Derecho a la vivienda
El movimiento de vivienda calienta motores para construir la huelga general del 11N

La última vez que España entró en huelga general fue hace 14 años, en noviembre de 2012. Por aquel entonces los sindicatos mayoritarios secundaron unas protestas que venían motivadas por el hartazgo ante los recortes del gobierno de Mariano Rajoy (Partido Popular). Su seguimiento superó el 77% y concluyó con cientos de encausados y heridos. Este otoño caliente, sin embargo, la convocada para el próximo 11 de noviembre por los sindicatos de inquilinas de todo el Estado luce algo distinta: se trata del primer paro general por la vivienda en la historia de España. La ciudadanía exige medidas ambiciosas y contundentes contra la especulación inmobiliaria, pero también salarios dignos que suban a la par que el IPC. El mes que viene, semanas antes de que comience la campaña electoral para las elecciones anticipadas del 29N, millones de personas están llamadas a detener la producción durante 24 horas.

Todo comenzó con la chispa social que desató el desahucio de Maricarmen, vecina de 87 años fallecida dos semanas después de su violento desalojo. Su caso, devenido un símbolo de la voracidad del mercado inmobiliario en las ciudades, movilizó a miles de jóvenes que rápidamente se agolparon en la Puerta del Sol para acampar de manera indefinida: era la primera vez que la crisis de la vivienda protagonizaba con tanta intensidad la conversación pública. Aunque todavía se mantienen las acampadas en territorios como Madrid, Valencia o Sevilla, el Sindicato de Inquilinas considera que la tarea troncal en adelante debe ser construir desde la base, barrio a barrio la arquitectura de la huelga. Las asambleas territoriales de vivienda juegan un papel fundamental a la hora de dinamizar acciones agitativas como piquetes informativos.

La labor no es sencilla pero las inquilinas ya se han puesto manos a la obra y cuentan con el apoyo de los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO, así como CGT, CNT, Acción Social de Solidaridad Obrera y Co.Bas, tal y como anunció el pasado miércoles la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI). También ha sido convocada por los principales sindicatos independentistas como LAB, ELA, CIG y la Intersindical Alternativa de Catalunya, Confederación Intersindical, Intersindical Valenciana, además de otros sindicatos vascos como ESK, Steilas o la Unión de actores y actrices, entre otros.

“Desde los sindicatos de inquilinas no vamos a dejar de trabajar para que haya una auténtica unidad popular de todas las trabajadoras de este país para conquistar nuestro derecho a la vivienda”

“Estamos muy contentas de que los dos sindicatos con más afiliación de nuestro Estado se hayan puesto al lado de todo un movimiento que lleva dos semanas en la calle luchando por el derecho a una vivienda digna. Desde los sindicatos de inquilinas no vamos a dejar de trabajar para que haya una auténtica unidad popular de todas las trabajadoras de este país para conquistar nuestro derecho a la vivienda”, declaraba en rueda de prensa recientemente la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río.

Desde la CGT justificaban la legalidad de la convocatoria —puesta inicialmente en tela de juicio por parte de la patronal inmobiliaria y algunos sectores de la derecha y ultraderecha— en cuanto a que el parón permite trasladar el conflicto habitacional a los centros de trabajo. Con los salarios actuales, inciden, es imposible acceder a una vivienda digna. Otros ejemplos de huelgas no laborales que han sembrado camino en la época reciente fueron la última parada global por Gaza durante el genocidio sionista y la huelga de cuidados feminista en 2018 convocada por la Comisión 8M de Madrid.

El papel de los sindicatos de vivienda en la huelga

Las organizaciones de inquilinas de todo el Estado deberán a partir de ahora dinamizar acciones agitativas, asambleas, talleres formativos, piquetes y actos encaminados a movilizar a la ciudadanía en todos los municipios. Aunque los próximos pasos para organizar la huelga contemplan la creación de comités territoriales con presencia de distintos agentes sociales, numerosos colectivos ya han empezado a impartir formaciones sindicales para llamar a la participación y resolver inquietudes. “La huelga general es la única manera de garantizar que se va a responder a lo que el pueblo está pidiendo, gobierne quien gobierne”, infería del Río animando a la organización popular.

Y es que una de las grandes incógnitas que rodearon a la huelga desde que el presidente —ahora en funciones— Pedro Sánchez convocó elecciones anticipadas fue quién sería el destinatario último de los parones, contra qué partido se estaría protestando sin haber un Gobierno de facto. Lo cierto es que todas las organizaciones de vivienda apuntan a que existe un malestar generalizado tanto por la inacción del Ejecutivo central como por parte de los gobiernos autonómicos, en especial en la Comunidad de Madrid.

