Madrid
Los últimos coletazos de Sol mientras se construye la huelga general por la vivienda

Han pasado ya casi tres semanas desde que la Plaza de Sol comenzó a convertirse en el escenario de la lucha transgeneracional por el derecho a la vivienda. Desde entonces la actualidad política no ha hecho más que acelerarse de manera vertiginosa: manifestaciones masivas de todos los sectores, la disolución de las Cortes Generales y convocatoria anticipada de elecciones para el próximo 29 de noviembre, la declaración de una huelga general por los sindicatos mayoritarios y la probación in extremis de un decreto que podría reducir drásticamente los desahucios hasta 2030.

El desahucio violento de Maricarmen, vecina octogenaria de Retiro fallecida dos semanas después del lanzamiento, marcó un antes y un después en nuestro país y encendió una mecha que continúa prendida desde el pasado día 26 de septiembre. Tanto que el impulso de la acampada sucesora del 15M se ha replicado en la última semana también en varias ciudades europeas como Porto, Roma o Lisboa. En esta última el desalojo forzoso del campamento se saldó con 55 detenciones y una represión policial que ha disparado como nunca la solidaridad internacional.

A 23 de octubre, la mayor parte de las organizaciones inquilinas y del resto de movimientos sociales que activaron el campamento se han retirado paulatinamente del km cero. La acampada subsiste raquíticamente con una estructura y una logística propias nacidas de la autogestión, aunque el número de habitantes haya descendido inevitablemente con el paso del tiempo. Quienes pueblan el recinto responden ahora a un perfil mucho más individualizado que semanas atrás, donde casi todas las personas pertenecían a espacios colectivos de izquierdas. El poder de convocatoria se ha ido reduciendo poco a poco y las aportaciones económicas que antes desbordaban las capacidades del espacio hoy llegan a cuentagotas.

Esto es así porque un grueso de sus integrantes iniciales hoy consideran que cualquier acampada debe tener una duración limitada, no sostenerse de manera indefinida sin atender a los cambios contextuales y políticos. Abandonar a tiempo las tiendas es para muchos una forma de evitar que la propia acción de acampara pierda impacto político y simbólico, convirtiéndose en un elemento más del paisaje urbano.

Desde los sindicatos de inquilinas, resistir en Sol para denunciar el sistema rentista y sus avatares fue siempre un medio concreto de reivindicación, no un fin en sí mismo: un canal tendente a ejercer presión social y política durante un periodo determinado, pero que también resultaba útil a la hora de tejer redes entre organizaciones de vivienda que nunca antes habían cooperado. Y, por supuesto, ha sido más que funcional de cara a reavivar el debate público sobre la crisis habitacional y su impacto directo en los grupos de población mas vulnerabilizados como personas ancianas, migrantes o familias monomarentales. Ese objetivo de impacto se ha logrado en parte y su materialización ha quedado reflejada en un decreto que fue aprobado por la Diputación Permanente y que contempla entre otras cuestiones la anhelada prórroga de los alquileres, así como la moratoria antidesahucios.

Trasladar Sol a los barrios, extender la lucha

En vistas al inminente 11N, organizaciones como el Sindicato de Inquilinas han incidido en su voluntad de trasladar la lucha que se forjó en Sol a los barrios a través de las asambleas territoriales y comités de huelga. “Ahora toca organizarse, ejercer el poder popular y construir la huelga, porque la huelga no empieza el 11 de noviembre”, declaraba recientemente en rueda de prensa Valeria Racu, portavoz de esta organización. Una convocatoria que prevé paralizar masivamente la producción del país durante 24 horas y que integra tanto a sindicatos laborales como a otros movimientos sociales “contra la especulación inmobiliaria, el encarecimiento de la vida, la privatización de servicios públicos y la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora”. Una posición que a día de hoy defienden la mayor parte de colectivos y sindicatos que jugaron un papel clave en las primeras semanas de campamento.

