Vivienda pública
Tres excargos del PNV presidieron la patronal que presiona a Pradales a ceder el 70% del Fondo de Vivienda

El Gobierno Vasco quiere reunir 2.000 millones de euros para levantar 10.000 viviendas de alquiler “asequible” y quiere hacerlo como socio minoritario: aportará entre el 25% y el 30% de un vehículo financiero cuyo control, entre el 70% y el 75%, quedará en manos de entidades privadas. Es el Fondo Social de Vivienda (FSV), presentado el 21 de septiembre por el lehendakari Imanol Pradales y por el consejero de Vivienda, el socialista Denis Itxaso. Al un lado de esa alianza se encuentra la patronal del ladrillo: la Asociación de Constructores y Promotores Inmobiliarios de Bizkaia (ASCOBI) que ha estado presidida por excargos del PNV entre 2006 y 2024 y su actual vicepresidente fue parlamentario jeltzale, según los datos recabados por Hordago-El Salto.

Cuatro presidencias en veinte años dan cuenta de la relación entre el partido y el lobby de la vivienda. Manu Galíndez pasó de encabezar el PNV en Alonsotegi a presidir ASCOBI entre 2006 y 2014. Humberto Perea, miembro después del Bizkai Buru Batzar y hoy alcalde de Arakaldo, entre 2014 y 2018. Alex Bidetxea, juntero del PNV en Bizkaia entre 2007 y 2011, presidió la organización patronal entre 2018 y 2024. Desde junio de ese año, la vicepresidencia la ejerce Jon Legarreta, parlamentario vasco entre 1991 y 1992 y alto cargo de la Diputación de Bizkaia entre 1995 y 2011. Cuatro presidencias, una vicepresidencia y un mismo partido detrás.

El Gobierno Vasco aportará entre el 25% y el 30% de un fondo que promete 10.000 viviendas y cuyo control quedará en manos de las entidades privadas

El acceso a la vivienda es el principal problema para la ciudadanía vasca, según el Deustobarómetro de verano de 2026, que lo sitúa en el 49,5% y en el nivel más alto de toda la serie histórica. Pero en lugar de desmercantilizar la vivienda e intervenir en el mercado, la solución planteada por el lehendakari, el jeltzale Imanol Pradales, pasa por defender a capa y espada la colaboración público-privada para crear el FSV en el que entrarán los constructores. En la presentación, Pradales aseguró que “la vivienda no es solo una política pública más; es un pilar esencial de cualquier sociedad próspera, justa y avanzada; es nuestra obligación atender a las demandas mayoritarias de la sociedad”.

Su consejero de Vivienda, Denis Itxaso, considera que el FSV es “la pieza que nos faltaba para dar el salto de escala que necesita Euskadi”. Una consultora afín al PSOE, Analistas Financieros Internacionales, había sido contratada en agosto para dar asistencia a la creación del fondo. Aunque el Gobierno Vasco describe a ASCOBI como una “asociación empresarial independiente”, lo cierto es que tiene estrechos lazos con el PNV.

“Ofensiva depredatoria y extractivista”

El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria considera que organizaciones patronales como ASCOBI “funcionan como auténticos lobbies, cuando hay que cambiar una normativa urbanística o flexibilizar el planeamiento, ahí están ellos, con sus informes técnicos y sus argumentos sobre el empleo y la reactivación económica”.

Esa capacidad de presión se apoya en el peso del sector: el 13% del PIB vasco, 120.000 empleos y 27.100 empresas. Además, solo el Servicio Vasco de Vivienda registra cerca de 110.000 demandantes. Por todo ello, en 2006 cuando los jeltzales comenzaron a copar la junta directiva del lobby del ladrillo. De hecho, la creación del flamante Fondo Social de Vivienda viene precedida de un informe de ASCOBI donde se quejaba de que la construcción de vivienda nueva en Euskadi había “caído un 27% en 2025”. Sin embargo, ese mismo informe recoge un dato que la patronal subraya menos: la licitación pública creció un 41% en Euskadi y un 47% en Bizkaia durante 2025, hasta alcanzar máximos de los últimos quince años.

