València
Sabemos lo que (no) hicisteis la tarde de la dana

El principal argumento que ha repetido el entorno del president Mazón hasta la saciedad para tratar de justificar por qué no se envió una alerta a la población hasta la hora en que se hizo ha sido la falta de información. Con el ya tan manido concepto de “apagón informativo”, trata de hacer creer a la opinión pública que un supuesto silencio desde organismos dependientes del Gobierno central es la causa última de una gestión negligente.

Pero ese concepto hace aguas al contrastarlo con la hemeroteca. Las portadas del mismo 29 de octubre de 2024 de los dos principales periódicos en papel que se distribuyen en la provincia de València, Levante-Emv y Las Provincias, —y que la mayoría de cargos de la Generalitat consultan cada mañana junto con el resto del dossier de prensa que les preparan sus gabinetes— llevaban como tema principal de apertura la amenaza grave de lluvias torrenciales y se hacían eco de las medidas que habían tomado instituciones como la Universitat de València, que suspendió todas las clases, o ayuntamientos que, en previsión de lo que podía pasar, tomaron la misma decisión en los colegios de su municipio.

El Consell continuaba con su agenda, como si nada pasase, participando en actos y reuniones, mientras que los estragos de la dana se iban acrecentando

Hubo alcaldes, como el de Utiel, primer pueblo afectado por la crecida, que tomaron medidas aquella misma mañana. Ricardo Gabaldón, también del Partido Popular, decidió suspender las clases a las 7 y media de la mañana en todos los centros del municipio, una decisión que probablemente minimizó las víctimas mortales, al menos en uno de los institutos del municipio, situado en las cercanías del caudal del río Magro.

Además, la televisión pública valenciana, Àpunt, empezó su programa matinal haciendo una cobertura especial de las primeras incidencias, que ya eran graves, desde primera hora. El Consell, a pesar de ello continuaba como si nada.

El Cecopi aún no estaba ni convocado a las 14 horas, aunque la televisión valenciana no dejaba de emitir imágenes de localidades anegadas y carreteras cortadas por las fuertes lluvias

La primera víctima mortal registrada por la instrucción judicial se produce sobre las 11.45h. Según se ha acreditado en el sumario, ese es el momento en el que José Hernaiz, camionero, deja de contestar las llamadas. Hernaiz había detenido su vehículo en medio de la carretera porque el agua no le permitía continuar. Mientras que esta persona agonizaba y trataba de escapar de su camión, en el Palau de la Generalitat comparece el president Carlos Mazón ante la prensa. Afirma que “no había ninguna alerta hidrológica” y auguró que el temporal se desplazaría “a la serranía de Cuenca”, escampando como tarde a las 18 horas. A esas alturas, el Cecopi aún no estaba ni convocado, aunque la televisión valenciana no dejaba de emitir imágenes de localidades anegadas y carreteras cortadas por las fuertes lluvias.

A las 12.30 la Generalitat emite una alerta hidrológica sobre el caudal del barranco del Poio y el del Magro. Lo hace prácticamente de forma simultánea a la llegada de Salomé Pradas al centro de emergencias de l’Eliana, donde posteriormente se constituiría el Cecopi. Según ha desvelado en sede judicial, mantiene una reunión con Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre) y con los responsables del 112. En unas imágenes grabadas el día de los hechos, que han salido a la luz hace unas semanas tras permanecer ocultas durante meses, se puede ver a Pradas subrayando en su carpeta una referencia al barranco del Poio y al del Magro. Utiel, en ese momento, está completamente anegado. Pero Pradas rechaza en dos ocasiones (a las 12.23 y a las 12.48) el ofrecimiento de la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, para que la Unidad Militar de Emergencias (UME) intervenga.