Ahora bien, ¿esta desescalada implica necesariamente que la estructura interna de la acampada haya empezado a flaquear y haya comenzado a reinar el caos dentro de esta pequeña ciudad paralela? Nada más lejos de la realidad. Las comisiones de trabajo -comunicación, seguridad, información, cultura o urbanismo- siguen funcionando al igual que el primer día, aunque con menos participantes voluntarias. Quienes resisten continúan ofreciendo desayuno, comida y cena gracias a las donaciones externas y la imagen de suciedad que algunos medios han querido trasladar está lejos de la realidad del espacio.

El problema reside en que, a medida que el impacto social y mediático de la acampada ha ido decayendo, también han bajado sustancialmente las donaciones de alimentos, especialmente desde el pasado 12 de octubre. Ese día fue el primero en que las activistas contabilizaron cero donaciones en 24 horas. Jordi Maquiavelo, activista y divulgador audiovisual acampado desde hace 15 días en Sol, reconoce el desgaste que genera resistir con unas condiciones meteorológicas muy distintas a las iniciales: las lluvias y el frío otoñales han pasado factura a la mayoría y han contribuido a endurecer la vida en el asentamiento.

Maquiavelo destaca asimismo la enorme criminalización que sufrieron desde el minuto uno por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular), que no dudó en tildarles de violentos y peligrosos para la salubridad pública. Todo para tratar de deslegitimar infructuosamente la causa de las activistas antirentistas. Infiere incluso que muchos medios han tratado de generar un falso relato de conflictividad, descontrol y desorganización. Tras ordenar sin éxito el cierre de la estación de metro de Sol por motivos de salud pública, la regidora justificó su traslado temporal de la sede en el km cero aduciendo que la Real Casa de Correos no reunía las condiciones necesarias de seguridad “para llevar a cabo el trabajo institucional”. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó hasta dos veces la petición de desalojar el campamento, desconsiderando los argumentos de Ayuso.

“Problemas internos ha habido desde el primer día porque una acampada implica juntar a mucha gente, ponerles de acuerdo. Las personas también están muy cansadas y nerviosas, muchos van y vienen del trabajo, tienen a familiares que cuidar, pero a pesar de todo esto se ha gestionado de forma ejemplar”, desliza en conversación con El Salto. Lo hace desde una de las míticas plazas internas de la acampada, a escasos metros de la carpa donde se está sirviendo el almuerzo a decenas de personas. Comenta además que tanto él como sus compañeros han tenido que hacer frente a agresiones por parte de grupos de ultraderecha y colectivos neonazis que han acudido en más de una ocasión a “cazar” activistas.

En la carpa más cercana a la entrada principal del recinto desde la sede regional se encuentra Ana, una de las voluntarias de la llamada Comisión Pulmón, el órgano logístico que sigue encargándose de la gestión y distribución diaria de alimentos y enseres como ropa o productos de higiene personal. Trabaja en una ONG del sector sanitario en la atención telefónica y descubrió la acampada un día en que acudió a donar productos de primera necesidad. Desde entonces, cuando tiene un rato libre se dedica a organizar las comidas y el abastecimiento. Aunque había militado en espacios feministas y vecinales, la acampada ha sido para ella “una escuelita de militancia”.

“Hay gente que quiere quedarse de forma indefinida, hay quienes consideran que es el momento de retirarse, otros prefieren acampar hasta el 29N. Se está trabajando en un protocolo para el momento que se decida desacampar...”

A medida que ha ido decreciendo el número de personas acampadas, confiesa que quienes resisten en Sol son “como una pequeña familia” porque se ha ido forjando una red basada en los cuidados colectivos y el apoyo mutuo. Sobre la posición oficial de la asamblea con respecto al levantamiento definitivo, afirma que todavía no se ha alcanzado un consenso: “Hay gente que quiere quedarse de forma indefinida, hay quienes consideran que es el momento de retirarse, otros prefieren acampar hasta el 29N. Se está trabajando en un protocolo para el momento que se decida desacampar para tener claro qué mensaje se va a dar. Sobre todo para hacer un acto de clausura que esté al nivel del momento histórico que ha sido esto”.

