Medio ambiente
Una sentencia imputa a los consultores que contrató Verter Recycling para ocultar el inminente derrumbe de Zaldibar

El Juzgado de Instrucción número 1 de Durango dictamina que el informe de los geólogos de Lurtek Consultores remitidos al Gobierno Vasco fue modificado hasta en tres ocasiones, siempre al alza, para negar los efectos negativos de la explotación del vertedero por parte de la empresa, quien alcanzó un beneficio neto de 3,8 millones dos meses antes del derrumbe.
Zaldibar cartel vertedero
Carteles contra el vertedero de Zaldibar. Álvaro Minguito

Autor de 'La Ertzaintza que viene'
@Ahoztar1972

3 jun 2022 05:12

Las consultoras vascas vuelven al foco público, en este caso debido a su responsabilidad en uno de los grandes escándalos medioambientales recientes. Una sentencia del Juzgado de Instrucción número 1 de Durango ha culpado a Verter Recycling, la empresa gestora del vertedero de Zaldibar, del accidente que se saldó con la muerte de dos personas. 

Si bien aún no se ha dictaminado si pudo haber delito contra el medioambiente, la institución judicial por este asunto acaba de decretar la imputación de dos geólogos de la empresa Lurtek Consultores. Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Hordago-El Salto, esta consultora fue contratada para realizar varios estudios en torno a la estabilidad del vertedero, los cuales debía entregar al Gobierno Vasco periódicamente.

En un estudio entregado el 21 de enero, la consultora negó que existieran problemas de “estabilidad, existencia de grietas o fisuras en la instalación”. De hecho, el informe de la empresa Lurtek afirma que “se puede concluir por lo tanto que el vertedero es estable con la configuración actual, desde el punto de vista global, tanto frente a roturas circulares, como a roturas de bloque por el plano de debilidad que constituye el conformado de base”. Ahora bien, tan solo diecisiete días más tarde el vertedero se deslizó colina abajo y sepultó a los dos trabajadores.

La sentencia se basa en un informe encargado a geólogos catalanes y cántabros para desmentir a Lurtek señalando que el factor de seguridad que mide la estabilidad del vertedero fue disminuyendo desde el año 2014 en adelante. Así, cuatro años más tarde, el riesgo era de 1,07, un valor cercano al que “infiere la rotura del vertedero”. La citada sentencia señala que disminuyó constantemente esta cifra hasta alcanzar el punto crítico de 1,02 en 2019, dos meses antes del derrumbe. El proyecto del vertedero, modificado en 2007, señalaba en uno de sus anexos que el valor de factor de seguridad sería de 1,30.

El informe de Lurtek Consultores fue modificado en varias ocasiones. En el concepto “vertedero lleno capas con plataforma”, el valor del factor de seguridad se modificó de 1,3 en su primera versión a 1,5  en la que finalmente se entregó y en el concepto “vertedero lleno plataforma bloque” se modificó de 1,4 a 1,6, cambios siempre al alza que maquillaban la gravedad de la situación. Un hecho que se infería en la instrucción judicial previa a la sentencia, cuando la Ertzaintza sembró sospechas sobre los resultados de las nuevas versiones de la consultora.

Por último, la sentencia se refiere a un “delito contra la seguridad en el trabajo”, por el que el propietario, la gerente y el director técnico han sido condenados a un año de prisión y ocho meses de multa a razón de 10 euros de cuota diaria. No obstante, el acuerdo extrajudicial alcanzado a principios de septiembre del 2021 entre los responsables de Verter Recycling y las familias de los dos fallecidos asciende a cerca de tres millones de euros. De este modo, los condenados evitan ingresar en prisión. Este acuerdo trascendió a los medios en septiembre del año pasado, pero hasta ahora no se conocían las cifras.

Pese a ello, a finales de septiembre del 2021, los responsables de Verter Recycling se opusieron infructuosamente a la fianza de cinco millones de euros dictada por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Durango.

Medio ambiente
El Gobierno vasco sabía que el vertedero de Zaldibar incumplía la normativa

La revista Argia ha publicado esta investigación en la que, con la ayuda de un experto, cruzan los datos que publicó el Gobierno vasco sobre los vertidos en Zaldibar en 2018 con la autorización medioambiental vigente. Solo en 2018 acumularon 64.500 toneladas de residuos no autorizados.

