Barcelona
Un bloque emblema contra la especulación inmobiliaria en Barcelona se enfrenta a un macrodesahucio

En el número 74 de la calle Llenguadoc, en el distrito de Sant Andreu, a unos pasos de la rambla de Fabra i Puig y de la avenida Meridiana, a dos calles del centro social La Cinètika y a otras tantas del estadio Narcís Sala, sede del equipo de fútbol del distrito, está el edificio en el que confluyen todas las historias. O al menos todas las relacionadas con el movimiento por la vivienda y que sindicatos y agrupaciones de todo el país han denunciado durante los últimos diez días en diferentes ciudades. Acoso inmobiliario, compra especulativa, desahucios, empresas de desokupación, violencia institucional.

En él vive una comunidad heterogénea de más de cincuenta personas, entre ellas una decena de niños escolarizados en diferentes centros educativos del barrio. Familias monomarentales de origen migrante y otras españolas, personas trans, refugiados políticos nacidos en lugares tan distantes como Latinoamérica, Ucrania o Rusia. Familias de sangre y familias escogidas. Vive Pilar, de 77 años, junto a su nieta Noa y su bisnieto Adán. Vive Kelly, junto a sus dos hijos y su madre. Viven Rocío y sus tres hijos menores de edad, y también Mel, madre de una niña adolescente. Viven Fer y Brenda. Vive Adriana.

Una de las primeras medidas de los nuevos propietarios fue no renovar los contratos de alquiler para que los inquilinos comenzaran a dejar sus pisos

Casi todas ellas, explica Mel mientras desayuna junto a un grupo de vecinas en el piso de Kelly, en uno de los áticos, llegaron a Llenguadoc 74 durante la pandemia del Covid. Algunas en 2021, otras en 2022. Lo hicieron motivadas por la necesidad y después de vivir diferentes experiencias, la mayoría malas, relacionadas con la búsqueda de vivienda. 

Para Kelly, por ejemplo, ocupar no había sido nunca una posibilidad. Cuando llegó a Barcelona, en 2019, vivió primero en albergues de la Cruz Roja y en habitaciones de alquiler, de las que tuvo que salir al poco tiempo. Logró alquilar un piso, pero fue estafada: estaba ocupado y con fecha de desahucio. Acudió a Servicios Sociales y entró en una espiral burocrático, mientras en paralelo esperaba la resolución de su solicitud de asilo. En esa búsqueda llegó al Sindicat d’Habitatge de Sant Andreu, que se reúne los lunes en La Cinètika.

Era 2022 y en el sindicato se planteaban la posibilidad de recuperar seis pisos del edificio Llenguadoc 74, tapeados desde hace años. Kelly, sin la posibilidad de alquilar un piso por su propia cuenta, aceptó y entró a vivir en uno de los áticos. En esa misma época entró también a vivir Rocío y sus hijos. Desde un año antes, ya vivían en Llenguadoc 74 Mel y Pilar, además de otras varias familias. Este fue, dice Mel a El Salto, lo que en el bloque llaman la segunda fase de ocupación del bloque, el periodo en que se consolidó como un espacio mixto y en resistencia. Porque su historia como espacio ocupado, en realidad, empezó algunos años antes. 

De edificio residencial a un activo para la especulación

Hasta mediados de la década pasada el edificio de Llenguadoc 74 pertenecía al Sindicato de Panaderos de Barcelona y en sus veinte pisos vivían en régimen de alquiler principalmente familias barcelonesas, originarias de Sant Andreu. El giro se produjo cuando la finca fue comprada por la empresa aseguradora Reale Seguros, filial española de la compañía italiana Reale Group.

Una de las primeras medidas de los nuevos propietarios fue no renovar los contratos de alquiler para que los inquilinos comenzaran a dejar sus pisos, una práctica frecuente de empresas que compran edificios con fines especulativos. Reale Seguros, sin embargo, fue un paso más allá. En 2018 el recién fundado Sindicat d’Habitatge de Sant Andreu denunciaba el acoso inmobiliario que sufrían las pocas familias inquilinas que todavía vivían bajo régimen de alquiler en el edificio de Llenguadoc. Algunas de ellas dispuestas a resistir ante la no renovación de sus alquileres y otras con contrato indefinido. El objetivo de Reale Seguros en ese entonces, según pudo averiguar la asociación de vecinos del barrio, era alquilar la finca a la empresa italiana Camplus, con sede en Bolonia, dedicada a la gestión de residencias universitarias. 