El Gobierno de Imanol Pradales incluyó en el Plan Director de Vivienda 2025-2027 la creación del FSV con la promesa de vehiculizar la construcción de hasta 10.000 nuevas viviendas. En ese momento la correa de transmisión entre PNV y patronal vizcaína de las constructoras era Jon Legarreta, desde 2024 vicepresidente de ASCOBI en representación de la empresa Gaimaz. Legarreta fue parlamentario vasco entre 1991 y 1992. Después ocupó distintos altos cargos en la Diputación de Bizkaia entre 1995 y 2011: director general de Relaciones Municipales, de Empleo y Formación, de Carreteras y de Agricultura y Ganadería. No es un fichaje casual o excepcional, porque de apoderado de Gaimaz ejerce Julio Barrutia, exresponsable del batzoki de Abando, el de mayor número de afiliados de todas las juntas municipales del PNV.

Bidetxea: del escaño juntero a presidir la patronal y Viuda de Sainz

Ya en 2024, ASCOBI atribuyó el “parón” de la construcción a los “elevados” porcentajes de VPO. Poco después, el Gobierno del PNV y el PSE puso en vigor la Ley 6/2025 de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo para “flexibilizar la normativa” en materia de VPO y “agilizar” la construcción de 16.000 nuevas viviendas. La norma permitía a los ayuntamientos rebajar por acuerdo plenario la reserva de vivienda protegida en suelo urbanizable hasta un mínimo del 60%. Fue entonces cuando Stop Desahucios acusó al PSE de “cumplir punto por punto” la política de vivienda del PNV, en la línea de lo que los sindicatos de vivienda vascos llevan denunciando desde 2024.

La influencia de ASCOBI también estuvo detrás del anuncio en 2023 del entonces lehendakari Iñigo Urkullu para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la primera Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, un recurso que el Tribunal Constitucional tumbó en septiembre de 2026. Por entonces, con una mano en el PNV y la otra en el lobby del ladrillo aparecía Alex Bidetxea, juntero del PNV en Bizkaia entre 2007 y 2011 que presidió ASCOBI entre 2018 y 2024. Lo hacía en calidad de presidente adjunto de Viuda de Sainz, un grupo constructor “bajo sospecha”, según el medio Gananzia, por estar “presente en toda la obra pública que se adjudica en Euskadi”. La sospecha aumenta si tenemos en cuenta que Viuda de Sainz llegó a fichar como directivo para una de sus filiales a Xabier Sagredo, extesorero del Bizkai Buru Batzar.

Durante el mandato de Bidetxea en ASCOBI, la organización patronal se adhirió al Pacto Social por la Vivienda 2022-2036 del Gobierno de Iñigo Urkullu. Desde la presidencia de ASCOBI, Bidetxea pidió a sus colegas jeltzales del Gobierno Vasco “acelerar la rehabilitación” de las viviendas, en referencia a la asignación a Euskadi de un importe de 130 millones de euros de los fondos Next europeos para la rehabilitación en materia de eficiencia energética de los edificios. “Como es lógico los fondos se han agotado con rapidez”, añadió, y se congratuló de que el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco hubiera “conseguido ampliar de forma extraordinaria” el importe inicial hasta los 200 millones.

El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, clausuró la última Asamblea General de ASCOBI, celebrada en 2025, afirmando lo siguiente: “Estamos ante un momento clave, y necesitamos un sector comprometido con la causa de la vivienda”. En diciembre de ese mismo año, Itxaso impulsó la creación del Foro de Urbanismo y Vivienda de Euskadi e incorporó a ASCOBI, una muestra más de la influencia de la patronal del ladrillo en la hoja de ruta del Gobierno Vasco sobre vivienda.

ASCOBI se quejó de que la vivienda nueva caía un 27% en 2025; su propio informe recoge que la licitación pública creció ese año un 47% en Bizkaia, el máximo de los últimos quince años

El predecesor de Bidetxea, Humberto Perea, presidió ASCOBI entre 2014 y 2018, y ahora es alcalde de Arakaldo. Antes fue cargo en la Diputación de Bizkaia hasta junio de 2025, miembro del Bizkai Buru Batzar del PNV entre 2017 y 2024 y alcalde de Zeberio entre 2003 y 2011. Perea encabezó el lobby del ladrillo cuando era gerente de Excavaciones Cantábricas, filial de la ya mencionada Viuda de Sainz. En su mandato en ASCOBI pidió “más obra pública y mejorar su precio”, porque a su entender el sector necesitaba “estímulos”.

