Opinión
La sentencia del Supremo que avala a las ETT consolida un modelo agroindustrial basado en la precariedad

Hay sentencias y sentencias. Algunas que ocupan portadas y columnas y que son humo, y hay otras que apenas generan titulares, pero ayudan a definir el país que estamos construyendo. La reciente decisión del Tribunal Supremo que avala que las empresas de trabajo temporal (ETT) puedan contratar en origen a personas extranjeras para ponerlas a disposición de otras empresas pertenece a esta segunda categoría. Habrá quien la considere una cuestión técnica o una discusión sobre la interpretación de la normativa laboral. Pero el verdadero debate está en otro lugar.

La resolución del Supremo anula una de las novedades introducidas en la reforma del Reglamento de Extranjería aprobada por el Gobierno en 2024, que era la prohibición de que las empresas de trabajo temporal participaran en la contratación en origen. Como consecuencia, estas empresas recuperan la posibilidad de reclutar trabajadores y trabajadoras en terceros países para incorporarlos temporalmente al mercado laboral español y ceder posteriormente esa mano de obra a otras empresas.

La pregunta no es si las ETT pueden hacerlo. La pregunta es por qué seguimos ampliando los mecanismos de intermediación precisamente para quienes presentan una mayor vulnerabilidad laboral. Desde hace años, en Justicia Alimentaria venimos documentando cómo la explotación de las personas trabajadoras no es una anomalía del sistema agroalimentario agroexportador, sino que en numerosas ocasiones se convierte en su gran ventaja competitiva. Lo mostramos en informes como El ingrediente secreto y en investigaciones sobre los monocultivos intensivos de exportación: detrás de muchos alimentos baratos hay una presión permanente para reducir costes laborales, aumentar la temporalidad y encontrar mano de obra cada vez más vulnerable. El milagro exportador español ha descansado, en buena medida, sobre un modelo de costes laborales extraordinariamente bajos. Podemos intentar mejorar las condiciones de trabajo de las personas que están atrapadas en él, debemos hacerlo, pero si el modelo depende estructuralmente de mantener costes laborales extremadamente bajos, mejorar sustancialmente las condiciones laborales pone en cuestión su viabilidad económica.

Cuanto menor es la capacidad de una persona para negociar sus condiciones laborales, mayor es la facilidad para imponer jornadas interminables, salarios bajos, disponibilidad absoluta o condiciones de alojamiento indignas

Los grandes monocultivos destinados a abastecer los mercados europeos, la famosa despensa europea, compiten en un contexto cada vez más volátil, competitivo y con otros países y regiones que están comiéndole la tostada a la maquinaria agroexportadora española. La imperiosa necesidad de contener o bajar los costes para mantener los márgenes se sustenta en uno de los pocos inputs que se pueden seguir apretando: la mano de obra. Apenas se puede actuar sobre el coste de las semillas o de los pesticidas y fertilizantes sintéticos, ni con la energía y tampoco hay mucho que hacer con el coste de un invernadero o del plástico. Cuando el precio de venta apenas deja margen, la presión acaba trasladándose al último eslabón de la cadena: las personas que recogen la fruta, la verdura o trabajan en los almacenes. Es en este ese contexto, la vulnerabilidad deja de ser un problema social para convertirse en una ventaja económica.

Cuanto menor es la capacidad de una persona para negociar sus condiciones laborales, mayor es la facilidad para imponer jornadas interminables, salarios bajos, disponibilidad absoluta o condiciones de alojamiento indignas. Las ETT ofrecen un modelo de gestión en las relaciones laborales muy diferente al que se produce mediante el contrato directo entre persona temporera y empresariado. Así, en las contrataciones mediadas por las ETT, son estas las que pagan el salario a las personas que ellas mismas han contratado y son ellas también quienes formalizan las altas o bajas en la Seguridad Social. Las ETT, mediante un contrato de «puesta a disposición», ofrecen esta mano de obra al empresariado hortofrutícola, es decir, se la ceden temporalmente.

El número de personas temporeras atrapadas en la red ETT se ha multiplicado, ya que al empresariado le resulta mucho más cómodo contratar a través de ellas y des- entenderse de todo. De los contratos registrados a personas trabajadoras extranjeras, el 32 % corresponden al sector agrario. En Huelva representa el 89 % de los contratos a personas extranjeras; en Murcia, el 82 %; en Almería, el 62 %; en Lleida, el 51 %. En Murcia, el 80 % de los contratos en el campo se realizan ya a través de ETT. Con frecuencia el resultado final son salarios aún más bajos y aún mayor dificultad para ejercer derechos laborales. Durante años las ETT han sido objeto de numerosas denuncias sindicales, actuaciones de la Inspección de Trabajo, procedimientos judiciales e investigaciones académicas que han alertado de prácticas abusivas y de su contribución a la precarización de determinados sectores.