Fue en 2017 cuando un grupo de personas afines al movimiento okupa de Sant Andreu decidió entrar a algunos de los pisos cerrados de la finca. El primero en ocuparse fue uno de los sobre áticos. Luego siguieron los demás. El edificio fue rebautizado como “Kan Segurata”, a modo de referencia a la empresa propietaria. Como respuesta a la ocupación de los pisos, Reale Seguros primero estableció un sistema de control 24h en la entrada de la finca. Luego, en 2019, contrató a la empresa Desokupa y más tarde a su filial City Lock. Los pisos que todavía estaban vacíos fueron destrozados por dentro, para hacerlos inhabitables, y sus accesos bloqueados con planchas de acero. En octubre de ese año, después de semanas de presión vecinal y acciones en la sede de Reale Seguros, Desokupa abandonó el bloque. Para los ocupantes, ese fue seguramente el primer hito en la historia de resistencia de Llenguadoc.

Madres por la resistencia o la segunda fase de Llenguadoc 74

Para 2021, todavía en plena pandemia de Covid-19, en el edificio vivía sólo una de las vecinas originales, además de un grupo de jóvenes ocupantes. Fue en ese contexto que diferentes agrupaciones y sindicatos, incluidos el de Sant Andreu, se decidieron a ocupar algunos de los pisos. En esa primera oleada, se recuperaron diez viviendas, entre ellas los pisos en los que hoy viven Mel y Pilar. Un año más tarde se ocuparían seis pisos más, incluidos los de Kelly y Rocío. 

Aunque han intentado acudir a Servicios Sociales, explican, a ninguna le han ofrecido soluciones. Para ellas, Llenguadoc 74 se ha convertido en un problema para el organismo

En esta nueva fase, dice Mel, el perfil de los ocupantes cambió. Ya no eran necesariamente jóvenes vinculados al movimiento okupa, sino que principalmente familias de origen migrante y monomarentales. Personas trans. Refugiados políticos. Todos con la urgencia de acceder a una vivienda y sin posibilidades de alquilar una. En esa época, también, se fundó la asamblea o grupo de apoyo mutuo Madres en Resistencia. Se trata de un espacio de cuidados compuesto en su mayoría por madres residentes de Llenguadoc, como Mel, Noa, Kelly o Rocío. Y en él buscan, explica Kelly, lo que no han encontrado en la administración. 

Aunque han intentado acudir a Servicios Sociales, explican, a ninguna le han ofrecido soluciones. Para ellas, Llenguadoc 74 se ha convertido en un problema para el organismo. Al punto de que actualmente ni siquiera aceptan atenderlas. “Para servicios sociales no basta ser vulnerable, tienes que parecer vulnerable. La pornografía del dolor, te tienen que ver llorando, sangrando. Tienes que ser la víctima”, dice Mel. Luego habla Rocío, y explica: “Llevo semanas intentando sacar citas y la asistenta social no me ha atendido, no me ha dado hora ni nada. Después de insistir logré una, porque dije que era para el banco de alimentos. Me la pusieron para el día 7, el día del desahucio, así que la tuve que cambiar”. “Es que es así, si llamas y dices que es por Llenguadoc 74 no quieren hablar, te dicen que llames a Habitatge”, agrega Noa.

Hasta ahora ninguna de las familias del bloque ha recibido el certificado de vulnerabilidad por parte de Servicios Sociales de Sant Andreu. Sí tienen el certificado de vulnerabilidad habitacional que emite la Oficina d’Habitatge del ayuntamiento. Todas ellas coinciden en que lo que buscan es un alquiler social o al menos uno que se puedan permitir. La administración, como respuesta, les ha dicho que se vayan de la ciudad. Que en Barcelona no encontrarán nada. A Kelly, además, la asistencia social le dijo que al ocupar ilegalmente un piso podía llegar a perder la custodia de sus hijos. 

“Sus políticas de vivienda nos condenan a no tener acceso a la vivienda y encima sus mismas políticas nos castigan. Porque entonces viene la amenaza de retirar la custodia, ¿no? Pero esto es derivado de que no tenemos acceso, o sea las puertas se nos cierran. Hay un doble rasero que está cuestionando constantemente quiénes somos”, alega Mel.

Thunder Optical Minur y las denuncias de agresión 

En abril de 2025 Reale Seguros vendió la finca a Thunder Optical Minur SL, empresa dedicada a la compra, administración y rehabilitación de inmuebles y administrada por César Germán Ariza. El empresario, además, está vinculado a al menos otras siete empresas del sector de las residencias y centros de días. Con el traspaso de la finca, la presión sobre sus habitantes aumentó. En junio de ese año un grupo de seis encapuchados, armados con porras extensibles y otros objetos, logró entrar al edificio y agredió a uno de los vecinos. Presuntamente al agredido lo confundieron con el ocupante de uno de los sobreáticos, el verdadero objetivo de los encapuchados.