Las reclamas que sustentan el parón del 11N, como alquileres indefinidos, expropiación de inmuebles de fondos buitre, ampliación del parque de vivienda social o el fin de la compra especulativa

Ninguno de ellos, sostienen, ha sido capaz de atajar una crisis que continúa situándose como el primer problema de los españoles según el barómetro del CIS. “No vamos a poner nuestra organización en pausa durante la campaña. Nuestros derechos no pueden depender de sus cálculos electorales. La chispa de Sol sigue en los barrios. En cada asamblea, en cada vecina que se suma, en cada conflicto que afrontamos juntas, seguimos hacia la huelga general por la vivienda”, clamaba en sus redes el Sindicato de Inquilinas.

Las reclamas que sustentan el parón del 11N, como alquileres indefinidos, expropiación de inmuebles de fondos buitre, ampliación del parque de vivienda social o el fin de la compra especulativa, responden a un clamor popular que no ha cesado aún tras la aprobación de los dos decretos una vez disueltas las Cortes Generales. Tan solo el primero de ellos está actualmente en vigor, ya que el segundo —el Real Decreto-Ley 28/2026, que incluye los contratos indefinidos, es decir, la renovación automática de los mismos— todavía debe ser convalidado por la Diputación Permanente. Como parte del proceso de construcción de la huelga, el Sindicato de Inquilinas ha puesto en marcha un portal web donde se indica paso a paso cómo acceder a los derechos contemplados en el primer decreto, el Real Decreto-Ley 28/2026.

Entre algunas de estas medidas inéditas, que se han sentido como un triunfo sin precedentes del movimiento por la vivienda, se encuentran las prórrogas de alquiler extraordinarias de dos años, incluyendo el caso de tácita reconducción para contratos que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028 o la suspensión de los desahucios para personas en situación de vulnerabilidad social hasta el 31 de diciembre de 2030. Un paquete del que los inquilinos pueden beneficiarse al menos hasta que un futuro gobierno decidiera derogarla (un escenario posible si el Partido Popular ganara los comicios de noviembre). Las reivindicaciones que las inquilinas mantienen en el horizonte incluyen, además de topes a los precios de los alquileres con bajadas del 50%, la recuperación de pisos turísticos y alquiler temporal, y la desarticulación de los grupos de desokupación.

Coordinación y comunicación entre organizaciones para movilizar los barrios

Las organizaciones que componen el movimiento por la vivienda coinciden en que es necesaria una coordinación y comunicación máximas entre sí para la consecución de los objetivos de la huelga. En este sentido, Enrique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), explica que los comités de huelga todavía en composición serán compartidos por varios colectivos. Uno de los imperativos más urgentes a día de hoy es informar a la ciudadanía poco o nada politizada sobre las implicaciones de arrancar un proceso como este, que no cuenta con antecedentes en nuestro país.

“Toca hacer un trabajo centrado en informar a la gente que pasa por la calle, en los pequeños comercios, acercarnos a las salidas de metro y otros puntos neurálgicos del centro de las ciudades pidiendo esa solidaridad y participación”: FRAVM

“Nadie va a hacer una huelga que no entienda, ahora toca hacer un trabajo centrado en informar a la gente que pasa por la calle, en los pequeños comercios, acercarnos a las salidas de metro y otros puntos neurálgicos del centro de las ciudades pidiendo esa solidaridad y participación”, estima Villalobos. Sus demandas incluyen también cuestiones vinculadas a los derechos de quienes tienen una vivienda en propiedad: por ejemplo, problemas con el pago de las hipotecas a causa de los salarios o dificultades en la rehabilitación de las viviendas por la dejación institucional.

A su juicio, el clima social es hoy más propicio que nunca para la acción masiva de la ciudadanía, especialmente la manifestación del pasado 3 de octubre, que aglutinó a cientos de miles de personas y tuvo lugar en varias ciudades de manera simultánea. A medida que se ha ido despejando la incertidumbre inicial sobre los pormenores de una huelga que no es estrictamente laboral —aunque sí incluye demandas vinculadas a los salarios y la revalorización de las pensiones— el ánimo ha ido in crescendo. “Nunca antes habíamos tenido un mejor momento para luchar con todas las garantías posibles por resolver el problema de la vivienda con unas elecciones generales por delante que lo condicionan todo”, clama enérgico Villalobos.

Quienes también hacen énfasis en la relevancia de establecer una coordinación intersindical activa son los integrantes del Sindicato de Vivienda de Tetuán (SVT). Aunque manifiestan algunas diferencias respecto a las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinas —el SVT ha expresado un mayor inconformismo con lo estipulado en el primer decreto— su objetivo es compartido: forzar medidas estructurales que pongan coto al rentismo. Para ellas, la huelga general también debería poner sobre la mesa una cuestión fundamental que llevan tiempo peleando los movimientos sociales de todo color: la derogación de la Ley Mordaza, en virtud de la cual decenas de activistas han recibido multas estratosféricas por manifestarse en puerta contra el desalojo de familias vulnerables. En julio de este mismo año, cuatro integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) vallecana tuvieron que declarar por un supuesto delito de desórdenes públicos tras haber participado pacíficamente en una protesta contra CaixaBank. Entre varios sindicatos de vivienda por todo el país acumulan miles de euros de multas

La huelga general también debería poner sobre la mesa una cuestión fundamental que llevan tiempo peleando los movimientos sociales de todo color: la derogación de la Ley Mordaza, apuntan desde el SVT

Hoy se muestran especialmente críticos con medidas que a su parecer “no hacen más que blindar el negocio de la vivienda” como las bonificaciones fiscales a pequeños propietarios. Se refieren a la última promesa de Moncloa, que el pasado martes afirmaba que “los pequeños propietarios disfrutarán de un incentivo fiscal si alquilan su casa a precios asequibles”.

