València
Un año buscando verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dana

Las navidades del pasado año fueron especialmente duras en los municipios de L’Horta Sud valenciana. Además de los restos de fango y las carencias materiales, muchas familias tuvieron que lidiar con las ausencias que ya nunca volverán. Ese dolor seguramente no ha sanado aún en estas recientes fiestas. Pero tal vez no se haya agrandado como sucedió en las pasadas, al comprobar como desde la presidencia de la Generalitat se emprendía una huida hacia delante discursiva, en la que Mazón trató de anteponer su supervivencia política a la tenacidad de los hechos relativos a la gestión en las horas más críticas de aquel 29 de octubre. Lo que ha sido una constante hasta su salida.

Una actitud que no ha abandonado aún su partido. Alberto Nuñez Feijóo ha aprovechado la nochebuena de este año para enviar a la jueza los mensajes que recibió de Mazón el día de los hechos, que vienen a destapar varias falsedades. Entre otras, que el president ya sabía que había personas fallecidas antes de que se acabase el día, pese a que haya dicho lo contrario en múltiples ocasiones, entre ellas en sede parlamentaria en la comisión de investigación, y que además, sí pudo contactar esa misma noche con el gobierno, que le envió la ayuda que solicitó, algo que ha negado y afeado al ejecutivo.

Las propias asociaciones de víctimas han criticado al líder estatal del PP el gesto de aprovechar la sordina de la celebración para enviar al juzgado la documentación requerida

También ha desvelado otra mentira del propio Feijóo, quién dijo haber sido informado “en tiempo real” por un Mazón que hasta el filo de las ocho de la tarde no le reportó ninguna información. Hoy sabemos que hasta ese momento, el president estuvo en una larga sobremesa y ausente de sus responsabilidades. Pero durante meses mantuvo que se encontraba trabajando en el Palau hasta que se desplazó al CECOPI.

Las propias asociaciones de víctimas han criticado al líder estatal del PP el gesto de aprovechar la sordina de la celebración para enviar al juzgado la documentación requerida, y han afirmado que continúan sintiéndose maltratadas por su organización. El ex presidente de la Xunta de Galiza, además, no ha entregado lo que le dijo él a Mazón, y ha solicitado declarar de forma telemática el próximo 9 de enero.

La primera victoria de las víctimas, la salida de Mazón

La movilización constante, con una convocatoria mensual que ha sido multitudinaria en prácticamente todas las ocasiones, ha acabado teniendo su efecto político con la salida de Mazón. El clamor para pedir su dimisión, y también que pague judicialmente su negligencia, han sido una constante en este año de la sociedad valenciana, incluso con una convocatoria de huelga. En los meses posteriores a la tragedia, el ya ex president ha vivido en una especie de burbuja, tratando de evitar su exposición ante el público en general —y siendo reprendido y abucheado cuando no ha podido evitarlo—, rodeándose de fieles en actos de partido, en los que incluso, se permitía presentarse como una víctima más de la tragedia.

El propio Feijóo, que ahora parece repudiarle, celebró dos actos de partido con los líderes autonómicos (el último, precisamente, coincidió con otra alerta metereológica en el País Valencià) en los que Mazón recibió elogios. “Estáis haciendo un gran trabajo, eres el único que está dando la cara”, le dijo un sonriente Feijóo en enero.

Algo que envalentonó a Mazón, que con ese respaldo, ha mantenido una actitud desafiante, tratando de extender versiones alternativas de los hechos a través de medios de comunicación afines, bien regados de propaganda institucional por la Generalitat. Uno de los hitos de esta estrategia fue cuando difundió un audio, que se demostró cortado y por tanto, manipulado, que respaldaba su teoría del apagón informativo de los organismos estatales, en concreto de la AEMET.

Pero lo más relevante para su caída, sin duda, ha sido ignorar institucionalmente por completo a las asociaciones de víctimas mientras que decía respetarlas. Esa circunstancia desató que llegase al funeral de estado en el aniversario sin saber que iba a ser su funeral político. No obstante, el principio del precipicio hay que situarlo a principios de septiembre. Su comensal en El Ventorro, la periodista Maribel Vilaplana, decidió romper su silencio mediático y remitió una carta en la que, aparentemente, parecía ayudarle en su coartada.

Mazón no ha conseguido que su famosa sobremesa salga de la conversación pública, hasta el punto que finalmente y tras haberse negado en mayo, la jueza decidiera llamar a declarar a Vilaplana

La consecuencia, seguramente inesperada tanto para ella como para el ex jefe del Consell, fue que se pusiera en el foco de la investigación judicial, y aflorasen las contradicciones y agujeros de la tarde del president. Mazón no ha conseguido que su famosa sobremesa salga de la conversación pública, hasta el punto que finalmente y tras haberse negado en mayo, la jueza decidiera llamar a declarar a Vilaplana, por si hubiera escuchado alguna de las conversaciones telefónicas que realizó durante el ágape.

