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Derecho a la vivienda
La lucha por la vivienda: el año de la “gran decepción”
2021 fue el año en el que se despejaron las incógnitas y se acabaron las especulaciones sobre una ley en la que buena parte del movimiento de vivienda había puesto sus esperanzas.
Demasiadas expectativas para un resultado que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y los sindicatos de inquilinos resumieron en dos palabras: “Gran decepción”. Desde Unidas Podemos y el PSOE siguen insistiendo en el carácter “histórico” de la ley de vivienda que salió del Consejo de Ministros del 26 de octubre y que deberá ser debatida, enmendada y votada en la primera mitad de 2022.
En efecto, se trata de la primera ley estatal de vivienda de la democracia y una de las primeras sobre la materia que no insiste en profundizar en la liberalización y en la desregulación. Frente a otras leyes desarrolladas de forma paralela, como la ley del suelo madrileña —que despeja aún más el camino para la especulación inmobiliaria y urbanística—, la ley de vivienda del Gobierno de coalición avanza hacia una mayor intervención estatal y recoge algunas demandas históricas, como la prohibición de venta del parque público al sector privado. Aunque “insuficiente” e “inútil”, según las críticas de la PAH y los sindicatos de inquilinos, la ley rompe un tabú: es posible regular los precios del alquiler.
2021 fue el año en el que se despejaron las incógnitas y se acabaron las especulaciones sobre una ley en la que buena parte del movimiento de vivienda había puesto sus esperanzas
Sin embargo, si en algo coinciden los sindicatos de inquilinos, el movimiento antidesahucios, las organizaciones de defensa de las personas sin hogar y los colectivos que luchan contra la pobreza energética es que esta ley se trata de una “oportunidad perdida” y que apenas tendrá efectos tangibles en los sectores de la población que más necesitaban una ley de vivienda.
Para la plataforma de cientos de colectivos sociales y sindicales que intentó salvar hasta último momento la ley de vivienda —y que seguirá intentándolo en el periodo de enmiendas—, había tres grandes objetivos de mínimos: regular el precio de los alquileres, prohibir los desahucios sin alternativa habitacional de familias vulnerables y aumentar el parque público de vivienda.
Ninguno de ellos se ha conseguido. Al menos no en los términos y con las garantías deseadas por los colectivos que trabajan a diario con las personas que sufren alquileres que no pueden pagar o que son desahuciadas por no poder pagar la hipoteca.
Los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional se seguirán produciendo, explican desde la PAH, porque la ley no los prohíbe sino que los aplaza entre dos y cuatro meses, tiempo en el que las comunidades autónomas deberán proporcionar un piso digno. Algo que resulta imposible porque no existe un parque público de vivienda.
Si en algo coinciden los sindicatos de inquilinos, el movimiento antidesahucios, las organizaciones de defensa de las personas sin hogar y los colectivos que luchan contra la pobreza energética es que esta ley de vivienda se trata de una “oportunidad perdida”
Y tampoco va a existir en el corto y medio plazo, ya que la ampliación de viviendas públicas que dispone la ley se nutrirá exclusivamente de las nuevas urbanizaciones. Las opciones de engordar este parque público con las miles de viviendas de la Sareb o de las viviendas vacías de los bancos rescatados fueron ignoradas, según el Sindicat de Llogaters, directamente por “la influencia de la banca y de los fondos buitre”. Y la otra arma que disponía el Gobierno para movilizar pisos hacia el mercado, los impuestos a las viviendas vacías, ha vuelto a quedar en manos de las autoridades locales, en este caso de los Ayuntamientos.
Por último, la regulación de los precios del alquiler apenas tendrá efectos, a menos que las enmiendas consigan cambiar el texto, señalan desde la Iniciativa Ley de Vivienda. La aplicación voluntaria de la medida dejará fuera a todas las comunidades del PP e incluso alguna del PSOE, según las advertencias de los barones territoriales. La ley del Gobierno, según la valoración del Sindicat de Llogaters, “no contrarresta las brutales subidas del alquiler de los últimos años, y se centra en la posibilidad de acogerse a prórrogas anuales manteniendo el mismo precio y condiciones, condenando a los inquilinos a una situación incierta y asfixiante”. Solo los grandes tenedores se verán obligados a reducir el precio en ciertas condiciones hasta igualar los índices de referencia, que ya recogen precios de burbuja.
