Opinión
¿Ha llegado el momento de hacer una huelga de compra en los grandes supermercados?

Es muy probable que también os pase. Cuando vamos al supermercado, cada vez compramos menos. No mucho menos, quizá apenas unos productos, pero vamos reduciendo la cantidad de alimentos que metemos en el carro y dejamos de comprar cosas que antes formaban parte de nuestra cesta habitual. Hay estantes por los que antes pasábamos y de los que ahora seguimos de largo. Nos ocurre de uno en uno, en silencio, casi sin darnos cuenta, pero en realidad nos está pasando a millones de personas.

Vemos que los precios de los alimentos han subido, que no paran de subir que no sabemos hasta dónde van a llegar, pero no decimos ni reconocemos lo que dicen los datos. La clase trabajadora tenemos problemas para llenar una cesta de alimentos saludables. Cada vez nos queda más lejos una dieta digna, nos buscamos la vida, no podemos hacer otra cosa que buscar ofertas o cambiar unos alimentos por otros, y sin darnos cuenta nuestra situación alimentaria empeora. Comemos lo que podemos pagar, no necesariamente lo que necesitan nuestras familias.

Los salarios han aumentado muy por debajo de esta subida. Mientras tanto, las grandes cadenas de distribución continúan obteniendo beneficios millonarios

En España, los alimentos y bebidas no alcohólicas son hoy un 36% más caros que hace cinco años. Según los últimos datos de consumo alimentario, más de la mitad de la población ha reducido de manera importante el consumo de carne y pescado, más del 25% ha reducido el de fruta y huevos, así como la verdura y los lácteos que han caído más de un 10% en la cesta de la compra. Los salarios han aumentado muy por debajo de esta subida. Mientras tanto, las grandes cadenas de distribución continúan obteniendo beneficios millonarios.

Creo que ha llegado el momento de salir de nuestra casa y dejar sufrir individualmente como con las almorranas. El derecho a alimentación en nuestro país igual que el derecho a la vivienda ha sido absolutamente conculcado, privatizado y convertido en una mera mercancía.

¿Cómo hemos normalizado una situación que hace apenas unos años habría provocado una enorme alarma social? ¿En qué momento hemos aceptado que comer bien sea cada vez más difícil para quienes trabajan y cobran un salario? ¿Cuándo hemos asumido que la respuesta a una crisis alimentaria consiste en que cada familia se las arregle como pueda, mientras las decisiones fundamentales siguen en manos de un puñado de grandes empresas?

Igual ha llegado el momento de tomarnos esto en serio, de exigir la garantía de lo esencial, exigir la garantía del pan y del techo. Ya sé que puede resultar estrambótico pero porque no utilizar uno de los pocos poderes que nos quedan en la alimentación, el del consumo: ¿por qué no hacer una huelga de compra en los grandes supermercados para exigir una reducción de los precios de los alimentos?

Por qué no organizar durante unos días una acción colectiva de millones de personas que reduzca sus compras en las grandes cadenas de distribución y que, al mismo tiempo, reivindique algo muy concreto: que se topen los márgenes que se generan a lo largo de la cadenas para hacer accesibles los alimentos básicos y saludables.

Desde Justicia Alimentaria hemos planteado recientemente una propuesta que puede servir como punto de partida para esta discusión: 100 alimentos saludables a precio justo. La idea es sencilla. Si las administraciones sanitarias consideran prioritario que la población consuma más frutas, verduras, legumbres y otros alimentos saludables, resulta difícil entender que precisamente esos alimentos sean cada vez más inaccesibles para una parte importante de la población. Por eso, proponemos una cesta estable de alimentos básicos y saludables que pueda encontrarse a precios justos y asequibles, y que esa reducción no recaiga sobre quienes producen los alimentos, sino sobre los márgenes y las posiciones de poder que existen a lo largo de la cadena.

La cuestión de los márgenes es importante porque al mismo tiempo que la inflación alimentaria lleva años inmersa en un escalda que parece no tener límites, los márgenes comerciales alimentarios no dejan de crecer.

