Derecho a la vivienda
La caída de la moratoria provocará “una nueva ola de desahucios perfectamente evitable”

Entre 60.000 y 70.000 desahucios de familias vulnerables paralizados volverán a reactivarse después de que Junts sumara sus votos al PP y a Vox para tumbar el decreto del escudo social en el Congreso.

La inmensa mayoría de estos desahucios, tal como recuerdan desde la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, corresponde a familias de bajos ingresos, monomarentales, con personas dependientes y con menores, que no pueden pagar el alquiler o cuyo contrato ha finalizado y no pueden encontrar alternativas que puedan pagar en un mercado de la vivienda inaccesible para las rentas bajas.

Una realidad que difícilmente casa con la alarma lanzada por las derechas del Congreso, que insisten en que la moratoria de los desahucios del escudo social fomenta la okupación. Ni el delito de usurpación —entrar por la fuerza en una vivienda deshabitada— ni el anecdótico delito de allanamiento de morada —entrar en una casa habitada o en una segunda residencia— tienen nada que ver con las situaciones de decenas de miles de familias que pueden quedarse en la calle.

Lo que cayó, por segunda vez en dos meses, no es un “simple decreto”, afinan desde el Sindicat de Llogateres de Catalunya: “Ha caído una de las pocas protecciones que teníamos mientras la situación se precipita hacia el abismo”. Tal como han repetido estos sindicatos en múltiples ocasiones, las administraciones carecen de los recursos para atender el drama social derivado de la reactivación en las próximas semanas de hasta 70.000 desahucios extra. Menos, si se suma el destino incierto de 630.000 familias que deben renovar sus contratos y enfrentarse a subidas superiores al 50%. 

En un contexto en el que las administraciones “no han impulsado medidas contundentes para resolver la miseria que produce en la mayoría social el mercado inmobiliario” la caída de la moratoria solo se puede interpretar, acusan desde los sindicatos de inquilinos, como “una agresión a los sectores más empobrecidos de la clase trabajadora”. 

En un comunicado conjunto de estos sindicatos y la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe), estas organizaciones alertan sobre el auge de los “discursos reaccionarios” en los que la justificación para no mantener el escudo social es que “no se puede someter a los pensionistas al desahucio de familias vulnerables”.

Frente a unas “instituciones públicas que fallan” y el avance de “la reacción de la extrema derecha”, inquilinos y pensionistas llaman a la movilización conjunta este 28 de febrero a las 18:30h en la Plaça Sant Jaume de Barcelona: “No es sólo por empatía y reconocimiento que nos movilizamos juntas. La confluencia de luchas no es sólo una suma de reivindicaciones. Nos permite señalar los nexos. Impugnar la lógica de funcionamiento general. Ese capitalismo que avanza mercantilizando todos los aspectos de nuestra vida”.

Las organizaciones que forman parte de la plataforma #NiUnDesahucioMás denuncian que no se trata de “un debate técnico o coyuntural” sino de una “decisión política con consecuencias sociales directas y previsibles” con la llegada de “una nueva ola de desahucios perfectamente evitable”. 

Esta plataforma apunta a los partidos que han dejado caer la moratoria, pero también al Gobierno central, que “en estos seis años que ha durado el escudo social ha sido incapaz de garantizar la continuidad de una protección esencial y de articular una respuesta eficaz” ante la crisis de vivienda.

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) describe la votación como “uno de los momentos más vergonzosos de la historia reciente”. Aunque la moratoria se había mostrado insuficiente y requería “mejoras notables” era la “única medida que había demostrado su efectividad a la hora de detener los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional”. La FRAVM pide al Gobierno medidas urgentes para enfrentar la crisis de vivienda, entre ellas, medidas que aseguren que nadie se quede en la calle con realojos o con la movilización de fondos del Plan Estatal de Vivienda o el despliegue del tanteo y retracto para movilizar viviendas privadas en manos de grandes tenedores.

La red de colectivos #NiUnDesahucioMás, además de medidas para asegurar que se da continuidad a la moratoria, demanda una prórroga obligatoria para los contratos de alquiler que finalizan en 2026, así como la aprobación urgente de “medidas efectivas que den cobertura jurídica clara a todos los lanzamientos residenciales”, ampliando la protección a las familias vulnerables.