La existencia de una subestructura entre el empresariado y la mano de obra, en una cadena de subcontrataciones similar a las matrioskas rusas y sus consecuencias son nefastas, ya que la dilución de responsabilidades y la extrema complejización de contratos y formas de relación laboral . Esa intermediación puede difuminar responsabilidades, dificultar la organización sindical, fragmentar las relaciones laborales y hacer más complejo reclamar derechos frente a quien realmente obtiene el beneficio económico del trabajo realizado. Cuanto más larga es la cadena de intermediarios, más difícil resulta identificar quién responde cuando aparecen los abusos.

Lo más importante de estas estrategias de externalización del reclutamiento laboral no es tanto la reducción de costes, que también, sino el incremento del control social

Es más, podríamos decir que lo más importante de estas estrategias de externalización del reclutamiento laboral no es tanto la reducción de costes, que también, sino el incremento del control social que se permite alcanzar en el seno de la relación laboral. Resulta especialmente preocupante que esta lógica se aplique a personas contratadas en origen. Si ya el propio mecanismo actual de contratación en origen debería ponerlos los pelos de punta por las reiteradas denuncias de vulneraciones de derechos laborales y humanos formuladas por organismos internacionales, sindicatos y organizaciones sociales,si, encima, se lo damos a las ETT entonces ya sí que apaga y vámonos.

Quizás no seamos conscientes, por ejemplo, de que cada año se produce entre Marruecos y Huelva uno de los mayores movimientos migratorios de mujeres que podamos imaginar. Durante días y días, ferris repletos de mujeres marroquíes desembarcan en Algeciras procedentes de Tánger. El sector fresero se afana en cantar a los cuatro vientos las bondades de este tipo de contratación y el poco menos que gran favor que están haciendo a estas pobres y desdichadas mujeres encontramos el esquema: población altamente vulnerable, reclutada en sus países mediante procedimientos de contratación que han sido objeto de reiteradas denuncias por parte de organizaciones internacionales y sociales debido a vulneraciones de derechos laborales y humanos, hacen temporada en el nuestro y de vuelta una vez ha generado el beneficio empresarial.

Hablamos de trabajadores y trabajadoras que en muchas ocasiones desconocen el idioma, el funcionamiento de nuestras instituciones o los mecanismos de protección de sus derechos. Es decir, exactamente el perfil que organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo llevan años identificando como especialmente expuesto a la explotación laboral. Y, sin embargo, la respuesta política consiste en reforzar la intermediación privada, ¿Y para qué? ¿para mejorar sus condiciones? ¿O para mejorar la posición de quién contrata?

Por eso combatir la explotación exige algo más que aumentar las inspecciones o endurecer las sanciones. Exige modificar las reglas del juego

Durante demasiado tiempo hemos abordado la explotación laboral como si fuera únicamente un problema de empresarios sin escrúpulos o de redes criminales. Sin duda, esos comportamientos deben perseguirse con toda la contundencia de la ley. Pero sería un error pensar que la explotación empieza ahí, empieza mucho antes. Empieza cuando aceptamos un modelo agrícola basado en la reducción permanente del coste del trabajo. Empieza cuando normalizamos cadenas de subcontratación cada vez más complejas. Empieza cuando la responsabilidad empresarial se diluye entre múltiples actores. Empieza cuando asumimos que determinados sectores solo pueden seguir siendo competitivos si disponen de trabajadores extraordinariamente vulnerables.

Por eso combatir la explotación exige algo más que aumentar las inspecciones o endurecer las sanciones. Exige modificar las reglas del juego. Y una de esas reglas debería ser clara, la contratación de personas especialmente vulnerables no puede convertirse en un negocio para empresas intermediarias. Ya que estamos. estaría bien, que España ratifique de una vez el Convenio 143 sobre trabajadores migrantes (disposiciones complementarias) de 1975, el Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura de 2001 y la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (1990). Que no se haga indica claramente a quien está protegiendo y a quien dejando al pie de los caballos de la explotación laboral.

Por eso ha llegado el momento de abrir un debate no sólo sobre la sentencia, si no sobre algo que hasta ahora parecía intocable y no es otro que la necesidad de excluir a las ETT de la contratación en origen y de aquellos sectores económicos donde la combinación de temporalidad, dependencia administrativa y vulnerabilidad social ha demostrado ser un caldo de cultivo para la explotación. Consecuentemente, también se hace necesario recuperar la exclusividad de la función pública como agencias de colocación y de gestión de los puestos de trabajo temporales.

Esta sentencia es demoledora, toca legislar y legislar bien.