Análisis
Tierra abandonada, tierra concentrada: dos caras de la misma crisis

España atraviesa una crisis silenciosa que recorre uno de sus pilares más esenciales, la agricultura familiar. Este modelo, que sostiene gran parte de la diversidad productiva rural, se encuentra al borde del colapso por una combinación letal de envejecimiento, falta de relevo generacional y ausencia de políticas estructurales que reconozcan tanto su valor social como económico.

La edad media de las personas agricultoras en España es de 62 años. Un 70% de los hoy en activo estarán jubilados o en edad de hacerlo en una década. Solamente el 9% de las personas titulares de explotación tiene menos de 41 años y un paupérrimo 8% de las personas beneficiarias de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) son jóvenes. Además, dentro del grupo de jóvenes, de las llamadas jefes y jefas de explotación, solamente el 23% son mujeres.

Mientras la agricultura familiar se apaga, en los últimos diez años se han perdido casi 2 millones de hectáreas de tierras de cultivo, que han pasado fundamentalmente a usos forestales o a la gran bolsa de las tierras abandonadas

Como vemos, esta realidad no es una alarma dispersa: es un tsunami demográfico. La agricultura familiar española depende de manos que se acercan a la jubilación, con escaso o nulo relevo generacional. La amenaza del vaciamiento agrario no afecta solo a la producción agrícola, sino también la misma existencia de la vida rural tal y como la conocemos.

Mientras la agricultura familiar se apaga, en los últimos diez años se han perdido casi 2 millones de hectáreas de tierras de cultivo, que han pasado fundamentalmente a usos forestales o a la gran bolsa de las tierras abandonadas. Hoy, en España, tenemos 2,32 millones de hectáreas de superficie agrícola abandonas y sin aprovechamiento, una cifra que según los últimos análisis podría ser incluso mayor.

Nos encontramos inmersos en la siguiente paradoja: al mismo tiempo que miles de jóvenes quieren incorporarse a la agricultura y descubren que el mayor obstáculo no es la falta de vocación ni de formación, sino la imposibilidad de acceder a una tierra donde desarrollar su proyecto de vida, tenemos millones de hectáreas literalmente llenándose de zarzas. Además, junto a ese proceso de abandono, se produce otro diametralmente opuesto, la concentración de tierras, de las mejores tierras, las que tienen agua, en grandes propietarios y últimamente en manos de grandes fondos de inversión.

No estamos, por tanto, ante una simple crisis demográfica. Estamos ante una transformación profunda de la estructura agraria española. Tierra que se abandona y tierra que se concentra. No toda la tierra vale lo mismo, no es igual una hectárea de secano en una zona marginal que una hectárea fértil con acceso garantizado al agua. Y es precisamente aquí donde debemos mirar con más atención. En 2024 España tenía 3,73 millones de hectáreas regadas. Aunque el regadío representa alrededor del 23 % de la tierra cultivada, genera aproximadamente el 65 % del valor de la producción vegetal.

Hemos permitido que uno de los bienes más estratégicos para cualquier sociedad, la tierra fértil, se esté abandonando a un ritmo del todo inasumible, a la par que permitimos la concentración de la mejor en grandes propietario

Estamos ante un profundo fracaso de las políticas públicas. Hemos permitido que uno de los bienes más estratégicos para cualquier sociedad, la tierra fértil, se esté abandonando a un ritmo del todo inasumible, a la par que permitimos la concentración de la mejor en grandes propietarios. Estamos olvidando que la tierra fértil no es un recurso cualquiera, sobre ella descansan cuestiones tan esenciales como la alimentación, la gestión del territorio, la biodiversidad, el empleo rural, la vida en los territorios o la resiliencia frente al cambio climático.

Hemos dado por bueno que en tiempos de sequía y crisis climática, una inversión pública en regadío aumenta el valor de una finca, el valor se quede en manos privadas. Si una infraestructura financiada con recursos públicos convierte determinadas tierras en activos agrícolas extraordinariamente rentables, no podemos aceptar sin más que el beneficio termine exclusivamente en manos de quien tenga suficiente capital para adquirir esas tierras. El agua es un recurso público. Y la tierra que recibe el beneficio de una infraestructura pública debería estar sometida a criterios que garanticen también una función social, ¿no creen?

