14N
Cinco años después de la última gran huelga general

Corría el año 2012. En febrero había sido aprobada –gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular– una reforma laboral que generó un enorme descontento en todos los sectores de la sociedad –salvo en la élites económicas y empresariales– y llevó a la huelga a diez millones de personas a finales del mes de marzo.

Durante esta huelga fueron detenidos en Granada Carmen, Carlos y Justo. La detención se produjo tras un piquete informativo y fueron acusados de un delito de atentado contra el derecho al trabajo. Fueron condenados a tres años de prisión, aunque finalmente Justo fue absuelto y, tras la modificación del Código Penal, las condenas de Carlos y Carmen fueron reducidas a un año de prisión.

Carmen considera que tanto sus detenciones como las que ocurrirían unos meses más tarde en la huelga general de noviembre, son una forma de castigar a algunos para amedrentar al resto.

Más de cinco años después, recuerda con angustia la nula asistencia de su abogado de oficio, la soledad y la falta de apoyo que obtuvo durante todo el proceso por parte de los colectivos sociales de Granada. Carmen sigue defendiendo tanto su inocencia como la de su compañero Carlos y que la actuación del fiscal pudo haber incurrido en un delito de prevaricación. Aún debe alrededor de 8500 euros de multa. Dada su precaria situación económica, Carmen no sabe si algún día podrá pagarla aunque la considere totalmente ilegítima.

Meses más tarde y en un clima de alta tensión social debido a los recortes, el desempleo, la precariedad generada por la reforma laboral; el deterioro de las pensiones, la sanidad y la educación se convocó una nueva huelga general. Para ese mismo día, Portugal también había convocado una huelga general. Esto hizo que se ganara el sobrenombre de “la Huelga Ibérica”.

Unas cifras imposibles de completar

Según los datos que ofrecieron desde Comisiones Obreras, la participación en la huelga fue del 76,7% y las cifras oficiales de detenciones ascendieron a 142. Muchas de las personas encausadas por estos sucesos no fueron detenidas o citadas a declarar hasta días, meses o incluso años después.

Es el caso de Francisco Garrobo, militante del 15M de Nou Barris (Barcelona) que fue detenido a la mañana siguiente. “Aquella mañana del 14N estábamos en un piquete unitario con sindicatos que abarcaba desde UGT a CNT y partidos desde el PSC hasta la CUP”. Tras un encontronazo del piquete con El Corte Inglés, Carles Hernández fue detenido y acusado de amenazas, daños continuados y delitos contra la seguridad vial y contra el trabajo.

“Nadie se enteró de la detención hasta la noche. A la mañana siguiente vinieron a detenerme a mi casa porque según dijeron hubo una investigación exprés y me consideraban autor intelectual de los mismos delitos que le imputan a Carles”, relata Garrobo.

En la denuncia se personaron tanto la Generalitat de Catalunya cómo la Fiscalía, aunque la Generalitat se retiró de la acusación, consecuencia del pacto entre Junts Pel Sí y la CUP. Finalmente, ambos encausados han llegado recientemente a un acuerdo con la Fiscalía donde se sustituye la petición inicial de cuatro años de prisión y 7.600 euros de multa por una pena-multa de 2.000 euros. A pesar de haber aceptado este pacto, en el que reconocen los delitos de amenazas, daños continuados y delitos contra el trabajo, afirman ser inocentes y que accedieron para poder olvidarse “de esto” casi cinco años después y eludir una posible condena injusta que podría llevarles a prisión.

Más flagrante fue el caso de Roi Rodríguez, citado a declarar casi tres años después con la acusación de reventar cajeros. Roi, que en aquel momento era militante de CNT, asistió aquel día a un piquete por la mañana en el polígono industrial de Tambre, en Santiago de Compostela.

Durante el transcurso del piquete una persona fue detenida y posteriormente acusada de atentado contra la autoridad y condenada a un año de prisión. Tras los diversos piquetes que tuvieron lugar durante la mañana, Roi asistió a la manifestación de la tarde donde se colocaron algunos carteles y pegatinas en sucursales bancarias. “Unos años después me citaron a declarar porque la policía había aportado un video donde se me veía entrar en un cajero con unas pegatinas”.