La retirada de la firma de UP del proyecto de ley de vivienda de las organizaciones sociales solo sería comprendido y olvidado si en el periodo de enmiendas consiguen darle la vuelta a una ley que no contenta a nadie y abunda, aún más, en la soledad del Gobierno
Otras demandas de las organizaciones sociales, todas ellas incluidas en la ley de vivienda que presentaron el 30 de septiembre, se quedaron fuera de la propuesta del Gobierno. Entre ellas, la dación en pago, la prohibición de los cortes de suministros de familias vulnerables, una moratoria de desahucios transitoria, el paso de las socimis al régimen general, la garantía de suministros para personas que ocupan, una mayor protección a las personas sin hogar, el desarrollo del derecho de las administraciones al tanteo y retracto para ampliar el parque público o la cesión de viviendas vacías en manos de la banca, la obligación para los grandes tenedores de ofrecer alquileres sociales para familias vulnerables o la cancelación de las deuda vinculadas a la vivienda habitual.
El resultado de la ley de vivienda ha llevado al primer enfrentamiento frontal con una parte importante de un movimiento con el que, al menos hasta hace pocos meses, Unidas Podemos (UP) mantenía una comunicación fluida. La retirada de la firma de UP del proyecto de ley de vivienda de las organizaciones sociales poco antes de que fuera rechazada en el Congreso el 15 de diciembre solo será comprendido —y olvidado— si en el periodo de enmiendas consiguen darle la vuelta a una ley que no contenta a nadie y abunda, aún más, en la soledad del Gobierno.
3 de enero, un año por delante
“El PSOE a nivel discursivo parece romper con la política de vivienda del Partido Popular, pero en la realidad la está reproduciendo”, decía en una entrevista en El Salto Javier Gil, uno de los portavoces del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid a principios de enero.
Parte de los esfuerzos del movimiento de vivienda se centraron este año en presionar al Gobierno para que prorrogara la moratoria de desahucios y de cortes de suministros para familias vulnerables durante la emergencia sanitaria. De algo sirvió y hasta ahora dura el llamado “escudo social”, que ha evitado miles de desahucios y cortes de suministros, pero que ha dejado fuera una enorme cantidad de casos. La negativa de los jueces a aplicar la normativa, una gigantesca burocracia o una casuística casi infinita han limitado el alcance de estas medidas. Pese a los anuncios el Gobierno, el número de desahucios se multiplicó en 2021, de las misma forma que las convocatorias de las PAH y de las asambleas barriales de vivienda para pararlos.
A principios de año, tal como señalaba Gil en la entrevista, el PSOE se veía “acorralado” entre las demandas de su electorado, los movimientos de vivienda y sus socios parlamentarios. “No tiene más escapatoria y se enfrenta a una realidad donde no tendrá más remedio que aprobarla. Ahora el objetivo del PSOE es que la ley de vivienda sea lo menos garantista posible”, decía.
Derecho a la vivienda
Javier Gil: “El objetivo del PSOE es que la ley de vivienda sea lo menos garantista posible”
El portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid e investigador defiende que estamos en un momento donde hay oportunidades históricas para avanzar en materia de vivienda y comenzar una transición que transforme un modelo inmobiliario que nos ha llevado al desastre.
28 de enero, ofensiva en el Constitucional
Mientras la PAH y los sindicatos de inquilinos intentaban presionar por una ley que garantice el derecho a la vivienda, el lobby inmobiliario, así como la derecha mediática, política y judicial también movía sus piezas para intentar influir en la negociación de la futura ley.
El 28 de enero, el Tribunal Constitucional daba la razón al PP y tumbaba dos decretos de la ley catalana 24/2015, la norma de vivienda más avanzada de todo el Estado español y una de las más garantistas de Europa. Ese mismo día, el Constitucional admitía a trámite el recurso de inconstitucionalidad, también interpuesto por el PP, a la ley catalana de alquileres. Pese a ser una normativa territorial, su importancia es estatal: para las organizaciones de vivienda y Unidas Podemos era y sigue siendo la referencia para aplicar la regulación de los alquileres a todo el Estado.
“El PP es el bufete de abogados de la banca, de los fondos buitre, las socimis y los grandes propietarios. Siempre que hay una ley que recorta los beneficios millonarios que tienen cualquier de estos sectores, el PP automáticamente lo lleva al Constitucional”, decía Santi Mas de Xaxàs, portavoz del Grupo Promotor de la ley 24/2015.