Lo hizo con el respaldo de la Audiencia Provincial, que ampara esa decisión en las pesquisas para esclarecer cómo operó la cadena de mando. Hasta en dos ocasiones ha invitado en sus autos a Carlos Mazón a que acuda a declarar a sede judicial de forma voluntaria. Algo que el ex president no ha aceptado, mientras que cínicamente aseguraba su máxima disposición a colaborar con la instrucción.

La instrucción judicial como elemento de reparación

La búsqueda de justicia y reparación por parte de las víctimas ha encontrado en la instrucción de la causa un pequeño bálsamo. La jueza Nuria Ruiz Tobarra, que abrió el caso de oficio el mismo 30 de octubre del 2024, está llevando a cabo una compleja investigación en la que ha tomado declaración a casi 400 personas, la mayoría de ellas, familiares de las víctimas.

La jueza trata de esclarecer si se pudieron evitar los 229 fallecimientos y, de haber sido posible, por qué no se hizo y quiénes son los responsables. En sus autos ha mostrado una claridad meridiana a la hora de analizar los hechos, llegando a calificar lo sucedido aquel 29 de octubre como un “infierno real de destrucción, muerte y finalmente oscuridad”.

Ruiz Tobarra ha dejado claro en varios autos a lo largo del año que la investigación penal se ciñe a los fallecimientos y a las lesiones. Ha descartado la investigación de los presuntos delitos de daños imprudentes, prevaricación omisiva y omisión del deber de socorro. Solo investiga los delitos de homicidio imprudente y lesiones imprudentes. Algo que ha justificado con que esos daños materiales “no se podían evitar”, pero “las muertes sí”.

La primera parte de la instrucción consistió en tratar de reconstruir, una a una, las circunstancias de cada muerte, escuchando el testimonio de los allegados de las víctimas. Tras haber documentado caso a caso, en un sumario que será sin duda un documento histórico para quién en el futuro quiera conocer la magnitud de la tragedia, Ruiz Tobarra cambió el tercio en marzo con las primeras y hasta ahora únicas imputaciones de la causa. En un auto demoledor, en el que puso el foco en el envío del famoso ES-Alert, que calificó sin paliativos de “erróneo y tardío”, empezó sus pesquisas para averiguar quién componía ese día el CECOPI, cuáles fueron sus comunicaciones y, en definitiva, como funcionó la toma de decisiones. Cuando se mandó el ES-Alert, la mayoría de las 229 víctimas ya habían fallecido.

Su principal hipótesis de trabajo es precisamente esa negligencia en los avisos a la población. En otro de los autos emitido en febrero, Ruiz Tobarra señala que “las víctimas desconocían que corrían un altísimo riesgo por usar su coche, bajar al garaje, estar en la vía pública o incluso por el simple hecho de permanecer en su domicilio en planta baja. Víctimas que perecieron de forma terrible”.

Tras esa fase de escucha hacia las víctimas, y tras analizar la legislación autonómica y estatal, Ruiz Tobarra acreditó en ese mismo auto que la dirección de la emergencia correspondía a la autoridad autonómica y que, por tanto, los dos máximos responsables en ese momento, pasaban a ser los investigados. El 10 de marzo tomó la decisión de imputar a Salomé Pradas y a Santiago Argüeso, consellera el día de la dana responsable de emergencias, y el secretario autonómico del ramo, respectivamente. La jueza quiere aclarar porqué no se vigilaron las ramblas y los barrancos con suficiente diligencia ese día, una responsabilidad que ha quedado acreditada ser competencia de la Generalitat.

La instructora ha ido construyendo con las diferentes pesquisas realizadas una acusación muy sólida, que sitúa en el centro de la responsabilidad a Pradas y a Argüeso, quiénes ha acusado de mostrar una “manifiesta pasividad y una grosera negligencia”. La jueza además ha ido rechazando los intentos de las defensas de ambos para el archivo de la causa.

El principal motivo que han alegado las defensas es que no se pudieron tomar decisiones porque faltó información, la misma hipótesis, del apagón informativo, que ha ido paseando el PP en general y Mazón en particular. Según la magistrada que los máximos responsables de las emergencias aleguen eso es “tan absurdo como defender que un juez de violencia de género no sabe que se puede adoptar una orden de protección, o que un controlador aéreo no sepa leer la pantalla del radar”.

