Opinión
Maricarmen en Erandio: apuntes sobre la vivienda en Euskal Herria

A estas alturas todo el mundo sabe que el miércoles sacaron a Maricarmen en camilla de la casa en la que llevaba setenta años. Hicieron falta cuatro intentos, gas pimienta y una comitiva judicial que desoyó al Comité de la ONU. Esa misma tarde más de diez mil personas se congregaron delante del ático que Ayuso compró en Chamberí. El sábado, entre 25.000 y 200.000 personas, según quién las cuente, marcharon de Sol al Congreso, para terminar plantando más de 300 tiendas de campaña en una acampada que continúa. Concentraciones previstas en cuarenta ciudades. Y un Gobierno acorralado. Sánchez  llega al Consejo de Ministros del martes con un decreto en la mano que no tenía el lunes anterior.

Conviene detenerse en cómo se ha producido el caso. No ha sido un partido ni un juzgado ni un editorial quien ha marcado la agenda El Sindicato de Inquilinas ha convertido la orden judicial de desahucio en un caso político, el caso de un nombre propio y el nombre en la exigencia material para millones de personas: contratos indefinidos, congelación del IPC, freno a los lanzamientos, fin del fraude del alquiler de temporada. A diferencia del 15-M, con su ataque difuso a la casta, las movilizaciones contra la vivienda se dirigen contra la figura del rentista, y aliados entre la clase política.

El sindicalismo de vivienda coloca el miedo en el pago al casero y no en el vecino sin papeles, y señala a los verdaderos antisociales, que son los que viven de cobrar rentas.

Cuando el desahucio de una mujer de 87 años abre los telediarios durante días y le disputa la portada a la crisis de Ceuta —que se juega en el marco de la derecha mientras la vivienda es el terreno donde la ofensiva es de clase—, no es porque el caso sea más grave que los cientos que se ejecutan cada semana en silencio, es porque hay una organización que lo acompaña, lo señala, lo lleva a los medios y lo convierte en debate público.

Sin esa fuerza colectiva, la misma mujer recoge sus cosas y se va. Ante un sindicato movilizado, el Gobierno tiene que dar torpes declaraciones ante la prensa internacional, fingir indignación, aparentar impotencia. Es en esos momentos en los que se juega la diferencia entre resistir y obtener victorias que insufla fuerza al movimiento. 

Primera constatación: sólo hay una fuerza a la ofensiva

En el Estado español hay hoy una sola fuerza con capacidad y agencia para recuperar la ofensiva frente al bloque reaccionario y su cruzada racista. Ese contrabloque histórico es el sindicalismo de vivienda. No porque sea más grande que otros, sino porque es el único que ha sabido darle la vuelta al tablero al colocar el miedo, en el pago al casero y no en el vecino sin papeles, y señala a los verdaderos antisociales, que son los que viven de cobrar rentas. La explotación mensual que se lleva la mitad del salario de millones de personas deja de plantearse como  un problema de oferta y se focaliza en la relación de clase. S diferencia del resto de instituciones de representación, el sindicato es el único organismo que la nombra así y tiene capacidad de colocar ese mensaje en horario de máxima audiencia.

El conflicto de la vivienda no es solamente un problema de desigualdad o de escasez, es la cristalización de un conflicto de clase en dos bloques históricos. Uno, consolidado en torno al rentismo como forma dominante de acumulación, es decir, promotores, fondos, entidades financieras, partidos del régimen y una constelación de pequeños propietarios que participan, a su escala, del mismo esquema extractivo porque les beneficia. Otro, potencial, todavía por articular, compuesto por inquilinas, desposeídas, familias expulsadas del régimen civil de la propiedad y quienes saben que nunca heredarán una casa.

El bloque inquilino en Euskal Herria está disperso, desarticulado, sin agencia ni agenda propia. Y no es porque falte gente que pague la mitad de su sueldo en alquiler.

El bloque rentista legisla. La reforma de Rajoy de 2013 que bajó los contratos a tres años, el régimen fiscal de las SOCIMI o la modificación de la ley de vivienda que cocinan ahora los abogados de la patronal salen de la misma mesa, y sus partidos son fáciles de identificar. El PP, Vox, PNV y Junts sin matices. El PSOE sólo rompe filas con los caseros cuando necesita conservar su legitimidad como partido progresista, y lo hace según el cálculo electoral y la aritmética parlamentaria de cada momento.