No será hasta las 14.00 que Pradas se decide a dar luz verde a la intervención de la UME. A esa hora, la Diputación de València, presidida por Vicente Mompó, que también participará en el Cecopi, ha enviado a todo su personal a casa ante la magnitud que ya se constata en el cauce alto de los barrancos. Un rato después, el otro imputado en la causa, Emilio Argüeso, escribe en un grupo de whatsapp del Consell, tal y como él mismo ha acreditado ante la jueza, el siguiente mensaje: “Los barrancos están a punto de colapsar”. La vicepresidenta Susana Camarero, quién puede acabar imputada por ser la responsable de la gestión de las residencias de ancianos y de las personas dependientes fallecidas, le contesta: “Jope, si necesitas algo nos dices”.

La alerta se eleva a nivel 2

Unos diez minutos después de ese mensaje, la Consellera toma la decisión de elevar al nivel 2 de alerta, sobre una escala de 3. En esos momentos Mazón probablemente estaba entrando al reservado del restaurante El Ventorro donde comió con la periodista Maribel Vilaplana. De forma incomprensible, los bomberos forestales a cargo de la Generalitat son retirados sobre las 14.45 de su monitorización del barranco del Poio.

A las 15.30, la consejera responsable de Emergencias, Salomé Pradas, convoca una reunión del Cecopi para las 17 horas. A las 16.20 llama a Mazón, pero el president no responde. A esas alturas ya hay una decena de fallecidos. Mientras Mazón seguía degustando su ágape, la centralita del 112 empieza a desbordarse. A las 17.00, cuando arranca el Cecopi, ya se habían recibido 9.461 llamadas de socorro. A esa hora la situación es desesperada en las carreteras. Decenas de personas quedan atrapadas en la autovía A-3, la que viene de Madrid. Las carreteras se cobraron diez de las quince vidas que la dana dejó entre las cinco y las seis.

Según un vídeo del arranque de la reunión en L’Eliana que la Generalitat ocultó durante meses, ya en ese momento se estaba hablando sobre el envío de un mensaje masivo a la población. A las seis de la tarde, se habían recibido 11.899 llamadas en el 112. En la hora que va de las 18h a las 19h, 23 de las 35 víctimas mueren ya en sus casas, atrapadas por la crecida del barranco del Poio, que ya se aproxima a una de las zonas más densamente pobladas de la provincia de València, la comarca de L’Horta Sud. En ese intervalo es cuando, según la enésima versión de Mazón sobre sus pasos aquella tarde, está terminando su sobremesa en el Ventorro.

Las deliberaciones del Cecopi

En el Cecopi se produce un receso sobre las 18.15. En realidad, Pradas argumenta que no fue tal, que simplemente se desconectó a Delegación de Gobierno y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), sin explicaciones convincentes del motivo, mientras que seguían trabajando. Esta misma semana, la jefa del servicio de coordinación del 112 ha declarado ante la jueza de Catarroja que a las 18.35 horas del día de la dana la Delegación del Gobierno ya había planteado enviar la alerta a los móviles para avisar a la población de las inundaciones. Según su testimonio, la responsable de Protección Civil de la Delegación de Gobierno, Patricia García, ya le habló a esa hora de la necesidad de mandar un mensaje Es-Alert. Ella lo trasladó a los responsables de la emergencia en el Cecopi y le contestaron que lo estaban gestionando. Según esta funcionaria, le consta que llegó a las 18-35 un correo electrónico en el que ya aparecía un texto preparado para enviar a la población.

Unos diez minutos más tarde, según la información desvelada en una carta por Maribel Vilaplana a principios de septiembre, ella y Mazón salen del Ventorro. Mientras que el caudal del Poio va haciendo estragos camino de L’Horta Sud, el president y la periodista se dirigen al parking donde esta tiene aparcado el coche. A esas alturas, tal y como ha acreditado la instrucción, ya han fallecido 56 personas por las inundaciones. Empieza en ese momento el gran agujero negro en las explicaciones del propio Mazón, quién en una de sus múltiples versiones afirmó que la pasó trabajando en su despacho del Palau. Sin embargo, Salomé Pradas acreditó en su listado de llamadas que trató en dos ocasiones de contactar al president en ese intervalo, sin éxito. En el propio listado que presentó Mazón, no hay ninguna comunicación desde que habla con el síndic del Partido Popular, Juanfran Llorca, un poco antes de las 19h, y la siguiente comunicación con Pradas, justo antes del envio del SMS.