Ruiz Tobarra calificó un informe de la Guardia Civil como “erróneo en sus apreciaciones” y, además, acusó a la Policía Judicial de realizar una investigación paralela que no había sido pedida

Otro de los hitos del año de instrucción fue la reacción de la jueza al informe que le remitió la Guardia Civil en julio, que venía a aportar versiones alternativas ya desmentidas por la instrucción. Llegó a afirmar en un auto que dicho informe es “erróneo en sus apreciaciones” y, además, acusó a la Policía Judicial de realizar una investigación paralela que no había sido pedida y para la que además no tiene competencias, ya que el análisis de las negligencias es “exclusivamente jurisdiccional”.

Las contradicciones y falsedades de Pradas acreditadas en la instrucción

La última aparición televisiva de Salomé Pradas en Salvados ha servido para que ponga en circulación varias falsedades que han quedado acreditadas en la instrucción. Afirmaciones como que no sabía nada de lo que estaba sucediendo en el barranco del Poyo hasta bien entrada la tarde, cuando existen imágenes de ella misma apuntando en su libreta, a mediodía, una referencia al riesgo en ese caudal. Y una alerta hidrológica emitida por su propia conselleria a las 12:30 del mediodía sobre esa rambla.

La ex consellera volvió a repetir que no existe un protocolo para el envío del sms a la población, algo que en la instrucción ha quedado acreditado, ya que existe desde el 2022 y la propia Conselleria que ella dirige tenía constancia. Sobre este mensaje, aseguró también en la citada entrevista no haber oído hablar hasta las siete de la tarde. En uno de los videos que han ido aflorando, en concreto un recurso que Àpunt no facilitó a la causa hasta la filtración del mismo en RTVE, se puede observar a Pradas escuchando a Jorge Suárez, director general de Emergencias, explicar a las 17 de la tarde, la posibilidad de hacer uso de ese recurso.

También volvió a decir que el sms estaba motivado por la alerta de posible colapso de la presa de Forata. En uno de sus autos, la jueza es tajante y se pronuncia sobre esto de la siguiente forma: “Afirmar que se envió como consecuencia de una eventual rotura de la presa de Forata, llegándose a fijar incluso una hora concreta en la que la presa colapsaría, no solo es un bulo, sino que sería igualmente absurda su remisión con el contenido ya conocido”.

Pradas, que afirmó en su comparecencia como investigada “no tener ni idea de emergencias”, ha mantenido una línea bastante coherente con la estrategia discursiva de Mazón y del resto del PP valenciano. Pero precisamente, a raíz de esa entrevista, la jueza le requirió que aportase los mensajes de Whatsapp intercambiados tanto con el president como con sus colaboradores más cercanos.

Y es ahí donde supimos que el jefe de gabinete de Mazón, Juan Manuel Cuenca, sí le proporcionó indicaciones sobre el sms, incluso llegó a decirle “Salo, de confinar nada”, cuando esta le avisó que se iba a enviar. La jueza ha tomado nota, y ha exigido un careo presencial entre ambos, aún sin fecha. Lo hace tras la declaración como testigo de Cuenca, que dio un sentido “claramente distinto” al contenido de esos mensajes, y lo justifica en que ha de tenerse en cuenta que la versión de los hechos que proporciona la investigada “no puede ser una amalgama entre la declaración judicial, en la que contestó exclusivamente a las preguntas de su letrado, unas declaraciones públicas, sin asistencia letrada, y ya más recientemente la declaración en una comisión de investigación en la que osciló entre declarar o no, pese a que se acogió inicialmente a su derecho a no declarar”.

Durante su declaración en sede judicial, Pradas intentó eludir la responsabilidad repartiéndola entre el resto de personas que formaban parte del Cecopi. Sin embargo, las sucesivas declaraciones de estas, han acabado acorralando más su estrategia de defensa. Ante la jueza han declarado ya testigos destacados a quiénes la estrategia de defensa ha intentado salpicar, como la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; eel jefe de Climatología de Aemet, José Ángel Núñez; y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo.

También han testificado los técnicos de Emergencias de la Generalitat que participaron en el envío del Es-Alert, además de operadores del 112 y varios expertos, y la jueza ha podido acreditar las contradicciones con su versión que le hacen salir muy mal parada. De momento, la instrucción está prorrogada hasta abril, aunque dada la envergadura de la causa, es posible que se acabe ampliando ese plazo. La gran incógnita sigue siendo si la instrucción acabará acumulando pruebas suficientes para elevar la investigación al TSJCV, que sería quién tendría que conducir un posible proceso que acabase con Carlos Mazón como investigado.