La moratoria de desahucios aguantó cinco años porque el movimiento la sostenía. La tumbaron Junts, PP y Vox, con la abstención del PNV. El desahucio de Maricarmen es consecuencia directa de esa votación. El decreto que el Gobierno lleva el martes al Consejo de Ministros, contratos indefinidos, congelación del IPC, freno a los desahucios, existe porque el sindicato aprieta, con un plazo público al Gobierno y la amenaza de una movilización que a sus socios les costaría cara. 

La acampada de Sol no se levanta hasta que salga el el decreto, y el Sindicato de Inquilinas de Madrid ya ha avisado de que si no incluye los contratos indefinidos seguirá desobedeciendo y escalando el conflicto. El lunes, el Sindicat de Llogateres recibe a Sánchez en Barcelona con una manifestación para decirle a la cara que no aceptarán una nueva farsa. Y después del martes queda el Congreso, donde Junts y el PNV volverán a hacer sus cuentas. Por eso lo de estos días no es una manifestación más. De ella depende que el decreto salga adelante, y con él la próxima batalla por la vivienda.

Segunda constatación: Euskal Herria ha perdido el compás

Pocas cosas hay más dignas que preparar un termo de café antes del amanecer y poner el cuerpo delante de una puerta para parar un desahucio, jugándose la salud y un infierno judicial. En Euskal Herria es lo que mejor hemos hecho. Pero parar un desahucio es el último recurso, no una estrategia. Si el movimiento lo convierte en su centro de gravedad corre el riesgo de quedarse en la resistencia sin llegar nunca a construir un contrapoder capaz de obtener victorias. 

De nuevo, no es un problema de que falte conflicto. En Erandio hay 120 familias de Los Ochos a las que un fondo quiere sacar de casa, y en Basauri, en Donostia, en Errenteria… La historia se repite con distintas nomenclaturas. El problema es que nos hemos desgajado del conflicto entre el bloque rentista y el bloque inquilino. Estamos fuera del sindicalismo de inquilinas como modelo de organización y como estrategia capaz de producir victorias frente a la sensación de derrota generalizada.

Mientras en Madrid y Barcelona se disputa cada pocos meses el sentido de época, aquí dejamos pasar el momento como quien oye llover. Pasó en abril de 2025 con la inexplicable ausencia de Bilbao entre las capitales con manifestación propia, y ha vuelto a pasar esta semana.

Era cierto entonces y lo sigue siendo ahora. El bloque inquilino en Euskal Herria está disperso, desarticulado, sin agencia ni agenda programática propia. No hay estrategia, no hay horizonte a la ofensiva, apenas una noble resistencia frente a algunos casos límite. Y no es porque falte gente que pague la mitad de su sueldo en alquiler. Bizkaia ha pasado del 8,5% de viviendas en alquiler en 2011 al 19% largo en la actualidad; Donostia, del 8% al 20%; Euskadi cerró el primer trimestre de este año con el alquiler más caro de su historia, un 7,7% más que hace un año. Barcelona, mientras tanto, es la única gran capital del Estado donde el alquiler baja. Es la primera vez en quince años que la comparación con Cataluña no favorece a Euskadi, y nadie aquí parece haberse dado cuenta.

Cataluña es el contraejemplo perfecto. Llogateras empujó una ley de contención de rentas en 2020, la primera del Estado, hasta que el Constitucional la tumbó; fue la primera comunidad en aplicar los topes de la Ley estatal de 2023, con 302 municipios actualmente declarados tensionados; y cuando el Sindicat de Llogateres detectó que los caseros se escapaban por el alquiler de temporada y por habitaciones, el decreto que lo cerraba cayó por la abstención del PSC y un año y medio de campaña después obligó al Govern de Illa a aprobar, con ERC, Comuns y CUP, una ley que presume vivienda habitual todo contrato sin causa acreditada.

Es una ley imperfecta y el propio sindicato dice que sin inspección no vale nada. Pero la escribió el sindicato, la impuso el sindicato y la vigilará el sindicato.

