Sevilla
La Junta de Andalucía se niega a considerar ilegales 16.470 pisos turísticos irregulares

Apenas hay localidades en Andalucía donde el turismo haya cambiado los bloques de vecinas por apartamentos vacacionales. Según los datos del INE de 2024, es la comunidad autónoma que más pisos turísticos alberga; miles de ellos se encuentran anunciados de forma irregular, dado que las legislaciones al respecto empiezan a crearse tras años de vacío legal. El pasado domingo, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) anunciaba que 16.740 pisos turísticos ilegales en el territorio tienen que ser retirados de las plataformas digitales en las que se anuncian debido a su ilegalidad. Estos alojamientos no cumplen con los requisitos establecidos por Vivienda para poder incluirse en el registro obligatorio puesto en marcha el pasado julio. Estos apartamentos deberán dejar de dar servicio de alojamiento vacacional a petición del Gobierno central. 

Una de las ciudades en las que más pisos turísticos serán vetados es Sevilla, donde 2.289 viviendas se han considerado ilegales por parte del ministerio que dirige Isabel Rodríguez García, seguida de Marbella, que contará con 1.802 apartamentos turísticos menos, y Málaga, que eliminará 1.471 inmuebles de las plataformas.

Desde Vivienda han explicado que “se trata de pisos que han pedido el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales”; además, matizan: “Ahora, las distintas plataformas deberán proceder a la retirada de los anuncios de estos inmuebles”. 

Ha sido el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha anunciado la decisión durante un mitin en Málaga en el que buscaba apoyar la candidatura de María Jesús Montero a la presidencia andaluza. La Junta de Andalucía ha acusado al Gobierno de “atacar al turismo”, que es “la principal industria de Andalucía”. El consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha criticado la Ley de Vivienda estatal responsabilizándola de la situación y ha expuesto que es una norma “aprobada con nocturnidad por el sanchismo, que demoniza a los propietarios, a los ahorradores y a la clase media andaluza, y premia a los okupas”.