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Especulación inmobiliaria El frente judicial amenaza los principales avances del movimiento de vivienda
18 de febrero, un “lobby social”
Los grandes movimientos de vivienda, los grandes sindicatos, plataformas de derechos sociales y de pensionistas lanzaban el 18 de febrero una plataforma para convertirse en “un lobby social” que sirva de contrapeso a las presiones del “ala más neoliberal” del Gobierno, de la banca y de los fondos de inversión para conseguir una ley de vivienda al servicio de la ciudadanía y no de los intereses económicos del mercado inmobiliario. Ese día nacía la Iniciativa Ley de Vivienda.
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22 de febrero, el PSOE se niega a regular
La oposición del PSOE a incluir la regulación del precio de los alquileres en la ley de vivienda quedaba otra vez patente con las declaraciones del entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en las que asumía que la opción del Gobierno para controlar los precios de los alquileres eran las ventajas fiscales para los propietarios. La vivienda es un derecho, reconocía el ministro, pero también un “bien de mercado” que requiere “seguridad jurídica”, dijo el ministro en una de sus frases más famosas.
Los aliados políticos del Gobierno y el movimiento de vivienda le recordaron entonces, y volverían a hacerlo a lo largo del año en numerosas ocasiones, que el PSOE ya se había comprometido con la regulación de los alquileres en el acuerdo de investidura y también en el pacto con sus socios parlamentarios en octubre de 2020 para aprobar los presupuestos.
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Blackstone gana La regulación de los alquileres vuelve a chocar con el lobby inmobiliario en el Gobierno
11 de marzo, nueva condena de la ONU
Por quinta vez desde 2015, la ONU condenaba a España por la violación de derechos humanos en materia de vivienda. En este caso, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas daba la razón a una familia desahuciada en abril de 2018 y consideraba que sacarlos de su casa constituyó “una violación a su derecho a la vivienda adecuada”.
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Vivienda Nueva condena a España por vulneración del derecho a la vivienda
16 de marzo, la deuda que nos dejó Guindos
La agencia de estadística europea, Eurostat, emplazaba a España a sumar 35.000 millones de euros a su deuda pública al considerar que, ante la ruina de la Sareb, tendrá que ser el Estado quien devuelva el dinero de un préstamo que avaló en 2012. Con ese dinero, esta entidad público-privada compró a precios inflados el patrimonio inmobiliario tóxico de los bancos y cajas quebradas y se los vendió a precio de saldo a los fondos de inversión y otras inmobiliarias dependientes de la banca. Con este modelo de negocio, desde hace años la quiebra del banco malo estaba asegurada. La decisión de Eurostat confirmaba que sería el Estado quien finalmente pague esta parte del rescate a la banca.
El responsable último de esta operación, el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, ahora con el sombrero de vicepresidente del Banco Central Europeo, advertía este 20 de diciembre que “los países con más deuda pública tendrán que realizar un programa de ajuste”. El Gobierno de Rajoy dijo en su momento que la Sareb no costaría ni un euro a la ciudadanía. El anuncio de Eurostat de este año hizo subir la deuda pública del 117% al 120% del PBI.
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La Sareb de De Guindos nos explota en la cara
20 de marzo, a la calle
Tras más de un año, el movimiento de vivienda y los pensionistas volvían a las calles con una gran manifestación que recorrió el centro de Madrid. “Una ley como una casa” fue uno de los lemas de la marcha. Pese a los confinamientos y las medidas de distanciamiento, las convocatorias para detener desahucios nunca pararon.
Movimientos sociales
Movimientos sociales Pensionistas y movimiento de vivienda vuelven a salir a las calles
24 de marzo, nace el Plan Sareb
Dos semanas después del anuncio del Eurostat, una plataforma de afectados por las políticas del banco malo se estrenaba ocupando la sede del FROB, la agencia estatal que tiene el 45% de las acciones de esta entidad. Desde el Plan Sareb, formado por familias y personas que viven en pisos de la este banco, denuncian las malas prácticas de la Sareb y claman por una negociación colectiva sobre los casos de más de 100 familias en todo el país y por el trasvase de todo su patrimonio inmobiliario al parque público.
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10 de junio, ¿dónde está “escudo social”?
El número de desahucios del primer trimestre de 2021 contradecía los anuncios triunfalistas de un Gobierno que presumía de “escudo social”. Desde la declaración del primer Estado de Alarma, más de 30.000 familias fueron expulsadas de sus hogares, según cifras del CGPJ, pese a cuatro meses de juzgados cerrados y a unas moratorias que no han servido para reducir esta “cifra aterradora”, según la PAH.