Dudas sobre los informes de seguridad

El documento que ha servido como base para la imputación es un informe de la Ertzaintza donde siembra dudas sobre la credibilidad de los estudios de seguridad del vertedero presentados por la empresa al Gobierno Vasco. “Los errores detectados en el informe de Lurtek permiten afirmar que el cálculo realizado no es correcto, y, por ende, tampoco las conclusiones derivadas del mismo”. Además, añade este segundo documento al que ha tenido acceso Hordago-El Salto, “Verter no informó al órgano ambiental sobre la existencia de este informe y de sus resultados hasta finales del mes de enero de 2020, días antes del colapso del vertedero”.

Según el documento del cuerpo policial realizado durante la instrucción del caso, los responsables de Verter Recycling declinaron contratar un servicio de control para garantizar la estabilidad del vertedero. Es más, el informe policial advertía que, si bien el plan de vigilancia ambiental de la empresa gestora de Zaldibar no contemplaba esta actividad, en abril del 2018 contrataron un estudio de estabilidad que resultó “desfavorable”, “no superando la mayoría de los factores de seguridad” analizados por la consultora medioambiental.

En opinión de la Ertzaintza, en aquel año la situación del vertedero era similar al “escenario presente en el momento del siniestro”, el 6 de febrero del 2020. Nada impidió, sin embargo, que el vertedero continuara con su frenético crecimiento y siguiera aumentando el volumen de residuos anuales tratados. A este respecto, la Ertzaintza dudaba también de la credibilidad de los informes, por la reiterativa modificación de los datos, sobre la seguridad del vertedero que Verter Recycling entregaba al Gobierno Vasco.

Por otra parte, un informe de la Ertzaintza, al que también ha tenido acceso Hordago-El Salto, señala que parte de la actividad constructiva del vertedero en los días previos al derrumbe no estaba comunicada al Gobierno Vasco. El documento recoge que Verter Recycling incumplió el ordenamiento urbanístico ocupando nuevos terrenos durante las obras de ampliación del vertedero con el objetivo de seguir incrementando el volumen de recogida de residuos. El informe policial no señala qué medidas tomó el Ayuntamiento de Zaldibar para responder a este incumplimiento. 

Por último, el informe indica que “cerca del 50% del volumen admitido por el vertedero se produjo entre los años 2017 y 2019, un aumento considerable respecto a los anteriores ejercicios”. Una frenética actividad de “entre 25 y 30 camiones cada hora” y descargando en ocasiones material, “cuyas características no se corresponden con los residuos autorizados.”

De fondo, beneficio corporativo

Por estos motivos, el vertedero estaba a punto de agotar su vida útil 27 años antes del tiempo estimado. Como ya publicó Hordago-El Salto, Verter Recycling aumentó su beneficio en más de un millón de euros dos meses antes del derrumbe del vertedero. La auditoría interna de la empresa que gestiona el vertedero de Zaldibar, fechada en diciembre del 2020, muestra que Verter Recycling 2002 SL alcanzó un beneficio neto de 3,8 millones dos meses antes del derrumbe. A lo largo de su actividad, entre 2012 y diciembre del 2019, la empresa superó los 15,13 millones de euros en beneficio neto.

Por otro lado, en el balance del 2019, se muestra que la empresa había aprovisionado 9.481.892 euros para la futura rehabilitación del vertedero antes de que se produjera el derrumbe y reconocía la sobreexplotación de su vida útil. Aunque la propia auditoría advierte de que la empresa “no dispone de un estudio que le permita cuantificar de forma objetiva dicho importe y, en consecuencia, no hemos podido verificar la razonabilidad de dicho importe”.

Verter negó el derrumbe

Al mismo tiempo, la sentencia del Juzgado de Durango muestra diferentes intercambios de correo electrónico sobre cómo la empresa Verter hizo caso omiso de las advertencias durante los días previos al derrumbe. A las 09:33 del 6 de febrero del 2020, el técnico de la empresa encargada de la vigilancia ambiental del vertedero envió un email al director técnico del vertedero, sobrino de un exdiputado del PNV que preside una gran empresa de reciclaje de residuos, informando de la grave situación de la estabilidad del vertedero. A las 11:00, el técnico llamó por teléfono al director del vertedero y este reenvió el email al propietario y a la gerente del vertedero a las 11:19. Horas después, sobre las 16:00 del 6 de febrero del 2020, el suelo del vertedero comenzó a moverse, se abrieron numerosas grietas en el terreno y gran parte de la masa de tierra y residuos que formaban el vertedero comenzó a deslizarse ladera abajo, provocando el derrumbamiento.

