Industria alimentaria
La opacidad en el origen del arroz que comemos

Las continuas entradas de arroz importado por parte del grupo Ebro Foods a través del puerto de Valencia, como las 6 mil toneladas de mayo de 2025, han provocado recurrentes protestas de los/as agricultores/as locales.

Se quejan de la masiva importación de arroz procedente de terceros países, frente a las dificultades que encuentran para dar salida comercial al cultivo local, dado el continuo aumento de los costes de producción en la Comunitat Valenciana que incrementa la diferencia en el precio en origen con los arroces foráneos. Diferencia motivada, fundamentalmente, por la falta de reciprocidad en los acuerdos comerciales suscritos por la Unión Europea con terceros países que fomentan la competencia desleal al no requerir en éstos el cumplimiento de estándares ambientales y de calidad que sí se exigen a los/as agricultores/as europeos/as.

Además, La Unió Llauradora i Ramadera denuncia que marcas tradicionales como Arroz SOS y La Fallera, ambas pertenecientes al grupo Ebro Foods, no especifican en su envasado el origen de su arroz, pudiendo ser éste mayoritariamente foráneo, pese a sus referencias directas e indirectas a la Comunitat Valenciana, tanto a través de la imagen corporativa de ambas marcas, como de los propios envases.

Según explican desde la misma organización agraria, «venden arroz de fuera como si fuera valenciano, indicando en la etiqueta únicamente el distribuidor local y que está envasado en la Comunitat Valenciana e incluso incluyendo fotos identificativas de la Comunitat Valenciana, lo que arruina a los productores locales y engaña a los consumidores».

Con todo, La Unió Llauradora i Ramadera también ha trasladado el malestar de los agricultores/as valencianos/as a los/as dirigentes europeos/as en varias reuniones mantenidas en Bruselas con la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria (DG SANTÉ).

Sin embargo, tal y como explica el nuevo informe del Observatorio de Corporaciones Alimentarias (OCA) de Justicia Alimentaria, si esta práctica se sigue produciendo es por un motivo simple, porque está permitida por la ley..

La brecha legal por donde se cuela un grano de arroz

Por extraño que parezca, etiquetar los envases con el origen específico del arroz es una decisión de carácter voluntario por parte de las empresas. De ahí que muchas marcas, como Arroz SOS y La Fallera, tan solo indiquen la fábrica de envasado o el domicilio del distribuidor.

En este sentido, el pasado el 27 de junio de 2025, el Partido Socialista Europeo hizo llegar a las instancias del Parlamento Europeo una pregunta parlamentaria dirigida a la Comisión con solicitud de respuesta, que finalizaba así: «¿Qué motivo existe para seguir manteniendo el carácter voluntario del etiquetado de origen para el arroz, cuando es ya obligatorio para numerosos productos agrícolas?»

La respuesta del señor Hansen, en nombre de la Comisión Europea, fue la siguiente: «(…) Las autoridades de los Estados miembros son responsables de la aplicación y el cumplimiento del Reglamento (UE) nº. 1169/2011, que establece normas sobre el suministro de información alimentaria a los consumidores, incluida la indicación del país de origen. Aunque la indicación del país de origen es actualmente obligatoria a escala de la Unión para una serie de productos alimenticios, y se han actualizado y armonizado recientemente algunas normas específicas, por ejemplo, las aplicables a la miel, no existen requisitos de etiquetado obligatorios específicos de la Unión para el arroz. Por lo tanto, la indicación del origen del arroz se rige por el régimen general establecido en el Reglamento (UE) nº. 1169/2011, que permite a los Estados miembros adoptar medidas a nivel nacional que exijan menciones obligatorias adicionales en el etiquetado de los productos alimenticios, siempre que estén justificadas por las razones específicamente definidas en el Reglamento. A este respecto, son pertinentes los artículos 26, 39 y 45 del mencionado Reglamento (…)».

Así pues, hay dos vías para acabar con la voluntariedad del etiquetado del origen del arroz, a través de cambios en la legislación europea, o en la local (nacional o autonómica), aunque ninguna de ellas parece que vaya a dar frutos próximamente.

En todo caso, el artículo 26 del mencionado Reglamento (UE) nº. 1169/2011 establece que «la indicación del país de origen o del lugar de procedencia será obligatoria en el caso de que la omisión de esta información pudiera inducir a error al consumidor en cuanto al país de origen o lugar de procedencia reales del alimento, en particular si la información que acompaña al alimento o la etiqueta en su conjunto pudiera dar a entender que el alimento tiene un país de origen o un lugar de procedencia distintos». De acuerdo a ésto, La Unió Llauradora i Ramadera denuncia que Ebro Foods, a través de SOS y La Fallera, está llevando a engaño a los/as consumidores/as, por lo que deberían estar obligados a indicar la procedencia real de su arroz.

