza y Formentera, además de grupos motores en Valencia, Mallorca y Almería. Desde los sindicatos destacan la singular situación de insularidad que se da en Baleares y Canarias que ha generado un conflicto especialmente difícil donde cada vez hay más población obligada a migrar.

“Este 2025 marca un punto de inflexión, se inicia una oleada de finalizaciones de contratos sin precedentes”, explican desde el Sindicato de Inquilinas en un momento donde los precios del alquiler están en su máximo histórico. “El sindicalismo inquilino se ha consolidado como actor central en la lucha por el derecho a la vivienda”, afirma Laura.

Valeria Racu, del Sindicato de Inquilinas de Madrid, plantea las huelgas de alquileres como realidad para “avanzar y afianzar las negociaciones colectivas como forma en la que nos organizamos entre todas las inquilinas contra este sistema rentista” siendo una forma de “rescatar una herramienta histórica de lucha”. Por ello, Valeria afirma con firmeza que “el miedo, por fin, está cambiando de bando”.

Hoja de ruta a futuro

El proceso continúa, al igual que la expansión de los sindicatos de inquilinas. Tras salir a la calle en más de 40 ciudades, cientos de miles de personas se han manifestado en 2024 y 2025 contra los desahucios, las subidas abusivas y la turistificación”. Bajo la campaña “Nos quedamos” buscan seguir con la desobediencia civil organizada, el contrapoder comunicativo y el aumento de la capacidad de acción sindical, explorando nuevas herramientas tras el ciclo de movilizaciones masivas en manifestaciones que dan por concluido. “Es una estrategia para que ninguna inquilina se vea obligada a abandonar su casa y pueda renovar contrato a precio que pueda pagar”, explica Laura Bennedeti. 

Bajo la campaña “Nos quedamos” buscan seguir con la desobediencia civil organizada, el contrapoder comunicativo y el aumento de la capacidad de acción sindical, explorando nuevas herramientas tras el ciclo de movilizaciones masivas en manifestaciones que dan por concluido 

Los bloques de lucha, como denominan a la organización de inquilinas que viven en propiedades verticales, se nombran como potenciales fuerzas de acción, sobre todo en un contexto donde cada vez son más habituales los desahucios en bloque tras el cambio de propiedad del edificio. También aparecen las brigadas inquilinas. Kike España trae el ejemplo del distrito de carretera de Cádiz, uno de los más densamente poblados de Europa, donde se ha constituido el bloque de lucha Avenida Europa 15. “Este es un ejemplo donde las inquilinas defienden sus derechos y perenne encima de la mesa que no se van a ir a ningún lado”, declara Kike. El objetivo es fortalecer las estructuras que existen y aumentar las relaciones para que exista una actuación coordinada.

Algunas de las aristas de la crisis de vivienda en las que trabajará el sindicato de inquilinas son la regulación de precios, el uso de vivienda vacía y el racismo inmobiliario. “Bajar el precio de los alquileres un mínimo de 50%, la recuperación de la oferta secuestrada o desarticular los grupos de desocupación” son algunas de las medidas que proponen desde los Sindicatos de Inquilinas según explica Valeria Racu. Además, se busca fortalecer los diálogos y confluencias con los sindicatos de inquilinas rurales, los sindicatos de trabajo, los movimientos pensionistas, ecologistas y las organizaciones por Palestina en la “lucha por territorios habitables para todas”, como concluyen al final del encuentro.