València
La jueza de la dana exige a la Generalitat y À Punt las imágenes ocultadas del Cecopi

Nuria Ruiz Tobarra, magistrada instructora de la causa que investiga las responsabilidades en la muerte de 229 personas el día de la dana, ha tenido que exigir tanto a la televisión pública valenciana À Punt como a la Conselleria de Emergencias de la Generalitat las imágenes que han salido a la luz estos días y que habían permanecido ocultadas. Lo hace tras haberles instado a entregarlas voluntariamente y haberlo rechazado ambas instituciones.

El argumento que ofreció la televisión autonómica, en un escrito remitido al juzgado de Catarroja fue que la entrega voluntaria de las imágenes grabadas el 29 de octubre podría suponer “una vulneración del secreto profesional de los medios reconocido constitucional y jurisprudencialmente”. La magistrada desmonta esta tesis en su diligencia: “Ha de ponderarse el carácter de medio público de À Punt, la existencia de un proceso penal, la ponderación de intereses en conflicto y el contenido de las grabaciones aportadas hasta el momento”.

La jueza Tobarra además, expone en su requerimiento que la reunión del Cecopi “no se celebró a puerta cerrada”. Y que en el encuentro estuvieron presentes o conectados a través de videoconferencia “personas que no eran miembros” de este dispositivo que coordinó la respuesta institucional a la catástrofre, ya que participaron representantes de 29 instituciones municipales, autonómicas y estatales. “Entraban técnicos a informar de la evolución de la emergencia”, señala el auto de Ruiz Tobarra.

La magistrada busca así incorporar a la causa unas imágenes de À Punt que fueron divulgadas por RTVE la semana pasada y que mostraban a la exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat, la imputada Salomé Pradas, dando instrucciones sobre el envío del Es Alert, el mensaje masivo a móviles que se remitió para avisar a la población de la magnitud de la tragedia. Esta secuencia acredita que Pradas incurrió en una contradicción en el juzgado de Catarroja al descargar la responsabilidad de la creación del aviso en los técnicos.

La jueza ya ha expresado en autos anteriores que, si la notificación se hubiera enviado antes, se habrían podido salvar numerosas vidas. Han sido numerosos los testimonios de familiares de víctimas mortales los que han acreditado que a la hora que llegó el sms, las 20.11, la barrancada ya se había llevado por delante numerosas vidas. 

Por otro lado, un segundo auto también dictado este viernes acepta el “ofrecimiento” del conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y requiere a la Generalitat las imágenes del Cecopi que grabó un cámara de la productora subcontratada por una empresa pública de la Generalitat. Según el pliego de condiciones de dicha contratación, la empresa está obligada a conservar y archivar todos los brutos que haya captado.

Caza de brujas en À punt para perseguir a la persona que filtró el audio

Mientras tanto, la dirección de À punt ha anunciado acciones legales para tratar de averiguar quién ha filtrado el “mudo” a Radio Televisión Española. Además, la cadena ha anunciado que ha abierto una investigación interna para averiguar quién “sustrajo y filtró”, según lo califica en un comunicado el ente autonómico, el sonido del vídeo que se grabó la tarde del 29 de octubre en el Cecopi.

La Corporación Audiovisual de la Comunidad Valenciana (CAVSA), que engloba a la televisión y la radio públicas autonómicas, cuenta con una plantilla total cercana a los 530 trabajadores. Son decenas de trabajadores los que han tenido acceso al archivo de los vídeos de À Punta lo largo de estos casi 11 meses. La consulta al archivo es una práctica habitual. La entidad ha anunciado que “siguiendo las indicaciones de sus servicios jurídicos”, estaba recabando “toda la información necesaria para llevar a cabo acciones legales que presentará en los juzgados por la sustracción del vídeo”.

Las imágenes se conocían, porque fueron difundidas y pactadas como un mudo para ilustrar informaciones, pero el sonido no. Y esta parte desmonta, al menos parcialmente, el testimonio ofrecido por un de las dos acusadas en la causa, la ex consellera Salomé Pradas.