Personas sin hogar encuentran un refugio solidario en Sol

Si hace dos semanas el perfil mayoritario en Sol correspondía a jóvenes GenZ sindicalizados en torno a la vivienda, la educación u otras causas sociales, estos últimos días esto ha cambiado radicalmente: muchas personas migrantes sin hogar han encontrado un espacio seguro de refugio entre las tiendas y se han integrado en la acampada. No sólo han encontrado un lugar donde alimentarse y pasar los días alejados de posibles agresiones que se suceden con frecuencia en las calles del centro, también han consolidado amistades, han construido vínculos de ayuda fruto de la convivencia, algo que no resulta fácil para quienes padecen un aislamiento social severo en un Madrid salvaje.

Asociaciones como Hogar Sí cifran en más de 37.000 las personas que viven a día de hoy en situación de sinhogarismo, una realidad que describen como la forma más extrema de exclusión residencial. Hablamos de personas en su mayoría de origen extranjero obligadas a vivir en la calle, en alojamientos temporales, o en instituciones como pueden ser los hospitales o sin una alternativa habitacional estable y segura.

Es el caso de Pedro, quien conoció la acampada a través de las redes sociales y lleva dos semanas acampado. “Aquí tenemos comida, desayuno, comida, cena, merienda inclusive, tenemos servicio médico, tenemos ferretería, tenemos hasta cine y hay espacios para el descanso. Tú te apuntas y dices qué tipo de situación estás y te asignan una tienda”, cuenta a este medio. Pedro lleva durmiendo en las calles del centro de Madrid desde que fuera desahuciado de su piso de Villaverde Alto hace un par de años, cuando su por entonces casero se negó a renovarle el contrato y le dejó literalmente sin techo. Explica que muchas personas como él han acudido no sólo a pernoctar sino a ofrecer su ayuda mientras el apoyo externo se va debilitando con el paso de los días.

“Estamos reivindicando la vivienda. Y la gente sin hogar no solo es la gente sin techo que vive en la calle, también gente que está en proceso de desahucio, que ha sido desahuciada. Mucha gente sin casa se ha integrado también en las comisiones”: Jordi Maquiavelo

Le acompaña Isabel, migrada de Ecuador hace 26 años y habitual de la acampada desde hace unos días. A sus más de 50 años sufre problemas de salud física desde hace décadas y ello le ha impedido gozar de una situación laboral estable. Actualmente va saltando de un empleo temporal y precario a otro, lo que le impide disponer de un lugar para vivir por los elevados precios del alquiler. Por este motivo pasa las noches en una posada y de día acude a la acampada a recibir comida caliente, algo que agradece a la “solidaridad de todos los jóvenes que siguen al pie del cañón”.

Naroa Ríos, técnica de comunicación en la Asociación Realidades —entidad que trabaja desde hace décadas por los derechos de las personas sin hogar en España— sostiene que muchas personas sin una vivienda estable, muchas de ellas mujeres, acuden hoy a la acampada para sentirse más protegidas, seguras y arropadas. En la asociación han vivido en primera persona cómo en España se ha pasado “de que hubiera perfiles más concretos, más vulnerables, expuestos a desahucios a que la crisis de la vivienda sea una cuestión que le puede tocar casi a todo el mundo”.

“Estamos reivindicando la vivienda. Y la gente sin hogar no solo es la gente sin techo que vive en la calle, también gente que está en proceso de desahucio, que ha sido desahuciada. Mucha gente sin casa se ha integrado también en las comisiones, en las asambleas y se han generado nuevas vecindades”, destaca Maquiavelo. Ríos apunta también a esta participación activa de los nuevos vecinos: “Hay gente que está en servicios de hostales, albergues o algún tipo de vivienda insegura y que ha ido en la medida de lo posible a echar una mano”.

Resistir de manera indefinida o caminar hacia la huelga general

La asamblea está actualmente trabajando con distintas asociaciones para impartir talleres con integradores sociales de cara a ayudar a los nuevos habitantes de la acampada. Maquiavelo, al igual que muchos integrantes, defiende a ultranza resistir de manera indefinida. “Cada día aquí es una victoria social y una victoria para la lucha y es presión popular a las instituciones. Seguimos porque nos hemos convertido en una representación de las personas desahuciadas. Mismamente Maricarmen pidió desde el hospital que siguiéramos luchando hasta que no aguantara el cuerpo”, incide.