Cuando los sindicatos de inquilinas de Madrid y Barcelona convocaron el 5 de abril de 2025 en más de cuarenta ciudades, la Red de Sindicatos de Vivienda de Euskal Herria publicó un comunicado para explicar que aquí no se convocaba, apelando a la autonomía de la lucha de clases en Euskal Herria.

Junto al Sindicato Socialista de Vivienda habían convocado conjuntamente en diciembre su propia manifestación nacional en Bilbao, con un éxito muy relativo, congregando a unos miles de personas, propio de un movimiento con capacidad de movilizar a los suyos pero sin capacidad de articulación ni transversalidad, ni dentro de Euskal Herria ni, mucho menos, con los sindicatos de Inquilinas y Llogateras en otros lugares.

En abril perdieron fuelle y el Sindicato Socialista de Vivienda convocó en solitario en Donostia, perdiendo la oportunidad de avanzar en la necesaria articulación de un movimiento más amplio.

Tercera constatación: el bloque rentista legisla en Euskadi

En Euskal Herria el bloque rentista tiene sus particularidades, ni más ni menos, y la primera es que no se presenta como enemigo de la comunidad sino como la comunidad misma. La promotora Neinor nace del ladrillo tóxico de la BBK, saneado con dinero de todos y vendido a Lone Star. Kutxabank es a la vez el banco del país y uno de sus mayores propietarios de vivienda. Vocento es de capital vizcaíno y El Correo Español es el periódico que leían nuestros padres.

El Pacto Social por la Vivienda lo firmaron Neinor, Amenabar, AEGI, ASCOBI, Eraikune, BBVA, CaixaBank, los colegios profesionales, las universidades y las asociaciones vecinales, y lo presentó el Gobierno vasco como consenso de país. Ni un solo sindicato, organización inquilina o colectivo de personas desahuciadas.

Y ese bloque, aquí, legisla sin nadie enfrente. La Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo —bauticémosla Ley Itxaso, por Denis Itxaso, consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco por el PSE, en campaña permanente, con un vídeo al día en redes y la vivienda social siempre en la boca—  se tramitó como proposición de ley de PNV y PSE para ahorrarse informes, se vendió en las ferias inmobiliarias de Madrid y se aprobó el 11 de diciembre con toda la oposición en contra. Rebaja del 75 % al 60 % la vivienda protegida exigible en cada promoción privada alegando falta de viabilidad económica, que es la manera fina de decir que los promotores no querían. Crea un carril rápido para los llamados Proyectos de Actuación Prioritaria. Debilita la evaluación ambiental. Reparte avales y financiación pública para que el crédito vuelva a fluir. 

El bloque rentista vasco no se presenta como enemigo de la comunidad sino como la comunidad misma. Ni un solo sindicato, organización inquilina o colectivo de desahuciados firma el Pacto por la Vivienda del Consejero Itxaso.

El índice de precios, sin el cual los topes son papel mojado, está en manos de unas diputaciones que llevaban dos años sin publicarlo salvo en siete municipios de Gipuzkoa, mientras se declaraban once municipios tensionados, casi la mitad de la población vasca, para la foto. Itxaso lo llamó cruzar el Rubicón y dijo que ocupaba el carril central entre EH Bildu y el PP. Más bien es uno más en una larga lista de consejeros y ministros que han hecho un gran favor a las promotoras y a la que sólo le faltaba un alcaldable para Donostia.

Lo que venía detrás de la ley se vio hace una semana en el Palacio Euskalduna, cuando Pradales e Itxaso presentaron el Fondo Social de Vivienda. Esta es la política estrella del Gobierno Vasco en material de vivienda y pretende movilizar 2.000 millones en diez años para construir 10.000 pisos en alquiler, dos tercios de capital privado, suelo público cedido 75 años sin cargas y contando con los promotores como accionistas. Itxaso lo dijo con todas las letras

delante de las fundaciones bancarias, las EPSV y los family office: «no hemos venido a pedirles un gesto, hemos venido a proponerles una inversión». Y los pisos, para hogares que ingresan hasta 65.000 euros. Es el mismo trasvase de dinero público a promotores y clases medias que fue la VPO en propiedad, con distinto envoltorio, mientras la mayoría inquilina, la que cobra 1.200 y paga 900, no entra ni en la cola. El Fondo es la señal de que el Gobierno Vasco ha decidido de la mano de quién va.