Medidas incluidas para contentar a los sectores más conservadores y que estas activistas califican como “electoralistas”. Para ellas, esta huelga debe perseguir un fin concreto: avanzar en la organización de clase desde los sindicatos de vivienda. Fabián Ferlosio, portavoz del SVT, define la acampada como un momento clave a la hora de cohesionar organizaciones y sindicatos de inquilinas “con diferentes sensibilidades y posturas políticas que hoy buscan trabajar juntas pese a sus diferencias”.

De la indignación social a la ilusión militante

En las últimas semanas, desde la primera gran manifestación por el desahucio de Maricarmen, los espacios de lucha por la vivienda han experimentado una crecida exponencial de afiliados. Ello, máxime en pleno momento de edificación de la huelga, exige la creación de nuevas estructuras ya que “hacía muchísimo tiempo que no se vivía una situación política tan activa desde las organizaciones de la clase trabajadora” subrayan. La rabia y la indignación que brotaron tras la primera derogación de ambos decretos en el Congreso fue poco a poco transformándose en ilusión militante.

Las asambleas territoriales de inquilinas se ven en este nuevo ciclo político más nutridas que en décadas, desbordadas por vecinas deseosas de impulsar un cambio verdaderamente sistémico. Las voces dubitativas sobre el calendario de movilizaciones venideras se suman a las de quienes transmiten enérgicas su voluntad de colaborar en las acciones agitativas.

El sentido común general ha virado, en estas primeras semanas de organización popular, hacia una mayor conciencia social sobre el acceso a la vivienda: “Antes los medios nos preguntaban, por ejemplo, ¿qué pasa con los propietarios que tengan tres o cuatro viviendas? Y nuestra respuesta era, estamos más cerca de ser desahuciados, de no poder emanciparnos o de no poder asumir el precio del alquiler que de tener varias viviendas”, apunta Ferlosio.

En esta misma línea, desde Derecho a Techo, organización que lidera la lucha contra la especulación en Málaga, consideran que la huelga debería servir a largo plazo para visibilizar todavía más la situación que viven de forma invisible “muchas maricármenes”. Esta provincia andaluza lidera junto a las Islas Baleares el ranking de precios del alquiler por m² debido a la presión turística. “La vivienda nos cuesta la vida y Mari Carmen lo ha dejado bastante claro. En Málaga conocemos a muchas mujeres mayores enfermas que se han visto en la calle. Si no queremos llorarlas y enterrarlas el día de mañana, tenemos que defenderlas hoy”, infiere a este medio Ana Cortes, activista en esta organización, para quien es fundamental mantener el debate sobre la vivienda en el candelero estos meses próximos.

Admite que para ella y sus convecinas organizadas los decretos del gobierno en funciones no son ni soluciones ni dignas, ni estables, mucho menos definitivas una vez transcurran los comicios del 29N. Por ello, crear redes vecinales es una labor primordial, al igual que extender la movilización a los centros de trabajo difundiendo los motivos de la huelga entre las plantillas y convocando asambleas informativas a través de los comités de empresa. Muchas activistas recomiendan hacer un buen manejo de las redes sociales y apps móviles utilizándolos como instrumentos de propaganda para llamar a la huelga y facilitar la extensión organizativa.

“Tenemos que mantener viva esa llama que estalló ese 23 de septiembre en Retiro creando alianzas en los barrios, desde los centros de trabajo hasta las asociaciones, debemos permanecer unidas pese a la dureza del proceso”, desliza. El reto residirá, asegura, en sostener el pálpito social en las próximas semanas para que la movilización no decaiga. Sobre todo ahora que la acampada malagueña acaba de concluir con el fin de continuar en las calles la batalla contra el rentismo.

“Ese despertar no podemos dejarlo dormir, si no insistimos día a día la gente girará la atención hacia otros asuntos de última hora y la emoción se enfriará”, admite. Hace hincapié en la feminización de la crisis residencial. Las mujeres migrantes con hijos han sido quienes más han acudido a las asambleas en los últimos años para defender sus hogares y los de sus familias en tiempos de dificultad. “Los desahucios tienen un rostro de mujer. Somos las que luchamos por la vida, por mantener nuestras casas y hemos puesto el cuerpo para defenderlas”, esgrime.