Hace algunos meses, la presidencia de ASCOBI recibió uno de estos “estímulos”. Sadekosa, la constructora que ocupa desde 2024 la presidencia de la patronal, fue elegida por la Diputación de Bizkaia para la reforma de la histórica sede foral ubicada en el Edificio Delclaux, un contrato por valor de 811.537 euros. Lo curioso es que la Diputación tiene previsto abandonar esa sede durante los próximos años. La propia Sadekosa reconoce que la “estabilidad” del sector de la construcción “descansa sobre el impulso de la obra pública”.

De Alonsotegi a Zorrotzaurre: el primer eslabón

La apuesta de ASCOBI por estrechar lazos con el PNV comenzó mucho antes de las puertas giratorias abiertas al exjuntero Alex Bidetxea y al exburukide Humberto Perea. Entre 2006 y 2014, la presidencia de la patronal estuvo a cargo de Manu Galíndez, entre 1995 y 2011 miembro de listas electorales del PNV en Alonsotegi, la cuna del lehendakari Iñigo Urkullu. Galíndez, presidente de la junta municipal del PNV en Alonsotegi durante la década de los años 80, es tío de Gabino Martínez de Arenaza, exdirector de Turismo en Bizkaia y exalcalde de Alonsotegi, un municipio que este periódico ya recorrió al seguir la trama de corrupción que salpica al alcalde de Bilbao.

El propio Galíndez llegó a ser gerente de la empresa público-privada Bizkaiko Txintxor Berziklategia, formada por la constructora Pabisa y Garbiker, esta última de capital 100% de la Diputación de Bizkaia. Precisamente Pabisa, dirigida por Galíndez, protagonizó en Alonsotegi un affaire al ser obligada a devolver 165.107 euros al Ayuntamiento tras descubrir el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas que había cobrado dos veces por la misma obra. El encargado de realizar la gestión por parte de Pabisa fue Jon Uribarren, hijo de un exjuntero vizcaíno del PNV. Uribarren trabaja ahora para Campezo, la empresa que preside la Asociación de Constructores de Gipuzkoa.

Por su parte, Campezo lidera la UTE adjudicataria de las obras de construcción de un parque de bomberos en Zorrotzaurre, la zona cero del enriquecimiento con el estímulo de la vivienda protegida en Bilbao. En esta UTE participa Urbhaus Lean Services, donde ejerce de jefe de estudios un hijo del alcalde Juan Mari Aburto. Tras fichar al hijo de Aburto, Urbhaus, de nuevo en UTE con Campezo, también resultó adjudicataria de las “obras de construcción del edificio Pabellón Garabia en Zorrotzaurre”, así como de las “obras de reconstrucción del edificio Pabellón 6”. En los procesos de licitación la UTE sacó ventaja notoria en la puntuación por criterios no cuantificables por fórmulas, lo que le sirvió para ser finalmente la adjudicataria de los tres contratos.

Red clientelar del PSE en el ladrillo

Durante su intervención en la última Asamblea General de la Asociación de empresas de la construcción de Gipuzkoa (ASCONGI), el consejero Denis Itxaso subrayó “la importancia de la colaboración público-privada para avanzar hacia un modelo más accesible, sostenible y adaptado a las necesidades actuales de la ciudadanía”. En torno a esta alianza donde lo público queda subyugado a lo privado no hay que perder de vista las puertas giratorias de personalidades del PSE en el lobby del ladrillo.

Un claro ejemplo es el del grupo constructor Amenabar, miembro de la Asociación de Constructores de Gipuzkoa. En opinión del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, Amenabar “es una máquina de influencia en las políticas de vivienda, urbanismo y ordenación del territorio”. Lo sabe bien el socialista Pedro Marco de la Peña, exviceconsejero del Gobierno Vasco que ahora preside Adif. Antes ocupó varios puestos en Construcciones Amenabar: director técnico entre 1999 y 2007 y director gerente entre 2016 y 2019. En el grupo constructor coincidió con Mónica Pedreira, actualmente directora de Transición Ecológica en la Diputación de Gipuzkoa y directora de Medio Ambiente de Construcciones Amenabar entre 2005 y 2015.