Según los últimos datos del Observatorio de márgenes empresariales de la Agencia Tributaria y el Banco de España, la categoría de la que forman parte los supermercados obtuvo facturación y márgenes récord, con subidas que lo sitúan, de media, cerca del 8%. La industria de la alimentación, por su parte, oscila con márgenes entre el 10-11% el año pasado desde hace, al menos, tres años.

Por tanto, cuando hablamos de abaratar la cesta de la compra no podemos limitarnos a a comer menos, buscar ofertas o cambiar de supermercado. También tenemos que preguntarnos qué margen existe para reducir los precios en los distintos eslabones de la cadena y, sobre todo, quién tiene capacidad real para hacerlo.

Una semana en la que millones de personas dejemos de comprar alimentos en las grandes cadenas, que compremos en cambio en mercados municipales, supermercados cooperativos, tiendas de barrio, cooperativas o directamente a productores cuando sea posible

Esta discusión no es exclusiva de España, e incluso ya ha habido experiencias similares en Europa, no se trata de copiarlas, si no se si no somos capaces de utilizar una huelga de compra como una herramienta dentro de una estrategia mucho más amplia de transformación de nuestro sistema alimentario. Una semana en la que millones de personas dejemos de comprar alimentos en las grandes cadenas, que compremos en cambio en mercados municipales, supermercados cooperativos, tiendas de barrio, cooperativas o directamente a productores cuando sea posible y, al mismo tiempo, reclamemos públicamente una reducción de los precios de una cesta concreta de alimentos saludables.

No queremos que la reducción del precio en el supermercado se consiga a costa de quien produce nuestros alimentos

Esa propuesta debería incluir también una condición que es, y es que no queremos que la reducción del precio en el supermercado se consiga a costa de quien produce nuestros alimentos. Ya hemos visto demasiadas veces cómo la presión sobre los precios termina trasladándose hacia el eslabón más débil de la cadena.

Porque si hemos llegado al punto en que una familia tiene que elegir entre comprar alimentos saludables o llegar a final de mes, el problema ya no puede considerarse exclusivamente una cuestión de consumo. Estamos hablando de un problema de salud pública, de desigualdad y, en último término, de derecho a la alimentación.

Por eso, desde Justicia Alimentaria defendemos que la respuesta debe ser mucho más ambiciosa que pedir a las personas que consuman mejor dentro del mercado existente. Necesitamos políticas que garanticen una cesta básica saludable a precios asequibles, mecanismos de transparencia sobre la formación de los precios, medidas para proteger las rentas de quienes producen alimentos y, allí donde el mercado no sea capaz de garantizar el derecho a una alimentación adecuada, nuevas formas de intervención pública. La propuesta de una red pública de supermercados forma parte precisamente de esa misma reflexión: no podemos dejar una cuestión tan esencial como nuestra alimentación exclusivamente en manos de los intereses comerciales.

Quizá por eso merece la pena recuperar aquella vieja idea de que los consumidores tenemos poder. Pero no para convertirla en otra campaña de responsabilidad individual sino para convertirla en una herramienta colectiva. Porque una cosa es que una persona decida no comprar un producto determinado y otra muy diferente que millones de personas decidan simultáneamente no acudir a las grandes cadenas durante una semana para exigir una reducción de los precios de los alimentos básicos.

La alimentación es un derecho. Y si es un derecho, también tenemos derecho a exigir que tenga un precio justo

No sabemos si una acción así conseguiría por sí sola reducir los precios. No resolverá por sí sola el problema, pero puede contribuir a romper la resignación, a poner límites a quienes creen que pueden seguir subiendo los precios sin encontrar una respuesta y, sobre todo, a recuperar la idea de que los derechos se conquistan también mediante la movilización colectiva.

Además, una huelga de compra no debería ser el final de nada. Podría ser, precisamente, el comienzo de una discusión mucho más profunda sobre nuestro sistema alimentario, sobre quién decide cuánto cuesta alimentarnos, cuánto gana cada eslabón de la cadena y qué responsabilidad tienen las empresas y las administraciones públicas para garantizar que comer de manera saludable no sea un privilegio reservado a quienes pueden permitírselo. La alimentación es un derecho. Y si es un derecho, también tenemos derecho a exigir que tenga un precio justo.