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14 de junio, el Gobierno recurre la ley catalana de alquileres
La lucha entre el movimiento de vivienda y los intereses inmobiliarios y la derecha en el Gobierno vivió el 14 de junio otro de sus momentos álgidos. Ante la filtración de que el Gobierno impugnaría ante el Constitucional la ley catalana de alquileres, aumentaron las presiones de los sindicatos de inquilinos y de algunos socios parlamentarios. Una impugnación por parte del Gobierno hubiera significado la suspensión de la ley hasta que se pronunciara el Constitucional. La presión surtió efecto y finalmente el Consejo de Ministros se abstuvo de impugnar la ley, aunque presentó un recurso de inconstitucionalidad. La ley catalana seguía en pie, pero el gesto fue interpretado como una falta de voluntad del PSOE de utilizar esta norma como referencia en la ley de vivienda que estaban negociando con Unidas Podemos.
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30 de julio, más juicios a activistas
La ofensiva judicial contra el movimiento de vivienda no se limitó a atacar las leyes más garantistas del Estado. También crecieron las denuncias y los juicios contra activistas. El 30 de julio llegaba una buena noticia, tres integrantes del Sindicat de Llogaters, entre ellos su portavoz Jaime Palomera, eran absueltos de una denuncia que desde esta entidad calificaron de “represalia” por la labor del sindicato y por su creciente influencia social. Pero es solo un caso entre una miríada de denuncias. Solo en Catalunya, la Justicia ha utilizado la Ley Mordaza para pedir 206.000 euros a activistas que participaron en acciones para detener desahucios.
Catalunya
Movimiento por la vivienda Más de 206.000 euros en sanciones de ley mordaza por intentar parar desahucios en Catalunya
En el caso del activista del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria Ruyman Rodríguez, la Fiscalía pedía un año y medio de cárcel en “otro montaje cutre y torpe que solo busca esconder otro caso de torturas” y pretende acallar la labor de este sindicato y la Federación Anarquista de Gran Canaria. Detrás del caso, señalaban desde estas organizaciones, se encuentra una estrategia para “tumbar” una de las iniciativas más emblemáticas del movimiento por la vivienda en el archipiélago canario: el proyecto autogestionado La Esperanza.
Derecho a la vivienda
Canarias Denuncian torturas de la Guardia Civil en Gran Canaria y una “farsa judicial” para encubrirlas
Otro caso paradigmático es el del activista de PAH Guadalajara Diego Herchhoren, que se enfrenta a cuatro años y medio de cárcel por publicar imágenes de un desahucio. También unos hechos más que dudosos y sin pruebas ocurridos en un stop desahucios en 2014 se utilizaron para condenar a Isa Serra a 19 meses de prisión e inhabilitación política. El 5 de julio de este año, el Supremo rechazaba el recurso de la exdiputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid y confirmaba la sentencia.
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)
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El acoso no se limita al frente judicial y a los lobbies inmobiliarios. La utilización de organizaciones alegales o directamente ilegales para amedrentar y expulsar familias de sus hogares continuó expandiéndose en este año con algunas informaciones reveladoras.
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Derecho a la vivienda Un extrabajador denuncia que Desokupa es una organización criminal “que delinque para enriquecerse”
14 de septiembre, aires de burbuja
A principios de septiembre, el sector inmobiliario y la prensa económica coincidían en hablar de una “nueva burbuja” en el mercado de la vivienda: aumento de precios, de las nuevas hipotecas, de viviendas de nueva construcción… Aunque la crisis global de suministros y materias primas, con retrasos en el 40% de las obras, ha ralentizado el proceso, este nuevo ciclo ha colocado a un importante sector de la población en un “limbo”, según denunciaba Lucía Delgado, de PAH Barcelona: no pueden pagar el alquiler ni reúnen las condiciones para acceder a una hipoteca.
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27 de septiembre, Berlín a la cabeza
Más de un millón de personas votaba el 27 de septiembre a favor de la expropiación de viviendas a los grandes propietarios de la capital en un referéndum no vinculante que pretendía aumentar la presión a las autoridades. Berlín es desde hace años un referencia en las políticas de vivienda, con una regulación de los precios del alquiler y con otras medidas avanzadas, como la compra de más de 14.500 viviendas a fondos de inversión anunciada el 14 de septiembre de este año.