Entre las 19 y las 20 es cuando se desata la tragedia. En ese intervalo fallecen 82 personas, la mayoría en sus viviendas y garajes, atrapados cuando tratan de sacar sus coches. Las llamadas al 112 hasta ese momento ya son más de 13.000

En esa hora, entre las 19h y las 20h, es cuando se desata la tragedia. En ese intervalo fallecen 82 personas, la mayoría en sus viviendas y garajes, atrapados cuando tratan de sacar sus coches para tratar de que no sufran desperfectos por la crecida. Las llamadas al 112 hasta ese momento ya son más de 13.000. Mazón, según ha desvelado tanto el periódico Levante-Emv como Eldiario.es, se persona por fin en el Palau de la Generalitat, desde donde saldrá al Cecopi. Un minuto antes del envio del SMS a la población se produce una última comunicación telefónica con Salomé Pradas. Al menos 156 personas habían muerto ya y otras 37 víctimas estaban en ese momento luchando por sus vidas.

El mensaje Es Alert, tardío y erróneo según la jueza que investiga el caso, Nuria Ruiz Tobarra, llega finalmente a las 20.11. La instrucción judicial está poniendo el foco en conocer el motivo de este retraso negligente en el aviso a la población. Hace unos meses, la magistrada Ruiz Tobarra solicitó a la Generalitat conocer la hora de llegada al Cecopi de los diferentes responsables políticos. Es, a raíz de esa petición, cuando el entorno del president fija, con una foto técnicamente falsa, la llegada al Cecopi a las 20.28. Hasta ese momento la versión era que Mazón se había incorporado a partir de las 19h de la tarde.

Las responsabilidades que investiga la instrucción judicial

Las deliberaciones del Cecopi, de las que no existen actas, son consideradas por la jueza como el elemento clave en la depuración de responsabilidades. El entorno del president, así como la propia Pradas en sede judicial, sostienen que el retraso se debe a que no les avisaron desde la CHJ de la crecida que venía por el barranco del Poio.

El president y su Consell tratan de anclarse a ese hipotético e improbable “yo no sabía nada, a mi nadie me avisó” como único punto de apoyo de un discurso que busca, entre otras cosas, una hipotética defensa judicial futura del president. Un supuesto, el de su imputación, que va ganando fuerza a medida que la jueza va estrechando el cerco sobre el papel de Mazón aquella fatídica tarde. El último paso dado por Ruiz Tobarra ha sido pedir oficialmente el listado de llamadas que realizó el president aquella tarde, y que él mismo ha aireado (eso sí, sin mostrar ningún documento que lo respalde). El penúltimo, citar a Maribel Vilaplana como testigo. La periodista declarará el próximo 3 de noviembre, aunque su testimonio estará limitado a conocer las comunicaciones que mantuvo el president mientras que disfrutaban de su convite.

A la argucia de la falta de información se ha sumado también una de las dos personas investigadas en la causa como acusadas. La exconsellera Salomé Pradas, además de tener el cuajo de declarar delante de la jueza que en el Cecopi las decisiones las tomaban los técnicos, —ella, se puede imaginar, estaba allí por fichar horas—, pero que no tiene ni idea de gestión de emergencias, ha utilizado el mismo concepto para tratar de implicar a organismos como la Confederación Hidrogràfica del Júcar .

Por su parte, la estrategia de defensa jurídica de Mazón, de momento desplegada sólo en el ámbito comunicativo, pasa por descargar la responsabilidad de la gestión en su subordinada. Pero el principal problema para el president es que políticamente es insostenible que el máximo responsable de un Gobierno se dedicase a sus tareas mientras que la dana hacía estragos en sus territorios. Su deteriorada imagen pública no ha sido suficiente para que su partido le enseñe la puerta de salida. Mazón sabe que mientras que sea aforado judicialmente no puede ser investigado por la jueza en la actual instrucción. Ahora mismo, el mayor riesgo jurídico para el president sería que Pradas o Argüeso le implicasen en los hechos.