Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid desahucia a una familia con cuatro menores de una vivienda social

Pasadas las 10 de la mañana de este viernes 5 de junio se producía el desalojo de Diego y Melani, una pareja con cuatro menores a su cargo residente en la calle Recesvinto 73, en la Colonia Tercio y Terol del Barrio de San Isidro. El casero que pedía el lanzamiento era nada menos que la Comunidad de Madrid a través de la Agencia de Vivienda Social (AVS, antes IVIMA), que les había subido recientemente el alquiler hasta los 1.180 euros mensuales.

“Es una renta que está extrañamente por encima de los estándares y los módulos que establece la propia Comunidad de Madrid”, explicó horas antes a El Salto el abogado de la pareja. “Este intento es el tercero porque a principios de año se emitió un informe de vulnerabilidad positivo, que reconocía que era una familia en situación vulnerable. Pero al decaer el decreto antidesahucios el pasado febrero, se reactivó”.

El 25 de mayo se paralizó el primer intento de ejecución por encontrarse una concentración en la puerta de la vivienda y acudir apenas una pareja de agentes de la Policía Municipal. Esta mañana se desplegaron por la zona hasta seis furgonetas de la Unidades de Intervención Policial (UIP) del cuerpo local, más otros dos vehículos, y llegaron a cerrar no solo la calle Recesvinto, sino también la colindante de Alférez Juan Usera. Algún vecino comentó que “parecía hubiesen mandado un escuadrón del Ejército”.

Se repitió una imagen ya habitual en tiempos recientes en el barrio de vecinos teniendo que pedir permiso para salir y entrar de casa al llevar a los niños a clase o pasear al perro a primer hora de la mañana. En total la concentración, entre activistas y vecinos que acudieron ante los cánticos y el llamativo cordón policial, superó ligeramente las 30 personas.

Había convocada una concentración a partir de las 8H del Sindicato de Vivienda de Carabanchel (SVC), en plena campaña para denunciar los desalojos en viviendas públicas, como el que tuvo lugar en Camino Alto de San Isidro el pasado 15 de mayo en un piso ya transferido a un inversor particular. En este caso, la denuncia se agravaba por ser directamente una administración pública, otra vez la Comunidad de Madrid, quien desalojaba.

Aunque su abogado y el SVC intentaron negociar con la comisión judicial, el desahucio se ejecutó de forma pacífica con la pareja abandonando el lugar con algunas de sus pertenencias (los menores no se encontraban en la vivienda en el momento de los hechos). Su representante intentó negociar una prórroga al menos hasta que finalice el curso escolar de los niños, sin respuesta.

“El juzgado y la AVS se dieron prisa en reactivar el lanzamiento al decaer el escudo social, Ni siquiera nos han respondido cuando hemos esgrimido la cuestión de los intereses de los menores”, lamentó el abogado de la familia

“El juzgado y la AVS se dieron prisa en reactivar el lanzamiento al decaer el escudo social”, lamentó el letrado. “Ni siquiera nos han respondido cuando hemos esgrimido la cuestión de los intereses de los menores o la obligación de tutela de la administración pública en materia de vivienda. Se pasan la pelota: la comisión judicial a la AVS, la AVS al juzgado y así todo el rato”.

El Sindicato de Vivienda de Carabanchel señala que “exigen constantemente acreditar la falta de renta para actualizar estos alquileres, como pidiendo el carnet de pobre, de manera que no siempre es posible demostrar”

Fuentes del Sindicato de Vivienda de Carabanchel señalan que la subida del alquiler puede deberse a diferentes factores y que en ocasiones instituciones como la AVS “exigen constantemente acreditar la falta de renta para actualizar estos alquileres, como pidiendo el carnet de pobre, de manera que no siempre es posible demostrar”.

La familia desalojada lamentó la falta de respuestas de la AVS ante sus alegaciones y señaló el mal estado en el que ya se encontraba la vivienda, con humedades y otros desperfectos. La vivienda social originalmente se concedió a la madre de uno de ellos, ya fallecida, habiéndose solicitado la subrogación de la protección. El origen de la Colonia Tercio y Terol, en los años 40, fue precisamente para alojar a residentes en chabolismos cercanos y población procedente del rural que llegaba a Madrid.

El SVC ha denunciado como en el barrio de San Isidro se están produciendo una serie sistemática de desalojos y privatizaciones en viviendas protegidas o directamente propiedad de la Comunidad de Madrid, “en una zona que ahora está siendo objetivo de la especulación y la expansión inmobiliaria en el centro de Madrid”.

En el desalojo, pacífico y gestionado con educación casi totalmente, se vivieron momentos de tensión casi al final. Mientras los técnicos procedían a sellar las entradas de la vivienda tras revisarla, un agente que ya se marchaba en su vehículo lo detuvo afirmando haber sido insultado por uno de los manifestantes, de manera que se identificó a buena parte de los presentes.