En la calle, el Movimiento Socialista, a través de su sindicato de vivienda, ha señalado la Ley Itxaso y el Fondo, pero le falta lo que a Llogateres y al Sindicato de Inquilinas les sobra, y es que la gente que paga alquiler y no milita en nada los sienta como propios. Se puede rechazar la interlocución con las instituciones por principio, pero entonces hace falta otra manera de presionarlas, y de momento el MS no la ha encontrado. 

En el Parlamento, EH Bildu votó en contra de la admisión a trámite, presentó 47 enmiendas para pedir más parque público y que el dinero no acabara en manos de especuladores. El partido abertzale vio cómo se las rechazaban todas y no tuvo capacidad de convocar un solo acto fuera del hemiciclo, ni un intento de disputar el relato de la oferta que Itxaso vendía en los periódicos, ni capacidad de plantear la vivienda como algo más que un problema juvenil.

Un partido que aspira a gobernar el país y que lidera gran parte de los ayuntamientos de Gipuzkoa no consiguió frenar ni matizar la norma que más poder da a promotoras y fondos en dos décadas. Si se trata de un despiste monumental o una incapacidad manifiesta está por ver.

Tampoco es casual que el sindicalismo de barrio no tuviera nada que decir. Cuando el sujeto es el barrio o el municipio resulta muy difícil pensar y articular una respuesta en la escala requerida.

La hipótesis: un sindicato de inquilinas para Euskal Herria

Hace falta en Euskadi un sindicalismo de vivienda que tenga las herramientas del Sindicat de Llogateres y del Sindicato de Inquilinas de Madrid, la sindicación por bloque, la huelga de rentas, la negociación colectiva con el gran tenedor, el señalamiento público del casero, y que al mismo tiempo sea capaz de hacer su propio diagnóstico y desarrollar una estrategia autónoma para un territorio donde el rentismo se presenta como el país entero. No necesitamos una franquicia, pero tampoco que la coartada de la autonomía nacional sirva para no hacer nada.

Un sindicato con legitimidad pública, es decir, reconocido por la gente que paga alquiler y no sólo por la militancia; con interlocución con las instituciones y, sobre todo, con capacidad de decir que no y subir la apuesta cuando las administraciones ofrecen migajas; capaz de tensionar el acuerdo de gobierno entre PNV y PSE, que en vivienda es una costura visible pues los dos compiten por quedar más cerca de promotoras y constructoras cuando lleguen las licitaciones; capaz de escalar un conflicto concreto hasta convertirlo en problema de régimen, y de articularse con Madrid, Barcelona y las cuarenta ciudades que salieron el sábado, en lugar de mirarlas desde la orilla para evitar se tratados de españolistas.

En ninguna de las mesas donde se decide la política de vivienda de la próxima década hay nadie que pague alquiler.

Y hace falta que ese sindicato esté donde está el poder. El Bilbao metropolitano concentra el 40 % de la población vasca y prácticamente todo el bloque rentista: Kutxabank, Neinor, Vocento, las promotoras del Pacto Social, y ahora los foros donde se cocina el nuevo ciclo. El Foro de Urbanismo y Vivienda de Euskadi que Itxaso creó en 2024 como espacio consultivo entre agentes públicos, privados y sociales, sin una sola inquilina. La jornada del Consejo Económico y Social en el Euskalduna con Confebask, Eudel, Alokabide y Nasuvinsa. La presentación del Fondo en el mismo Euskalduna ante los inversores. Las ferias de Madrid donde el consejero vende Euskadi como oportunidad. La licitación de diciembre para elegir a los socios del Fondo. Ahí se decide la política de vivienda de la próxima década, y en ninguna de esas mesas hay nadie que pague alquiler.

La consigna es sencilla. O estamos en los espacios de negociación como contraparte con poder para condicionar lo que se firma, o los reventamos. Ocupar los foros, escrachar las reuniones de amiguetes, ir a la agenda del consejero y plantarse en cada acto en el que hable de la principal causa de país delante de quien la ha convertido en negocio. No como gesto, sino como método para obligar a sentarse a quien hoy no reconoce que existe una parte afectada. Nada de esto lo puede hacer un sindicato de barrio ni lo va a hacer un partido. Lo tiene que hacer un sujeto que todavía no existe, la Euskal Herria inquilina, y la primera tarea es darle nombre.