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30 de septiembre, la primera ley de vivienda
La ley de vivienda, elaborada por la PAH, los sindicatos de inquilinos y apoyada por los sindicatos y un centenar de organizaciones sociales, fue presentada y registrada en el Congreso con las firmas de Unidas Podemos, Más País, Eh-Bildu, ERC, Junts Per Catalunya, CUP, Compromís, BNG y Nueva Canarias. Esta ley recoge buena parte de las reivindicaciones históricas del movimiento de vivienda, de lucha contra la pobreza energética y por los derechos de las personas sin hogar. El 15 de diciembre, la ley era rechazada con los votos de PSOE, PP, VOX y Ciudadanos. Antes de la votación, Unidas Podemos retiró su firma de la ley.
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Ley de Vivienda La ley que promueven el movimiento de vivienda, los sindicatos y los socios del Gobierno marca el camino al PSOE
30 de septiembre, un año de ley catalana de alquileres
En el primer aniversario de la ley catalana que regula los alquileres, se multiplican los intentos de tumbarla. Especialmente, según señalan desde el Sindicat de Llogaters, “porque funciona”. De los 61 municipios que la aplicaron, 57 decidieron prorrogarla. Y otras 25 localidades se adhirieron a la norma. Desde este sindicato, la prueba definitiva de que la ley ha funcionado es que el descenso en el precio de los alquileres ha sido dos veces superior en las localidades catalanas donde se aplica la ley.
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26 de octubre, ley de vivienda del Gobierno
La “cautela” inicial que expresaron los colectivos de vivienda ante las primeras filtraciones del texto definitivo de la ley de vivienda se convirtió en “una profunda indignación por su corto alcance y su evidente falta de ambición”. Las principales reivindicaciones históricas del movimiento de la vivienda, señalaban en un comunicado, no figuran en el texto aprobado por el Consejo de Ministros o han sido desvirtuadas, pospuestas o enterradas por la letra pequeña. “Tal y como está planteada, será un milagro si tiene algún efecto en nuestras vidas”, decía Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogaters.
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Ley de Vivienda El entusiasmo de Unidas Podemos choca con la “gran decepción” del movimiento de vivienda por la nueva ley
22 de noviembre, las inquilinas ganan a Blackstone
Después de dos años de lucha, el Sindicato de Inquilinas de Madrid anunciaba que el fondo de inversión estadounidense Blackstome, el mayor casero de España, ha aceptado hacer nuevos contratos por siete años a estas 84 familias de varias promociones de la Comunidad de Madrid manteniendo las mismas condiciones que ya tenían. Se enfrentaban a subidas de alquiler de entre un 60% y un 100%. “Seguimos resistiendo y, al final, conseguimos que aceptaran nuestros términos”, decían desde esta organización de apoyo mutuo.
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Que se puede esperar de 2022
En el primer semestre de 2022, se vivirá la última temporada de la ley de vivienda, cuando esta sea debatida y se presenten las enmiendas de los diversos partidos políticos. Ahí es cuando se acabarán las oportunidades para modificar la letra pequeña que la hace inaplicable e incluir algunas de las reivindicaciones históricas del movimiento que han sido ignoradas en el anteproyecto. La PAH y los sindicatos de inquilinos no pierden la esperanza y creen que hay tiempo de incluir enmiendas relevantes.
El próximo año también será el de la nacionalización de la Sareb, un hecho ya adelantado por el Gobierno y que profundizará el debate sobre qué se hace con ese parque que ya estaba avalado con dinero público, pero hasta ahora en manos privadas. El futuro de la ley catalana de alquileres también será otro de los temas cruciales ya que los recursos en el Constitucional siguen su camino y la actual ley de vivienda no ‘blinda’ la regulación catalana, que supera con creces en ambición la regulación estatal.
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En este caso también el Gobierno más progresista de la historia se ha puesto al lado del capital la deriva de UP por mantenerse en los sillones va a llevar a su desaparición, no se puede estar continuamente vendiendo a quienes les han apoyado a cambio de un sueldo de Ministro.
Siempre el PXXE. Como partido liberal es lógico que ponga todos los palos posibles en las ruedas para evitar tener una ley de vivienda que solucione los problemas de la gente. En el repaso de acontecimientos, UP siempre está del lado de los movimientos pro vivienda digna. Negociar con el socioliberal PXXE tiene sus riesgos, pero los logros superan a las renuncias que pueden ser retomadas en el trámite parlamentario como harán UP y los socios de investidura. ¿Alguien se imagina cómo sería una ley de vivienda exclusiva del PXXE o pactada con el Ppodrido?
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