La política de tierra y la política de agua no pueden seguir funcionando como compartimentos estancos. Cada vez que las administraciones hablan del relevo generacional suelen poner el foco en las ayudas a la incorporación, en la formación o en la modernización tecnológica. Todo ello es necesario, pero insuficiente. Ningún joven podrá construir un proyecto agrícola si antes no tiene acceso a una explotación viable. Podemos seguir financiando programas de emprendimiento rural, pero mientras el acceso a la tierra y el agua continúe siendo el principal cuello de botella estaremos condenando esas políticas al fracaso.

Cada explotación que mantiene actividad contribuye a fijar población, conservar el paisaje, prevenir incendios, proteger suelos, mantener corredores ecológicos, preservar variedades tradicionales y sostener economías locales

La situación resulta aún más preocupante si entendemos que la agricultura del siglo XXI ya no solo produce alimentos. Produce también bienes públicos. Cada explotación que mantiene actividad contribuye a fijar población, conservar el paisaje, prevenir incendios, proteger suelos, mantener corredores ecológicos, preservar variedades tradicionales y sostener economías locales que difícilmente pueden ser sustituidas por otras actividades. La gestión agraria constituye, en realidad, una de las principales políticas ambientales y territoriales de las que dispone cualquier país, aunque pocas veces se reconozca como tal.

Por eso resulta difícil entender que la sociedad acepte con naturalidad que un recurso tan estratégico pueda permanecer en el actual estado, sin embargo, cuando hablamos de tierra agrícola seguimos actuando como si su abandono y concentración fuera exclusivamente un asunto privado sin más.

Vamos a tener un pequeño grupo de corporaciones controlando enormes extensiones agrícolas hipermecanizadas y automatizadas, al lado de millones de hectáreas abandonadas. El resultado de los dos escenarios es el mismo: nadie en el campo.

¿Estamos seguros que queremos asumir esta distopía? Porque si la respuesta es que no, entonces hay que hacer algo y la respuesta parece bastante evidente: la creación de bancos públicos de tierra ponerlas a disposición preferente de jóvenes, mujeres y nuevos profesionales.

Esta propuesta podría concretarse en una Ley de Función Social de la Tierra Agraria, cuyo principal instrumento sería la creación de este Banco Público de Tierras, capaz de identificar parcelas abandonadas o infrautilizadas, favorecer su incorporación voluntaria al mercado de arrendamiento y facilitar el acceso prioritario a jóvenes agricultores, cooperativas, iniciativas agroecológicas y proyectos orientados a abastecer mercados locales. En aquellos casos de abandono prolongado e injustificado, y siempre con todas las garantías jurídicas y la correspondiente compensación cuando procediera, deberían contemplarse mecanismos de cesión temporal obligatoria del uso para asegurar que esas tierras vuelvan a cumplir una función social.

Además, debe ponerse en marcha una política específica para las tierras de regadío, de manera que las inversiones y recursos públicos no terminen favoreciendo exclusivamente la concentración agraria sino que prioricen a agricultores profesionales, jóvenes, cooperativas y agricultura familiar, vaya recuperar tierras y agua.

La propia Constitución española avala esta respuesta. El derecho de propiedad está plenamente reconocido, pero también establece que su contenido viene delimitado por la función social que debe cumplir. Ese principio inspira buena parte de nuestro ordenamiento jurídico. Los propietarios de edificios tienen obligaciones de conservación, los montes privados están sometidos a limitaciones por razones ambientales y los bienes de interés cultural no pueden abandonarse libremente. No se trata de cuestionar la propiedad privada, sino de reconocer que determinados bienes poseen una relevancia colectiva que justifica la existencia de obligaciones vinculadas al interés general, y más en momentos de emergencia como los que estamos viviendo.

La tierra es el soporte de nuestra alimentación, de nuestros pueblos y de nuestra democracia. Y aquello que resulta imprescindible para el bien común no puede quedar abandonado a su suerte

Europa habla cada vez con mayor frecuencia de autonomía estratégica frente a las crisis internacionales. Sin embargo, pocas decisiones serían tan estratégicas como garantizar que la tierra fértil permanezca al servicio de la sociedad y no de la especulación, en manos de fondos de inversión extranjeros, o de la inercia o el abandono. Porque un país que pierde agricultores no solo pierde producción; pierde cultura, paisaje, biodiversidad, cohesión territorial y capacidad para decidir sobre su propio futuro.

Quizá haya llegado el momento de dejar de preguntarnos quién es el propietario de la tierra y el agua, y cuál es la responsabilidad colectiva que tenemos sobre ella. Porque la tierra es el soporte de nuestra alimentación, de nuestros pueblos y de nuestra democracia. Y aquello que resulta imprescindible para el bien común no puede quedar abandonado a su suerte.