El director gerente de la constructora Amenabar entre 1996 y 2016 fue Ernesto Martínez de Cabredo, nombrado en 2017 por el PSE como alto cargo del Gobierno Vasco y en la actualidad director de Obras Hidráulicas en la Diputación de Gipuzkoa. Martínez de Cabredo había sido socio del propietario del tristemente conocido vertedero de Zaldibar, una máquina de hacer dinero cuyo derrumbe segó dos vidas y cuyos delitos medioambientales aún se investigan en un juzgado de Durango.

Otra personalidad del PSE que perteneció a la junta de accionistas del vertedero de Zaldibar ocupó el puesto de consejero de planificación estratégica entre 2003 y 2017 en la firma Obras Especiales, adherida a la Asociación de Constructores de Gipuzkoa y responsable de la tesorería de ASCOBI. Se trata de Javier Sánchez, secretario de la alcaldía de Eibar entre 1993 y 2006, en la etapa del regidor socialista Iñaki Arriola, consejero de Vivienda del Gobierno Vasco entre 2009 y 2012 y entre 2016 y 2024, y luego recolocado en el consejo de Renfe.

Las dos patronales del ladrillo que se sientan frente al Gobierno Vasco tienen en sus juntas a excargos del PNV y en sus nóminas a excargos del PSE

Sánchez ha ocupado además el puesto de colaborador en desarrollos urbanísticos y compra de terrenos, entre 1998 y 2024, en Iza Obras y Promociones, una constructora a la que el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco ha adjudicado unos 60 millones de euros en contratos desde el año 2010, destacando entre el resto de constructoras contratadas. Esta empresa es una vieja conocida de altos cargos del PSE. Pablo García, director de Vivienda del Gobierno Vasco desde 2017, trabajó en 2014 como arquitecto en al menos un proyecto de 78 apartamentos VPO en Ortuella promovido por Iza Obras y Promociones. El propio reparto de cargos socialistas en el Departamento de Vivienda ya fue documentado por este periódico en 2024.

Puertas giratorias en la patronal guipuzcoana

Las puertas giratorias en el lobby guipuzcoano del ladrillo no terminan ahí. En la Asociación de Constructores de Gipuzkoa figuran dos empresas por las que ficharon personalidades del PNV. Es el caso de Construcciones Moyua, donde trabajaron José Félix Ormazabal, exviceconsejero de Obras Públicas del Gobierno Vasco, y César Fernández de Landa, ahora tercer teniente de alcalde en Gasteiz. Otro caso es el de la constructora Altuna y Uría, cuyo representante, Martín Ascacibar, fue alto cargo del Gobierno Vasco.

Construcciones Sukia, adherida a la Asociación de Constructores de Gipuzkoa y a ASCOBI, está presidida por una prima del exburukide guipuzcoano Xabier Barandiaran, miembro del Euzkadi Buru Batzar del PNV hasta 2025. En el Departamento de Promociones y Urbanismo de la constructora trabajó entre 2003 y 2008 el jelkide Xabier Txurruka, alcalde de Zarautz desde 2015.

Una muestra significativa del modelo de economía circular que practican los jeltzales en Bizkaia y Gipuzkoa la encontramos en una de las vocalías de la junta directiva de ASCOBI, ocupada por el grupo constructor VUSA. El director de gestión de VUSA hasta 2013, el jeltzale José María Ipiña, fue candidato del PNV en Galdakao. Su hijo, Txema Ipiña, dirigió el Clúster Vasco de la Construcción entre 2014 y 2017, y después pasó a ser director de la promotora inmobiliaria Ugaren, entre 2019 y 2024. Ugaren había nombrado gerente a Aitor Kerejeta entre 2017 y 2019, exalcalde de Hondarribia del PNV. En paralelo, VUSA fichó en 2017 a Alejandra Iturrioz, directora de Administración Ambiental del Gobierno Vasco entre 2013 y 2016 y exalcaldesa jeltzale de Ordizia.

Ese es el mapa de la alianza que el Gobierno Vasco quiere sellar. La licitación para incorporar socios al Fondo Social de Vivienda se lanzará en diciembre de 2026 y la primera fase prevé 2.065 viviendas con una inversión estimada de 452 millones de euros en nueve municipios. Quién se sentará a negociar por el lado privado es una patronal que el PNV preside desde 2006, en cuyas empresas asociadas están en nómina excargos de los dos partidos del Gobierno Vasco y que además serán las contratadas para ejecutar las obras.