Tras la declaración y ante la falta de pruebas fue exculpado. Lo que le llamó la atención a Roi fue que “en el atestado de la policía ponía que yo era una persona conocida en Santiago, que tenía varias multas. Realmente parecía que lo que querían era cargarme a mí el muerto de los cajeros”.

Las consecuencias de la brutalidad policial

Según cifras oficiales, la jornada concluyó con 77 heridos. Uno de ellos fue el activista de PAH Murcia Carlos Gorairis.

Durante las primeras horas, la PAH de Murcia llevó a cabo un piquete informativo a las puertas de diversas oficinas bancarias de la capital. Pasadas las 12h, fueron confluyendo las distintas columnas de manifestantes –PAH, estudiantes, trabajadores– y se concluyó con lo que se considera una tradición en Murcia en jornadas de huelga: “cerrar” los almacenes de El Corte Inglés. Tras la concentración, en la que participaron miles de personas, unas 200 se quedaron charlando sobre cómo se habían desarrollado aquellas primeras horas. Es en ese momento cuando comenzaron las cargas policiales.

Carlos relata que los antidisturbios comenzaron a correr tras ellos y que uno le llegó a golpear hasta seis o siete veces en la espalda. Carlos continuó corriendo, pero un agente le empujó por la espalda contra una señal de Ceda el paso, acabando en el suelo. "En ese momento vi cómo se abalanzaron contra mí tres agentes, comenzando a golpearme con sus porras tanto en el cuerpo, como en la cabeza, tal y como muestran las pruebas”. Uno de esos golpes le causó pérdida de consciencia. “Según me dijeron, estuve cerca de diez minutos inconsciente”.

Derivado de la actuación policial de ese día se interpusieron en Murcia doce denuncias, cuatro a través de un abogado privado y ocho a través de la Fiscalía. Cinco años después, el juez encargado del caso aún no ha cerrado la instrucción, aunque todo indica que será antes de finalizar 2017. Durante estos años han sido llamados a testificar decenas de policías y hasta ahora se han imputado a cuatro agentes.

Carlos ingresó en Urgencias del Hospital Morales Meseguer acompañado por dos compañeros de la PAH. Tras el reconocimiento, fue trasladado al Hospital Virgen de la Arrixaca, allí se le reconstruyó la nariz, que presentaba múltiples fracturas, y fue informado de que tenía una fractura doble en el pómulo izquierdo por golpes de porra y numerosas contusiones en espalda, piernas y tórax.

Carlos recuerda cómo al despertar, y aún esperando la ambulancia, el comisario encargado de ese dispositivo se acercó a él en dos ocasiones sugiriéndole que se montara en un furgón de la policía para ser trasladado a un centro hospitalario. “¿Acaso quieren terminar el trabajo conmigo dentro del furgón? No voy a entrar ahí, prefiero esperar a la ambulancia”, respondió Gorairis.

Solidaridad contra la represión

Miguel García y su hijo fueron detenidos cuatro meses después de la huelga acusados por generar daños en un establecimiento de Mercadona. Ellos han mantenido siempre su inocencia y argumentan que “no estaban allí y que la única prueba de que disponía el fiscal era un trabajador que afirmaba ser testigo para identificarles como autores de dichos destrozos”.

Por su parte, presentaron diversos testigos –clientes del establecimiento– que afirmaron que cualquier identificación era imposible ya que todas las personas que participaron en este suceso tenían la cara cubierta. Para este militante de la CNT, se trató de una causa contra el sindicato ya que tanto la instrucción y el fiscal parecían centrados en relacionar conflictos laborales anteriores con lo ocurrido aquel día. En el año 2016 fueron condenados a indemnizar a Mercadona con 10.000 euros por daños y una pena de prisión de veinte meses, que fue permutada por una sanción de 3.600 euros.

