Opinión
El rentismo es racismo

El acceso a la vivienda nunca ha sido igual para todos: las personas migrantes y racializadas nos enfrentamos a un sistema capitalista que convierte la vivienda en una mercancía, profundamente racista y colonial en su base, y que perpetúa nuestra explotación y desposesión.

Este sistema tiene sus raíces en la acumulación violenta de tierras, que no solo afecta a quienes trabajan la tierra y no tienen acceso a ella, sino que también golpea a las poblaciones originarias, especialmente a través de procesos coloniales que estados como el español han impulsado en diversas partes del mundo. El racismo estructural, que categoriza a las personas según su “in”humanidad, ha justificado históricamente el trabajo forzado y la esclavitud, pilares fundamentales de las sociedades occidentales modernas. 

Las personas migrantes y racializadas nos enfrentamos a un sistema capitalista que convierte la vivienda en una mercancía, profundamente racista y colonial en su base

El rentismo y el racismo inmobiliario no solo nos expulsan de nuestros barrios, sino que nos colocan en una doble desposesión: primero, en nuestros países de origen, donde se nos despoja de la tierra y de nuestros derechos; y luego, en el Estado español, donde, debido a la precariedad económica, nos enfrentamos a una vivienda que es considerada un lujo y no un derecho. El colonialismo consecuente al capitalismo, el racismo institucional e inmobiliario, y la dificultad de acceder a la vivienda, nos coloca en una posición de doble y triple vulnerabilidad como inquilinas en un mercado inmobiliario al servicio de la especulación. 

La continuidad del colonialismo en la lucha por la vivienda

En la lucha por el derecho a la vivienda, las secuelas del sistema colonial siguen manifestándose de forma sistemática. Las personas migrantes y racializadas continuamos siendo las principales víctimas de la extracción de rentas ilegítimas. Las cifras hablan por sí solas:

• Durante la crisis de 2008, una de cada cinco ejecuciones hipotecarias afectó a hogares de origen migrante (Iriondo Mugica y Rahona López, 2009), una cifra desproporcionada en comparación con el porcentaje de población migrante en España entonces.
• Actualmente, el 70% de las personas migrantes de fuera de la UE en el Estado español viven de alquiler. 
• Casi un cuarto de la población migrante en situación irregular reside en viviendas sin contrato o realquiladas, 7 de cada 10 destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler y más de un tercio vive en situación de hacinamiento (Fundación Foessa).
• En 2024, el 99% de inmobiliarias han  llevado a cabo formas explícitas de discriminación por origen y raza en el acceso a la vivienda (Provivienda).

El racismo inmobiliario; una cuestión estructural

La posición de las personas migrantes y racializadas en el conflicto del alquiler nos coloca como sujetos esenciales e imprescindibles en la lucha por la vivienda. El racismo institucional y estructural, junto con el problema de acceso a la vivienda, son los detonantes de este racismo inmobiliario que nos dificulta el acceso a la vivienda, nos expulsa de nuestros barrios para especular con ellos y, mientras tanto, intensifica la violencia policial contra nosotras como parte de un intento de limpieza racial y de estigmatización. 

La criminalización de la pobreza, las redadas, los CIE, la persecución policial y las trabas burocráticas para acceder a derechos básicos como la sanidad, el empadronamiento o el trabajo son parte de una lógica capitalista, neocolonial y profundamente racista. Las consecuencias de este sistema son devastadoras: hacinamiento, infravivienda, barrios segregados, exclusión residencial, estafas, y acoso. Muchas personas se ven obligadas a pagar por empadronarse, a vivir en pisos insalubres, o a aceptar alquileres desorbitados debido a la falta de alternativas. La población migrante, en mayor medida, solemos encontrarnos en situaciones de estafas inmobiliarias, subarriendos ilegales y acoso por parte de empresas de desokupación, entre otros. 

El mercado inmobiliario refleja la sociedad de clases racista en la que vivimos: barreras para el migrante, el pobre, y el sin propiedad; facilidades para el nativo, el rico, y el propietario

El mercado inmobiliario refleja la sociedad de clases racista en la que vivimos: barreras para el migrante, el pobre, y el sin propiedad; facilidades para el nativo, el rico, y el propietario. Este no es un problema aislado, es un sistema de opresión que niega el derecho a la ciudad a quienes se encuentran en la base del sistema supremacista blanco y de clase que predomina en las sociedades occidentales.

La discriminación en el acceso a la vivienda: datos y realidades

La mayoría de las personas migrantes en el Estado español viven de alquiler. De hecho, el 60,9% de la población comunitaria y el 70,8% de la población extracomunitaria accede a la vivienda mediante el alquiler, frente al 18,1% de la población española. En cuanto a la propiedad, solo el 35,9% de la población comunitaria y el 24,3% de la población extracomunitaria tienen acceso a la vivienda en propiedad (INE, 2022).

El racismo inmobiliario está tan normalizado que en los propios anuncios de alquiler nos encontramos con frases como: “Abstenerse extranjeros”, “No extranjeros” o “Solo personas con papeles”. Esto no es solo racismo, sino que está completamente vinculado a la clase social, ya que se rechaza no solo por origen, sino también por situación económica.

En 2020, el 72,5% de las inmobiliarias contactadas admitían formas explícitas de discriminación, mientras que en 2024 esta cifra subió al 99%.

¿Qué hacer ante la discriminación inmobiliaria?

La Ley 15/2022, de 12 de julio, debe garantizar el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación en el acceso a la vivienda. Diferencia e dos formas de discriminación: discriminación directa, entendida como el rechazo explícito o las cláusulas  abusivas basadas en la raza o el origen, y la discriminación indirecta, que recoge aquellas prácticas que, aunque aparentemente neutrales, afectan de manera desproporcionada a las personas racializadas. Sin embargo, las leyes no nos garantizan nada, ya que existen otras, como la Ley de Extranjería, que perpetúa obstáculos para poder regularizarnos, exigiéndonos tres años de empadronamiento para ello. En el Estado español hay medio millón de personas en situación administrativa irregular sin poder acceder a recursos básicos como la atención sanitaria, y con aún más dificultades de acceso a una vivienda digna.

Para frenar el racismo inmobiliario no basta con denunciar: tenemos que organizarnos. Desde el Sindicato de Inquilinas, trabajamos colectivamente para acabar con el rentismo, el racismo inmobiliario e institucional y todo sistema de opresión. Estamos elaborando y llevando a cabo una estrategia antirracista que viene de la necesidad de organizarnos desde la base con organizaciones migrantes y antirracistas para generar estrategias sindicales propias. 

En 2020, el 72,5% de las inmobiliarias contactadas admitían formas explícitas de discriminación, mientras que en 2024 esta cifra subió al 99%

Llevamos más de un año juntándonos con el Sindicato de Manteros, SEDOAC, Territorio Doméstico y otros colectivos con el objetivo de conocer cómo atraviesa el racismo inmobiliario a las comunidades migrantes y racializadas. Nuestro trabajo conjunto hasta ahora ha consistido en realizar asesoramientos colectivos de vivienda según los ritmos de cada organización, elaborar campañas comunicativas para poner sobre la mesa este problema, compartir herramientas sindicales que nos puedan ser útiles y elaborar estrategias ante cada situación. Partimos de la necesidad de que las organizaciones antirracistas y de vivienda caminemos conjuntamente para acabar con estos sistemas de opresión y construir un poder popular que nos permita vivir unas vidas vivibles a todas.