“Me empezaron a golpear muy rápido y sin tener muy claro si yo era la persona que buscaban. En un momento dado, uno de ellos les dijo a los demás que pararan. Intentaron robarme el móvil, pero al final no se lo llevaron”,  explicó en ese entonces la víctima a El Salto. En el mismo reportaje, además, se expusieron los audios que uno de los agresores envió más tarde al vecino del sobreático y en el que uno de los agresores, que se identificó como Álex, amenazaba con volver a la finca. “Fuimos el domingo a verte, ¿no? Que llevo seis meses detrás tuyo, tío. Yo no soy una empresa de desokupación de estas de ‘pastel’ que salen por la tele (...) esto es Barcelona y aquí en Barcelona ya se sabe quien manda (...) nosotros somos delincuentes, nosotros no vamos a llamar a la policía”, se escucha en el audio.

En otra llamada grabada, el individuo le dice: “Te vas bien, incluso con algo de guita, o bien tenemos que ir 50 otro día o 120 tíos con palos, bengalas, martillos y os vamos a dar una juga que te cagas”

Por esos mismos días Germán César Ariza se contactó con el mismo vecino y, aunque negó haber enviado a los encapuchados, le planteó: “¿Queréis sentaros a hablar o tendremos que volver?”. En la misma conversación se abrió a la posibilidad de negociar un pago para que los ocupantes dejen el edificio, lo que fue rechazado. No hubo más acercamientos entre las partes. Con quien sí hubo nuevas llamadas fue con Alex, uno de los encapuchados. 

En otra llamada, grabada por el mismo vecino, el individuo le dice: “Te vas bien, incluso con algo de guita, o bien tenemos que ir 50 otro día o 120 tíos con palos, bengalas, martillos y os vamos a dar una juga que te cagas. Yo te voy a decir tal día vamos a entrar, para que estéis preparados, porque si hay suerte a lo mejor puedo encontrarme con gente que quiero ver, si vienen los del San Andreu, que también quiero verlos, así nos divertimos”. Alex se refería a Los Desperdicis, el grupo de animación antifascista de la Unió Esportiva  Sant Andreu.

El desahucio y el apoyo de los sindicatos educativos

En total son tres los procesos judiciales abiertos contra los ocupantes de Llenguadoc 74 y tres las sentencias de desahucio. La primera llegó en enero de este año al piso del sobreático. Luego llegó la sentencia para los diez pisos abiertos en 2021 y hace poco más de un mes la tercera para los seis pisos ocupados en 2022, además de uno de los locales comerciales, en el que también viven familias. Y aunque son procesos diferentes, en todas se fijó el día 7 de octubre como la fecha de ejecución. Será, en definitiva, un macrodesahucio. Aunque vecinos y vecinas han intentado frenar el desalojo por la vía judicial, argumentando la vulnerabilidad de muchas de ellas, hasta hoy el juzgado no se ha pronunciado. La única alternativa que les queda será frenarlo en puerta el día miércoles. 

El bloque cuenta no sólo con el apoyo de grupos de vivienda y asociaciones vecinales del barrio, que ven cómo Sant Andreu ha sufrido un proceso de gentrificación a partir de la construcción de la nueva estación de AVE La Sagrera, sino también de los principales sindicatos educativos. En un comunicado conjunto USTEC·STEs, la CGT y la Intersindical han solicitado la suspensión del desahucio, que puede dejar sin hogar a una decena de niños escolarizados en siete centros educativos de la ciudad. “La crisis de vivienda también es una crisis educativa”, sostienen las agrupaciones. 

Aunque vecinos y vecinas han intentado frenar el desalojo por la vía judicial, hasta hoy el juzgado no se ha pronunciado. La única alternativa que les queda será frenarlo en puerta el día miércoles

Tanto Pilar como Kelly, al igual que Noa, Rocío o Mel, sostienen que lo que buscan es regularizar su situación. Resistir es desgastante, dice una de ellas, la fecha del desahucio ronda por sus cabezas en prácticamente todo momento. Han intentado negociar con la propiedad un alquiler a precio de mercado, pero no hubo respuesta. “Imagínate, ni siquiera le responden el teléfono a la única inquilina que todavía vive de alquiler, menos nos van a responder a nosotras”, dicen. También plantearon en algún momento que el ayuntamiento o la Generalitat comprara la finca para sumarla al parque de vivienda pública, como ocurrió hace pocas semanas, por ejemplo, con el Bloc 8 de Manresa. Pero no fueron escuchadas. 

“Vemos a Collboni decir que una situación como la de Maricarmen no pasará más en Barcelona. Pues sí, sí pasa, y tiene muchos nombres, tiene caras, no son expedientes. Tienes a Pilar, tienes a Noa, tienes a Kelly, tienes a Mel, a Brenda, a Rocío, Adriana, Fer, ¿sabes? O sea hay que tener mucho valor para decir eso”, alega Mel.