Miguel recuerda con mucho cariño la campaña de solidaridad que se llevó a cabo: “Nuestros resortes ‘chiquiticos’ se activaron y eso conllevó que se recaudaran las cuantías de castigo que nos pedían y además con ‘detallicos’, como las donaciones anónimas, de los que ya sabías pero aún así te sorprende. Es algo que me emocionó”.

Miguel comenta que “la solidaridad es una herramienta decisiva, es ahí donde se fortalece el colectivo y se ejerce un cariño mutuo. Es una herramienta tanto o, incluso a veces más importante, que la propia lucha porque si se cultiva puede alcanzar una dimensión tan grande que sea un escudo”.

En esta misma línea se manifiesta David Tejerino, uno de los seis encausados de Asturias y militante en el Centro Social Sestaferia. Él fue detenido por la policía municipal tras un incidente en un momento de tensión durante un piquete. Finalmente fue condenado a seis meses tras aceptar un pacto con la fiscalía.

Según Tejerino, este pacto solo fue posible gracias a la enorme presión de la calle, el arrope durante el juicio y la gran campaña organizada por los distintos movimientos sociales asturianos. “Si no llega a existir esa presión y yo llego a juicio, hubiera entrado en prisión”, considera. De los seis encausados de Asturias uno fue absuelto, dos fueron condenados a un año de prisión y el resto aceptaron el pacto de la fiscalía.

Detenciones arbitrarias

Marcel Pich, uno de los detenidos en Palma relata cómo el criterio de detención fue arbitrario. Este militante de Esquerra Independentista cuenta que se organizó un piquete matinal de unas 300 o 400 personas convocado por todas las entidades anticapitalistas y que recorrió las avenidas de Palma sin ningún incidente. Cuando estaba a punto de terminar se iniciaron las cargas. “Empezaron a golpearnos con saña; en ese momento yo me cubrí con las manos, más por reflejo que de forma consciente, y lo hallaron como algo violento y me detuvieron”, recuerda Pich. Junto a Marcel fue detenido Robert Abela, un militante sexagenario de CGT.

Durante su traslado a comisaría, Marcel denuncia que les llevaron "dando tumbos con el coche, por decirlo finamente” y que una vez en comisaría recibieron amenazas y vejaciones: “Nos desnudaron y un policía muy enfadado nos amenazó con pegarnos un tiro”. Tampoco ha podido olvidar los calabozos. “Era un sótano infecto”, asegura y afirma que allí continuaron las burlas de los agentes.

El juicio tuvo lugar dos años después. La Fiscalía pedía cuatro años de prisión por desórdenes públicos, desobediencia y atentado a la autoridad. Tanto Robert como Marcel fueron absueltos del delito de desórdenes públicos y condenados a ocho meses de prisión y 400 euros de multa por los delitos de desobediencia y atentado a la autoridad.

Cinco años después siguen defendiendo su inocencia: “En el vídeo se ve claramente que yo no hice nada, estoy ahí y me detienen de forma totalmente arbitraria”. También recuerda con mucha emoción el momento de su puesta en libertad –“una de las cosas más bonitas fue ver a cientos de personas exigiendo nuestra libertad en comisaría”– y agradece a toda la sociedad civil balear su apoyo durante la campaña por la absolución “como experiencia, con lo que me quedo es con esa solidaridad”.

Un lustro esperando juicio

Uno de los casos conocidos y todavía latentes de aquella huelga general es el de los logroñeses Jorge Merino y Pablo Alberdi. Llevan ya cinco años a la espera de juicio y aún tendrán que esperar hasta abril de 2018 para obtener un veredicto.

Jorge fue detenido el día 15 de noviembre cuando fue llamado a comisaría a pesar de encontrarse a 60 kilómetros de distancia cuando tuvieron lugar las cargas policiales. A él se le imputa un delito de inducción a a desórdenes públicos por el cual la fiscalía demanda una pena de dos años de prisión.

Pablo fue detenido el mismo 14 de noviembre al término de la manifestación. Según el vídeo que la jueza ha autorizado para la defensa de ambos encausados, Pablo portaba una pancarta y en todo momento “se me ve de forma pacífica durante las actuaciones”, alega.