Por contra, organizaciones como el Sindicato de Vivienda de Carabanchel (SVC), que han ido retirándose esta última semana, consideran que si bien la acampada ha sido el hito político de nuestro tiempo, ahora toca centrar todos los esfuerzos en llamar a la huelga general. Miren Beriain, portavoz de la organización, explica que el aterrizaje en los barrios de la acampada es una forma de sostener ese pálpito social en el tiempo.

“Nos parece un error entender la acampada como un fin en sí mismo pero sí vamos a estar apoyándola desde fuera mientras seguimos trabajando. Para nosotras es un medio más que nos permite caminar hacia un horizonte mucho más amplio”, destacan desde el Sindicato de Vivienda de Carabanchel

Muchas personas que comenzaron a movilizarse y a acudir a organizaciones de vivienda a raíz de la acampada hoy forman parte de colectivos sociales como el suyo, lo que ha fortalecido las asambleas territoriales. “Nos parece un error entender la acampada como un fin en sí mismo pero sí vamos a estar apoyándola desde fuera mientras seguimos trabajando. Para nosotras es un medio más que nos permite caminar hacia un horizonte mucho más amplio como conseguir vivienda universal”, destaca Beriain.

No obstante, insiste en el buen funcionamiento del espacio autogestionado a día de hoy, casi tres semanas después de su nacimiento: “Hay una capacidad extraordinaria para organizarse, sacar tareas y distribuir el trabajo en aras de sostener lo que ha sido este gran evento político. Sin embargo, la derecha mediática e institucional se ha dedicado en todo momento a estigmatizarlo. Cualquier persona que se acerque ha podido verlo y comprobarlo en sus carnes”, suscribe.

La coordinación y unidad de trabajo que empezó a vislumbrarse en Sol ha sido extrapolada ahora a los comités de huelga, que van sumando acciones agitativas en todo el Estado. Se trata, pues, de tener presencia en los barrios y difundir al máximo la convocatoria del día 11 de noviembre por medio de mesas redondas, asambleas informativas, brigadas inquilinas etc. que sirvan de llamamiento masivo a la movilización.

En el caso del SVC ha sido precisamente la visibilidad que ha proporcionado la acampada lo que ha hecho posible que hoy se hayan podido extender a numerosos territorios donde antes no tenían implantación sindical. Comparte su pensamiento Gonzalo Gallardo, militante de la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS). Gallardo destaca que la acampada ha conseguido movilizar y politizar a amplios sectores de la juventud trabajadora y situar la cuestión de la crisis habitacional en el centro del tablero político “cuando todos los partidos capitalistas estaban a otra cosa”.

A su juicio, ninguna acampada debería mantenerse indefinidamente ni sustituir la organización estable en los barrios, los centros de trabajo o los centros de estudio. “Si todo terminaba cuando se desmontasen las tiendas, la movilización no habría conseguido traducir su fuerza en organización duradera. Por eso, desde la CJS estamos participando en los espacios unitarios para extender la huelga y construir una alternativa revolucionaria”, alega. Una huelga que, bajo su mirada, deberá dirigirse contra la patronal, los rentistas y los gobiernos que garantizan sus intereses sea cual sea su color político.

Del mismo modo se ha pronunciado la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y todos los sindicatos laborales —tanto mayoritarios como combativos— que a escasas semanas del 11N mantienen sus demandas: la prohibición de los desahucios y el establecimiento de contratos indefinidos de alquiler para garantizar la seguridad residencial, la bajada del 50% de los alquileres y su vinculación a los ingresos de los hogares y la creación de un gran parque público de vivienda mediante la expropiación de las viviendas en manos de especuladores con la recuperación de viviendas vacías y de uso turístico. “Las mejoras salariales y las revalorizaciones de las pensiones públicas quedarán incompletas mientras los rentistas puedan absorberlas mediante subidas de los alquileres”, concluyen.