València
La Generalitat ocultó a la jueza que disponía de imágenes de la reunión del Cecopi

La emisión por parte de la delegación valenciana de RTVE de un recurso grabado el día de la reunión del Cecopi por una cámara de À Punt, la televisión pública valenciana, no solo ha puesto en entredicho la estrategia de defensa judicial de Salomé Pradas. Ha revelado la existencia de otra cámara que grabó en la tarde de la dana perteneciente a una contrata del propio servicio de Emergencias de la Generalitat valenciana.

Un hecho que contradice lo que afirmó hace seis meses la actual secretaria de emergencias, Irene Rodríguez, en un escrito de respuesta a la magistrada Ruiz Tobarra. Rodríguez afirmó que las sesiones del Cecopi no se graban al no ser un órgano colegiado y que, por tanto, “no consta soporte documental alguno”. La contrata, dependiente de este cargo autonómico, tiene la obligación, por las condiciones del pliego, de archivar todo el material producido.

En esas imágenes se escucha a la entonces consellera de Emergencias dar indicaciones sobre el contenido del mensaje Es-Alert, algo que contradice su testimonio en sede judicial. Pradas aseguró que la responsabilidad del contenido del mensaje fue de los técnicos

En esas imágenes también se escucha a la entonces consellera de Emergencias dar indicaciones sobre el contenido del mensaje Es-Alert, algo que contradice su testimonio en sede judicial. En su declaración como investigada, Pradas aseguró que la responsabilidad del contenido del mensaje fue de los técnicos. “A las 20 horas es cuando recibo la llamada. Ahí es cuando un técnico nos informa de que existe un mecanismo que se denomina ES-Alert”, declaró la exconsellera.

En cambio, en este vídeo se puede ver que a las 19 horas ya estaba dando instrucciones sobre el mensaje de la alerta masiva: “Hay que poner también las vías de comunicación, que solo serán el 112, el Twitter oficial de Emergencias de la Comunidad Valenciana y À Punt”, revela el audio que acompaña a las imágenes.

En el vídeo se puede ver cómo a las 19:02 Pradas llama a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé y pide que alguien llame al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo. “A mí no me apetece llamarlo”, dice  Pradas. Cabe recordar que la Generalitat sostiene aún la teoría del “apagón informativo” por parte de esta institución y la AEMET. Pradas dijo ante la jueza que el envío del mensaje fue una decisión que tomaron los técnicos y que se fue demorando porque no se ponían de acuerdo. 

La reacción de À Punt

La televisión autonómica, que ha ocultado durante diez meses el vídeo, se excusa diciendo que es un “mudo”; es decir, un recurso en el que se graban imágenes de recurso y en el que no se va a emitir el sonido. El ente emitió un comunicado en su informativo de cabecera denunciando que RTVE había violado el código deontológico periodístico por dar a conocer el audio de ese recurso.

Por otra parte, la dirección de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), ha asegurado que está recabando toda la información necesaria para llevar a cabo “acciones legales que presentará en los juzgados por la sustracción del video del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) grabado por una cámara de À Punt la tarde del 29 de octubre de 2024, día de la dana”.

Según la CACVSA, “la cadena pública pretende depurar responsabilidades por el que considera un hecho muy grave tanto por la acción de sustraer esta información como para filtrarla posteriormente” y ha insistido en que “este hecho ha puesto en cuestión la profesionalidad de los trabajadores de À Punt y la credibilidad de la cadena en este asunto”.

Por su parte, desde el Consejo de Informativos de RTVE han rechazado las acusaciones vertidas de mala praxis vertidas por À Punt en sus informativos y han lamentado que “nos quieran situar, una vez más, en medio de una pelea con finalidades partidistas. No encontramos fundamento alguno que sostenga dicha crítica”. 

El Consejo de Informativos de RTVE señala que “À Punt era el medio encargado de grabar en el interior del Cecopi y, como tal, no puede hurtar ni esconder información de interés público; es su obligación compartirla”

No comparten las razones esgrimidas por la cadena valenciana para ocultar la existencia de esos audios y recalcan que “realizar una grabación pool tiene como objetivo evitar que, en ciertos lugares, entren un gran número de medios gráficos que puedan entorpecer o alterar el normal funcionamiento de un organismo. En este caso, À Punt era el medio encargado de grabar en el interior del Cecopi y, como tal, no puede hurtar ni esconder información de interés público; es su obligación compartirla”.

El órgano de RTVE critica también que los contertulios de À Punt hayan insinuado que la cadena pública pagó por las imágenes del Cecopi. “Lamentamos que se viertan declaraciones en la citada televisión autonómica, aunque sea por parte de contertulios, en las que se insinúa que TVE pudo cometer un delito: ‘Habría que ver si RTVE ha pagado por esas imágenes, porque estaríamos hablando de un delito bastante importante’. Este tipo de afirmaciones, sin estar fundamentadas en pruebas, solo pueden entenderse desde el ánimo de difamar”, asegura. Y felicita a los profesionales de RTVE Valencia que difundieron las imágenes. “Animamos a nuestros compañeros de RTVE Valencia a que sigan informando, pese a quien pese. Porque nuestro objetivo es siempre buscar la verdad”, zanja el consejo de RTVE.

La reacción de la jueza

La jueza de la dana planteó al día siguiente a la dirección de À Punt la “aportación voluntaria” de las imágenes en bruto de la reunión del Cecopi, según un auto dictado el pasado viernes. La resolución pide a la televisión autonómica que manifieste “si mantiene” el “ofrecimiento” de aportación de las grabaciones, “de manera específica” de la reunión del Cecopi del pasado 29 de octubre.

La resolución, afirma la jueza en una clara referencia a la exconsellera Salomé Pradas, “contradice declaraciones prestadas en sede judicial y las circunstancias en que se obtienen”. La instructora alude al hecho de que “estaban presentes periodistas, los cuales pudieron oír lo que finalmente quedó registrado”.

Por su parte, la acusación ejercida por Acció Cultural del País Valencià, representada por el abogado Manolo Mata, ha pedido la incorporación de las imágenes y los audios almacenados por la empresa subcontratada por emergencias, que hasta ahora la Generalitat había ignorado y omitido su existencia en su contestación judicial.

Los agujeros en la versión oficial de la Generalitat

La versión oficial de la Generalitat sobre la sucesión de acontecimientos en el día de la fatídica dana sigue en entredicho. La carta hecha pública por Maribel Vilaplana, comensal del Ventorro, ha vuelto a trastocar el supuesto horario del president Carlos Mazón. En su misiva, Vilaplana desvela que fue en torno a las 18:30 cuando terminó el ágape, y no a las 17:30 como habían deslizado desde el equipo de presidencia. Además, Mazón —que ha pretendido fijar como definitiva su hora de llegada al Cecopi con una foto técnicamente falsa, tal y como publicó El Salto— no ha podido acreditar qué hizo desde ese momento y su llegada al centro de emergencias de L'Eliana.

Las imágenes de las cámaras de vigilancia del Palau de la Generalitat, donde él defiende que estuvo, se borraron a los quince días. La foto que él considera como probatoria de su llegada al Cecopi a las 20:28, presuntamente extraída de las cámaras de vigilancia del Centro de Emergencias, fueron distribuidas en febrero, en un plazo muy posterior a los quince días que alegaron obligaba la Ley de Protección de Datos en el Palau y sin aclarar en ningún momento por qué esas sí se conservaban.