Derecho a la vivienda
Una treintena de familias que vive en pisos de la obra social de Caixabank resiste frente a los “desahucios invisibles”

Más de 30 familias de Pinto y Vallecas (Madrid) anuncian que se quedaran en sus casas una vez finalizado el contrato ante el acoso inmobiliario del primer casero de España.
26 abr 2022 11:21

Decenas de familias de Pinto y Vallecas, hartas de las prácticas abusivas de su casero, nada menos que Caixabank, se organizaron en el Sindicato de Inquilinos de Madrid para dar a conocer su situación. Este 25 de abril volvían a recordar frente al Congreso que el primer banco español está quedándose con sus viviendas utilizando como arma subidas abusivas del alquiler y que se quedarán en ellas frente al acoso inmobiliario de la entidad financiera. Desde la absorción de Bankia, Caixabank se ha convertido en el mayor gran tenedor de vivienda de España, con más de 25.000 pisos en alquiler.

De fondo, denuncian, hay un cambio de estrategia en el banco, con un claro signo especulativo: “Después de utilizar durante años la marca de su ‘obra social’ como reclamo para las familias más vulnerables, La Caixa empezó a librarse de ellas en cuanto el mercado inmobiliario comenzó a mostrar signos de recuperación, con el fin de obtener una mayor rentabilidad de sus propiedades”.

Con una demanda colectiva, las familias afectadas iniciaban un proceso de movilización que continúa hoy con la “estrategia del Sindicato de Inquilinas para ganar poder de negociación”: quedarse en la casa pagando la renta anterior una vez vencido el contrato

Después de meses de “diálogo inerte” con la entidad, las 31 familias afectadas decidieron poner en febrero de 2021 una demanda colectiva, de la mano del Sindicato de Inquilinos. Según cuentan, Caixabank “había elegido el peor momento, plena pandemia, para aplicar las peores prácticas a sus inquilinas: negativa a conceder las prórrogas obligatorias, subidas abusivas de los alquileres, cláusulas ilegales en sus contratos de alquiler y otras que desaparecían en la firma de renovaciones, como la opción a compra con tasaciones VPO”.

Con esta demanda, el colectivo de familias afectadas iniciaba un proceso de movilización, que continúa hoy con la “estrategia del Sindicato de Inquilinas para ganar poder de negociación”: quedarse en la casa pagando la renta anterior una vez vencido el contrato. Con esta estrategia, conocida como #nosquedamos, pretenden forzar una negociación real y efectiva con la entidad.

No se tratan de “casos aislados”, señalan desde el Sindicato de Inquilinas. Situaciones similares han sido denunciadas en Mataró, Bustarviejo y Hospitalet de Llobregat. Las familias de Vallecas y Pinto califican la estrategia de Caixabank como “desahucio invisible”. Estas familias accedieron a estas viviendas hace ocho años en un programa de “vivienda asequible” de la Fundación Obra Social de La Caixa. Aunque algunas de estas viviendas incluían la opción de compra, a medida que finalizaban los contratos, Inmocaixa —una de las sociedades que gestiona la cartera inmobiliaria del banco— se negó a prorrogarlos y exigió subidas del alquiler de entre el 50% y el 100%. Cuando las familias reclamaron la “prórroga covid” que formaba parte del “escudo social” del Gobierno, cuentan desde el Sindicato de Inquilinos, “Inmocaixa se negó a cumplir con la legalidad”. 

El objetivo de Caixabank es “es hacerles la vida imposible para conseguir que dejen por su propia voluntad las viviendas”

Después de recurrir al Sindicato, afloraron una serie de “cláusulas abusivas” que dan lugar a aumentos progresivos encubiertos de la renta, algo expresamente prohibido por la ley estatal de alquileres. Los contratos de arrendamiento también repercutían al inquilino pagos habitualmente asumidos por el propietarios, como el IBI.

Todo esto, unido al abandono de deterioro de los inmuebles y la “dejación de funciones de la propiedad” vinculadas al mantenimiento, llevó a los vecinos a denunciar en esta demanda colectiva que el objetivo de Caixabank “es hacerles la vida imposible para conseguir que dejen por su propia voluntad las viviendas en las que legalmente pueden seguir residiendo en virtud de las prórrogas obligatorias creadas para amortiguar la crisis derivada de la pandemia”.  

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