En dicho vídeo se ve a la policía grabar y había cámaras junto al palacete del presidente de La Rioja en aquel momento, el actual vicepresidente del Senado, Pedro Sanz. Dichas grabaciones no han sido aportadas por la acusación dado que fueron eliminadas por considerarlas “desechables”.

También fueron pedidas las grabaciones de las vías públicas adyacentes pero “no fueron facilitadas, dado que, según la acusación, no existen”. Para él la fiscalía exige una pena de seis años y tres meses por un delito por desórdenes públicos, atentado con medio peligroso y lesiones.

Pablo considera que estos cinco años han sido una condena: “Ha supuesto que esté pendiente todo el tiempo de esto y me corte otras cosas que yo quería hacer, otros proyectos que quería desarrollar… Llevo así cinco años ya y no me queda otra que defenderme, organizarme con otra gente, entenderme con Jorge y con la plataforma. Esto implica que toda la gente de Logroño me conozca como ‘él que la lió’ o ‘al que le piden años’ en vez de conocerme por quien soy”.

A pesar de esto, reconoce que “ha sido guay cómo ha respondido la gente, el apoyo en la calle, la plataforma…”. También lamenta que esta situación ha afectado de lleno en su vida laboral: “Yo tenía proyectos con mi trabajo, pero no puedo estar porque mi trabajo tiene que ser el cien por cien de la atención durante todo el día. Tendrá que pasar todo este proceso hasta que pueda empezar ese proyecto tan soñado que es montar mi carpintería”.

Pablo afirma sentirse ahora más fuerte que nunca de cara al juicio y confía en que terminará con su absolución y la de Jorge, aunque es consciente de los riesgos que conlleva un proceso así.

Txoria txori

Alfonso Fernández –Alfon– fue detenido mientras acudía a un piquete informativo y fue condenado a cuatro años de prisión por tenencia de explosivos. Siempre ha defendido que todo se trata de un montaje policial por negarse a identificar fotográficamente a miembros de los Bukaneros, una de las peñas del Club Deportivo Rayo Vallecano, u otros jóvenes de grupos antifascistas. Durante el primer año estuvo en régimen FIES. Su madre, Elena Ortega, cuenta que fue una etapa muy dura, con  “cambios de módulo, de cárcel, con las comunicaciones intervenidas” pero que a través de los recursos y la lucha en la calle llegaron a la Audiencia Provincial. Allí, el propio juez se cuestionaba la situación de su hijo, recuerda Ortega:  “¿Cómo tienen a este chico así, si no está acusado de pertenencia a banda armada?”.

Durante estos años, Alfonso ha dedicado su estancia en prisión para seguir estudiando, seguir leyendo, ha montado un grupo de música con otros dos presos y ha seguido animando a la gente a continuar con la lucha. Para su madre, es una persona digna que se está reforzando ideológicamente en la cárcel desde su condición de preso político: “Nos mantiene en movimiento para poder ayudar a sus compañeros de módulo, es una persona ejemplar. Tiene un compañero nigeriano que no tiene quien le visite, quien le mande dinero, quien le meta ropa… y como él tiene otros muchos compañeros. Cada quince días, cuando mando los paquetes, siempre tengo que meter un pantalón para uno, unas deportivas para el otro o hablar con el párroco para que vaya a visitarle, hablar con sus abogados sobre sus trámites y siempre me pide libros para él y para sus compañeros. Desde la cárcel nos sigue dando lecciones de solidaridad y dignidad”.

A pesar de todo, Elena comenta que “encima lo está llevando bien el cabrón, pero es su juventud lo que se están cargando. Todo esto es una maniobra para castigar a alguien por toda la respuesta que hubo en esa huelga y para desmotivar a la gente joven que se estaba empezando a organizar en esos años”. Afirma, con la garganta encogida y lágrimas en los ojos, que estos días los está viviendo con mucha rabia. “viendo como los de la Gürtel salen de prisión sin cumplir sus condenas y mi hijo, que no ha hecho nada, sigue en prisión”.