A este respecto, la sentencia del Juzgado de Durango subraya que Verter Recycling tenía información de varias fuentes sobre la gravedad de los desplazamientos de tierra y las grietas, pero hizo caso omiso de las advertencias. El 5 de febrero, un técnico de una empresa de topografía advirtió a los responsables del vertedero sobre las grandes diferencias en la lectura de las coordenadas en torno al desplazamiento de la masa de los residuos entre las mediaciones realizadas en el periodo del 31 de diciembre del 2019 y el 5 de febrero del 2020.

Además, Verter Recycling había sido advertida por la empresa contratada para su vigilancia ambiental de “un desplazamiento anormal” ocurrido a lo largo del mes de enero del 2020. Esta información, fechada el 5 de febrero, un día antes del derrumbe, recalca que no se podía “descartar ningún escenario”, y añadía que “en vista de la magnitud del movimiento”, en ese “periodo corto de tiempo”, era recomendable “paralizar los trabajos de excavación” y “no verter nuevos residuos” que pudieran “generar más tensiones de las ya existentes”. En el momento del derrumbe varios camiones estaban depositando residuos en el vertedero.

Un día antes, el 4 de febrero, Joaquín Beltrán, uno de los dos trabajadores fallecidos, ya había avisado a los responsables de la existencia de grietas y desplazamientos en el vertedero. Cuando Beltrán alertó de las grietas y desplazamientos, el director técnico comentó que no era capaz de ver la diferencia porque no tenía referencias. Entonces, el director técnico “colocó unos restos de asfaltos” para que sirvieran de “testigo” para controlar la evolución de la grieta.

Según un documento del organismo estatal Cedex, aportado a la instrucción judicial y publicado por Berria, en los días previos al desplome de una instalación construida en la ladera de la montaña se habían detectado movimientos de entre 2,2 y 3,5 metros cuando lo ordinario son desplazamientos de entre 0,1 y 0,3 en el año. Además, desde 2018 se detectaron ya deslizamientos en direcciones no habituales a las normales en una ladera (asentamientos de arriba abajo).

Euskal Herria
Gobierno vasco revela que al vertedero de Zaldibar solo le quedaban tres años de vida

A petición de la oposición, el lehendakari Iñigo Urkullu ha realizado una comparecencia parlamentaria en la que ha defendido la “responsabilidad subsidiaria” del Gobierno vasco, frente a la empresa gestora del vertedero de Zaldibar, cerrando filas sobre su gestión en el accidente ambiental más grave de la década.

El derrumbe del vertedero de Zaldibar pudo costar la vida a más personas. La sentencia recoge que cinco trabajadores que se encontraban en las zonas menos afectadas quedaron aislados al derrumbarse el vertedero y desaparecer el resto del terreno a su alrededor. Otros dos trabajadores lograron ponerse a salvo saliendo a la zona de monte contigua y otro trabajador comenzó a deslizarse ladera abajo en el interior de su retroexcavadora hasta que en un momento dado pudo saltar de la máquina. Sin embargo, la sentencia no señala que la pericia de un conductor de Bizkaibus, que circulaba por el lugar, también sirvió para evitar una tragedia mayor cuando los residuos desplomados alcanzaron la variante de Ermua. En cambio, un informe de la Ertzaintza recoge el testimonio de algunos camioneros que estaban descargando residuos en el vertedero y también sortearon el derrumbe.

Por su parte, el Gobierno Vasco ha reclamado a Verter Recycling 28,7 millones de euros por distintos trabajos realizados tras el derrumbe y le ha concedido un periodo voluntario para el pago de dicha deuda. Sin embargo, Verter Recycling, ahora en liquidación, no solamente no ha abonado los gastos ocasionados por el derrumbe del vertedero en 2020 sino que recurrió para no tener que hacer frente a la factura. Por ello, el Gobierno Vasco se ha visto obligado proceder la “vía de apremio” para que le devuelva los 28,7 millones.

No obstante, el Ejecutivo ha omitido facilitar información sobre el riesgo que asumió al conceder un crédito de 500.000 euros a Verter Recycling en 2009 en concepto de ayudas a la financiación de empresas de nueva creación y tampoco ofrece explicaciones sobre la existencia de una ayuda a la empresa gestor del vertedero que fue concedida por la Consejería de Medio Ambiente en 2014 en materia de protección al medio ambiente.

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