Por ello, ponen el foco en que la Conselleria d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca de la Generalitat Valenciana debe realizar las inspecciones sobre la procedencia del arroz y el control de los procesos de envasado en las instalaciones de Ebro Foods. Igualmente, reclaman a la Conselleria d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç que realice una investigación formal ante el incumplimiento normativo en las etiquetas de los paquetes de arroz de ambas marcas por utilizar símbolos valencianos sin incluir el origen.

Además, la cuestión ha protagonizado un encontronazo entre el Gobierno y la Generalitat, ya que desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 aseguran que la Generalitat Valenciana es la única administración autonómica que no reporta información sobre sus labores inspectoras en lo referente a la transparencia, tanto en el etiquetado, como en la exposición de los productos. Así lo confirma el informe de resultados del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria de 2023 y 2024: «en el presente informe se recoge la información proporcionada por los servicios de inspección de las direcciones generales con competencias en consumo de todas las Comunidades Autónomas que conforman el territorio español, a excepción de la Comunitat Valenciana».

Igualmente, FACUA Comunidad Valenciana ha mostrado su preocupación por la ausencia de controles por parte de la Generalitat para verificar si el arroz de las principales marcas de la comunidad autónoma está realmente cultivado en ésta.

De la guerra del arroz a la lucha por la soberanía alimentaria

Según datos del Ministerio de Agricultura, España cuenta con unas 110.000 hectáreas de arroz, concentradas fundamentalmente en Andalucía, Extremadura y la Comunitat Valenciana, con una producción de entre las 700.000 y 800.000 toneladas anuales. Se trata de un cultivo estratégico, no solo por su repercusión económica y su peso en la alimentación, sino por su papel en la gestión de ecosistemas clave como la Albufera o las marismas del Guadalquivir. «Sin embargo, esta base productiva convive con una creciente vulnerabilidad. España importa cantidades significativas de arroz procedente de terceros países que, en determinados años, han superado las 300.000 toneladas, mientras exporta entre 250 y 300.000 toneladas», dice Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria. «Es decir, producimos y al mismo tiempo abrimos la puerta a una competencia que erosiona nuestra propia producción. Esta paradoja se vuelve aún más evidente en el mercado interno: en los arrozales valencianos, la crisis adopta una forma descarnada, con grandes cadenas de distribución utilizando el arroz como producto reclamo, vendiéndolo en los lineales por 1,09 euros el kilo, cuando los costes de producción rondan los 0,70 euros. Toda la presión se traslada hacia los agricultores, que trabajan al límite o directamente por debajo de coste».

Mientras la Unión Europea empieza a reconocer de alguna manera el problema, recuperando cláusulas de salvaguarda, que no dejan ser un parche, avanza en sentido contrario, como con el reciente impulso al acuerdo con Mercosur, continuando con una trayectoria en la que la apertura de nuevos mercados lleva consigo facilitar la entrada de productos agrarios (arroz, carne, frutas y hortalizas) producidos en otros territorios bajo estándares sociales y ambientales más laxos. Como explica el director de Justicia Alimentaria, «no es solo una contradicción técnica, sino una incoherencia política de fondo. Europa ha externalizado parte de su producción, apostado por cadenas largas y complejas, y subordinado su política agraria a equilibrios comerciales internacionales, perdiendo soberanía alimentaria. Las crisis recientes evidencian que esta dependencia es un riesgo real: en contextos de tensión energética, geopolítica o climática, el acceso a alimentos deja de ser abstracto y se convierte en un problema inmediato. La experiencia reciente ha demostrado que, cuando esas tensiones se intensifican, los países exportadores priorizan sus mercados internos y los precios internacionales se disparan, trasladando el coste a los consumidores y poniendo en riesgo el acceso a la alimentación».

Por todo ello, proteger la producción arrocera europea, y en particular española, es una pieza clave para una estrategia de seguridad alimentaria.

Conforme a ello, sería importante establecer reservas estratégicas de alimentos básicos como el arroz. Estas reservas se almacenarían cuando los precios bajan, protegiendo los intereses de los/as agricultores/as al garantizarles un precio mínimo, mientras que el producto se libera en situaciones de escasez, con precios altos, garantizando el abastecimiento y asegurando que la alimentación deje de ser un vector de vulnerabilidad y pase a ser un ámbito de soberanía.

El arroz valenciano, convertido hoy en símbolo de una crisis más amplia, nos muestra que garantizar la producción y el acceso a los alimentos no es solo una cuestión económica, sino política y de derechos. España, y especialmente territorios como Andalucía, Comunitat Valenciana o Extremadura, deberían liderar este debate, no solo por ser zonas productoras, sino como defensa de sus ecosistemas y su patrimonio cultural.

Al fin y al cabo, la cuestión de fondo está en defender la capacidad de nuestras sociedades para decidir sobre su sistema alimentario. Si se deja exclusivamente en manos del mercado global, el resultado será más dependencia y menos soberanía; si se asume la necesidad de intervenir, regular y planificar desde lo público, será posible construir un sistema más justo y resiliente.